Catetismo ilustrado...

Con este hombre, que pareciera no haber salido nunca de algún pueblecito perdido en la sierra de cualquier provincia de nuestra hermosa tierra, nos podíamos echar unas risas si la cosa no estuviera para llorar.

Al Consejero de Economía de la Junta, persona ilustrada donde las haya, le dan envidia los tapices, los cuadros y todas esas cosillas que le impresionaron tanto cuando visitó ayer al señor Montoro en la capital del Reino. Y se vino de Madrid diciéndose, ¡coño, yo me merezco un sitio como éste, y lo voy a intentar...!

También dice no saber nada del asuntillo ése de Comisiones Obreras, y que lo que haya dicho el Consejero de Presidencia al respecto va a misa, no vaya a ser que lo cesen antes de mudarse a un edificio majestuoso lleno de tapices, cuadros y muebles isabelinos.

Cuando le han preguntado por lo de las becas Erasmus, se ha alegrado una barbaridad de que le hicieran esa pregunta, y después de explicar cómo ha caído en la cuenta de las razones por las que el ministro Wert quiere eliminar las matemáticas de las carreras de Ciencias Sociales -es del bachillerato, pero en fin-, hacer gala de su fantástica pronunciación en inglés leyendo un papelito que ya llevaba preparado -de ahí la alegría de que le hicieran la pregunta-, y echar mano de Barrio Sésamo para explicarle matemáticas al ministro Wert, ha llegado a la conclusión de que incrementar las becas Erasmus un 40% es equivalente a duplicarlas. ¡Con dos cojones!

Y para rematar la actuación, cuando le han preguntado por lo del pósit del 15% de comisión en las facturas de la UGT, ha dicho que a ellos nunca les ha llegado ninguna factura con un pósit que ponga eso. Y no saben ustedes el alivio que me ha entrado, oigan.

¿Que no se creen nada de lo que les he contado? Vean, vean...

También ha hablado del banco público que el gobierno andaluz va a crear. Dice que como el mercado financiero no asigna bien los recursos -como si al mercado más intervenido del mundo le dejaran hacerlo nuestros políticos-, es necesario que la administración pública -la misma que lo mantiene intervenido y lo usa a su antojo-, intervenga para corregir los fallos que ella misma fomenta. ¿Y las Cajas de Ahorros no eran banca pública autonómica bajo gestión política? ¿Y no ha sido esa banca pública la que ha generado la mayor parte del agujero financiero que el propio Consejero considera consecuencia de una defectuosa asignación de recursos? En fin, que termina su defensa del banco público con no se qué historia de una carnicería que dice que tiene el presidente del BBVA. ¿Que no se lo creen? Vean, vean...   

Y dejo para final su explicación sobre el asunto de las polémicas balanzas fiscales -sobre el que se ha escrito largo y tendido en la taberna-, y con cuya opinión no puedo estar más de acuerdo. Incluso con lo que dice sobre Amancio Ortega. Sí, el dueño de Inditex. Vean, vean...

Y si alguno de ustedes piensa que he manipulado alguno de los videos, más allá de editarlos para hacérselos más amenos, pueden ver la versión íntegra de la comparecencia del señor Consejero tras el Consejo de Gobierno de hoy.

Dicen que la cosa va por barrios...

Fuente: El País

¿Qué les van a contestar a los vecinos de Pedralbes cuando se quejen de que su balanza fiscal es negativa respecto de los vecinos de Can Peguera?

Una de perspectiva histórica. ¡Oído cocina!

Cuando he sabido de la existencia de un estudio de la Fundación BBVA sobre la actividad inversora del sector público en España en el periodo 1900-2005, me han venido a la cabeza varias tapitas de aliño de balanzas fiscales servidas en la taberna. Si medimos el interés que suscita una entrada por el número de comentarios, parece claro que esta cuestión no interesa a nadie de los parroquianos habituales. Pero como uno es insistente y está movidito el asunto de la financiación autónoma, aquí tienen los datos del citado estudio y aquí un resumen, del que destaco lo que en él se dice sobre Andalucía y Cataluña:

"Andalucía representa el 17,8% de la población española en 2006 y ocupa el 17,4% de la superficie del país. En esta comunidad autónoma se localiza el 15,3% del capital público de España. Su peso actual es solo 0,4 puntos porcentuales inferior al de 1900, aunque ha experimentado fluctuaciones importantes durante el período analizado. En relación con otros indicadores de dimensión, se observa que tanto el capital público andaluz per cápita como por superficie han sido permanentemente inferiores a la media española" (página 5)

"Cataluña ocupa el 6,4% de la superficie de España y representa el 15,9% de la población española en 2006. En esta comunidad autónoma se localiza actualmente el 13,4% del capital público del país. Desde 1900, su peso en el stock de capital ha ganado 1,1 puntos porcentuales, con algunos altibajos. Mucho mayor ha sido el aumento de peso de su población, lo que ha provocado que el capital público per cápita en Cataluña sea inferior a la media española desde los años sesenta. En cambio, la relación capital/superficie siempre ha sido muy superior a la media, siendo Cataluña una de las comunidades mejor dotadas por kilómetro cuadrado." (página 9)

Nacionalismo y socialismo, socialismo nacionalista, nacionalsocialismo. ¿Será igual o será lo mismo?

Ha dicho usted, señor Montilla, entre otras tonterías, que “no se puede mantener la solidaridad siendo injusto y desagradecido con quien la practica”, “que ningún sistema puede durar ni establecer relaciones de confianza y seguridad desde la base de la injusticia” o que “Cataluña tiene más pobres que habitantes otras comunidades”. No, si ya sabía yo que la publicación de las balanzas fiscales iba a desencadenar una oleada de declaraciones a cual más ridícula. Si no, ahí están los Suñé, Puig, usted mismo, señor Montilla, y otros especímenes para refrendarlo. Y todos partiendo de una premisa común, tan falaz como populista: que son los territorios y no las personas los sujetos pasivos de los tributos y los beneficiarios de los gastos e inversiones. Pues yo sí voy a agradecer su solidaridad, porque es de bien nacidos ser agradecidos, señor Montilla, a los Joan, Jordis, Josep LLuis, Antonios, Pepes y todos aquellos catalanes a los que su esfuerzo les permite aportar al Estado más de lo que reciben. No sé si son el treinta, el cuarenta o el sesenta por ciento del pueblo catalán, pero se lo agradezco. Porque con ello contribuyen a que el resto de los catalanes, andaluces, extremeños, madrileños..., que reciben más de lo que aportan, puedan vivir algo mejor. Pero si de echarse flores, darse besos y mirarse las pelusas del ombligo se trata, señor Montilla, también quiero que agradezca a todos los andaluces que, como yo, tienen una balanza fiscal individual negativa, nuestra solidaridad. Porque yo también sé hacer las cuentas.

Y fíjese que con los datos de las balanzas fiscales, ésos que a usted y a los de su ralea les parecen la biblia, mi familia aporta al Estado ¡un sesenta y dos por ciento! más de lo que recibe y mi déficit fiscal es del 15% del salario bruto familiar (el PIB familiar). Cada cual puede hacer sus cuentas. Calculen lo que pagan de IRPF y Seguridad Social y réstenlo a su salario bruto. Llamemos a esa cifra Salario Neto (SN). Al SN, réstenle la hipoteca y el ahorro anuales –porque alguno de ustedes tendrá hipoteca y ahorrará ¿no?-, para obtener la renta aproximada que dedican a consumo, y lo multiplican por 0,16, con lo que obtendrán, tirando a la baja, lo que pagan por impuestos indirectos (IVA, impuestos especiales...). Aunque faltarían algunos impuestos menores, la suma del IRPF, la Seguridad Social y los impuestos indirectos es lo que aproximadamente aportan al Estado. Y dividiendo la columna de “Total Empleo” del cuadro cinco de las balanzas fiscales –que es el que usan los nacionalistas catalanes por ser el que más les conviene-, por la población de la comunidad de que se trate, obtendrán el beneficio por habitante procedente del reparto. Usen los datos de toda la familia para las aportaciones, multipliquen el beneficio por habitante por el número de miembros de la familia –las miembras sin miembro, también cuentan-, comparen lo que pagan con lo que obtienen y obtendrán una aproximación razonable a su balanza fiscal familiar. Y ahora, señor Montilla, si no es un malnacido, denos las gracias a los ciudadanos que tenemos balanzas fiscales negativas. A todos.

Pero tengo además una curiosidad. Si consiguiera finalmente hacer valer las balanzas fiscales para reducir la solidaridad de los catalanes, que no de Cataluña, con el resto del Estado ¿qué sería lo siguiente? ¿Calcular las balanzas fiscales de las cuatro provincias catalanas y reducir la solidaridad interprovincial de las más ricas? ¿Y por qué pararse ahí? ¿Por qué no, una vez aceptadas las balanzas fiscales como principal elemento regulador de la solidaridad ciudadana, esencia de la existencia de los Estados por cierto, no calculamos la de cada pueblo, barrio y comunidad de vecinos? Por último, señor Montilla, como muestra de la falta de coherencia de cualquier balanza fiscal como termómetro de la solidaridad, le preguntaría ¿cómo va a devolver a Andalucía o a Extremadura los gastos en educación, sanidad o seguridad en los que han incurrido para preparar el capital humano que finalmente termina trabajando y creando en Cataluña esa riqueza cuyo reparto quiere usted reducir?

¡Ah! Antes de que se me olvide otra vez ¿puede explicarme, señor Montilla, cómo se puede ser de izquierdas y nacionalista sin ser un descerebrado?

El desleal fiel de la balanza

Y ahora que ya están publicadas las balanzas fiscales y confirman lo obvio, a saber, que los más ricos, sean ciudadanos o comunidades autónomas, tienen déficit en sus balanzas fiscales y viceversa, ¿qué hacemos?

Porque no nos engañemos -ni nos engañen-, la exigencia de publicación de las balanzas fiscales por parte de los nacionalistas nada tiene que ver con la transparencia, sino con la aparición de una nueva y potente herramienta populista al servicio del nacionalismo. Es fácil arengar a las masas al grito de ¡los españoles están expoliando nuestro país! Fácil, efectivo y efectista.

El analfabetismo económico de la población, alentado desde los distintos niveles del Estado, junto con el progresismo de mesa camilla, fomenta esa contradicción consistente en que un ciudadano considere justo que quien más rentas obtenga, más aporte a la Hacienda Pública para su posterior redistribución, sin plantearse siquiera las causas que hacen diferentes las rentas de unos y otros, mientras que, y aquí está la contradicción, consideran un expolio esa misma situación cuando de comunidades autónomas se trata, preguntándose, ahora sí, por qué unas son más ricas que otras. Y respondiéndose, de momento en voz baja, que las regiones más pobres lo son porque sus ciudadanos son unos parásitos y sus políticos unos derrochadores.

Que no digo yo que no haya algo de eso -y se me parte el alma al decirlo-, pero quienes eso afirman, olvidan que una porción nada despreciable de su prosperidad y del privilegio de viajar instalado en su círculo prodigioso, mientras que a algunos nos mantenían en nuestro círculo vicioso, se ha debido a causas exógenas (más sobre estos asuntos, en la bodega de la taberna).

Y todo ello, al margen de los matices que, a buen seguro, añadirían al análisis el cálculo de las balanzas comerciales interregionales o de la Seguridad Social. Y obviando también las dificultades técnicas que tiene el cálculo de las balanzas fiscales que, si bien no cambiarían el signo de cada una de ellas, sí alterarían el volumen de los déficit o superávit fiscales.

Leña al mono hasta que hable catalán, o eusquera, o.....

Ha dicho Solbes que van a publicar las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas. En cuanto le den oficialidad al déficit catalán y al superávit andaluz o extremeño, ya la tenemos liada.

La escasa cultura financiera y económica de los ciudadanos va a permitir que los políticos de turno se revuelquen en el barro de los agravios como verdaderos cerdos. Olvidarán lo que dice la Constitución y el sentido común, antepondrán el interés político local al de los ciudadanos, romperán aún más la idea de España y de nación que hace algún tiempo leí en un blog vecino y que comparto ampliamente (Una idea de nación I y II. Una idea de España I y II).

Como no me siento capaz de expresarlo mejor, ahí va un fragmento extraido de uno de esos textos:

".....Justamente por eso, porque las ideas sentimentales sobre lo que es o debe ser la nación son múltiples, subjetivas y no siempre compatibles entre sí, es deseable encontrar un punto de acuerdo racional y objetivo, que sea aceptable por todos y que todos estén dispuestos a defender, y a mí no se me ocurre otro que el de la Ciudadanía, es decir el del Derecho, el de una justicia igual para todos, con obligaciones y derechos iguales para todos, claramente definidos en un documento base (la Constitución) dentro de un sistema de libre concurrencia y democracia, y a partir de aquí que cada cual defienda su propio proyecto como mejor entienda (con el límite, obvio, de las leyes).

En cualquier caso, para mí, repito, las naciones no pueden ser sólo (no son en realidad) un sistema administrativo común, es decir, no son sólo Estado (aunque se identifiquen en la práctica con él), y España, estoy convencido, es mucho más que eso, es una trama inextricable de afectos e intereses forjados en una historia de convivencia milenaria (sí, milenaria). Si la memoria no me juega una mala pasada, creo que fue Francesc Cambó quien en un momento de su trayectoria de nacionalista catalán se separó de la línea independentista de Macià al afirmar que la convivencia de siglos había creado tal madeja de relaciones entre los habitantes de España que la independencia de cualquiera de sus partes no podía sino causar un trauma de consecuencias nefastas para todos. En su interesantísimo libro sobre el nacionalismo, Alfredo Cruz Prados afirmaba que las naciones necesitan un proyecto común que las impulse. En mi opinión, ese proyecto común no sería en España otra cosa que una mirada global, española, sobre los problemas globales y locales, por encima de particularismos y localismos, es decir la tendencia contraria a la que vivimos hoy, cuando se ha instalado la idea de que la presión regional, localista es la única manera de no resultar marginado en el reparto de inversiones. Hace unos días, en una muy seguida tertulia radiofónica, un famosísimo (y para mí, penoso) periodista madrileño decía a un celebérrimo colega andaluz que él tenía que estar en el fondo muy contento porque Andalucía era la principal beneficiaria del chalaneo de la financiación autonómica. Pues bien, yo, como andaluz, no estoy contento, no estoy en absoluto contento, porque la rapiña autonómica en la que nos hemos instalado sólo causa (está causando ya) insolidaridad, desapego afectivo entre los españoles y el fomento de un clientelismo regional de paniaguados que hace de la democracia una auténtica caricatura de sí misma.

Quiero decir con todo esto que si bien la idea de España como una simple nación de ciudadanos libres debe ser la base común de nuestro proyecto colectivo, el contenido con el que eso se llene no resulta indiferente, que hay proyectos políticos que favorecen la solidaridad y la cohesión y, en ese sentido, nos benefician a todos, y proyectos que sólo alientan el egoísmo particularista y el separatismo, y que por tanto nos perjudican en la misma medida....."

Después de esto, publiquen las balanzas fiscales. Denles más argumentos torticeros a los nacionalistas. Y cuando la espoleada muchedumbre ya esté en marcha, cuando se les hayan desbocado los caballos, laméntense sobre las ruinas de lo que un día todavía aspiraba a ser una nación de ciudadanos. Sí, ya sé que suena apocalíptico, pero tiempo al tiempo.

Y ahora los empresarios (I)

La patronal catalana, Fomento del Trabajo Nacional que se llama la criatura, presentó la pasada semana un informe sobre las inversiones reales del Estado en cada Comunidad Autónoma.

En la presentación, además de comparar entre sí las inversiones del Estado en Madrid, Cataluña y Andalucía según tres ratios (en porcentaje sobre el total, en inversión por PIB y en inversión por habitante), su presidente ha solicitado la publicación de las balanzas fiscales. No es necesario que se publique lo que ya sabemos. Como ya analicé en mi trilogía sobre las balanzas fiscales (I, II y III), al margen de las dificultades de cálculo allí expuestas, es obvio que las regiones ricas tendrán una balanza fiscal negativa. ¿Y qué?. Probablemente el señor Juan Rosell también la tenga negativa y su vecino del cuarto, que está en el paro, positiva. En eso consiste lo que exige nuestra Constitución en su artículo 31.

Se confunden gravemente quienes plantean la cuestión desde el punto de vista territorial, afirmando que tal o cual región aporta más de lo que recibe. Es una cuestión de ciudadanos y no de regiones. Quienes están constantemente pidiendo la publicación de las balanzas fiscales sólo pueden tener un objetivo: exigir su equilibrio porque les beneficia. ¿Y cuál será el siguiente paso? ¿Que la Cataluña rica exija también el equilibrio contra la Cataluña pobre? ¿O alguien cree que esos desequilibrios no se reproducen a cualquier escala (que le pregunten si no al vecino parado de Juan Rosell)? Esa es la naturaleza de nuestro sistema fiscal y una de las bases de nuestra convivencia. Si nos lo cargamos, no nos queda casi nada.

De ricos y pobres, balanzas fiscales y miserias políticas (y III)

¿Recuerdan el federalismo asimétrico de Maragall? Sí, ese que reclamaba que unas regiones, naciones diría él, tuvieran más competencias que otras por razones históricas. Claro que él comenzaba la historia donde más le convenía. Junto con ese discurso, tan extraño en boca de un socialista, también puso de moda el término "balanza fiscal regional", entendida como la diferencia entre el gasto público estatal realizado en una región y los impuestos estatales recaudados en la misma. De esta forma, una balanza fiscal negativa significaría que esa región aporta más de lo que recibe y viceversa.

 

El cálculo de la balanza fiscal de una región es una cuestión técnicamente compleja y, lo que es peor, obliga a adoptar unos presupuestos metodológicos subjetivos que arrojan resultados dispares. Entre las decisiones que es preciso tomar antes de efectuar el cálculo de esta magnitud, figuran aspectos tales como el horizonte temporal a contemplar, a quién atribuir el pago de determinados impuestos o cómo contabilizar determinados gastos públicos. Como veremos más adelante, la posición que se adopte frente a estas tres cuestiones puede ser determinante para las conclusiones finales. Además, una vez realizado el cálculo aparecen en el horizonte los dos asuntos más importantes y polémicos: la interpretación objetiva del resultado y el análisis político respecto del mismo.

 

El primer asunto a dilucidar es qué periodo tomamos para el cálculo de la balanza fiscal ¿nos remontamos cinco años atrás?¿50?¿100? Hay que tener en cuenta que una balanza fiscal negativa en la actualidad puede ser el resultado de inversiones y protecciones estatales en periodos anteriores, en los que esa balanza tenía un saldo positivo.

 

El segundo problema consiste en definir qué territorio ha soportado la carga fiscal, qué región ha pagado realmente los impuestos. Dentro de los impuestos directos, el caso del IRPF parece bastante claro, pues son los residentes en la región los que la soportan. En el caso del Impuesto de Sociedades la cuestión se complica, porque el beneficio, que se aproxima a la base imponible del impuesto, se puede haber generado en una región distinta de donde está el domicilio social de la empresa, que es donde tributa. Por ejemplo, el grupo El Corte Ingles, cuyo beneficio nadie duda de que se genera en todo el país, tributa en Madrid. Respecto de los impuestos indirectos, tanto en el IVA como en los impuestos especiales ocurre algo parecido: la recaudación obtenida por las empresas está centralizada en su sede social, mientras que los consumidores están distribuidos por todo el territorio. Por tanto, dependiendo de la solución que se adopte para "territorializar" estos ingresos, el resultado de la aportación fiscal de cada región será distinto.

 

Por el lado del gasto existen problemas semejantes. En muchos casos hay que distinguir el lugar donde se realiza el gasto (enfoque del impacto monetario del gasto), del lugar donde residen los beneficiarios del gasto (enfoque del beneficio del gasto). Por ejemplo, si creamos en Madrid un centro de investigación sobre el alzheimer, con el primer criterio atribuiremos el gasto a la Comunidad de Madrid y con el segundo deberíamos distribuirlo proporcionalmente según algún criterio razonable (proporción de personas mayores en cada región, esperanza de vida por región, etc...). Un problema adicional surge cuando hablamos de inversiones en lugar de gasto corriente. Si la inversión beneficia a varias regiones (AVE, obras hidráulicas....) ¿en qué cuantía se imputa el gasto a cada una de ellas?¿se asigna en un sólo ejercicio o debería distribuirse en varios en función de la vida útil de la inversión?

 

Otro problema aparece cuando el Estado tiene un déficit (gasta más de lo que ingresa) o un superávit. Imaginemos que el Estado gasta más de lo que ingresa, cubriendo el déficit mediante cualquier instrumento financiero (letras, bonos....). En ese caso, es posible que todas las balanzas fiscales regionales fuesen positivas (reciben más de lo que aportan) porque lo que reciben de más lo ha "recaudado" el Estado mediante deuda. Por el contrario, si el Estado tuviera superávit, es probable que muchas balanzas fiscales regionales fueran deficitarias. Sin embargo, el signo de las balanzas fiscales en estos casos carecería de significado. Hay mecanismos contables para corregir este efecto pero, una vez más, según el criterio elegido por el investigador de turno, los resultados serán diferentes.

 

Las dificultades para el cálculo de las balanzas fiscales regionales son incluso superiores a las que he esbozado en este resumen. No obstante, pudiendo cuestionarse la magnitud e incluso el signo de las balanzas fiscales según quién y para qué las calcule, parece razonable esperar que las comunidades ricas tengan balanzas fiscales negativas y las más pobres positivas. Incluso aunque el sistema impositivo fuera proporcional y no progresivo, bastaría con que se hiciera un reparto per cápita del gasto público igualitario para que se cumpliese la afirmación anterior, ya que recibiendo el mismo gasto, aportarían más las más ricas.

 

En la tabla 1 se puede comparar el PIB per cápita por regiones junto a la balanza fiscal per cápita calculada como promedio del periodo 1991-1996. En la tabla 2 (fuente: De la Fuente y Vives) se muestra la financiación territorial por habitante como promedio del periodo 1990-1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas reflexiones a la vista de estos datos. ¿Que haya balanzas fiscales positivas y negativas es malo?¿Lo correcto es que las balanzas fiscales estén equilibradas?¿Es justo que las comunidades forales, situadas en 4º y 5º lugar según su PIB per cápita, reciban el mayor gasto público per cápita con mucha diferencia respecto del 3º? 

 

En mi opinión, las balanzas fiscales sólo son un arma arrojadiza utilizada por políticos miserables que gestionan regiones ricas. Solicitar el equilibrio de las balanzas fiscales significa condenar a las regiones más desfavorecidas a seguir siéndolo, además de negar al gobierno central el ejercicio de las competencias redistributivas que la Constitución le reconoce y le exige. Por otro lado, la tabla 2 pone de manifiesto la tremenda injusticia que supone el sistema foral.

 

Olvidan nuestros políticos que los que aportan los recursos y los perceptores de las prestaciones y servicios públicos son los ciudadanos y no las comunidades autónomas. La redistribución territorial no es un fin en sí mismo, sino la consecuencia de la redistribución de la renta personal. La equidad consiste en que dos personas con iguales obligaciones tributarias tengan garantizada de forma efectiva la igualdad de acceso a los servicios públicos, independientemente de la autonomía donde resida.

 

Otra cuestión bien distinta es la urgente necesidad de reformar algunas cuestiones relativas a la financiación autonómica y a los instrumentos de redistribución de la renta, buscando mecanismos que fomenten la corresponsabilidad fiscal de los gobiernos autónomos y eviten que el exceso de protección del Estado "atonte" al ciudadano creando verdaderos parásitos del sistema. 

 

De ricos y pobres, balanzas fiscales y miserias políticas (II)

En el primer artículo de esta serie terminaba opinando que las disparidades, en términos de riqueza, entre las distintas regiones españolas ha sido una cuestión fundamentalmente circunstancial. Así parecen creerlo también los redactores de la Constitución, quienes establecen las reglas de juego necesarias para evitar que la brecha entre los ciudadanos de regiones ricas y los de regiones pobres siga creciendo e incluso se reduzca.

En efecto, nuestra Constitución consagra en su artículo 31 un sistema fiscal basado en el principio de capacidad de pago y la necesidad de que el gasto público realice una asignación equitativa de los recursos. También proclama en sus artículos 2, 138 y 139 el principio de solidaridad, la inconstitucionalidad de diferencias entre Comunidades Autónomas que impliquen privilegios económicos o sociales, la igualdad de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio y la unidad del mercado nacional. Así pues, si la política económica ha tenido en cuenta estos mandatos constitucionales, parece razonable suponer que las balanzas fiscales de las regiones más ricas, entendidas como la diferencia entre el gasto público estatal realizado en una región y los impuestos estatales recaudados en la misma, sean negativas.

Pero ¿de dónde sale el dinero que se gastan las comunidades autónomas?¿cómo se asignan los recursos financieros entre las distintas regiones? Nuestra Constitución es muy austera en la regulación de esta materia, limitándose a esbozar algunos principios generales (arts. 156 a 158), a exigir el respeto a los derechos históricos de los territorios forales (País Vasco y Navarra) y a remitir a una futura ley orgánica (157.3).

Esa ley orgánica se promulgó en 1.980 y es conocida como LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas). En ella se reiteran los principios constitucionales que condicionan la actuación de las haciendas autonómicas: solidaridad, coordinación con la Hacienda Central, reserva al Estado de la política económica general y de la tutela el equilibrio interregional y la prohibición de que el sistema de financiación autonómico pueda conllevar privilegios económicos o sociales o introducir barreras fiscales que rompan la unidad del mercado nacional. Por simplificar, no haremos mención al periodo transitorio contemplado en la propia ley y nos centraremos en los mecanismos en vigor desde 2.001.

Por tanto, el sistema de financiación autonómico distingue entre el sistema foral, aplicable a País vasco y Navarra, y el modelo LOFCA o régimen común, aplicable al resto de comunidades.

En el régimen común, primero se establecen las necesidades de gasto. A iguales competencias, mismos recursos en función de la población y otras variables (extensión del territorio, insularidad, dispersión de la población, pobreza relativa y esfuerzo fiscal). En segundo lugar, se ceden a la comunidades autónomas determinadas figuras tributarias total o parcialmente, complementándolas con una serie de transferencias de tal forma que la suma de estas dos fuentes de ingreso sea igual a las necesidades de gasto de cada región. El cálculo se realiza asumiendo que las comunidades autónomas no aplican sus competencias normativas para variar la presión fiscal sobre sus ciudadanos. En el caso de que decidieran hacerlo, la pérdida o aumento de ingresos no se compensa con las transferencias complementarias. Es conveniente subrayar que aquellas regiones que no aporten suficientes recursos al sistema (las más pobres) recibirán, mediante las transferencias complementarias pactadas, recursos que el Estado ha recaudado en otras que aportan más de lo que "consumen" en gasto público (las más ricas).

En el sistema foral, las comunidades forales regulan y recaudan los principales tributos (excepto las cotizaciones de la Seguridad Social). Cada una de estas comunidades aporta luego a la Hacienda Central una cantidad destinada a cubrir el coste de las competencias estatales no asumidas por ellas (defensa, política exterior, ferrocarriles, etc...), financiando con el resto de los ingresos sus propias actividades. Esta cantidad, que se conoce como "cupo" en el caso vasco y como "aportación" en el navarro, se calcula aplicando un índice de imputación fijado para cada región. Aunque este sistema, en el plano teórico, podría ser compatible con el mandato constitucional y arrojar un resultado solidario con el resto de las regiones, la manera de calcular el cupo, valorando muy a la baja el coste de los servicios comunes, hace que estas regiones resulten tremendamente favorecidas. A esto hay que añadir que siendo comunidades con niveles de renta superiores a la media, el excedente tributario que se produce (diferencia entre la recaudación y el gasto necesario para sus servicios) y que en el régimen común revierte hacia las regiones con niveles de renta inferiores a través de la "bolsa común", se queda en la propia región. El resultado, como se verá cuando tratemos el asunto de la financiación per cápita y las balanzas fiscales, es un trato extraordinariamente favorable a las comunidades forales. Incluso me atrevo a decir que rayano en la anticonstitucionalidad.

Como era de esperar, esta situación no iba a ser permitida durante mucho tiempo por otras comunidades y la reforma del estatuto catalán, sometido actualmente a un recurso de inconstitucionalidad, es buena prueba de ello, al pretender separarse del régimen común y acercarse al foral.

De ricos y pobres, balanzas fiscales y miserias políticas (I)

Debido a la extensión del tema que me propongo abordar, y para no aburrir en exceso al personal, estructuraré la exposición en 3 artículos que pueden abordarse de manera independiente, pero que mantienen una importante relación entre sí. En éste primero, reflexionaré sobre las causas por las que existen en nuestro país regiones más ricas que otras. En el segundo, intentaré exponer de forma sencilla cómo funciona el sistema de financiación autonómico. En el tercero y último, hablaremos sobre las balanzas fiscales como instrumento para medir la cohesión territorial. Asumiendo que mis lectores habituales no son expertos en economía y que en ningún caso esta serie de artículos aspira a convertirse en una clase magistral, me he propuesto emplear un lenguaje que resulte cercano y huir de construcciones teóricas complejas, manteniendo simultáneamente un cierto rigor técnico.

Un interesante ejercicio inicial, que puede permitir posicionarnos respecto de la bondad de un sistema político que defienda la redistribución de la renta y la implantación de mecanismos correctores de las desigualdades interregionales, sería el de comprobar si éstas son producto de la diferente intensidad en los esfuerzos personales de los ciudadanos de las distintas regiones o han sido el resultado de factores externos e independientes de su voluntad.

No existen, o al menos yo no los conozco, estudios cuantitativos que permitan determinar en qué medida las regiones ricas lo son porque determinadas políticas han favorecido su desarrollo a lo largo de la historia, porque su situación geográfica o sus recursos naturales la situaron en una situación de partida privilegiada, o porque la idiosincrasia de sus ciudadanos impulsaron la creación de empresas y riqueza. Sí es posible no obstante, poner sobre la mesa algunos hechos históricos que podrían arrojar cierta luz sobre el asunto.

El conflicto entre librecambismo (doctrina económica que propugna la no intervención del Estado en el comercio internacional) y proteccionismo (imposición de elevados aranceles a la importación de determinados productos para proteger la producción interior de los mismos) que se produjo a los largo del XIX, se saldó en nuestro país con un claro triunfo de éste último, aunque con breves periodos de un matizado librecambismo. Los efectos del proteccionismo para un país se pueden resumir en una elevación del precio del producto, que pagan todos los ciudadanos produciéndose un trasvase de renta hacia esas industrias protegidas, y un incremento de ineficiencia por la ausencia de competencia. La política proteccionista y de intervención pública en la economía continuó, incluso más intensificada, tras la guerra civil hasta el plan de estabilización de 1.959, que supuso una política de mayor competencia y libertad económica, pero que concentró los escasos recursos económicos y fiscales en las zonas de mayor tradición industrial.

Hasta el primer tercio del XIX no se inició en España un tímido desarrollo industrial que se concentró fundamentalmente en el norte (carbón, hierro, papel) y Cataluña (textil). El desarrollo atrajo más población a estas áreas. Este incremento demográfico justificó inversiones en infraestructuras y dotaciones, que tuvo un efecto multiplicador sobre el crecimiento, entrando en un círculo virtuoso que permitió a estas regiones diferenciarse rápidamente de las regiones ancladas en la actividad agraria. En Madrid, capital administrativa de la nación, la concentración de funcionarios, políticos, ministerios y empresas públicas supuso su principal industria.

La siderurgia es un claro ejemplo de cómo el desarrollo industrial puede depender más de factores externos (políticas interesadas, recursos naturales, situación geográfica...) que de las capacidades internas. En 1826 se instaló una planta de laminado en Málaga con hornos de hulla para explotar los yacimientos de hierro magnético de Ojén. A mediados del XIX, la siderurgia andaluza acabó desapareciendo por la competencia de la siderurgia asturiana, más próxima a los yacimientos de hulla. La evolución tecnológica, con la introducción de los convertidores Bessemer que reducía el consumo de combustible, hizo que cobrara más importancia la cercanía a los yacimientos férricos que a los de carbón, iniciando un rápido desarrollo de la siderurgia vasca, beneficiada además por la legislación proteccionista y la depreciación de la peseta que encarecía las importaciones.

Que las disparidades actuales entre regiones en términos de riqueza se hayan debido a variables exógenas o al mérito personal de sus ciudadanos, es algo que no puede dirimirse de manera incontestable. En mi opinión, la situación actual no se debe en su mayor parte a esfuerzos personales, sino a que determinadas regiones han estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y para apoyar mi posición, un argumento adicional. ¿Por qué habría de admitirse pacíficamente que Andalucía o Extremadura están a la cola porque sus ciudadanos son unos vagos, ignorando la gran aportación en capital humano que estas regiones han supuesto para el desarrollo económico de Cataluña, el País Vasco o algunos países europeos?