Campaña de desinformación contra los expertos en desinformar que pretenden atajar la desinformación

La que se ha montado con la dichosa Orden Ministerial (OM) que, según dicen, instaura una especie de Ministerio de la Verdad.

Pero no hay más que echarle un vistazo al BOE que la publicó para concluir que esa norma no permite censurar ni prohibir opiniones, ni limitar Derechos Fundamentales como la libertad de expresión, ni multar o cerrar medios de comunicación. De hecho, permitir, lo que se dice permitir, no permite limitar ni sancionar absolutamente nada.

Lo que hace es crear un procedimiento y algún que otro comité de seguimiento que lo único que pueden hacer es leer las informaciones que se publican en medios, redes sociales, blog, etc., decidir si son falsas y, a partir de ahí, intentar desmentirlas con una campaña de comunicación. Algo que podrían hacer perfectamente sin esa OM. 

Porque opinar, algo directamente relacionado con la libertad de expresión, no es desinformar. Desinformar es dar información intencionadamente manipulada al servicio de fines concretos o información insuficiente o incompleta.

De nuevo, normas vacías que no sirven para nada. Bueno sí, para conseguir una llamativa casi unanimidad de juristas, medios de comunicación, asociaciones de prensa y oposición afirmando, sin un solo argumento jurídico, que el gobierno puede hacer todas esas cosas que he dicho que no puede hacer.

Llamativa, porque resulta paradójica la campaña de desinformación llevada a cabo por todos esos actores que he mencionado contra un procedimiento que pretende combatir las campañas de desinformación sin posibilidad alguna de sancionar ni prohibir nada. Una campaña de desinformación contra un gobierno -experto en desinformar-, que quiere atajar la desinformación

Y por cierto, manda huevos que me haya tocado el papel de defender al gobierno precisamente a mí.

Borja ¿héroe o villano?

Ya saben ustedes que no hay nada como darle al pueblo carnaza explotando su ignorancia o su pereza. O ambas cosas. Porque tener criterio es muy cansado. Hay que informarse, leer, preguntar, cuestionarse las cosas. En definitiva, perder el tiempo. Y no está uno para perderse Sálvame o Supervivientes con esas tonterías. Hasta ahí podíamos llegar.

Y por eso, ahora Borja es el nuevo héroe. Borja el altruista, lo llaman en algún periódico. En otro informan de que Vox lo considera un héroe, que va a solicitar para él la Medalla al Mérito Civil y que va a promover un cambio legislativo para que el Código Penal incluya como eximente la defensa  de terceros, algo que, por otra parte, ya contempla el art. 20.4º del Código Penal desde 1.995.

El caso es que yo no sé lo que realmente pasó más allá de lo que dice la prensa. No he podido encontrar la sentencia. Tampoco la han publicado esos medios que acusan a los jueces y al sistema de cosas muy feas, pese a que a alguno de esos articulistas se la solicité y me contestó que tenía que proteger sus fuentes. ¿Proteger sus fuentes cuando las sentencias son públicas y tarde o temprano la conoceremos? Y, curiosamente, tampoco el abogado o el propio interesado la han hecho pública. ¿Por qué? Ellos sabrán. Aunque supongo -y disculpen la maldad-, que porque quizás les venga mejor no publicarla, no vaya a ser que se nos caiga el héroe.

De momento no hay sentencia así que, frente a las noticias que ahora alaban el comportamiento de Borja, pongamos la noticia que se publicó en las fechas en que sucedieron los hechos, allá por 2015.

Ambas son eso, noticias. Y mientras no se publique la sentencia, es un ejercicio sano poner las dos en cuarentena. Yo la dejo aquí, para que al menos sirva de contrapeso y lleve a la reflexión a aquellos que se creen a pies juntillas la versión de "Borja el altruista" y andan incendiando las redes sociales contra el sistema.

Lo que dicen que dice el Tribunal Supremo... pero no dice

"El Supremo hace suyo el 'solo sí es sí' en la sentencia de 'la manada': el consentimiento sexual debe ser expreso", titulan en un periódico.

"‘Solo sí es sí’ y otras cuestiones que zanja el Supremo sobre La Manada", titulan en otro.

Y así, en las televisiones, en las tertulias, en las redes sociales...

Pues yo debo tener un problema de comprensión lectora porque lo que dice la sentencia respecto de ese extremo es que "en el contexto que se describe en los hechos  probados,  el  silencio  de la  víctima,  solo  se puede interpretar como una negativa".

Sensu contrario, en otro contexto distinto, el silencio se puede interpretar de distinta forma. Por tanto, el Tribunal Supremo no dice que sólo sí es sí. Es más -y esto lo digo yo-, en ciertos supuestos, hasta un sí podria ser interpretado como un no.

Quienes pretenden la simpleza de reducir el consentimiento a la manifestación expresa y visible del mismo, o tienen muy poca idea de la cuestión o, si la tienen, se están apuntando interesadamente a la ola de irracionalidad y manipulación que en los últimos años asola nuestro país.

Lo prometido es deuda... aunque me repita más que el ajo

Esta mañana leía otro artículo de esos que se escriben a rebufo de la publicación anual del informe de la Agencia Tributaria. Más o menos como el que provocó esta entrada de hace unos días. Y también envié un tuit a quien lo había escrito reprochándole la manipulación de su articulo pero, a diferencia del otro, su autor sí me ha respondido y lo ha hecho en estos términos:

"Cuando se afirma algo así, debe uno indicar que se manipula. En caso contrario, su juicio carece de fundamento" (sic).

Y tiene toda la razón. Así que aquí están mis fundamentos.

"En 2017 pagaron a la Agencia Tributaria un 48 por ciento menos que en 2007, a pesar de que sus ganancias fueron mayores que hace 10 años".

En primer lugar hay que aclarar, una vez más, que el resultado contable de una empresa no tiene por qué coincidir con sus beneficios en España porque puede incluir, entre otras magnitudes, los beneficios obtenidos fuera de España y que tributan en el país en que se generaron. Por tanto, si queremos comparar lo que pagaron las empresas a la Hacienda española en dos periodos distintos en relación con sus beneficios, debemos hacer referencia a sus beneficios en España. De no hacerlo así, la comparación sería absurda. Imagínense, por ejemplo, una empresa que en 2007 no tenía actividad internacional, tuvo un beneficio de 100 € y pagó 20 € de IS, y que esa misma empresa internacionalizó su actividad en 2017, obteniendo 200 € de beneficio en Francia y 0 € en España. ¿Podríamos afirmar que esa empresa tributó un 100% menos en 2017 respecto de 2007 a pesar de haber duplicado sus beneficios? Evidentemente podríamos decirlo, pero estaríamos manipulando los datos. ¿Por qué? Porque resulta evidente que lo que se pretende transmitir con esa manipulación es la enorme injusticia que supone que una empresa no haya pagado impuestos a pesar de haber obtenido más beneficios, obviando que sí los ha pagado, pero en el país en el que se generaron.

Volviendo a lo dicho en el artículo, sólo hay que ir al cuadro 3.1 del informe de la AEAT para comprobar la manipulación. En él se puede verificar que en 2017, las empresas pagaron a Hacienda un 37,21% menos que en 2007 (22.136 millones de euros frente a 35.254 € millones de euros) y no un 48%. Y también, que los beneficios sobre los que pagaron esos impuestos (base imponible consolidada) han sido en 2017 un 32,45% inferiores que en 2007 (106.471 millones de euros frente 157.627 millones de euros).

Entonces, ¿de dónde se saca el autor esa cifra del 48% menos de recaudación si realmente es el 37,21%? Pues de que confunde impuesto ingresado con impuesto devengado. Para no repetirme, me remito al cuarto párrafo de esta entrada, en la que contestaba a la manipulación del otro artículo.

Conclusión: las empresas pagaron en 2017 menos que en 2007, fundamentalmente porque sus beneficios en España también fueron inferiores, no superiores.

"Es con el IRPF con el que se paga más. El tipo efectivo, es decir el porcentaje de todo lo que se recauda anualmente con él en relación a la renta del conjunto de los ciudadanos, fue en 2016 del 12,3 por ciento. Pero el esfuerzo fue claramente mayor por los ingresos del trabajo, el 15,5 por ciento, que por lo ganado con inversiones, es decir, con la venta de acciones, o de casas, con dividendos o intereses de deuda o depósitos o con la ganancia por alquiler de viviendas o locales. Son las rentas de capital, que puede tener todo el mundo, pero que tienen en mucha mayor medida los más ricos. Su tipo impositivo fue sólo del 9 por ciento. Es la primera diferencia que vemos entre lo que se tributa por trabajar y lo que se tributa por disponer de riqueza".

El único dato que he podido verificar es el del tipo efectivo total del 12,3% sobre la renta del conjunto de los ciudadanos. Tanto el 15,5% del tipo medio sobre los ingresos del trabajo como el 9% sobre las rentas del capital desconozco de dónde han salido y, desde luego, es un dato que no he encontrado en los distintos informes de la Agencia Tributaria. Quizás el autor del artículo, al que remitiré esta entrada, pudiera aclararlo. No obstante lo dicho, y a expensas de la posible aclaración que nos pudiera ofrecer para verificarlos, esos datos parecen erróneos. Sobre todo si tenemos en cuenta que la retención sobre los rendimientos del capital mobiliario están en torno al 20%.

"Por ejemplo, suponemos dos personas. Una gana 3.000 euros al mes. Otra 1.000. Las dos van a una tienda y compran cada una un ordenador, por el que pagan 500 euros. Además, cada una deberá abonar un IVA del 21 por ciento, es decir, 105 euros. La primera, la que gana 3.000 euros, habrá tributado el 3,5 por ciento de su salario. La segunda, la que gana tan sólo 1.000 euros, tributará en cambio el 10,5 por ciento. Un vistazo a las cifras reales indica que el tipo efectivo total del IVA, es decir, lo que se recauda con él en proporción a la renta total de los hogares, es del 11 por ciento. Si comprobamos los datos de 2010, los últimos disponibles diferenciados por niveles de renta, resulta que el 20 por ciento de los hogares más pobres paga un tipo efectivo con el IVA del 11,5 por ciento, y que el 20 por ciento de los hogares más ricos paga un tipo de casi la mitad, del 5,6 por ciento".

Sin comentarios. Usar como referencia los ingresos para analizar un impuesto que grava el consumo es un auténtico dislate, se mire por donde se mire. Pero le viene bien al discurso decir que los hogares más ricos pagan un tipo del 5,6% frente al 11,5% de los hogares más pobres. Tan absurdo como si usáramos de referencia el consumo para analizar el tipo efectivo del IRPF con objeto de concluir que las rentas más altas pagan un IRPF cercano al 70%, lo que vendría muy bien a quien mantuviera el discurso de que hay que bajar el IRPF a las rentas más altas. O tan absurdo como usar el resultado contable de las empresas como referencia para calcular el tipo efectivo del IS en España, como también se hace en el artículo.

"Los grandes grupos empresariales, los que más ganan y los más poderosos, pagan el 6,1 por ciento. Increíble, pero cierto"

De esto ya hemos hablado largo y tendido, así que no me repetiré. 

De jolgorios, regocijos y otras peligrosas manipulaciones

Resulta sorprendente que lo más destacado del voto particular hayan sido los términos "jolgorio y regocijo" empleados por el magistrado. Y que, además, quienes los subrayan afirmen haberse leído el voto particular.

Nada sobre, por ejemplo, la afirmación de la propia denunciante en el juicio oral de que, "a su juicio, es posible que los acusados hubieran interpretado que ella no se estaba sometiendo". 

Ni nada sobre el siguiente pasaje, sin duda llamativo: "Y existe otro detalle que hace dudar de la credibilidad de la denunciante y que no es otro que, por un lado, su preocupación sobre el perjuicio que su denuncia pudiera causar a quienes del modo brutal que describe en ella la habían agredido y que solo se entiende en supuestos en que existe un previo conocimiento entre la víctima y el agresor (o su familia) y por otro lado, la incomprensible empatía de la que hace gala respecto a los acusados. Aparece en varias ocasiones mencionado en la causa el pesar que producía a la denunciante el perjuicio que su denuncia pudiera causar a los denunciados...; en juicio lo ratificó y afirmó que no sentía nada especial por ellos, "no les conocía de nada, no puedo tener ninguna... ningún sentimiento hacia ellos pero ni bueno, ni malo porque no les conozco, o sea, es como una persona de la calle para mí ". Ciertamente, frente a cinco absolutos desconocidos a los que se está acusando por hechos de tal gravedad y que tan grave daño se afirma que han producido, señalar que " es como una persona de la calle para mí " como poco, resulta sorprendente".

Pero volviendo a lo del jolgorio y el regocijo, estas expresiones se suelen reproducir en los medios entrecomilladas, poniéndolas en boca del magistrado de manera literal. Como ejemplo de la burda y efectiva manipulación que buena parte del periodismo de este país está haciendo -burda, porque es tan fácil de desmontar como acudir a la sentencia, y efectiva, porque casi nadie pierde su tiempo en hacer esto último-, tenemos artículos como éste, que empieza así:

"«Lo que documentan las imágenes es sexo entre desconocidos, en el entorno clandestino y desapacible del rellano de un portal. Aprecio en los vídeos un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos». Es el resumen que el magistrado Ricardo González hace..."

Desde luego, el entrecomillado de la periodista es imposible encontrarlo, tal cual, en el texto del voto particular. Es posible encontrar la primera frase, pero no la segunda. Mal empezamos si lo que se atribuye explícitamente al magistrado no aparece como tal en lo que él ha escrito. Pero es que además, si la primera de las dos frases -la única que aparece tal cual-, la ponemos en su  contexto, parece adquirir otro sentido, posiblemente no tan eficaz para lo que se pretende con el artículo. Pero júzguenlo ustedes mismos:

"Valorando pues en conciencia el contenido de los archivos de vídeo grabados el día de autos en el portal y las dos fotografías que obran en la causa resulta imposible al contemplarlos sustraerse al hecho de saber que las personas que aparecen en el mismo se habían conocido diez minutos antes de sucederse los hechos que se observan, lo que aumenta la sensación de crudeza y desazón que suscitan sus imágenes, ciertamente de contenido perturbador. Lo que documentan las imágenes es sexo entre desconocidos, en el entorno clandestino y desapacible del rellano de un portal".

En cuanto a la segunda frase, ni siquiera aparece como tal en el texto del voto particular. La única vez que el magistrado emplea las expresiones "aprecio en los vídeos" y "jolgorio y regocijo" a lo largo de los 237 folios, está en este párrafo:

"No aprecio en los vídeos cosa distinta a una cruda y desinhibida relación sexual, mantenida entre cinco varones y una mujer, en un entorno sórdido, cutre e inhóspito y en la que ninguno de ellos (tampoco la mujer) muestra el más mínimo signo de pudor, ni ante la exhibición de su cuerpo o sus genitales, ni ante los movimientos, posturas y actitudes que van adoptando. No aprecio en ninguno de los vídeos y fotografías signo alguno de violencia, fuerza, o brusquedad ejercida por parte de los varones sobre la mujer. No puedo interpretar en sus gestos, ni en sus palabras (en lo que me han resultado audibles) intención de burla, desprecio, humillación, mofa o jactancia de ninguna clase. Sí de una desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos, y, ciertamente, menor actividad y expresividad en la denunciante".

Y ese párrafo, como pueden ver, ha quedado contraído en "Aprecio en los vídeos un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos", usando lo resaltado en negrita y que, curiosamente, coincide con la segunda frase que la periodista atribuye al magistrado. Tremendo.

Podríamos analizar aquí decenas de artículos y tuit de profesionales de los medios de ese mismo estilo, pero como no les quiero aburrir y para muestra basta un botón...

Muy mal camino está tomando este asunto. Y como el ciudadano no empiece pronto a pensar por sí mismo y siga haciendo caso a políticos, periodistas, tertulianos y turba, éste puede ser un camino sin retorno.

De cuando el personal se cabrea si le llevan la contraria...

Que la prensa de uno y otro lado manipula es una obviedad. No hablo de los editoriales o de las columnas de opinión, no, que en ésas no se pretende dar información. Y aunque hasta la opinión debiera estar fundada y teñida de un cierto rigor intelectual, al fin y a la postre, no dejan de contener puntos de vista sesgados por las vivencias, la ideología e incluso los intereses personales de cada cual.

Sobre el cuidado que hay que tener con lo que se lee y la necesidad de que el ciudadano sea crítico con lo que lee ya se ha hablado por la taberna en multitud de ocasiones, pero no viene mal hacerlo una vez más. Y hacerlo además a raíz de la última entrada.
 

Resulta que leo un titular que sé que es absolutamente falso. Además, lo leo en un periódico muy dado a la agitación y la propaganda, "agitprop" para los cursis. Entro en el enlace del artículo. No conozco de nada al periodista que lo escribe, ni para bien ni para mal. Leo con atención. No funciona ninguno de los enlaces, pero los edito y los corrijo para comprobar sus fuentes. Vaya, son las mismas que las mías. Y entonces, ¿cómo puede llegar a una conclusión que no se compadece en absoluto con la fuente de datos que utiliza? Probablemente por la misma razón que Montoro. Quiere lanzar una consigna concreta, y si la realidad se la estropea, simplemente la manipula. Ya saben aquello de que la realidad no te estropee una buena noticia. Si además, esa noticia manipulada es de fácil consumo entre el personal asiduo al medio, el aplauso está garantizado. Y si encima se consigue encabronar al personal contra el gobierno de turno que es de la otra cuerda -personal que, por cierto, ya tiene otros motivos reales para estar encabronado-, entonces tenemos la tormenta perfecta.

¿Y qué pasa si a alguien se le ocurre cuestionar con argumentos al periodista que ha escrito esa noticia y le invita a explicarse? Pues muy fácil. Se le acusa de pontificar, dejando entrever que es un intolerante y un soberbio que, además, no deja opción a la respuesta. Se le contesta con evidente sarcasmo algo así como "y punto, oiga. No se hable más". Expresión que, por cierto, sería perfectamente aplicable a su panfleto. Y claro, cuando se le piden explicaciones por ese comentario chulesco y se le invita a hablar, mutis por el foro. 

 

En fin, que siguiendo con el sarcasmo, he de reconocer que hasta ese momento no entendí el sentido de su respuesta. No me estaba acusando de no permitirle hablar, o de que hubiera sido un soberbio en mi entrada, no, estaba informándome de que él había decidido poner punto y final al asunto y no hablar más del tema. Y vive Dios que lo ha cumplido.

Por otro lado, y ahora ya más en serio, dudo que ni siquiera haya leído mi entrada, entre otras razones porque en el momento en el que escribo esto, siguen sin funcionar los enlaces del artículo. Y si la ha leído, entonces es muy poco profesional. Si no quiere contrastar sus datos y argumentos con un lector, ¡al menos corrija los enlaces, oiga!

¡Ay, Dios, qué cansado es esto...!

El titular: "Asalariados y autónomos tributan el doble que las empresas". El problema: que es una burda manipulación. Periodismo de calidad, sí señor.

Al margen de que los enlaces del artículo no funcionan y de algunas meteduras de pata cuando hace los cálculos del IRPF -como que la presión fiscal del ahorro ascienda al 35%-, la auténtica manipulación no está en que la presión fiscal efectiva del IRPF en 2015 estuviera en el 17,15%, sino en el análisis que realiza sobre la presión fiscal de los beneficios empresariales.

Lo cierto es que uno ya está cansado de explicar una y otra vez lo mismo. Y también de leer manipulaciones interesadas. De unos y de otros.  Y no voy a volver a explicarlo porque ya lo hice hace un par de años a un colega del autor del artículo. También al señor Montoro hace unos meses. Y también expliqué hace tiempo que los beneficios empresariales están sujetos a una presión fiscal superior al 40%.

¡Qué susto! Casi me informo antes de opinar... (II)

En el vídeo, dos diputados, uno miembro del poder legislativo español y otro del Parlamento europeo, y una periodista pontifican. A su alrededor en el debate, varios periodistas -uno de ellos es además jurista, o eso dice en cuanto tiene ocasión-, y varios diputados. Ninguno de éstos sacó de su error a ninguno de aquéllos. Ni a los telespectadores.

Verán, el art. 578 del Código Penal decía la primera vez que fue reformado, allá por el año 2000, lo siguiente:

"El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años. El Juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que el mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57 de este Código."

Tras la reforma de 2015, a la que se refieren en el vídeo, dice lo siguiente:

"1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información.

3. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.

4. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos o cualquier otro soporte por medio del que se hubiera cometido el delito. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación se acordará la retirada de los contenidos.

Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o contenidos accesibles a través de internet o de servicios de comunicaciones electrónicas, el juez o tribunal podrá ordenar la retirada de los contenidos o servicios ilícitos. Subsidiariamente, podrá ordenar a los prestadores de servicios de alojamiento que retiren los contenidos ilícitos, a los motores de búsqueda que supriman los enlaces que apunten a ellos y a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que impidan el acceso a los contenidos o servicios ilícitos siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando la medida resulte proporcionada a la gravedad de los hechos y a la relevancia de la información y necesaria para evitar su difusión.

b) Cuando se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a los que se refieren los apartados anteriores.

5. Las medidas previstas en el apartado anterior podrán también ser acordadas por el juez instructor con carácter cautelar durante la instrucción de la causa."

Como puede comprobarse fácilmente, la descripción del tipo del delito en la nueva versión es prácticamente la misma que la de 2000, por lo que el comportamiento que es delito ahora lo era también entonces y viceversa. En ese sentido, la reforma de 2015 no ha modificado absolutamente nada. 

¿Qué hizo entonces la reforma de 2015? Se limitó a agravar las penas cuando el delito se comete haciendo uso de las tecnologías de la información para su difusión, o cuando cree un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad. Y también dotó a los órganos jurisdiccionales de instrumentos para eliminar o impedir el acceso a los medios a través de los cuales se cometió el delito. Nada más.

Desde luego, lo que no hizo fue crear ningún delito nuevo ni modificar el creado en la reforma de 2000. Para que puedan aplicarse esas agravantes, primero ha debido cometerse el tipo básico del delito, el contemplado en el apartado 1 del artículo, que describe el delito en los mismos términos que en 2000. Realizar los hechos constitutivos del delito a través de las redes sociales era tan delito entonces como ahora, con la única diferencia de que la pena es distinta.

Escuchar a dos diputados y a una periodista afirmar, ante el silencio de los demás tertulianos, que es la reforma del art. 578 del CP llevada a cabo en 2015 la que ha permitido que los jueces puedan dictar sentencias como la de Cassandra, produce verdadero pavor. Sobre todo si tenemos en cuenta que el ciudadano medio suele tomar decisiones, formarse una opinión personal o votar, a partir de la información u opinión que le llega a través de la televisión, deglutida las más de las veces de manera absolutamente acrítica, en la confianza de que las personas a las que está escuchando deben saber de qué hablan. ¿Cómo podrían no saberlo si salen en la "tele"?

Para muestra del estado de la Nación, tres botones...

Fíjense en los titulares resultantes de una simple búsqueda en Google de esta mañana, cuando ya incluso ayer por la tarde, quienes habían perdido su tiempo en leer la sentencia, tenían bastante clara la cosa. No se puede pretender que se prohíba a los clientes de una empresa en huelga que contrate con otra empresa los servicios que iba a ejecutar con la primera en nombre del derecho de huelga. Y si no se prohíbe tal cosa, entonces es que el Tribunal Supremo es un desalmado y está conculcando los derechos de los trabajadores.

Y así todo. Cada vez que leo un titular y me chirría -sobre todo si trata de alguna cuestión de Derecho o de Economía-, si acudo a la fuente casi siempre resulta que es falso. Y esto es sólo una muestra. Cuando se informa sobre pobreza, brechas salariales, desigualdades, libertad provisional de algún famoso que no está condenado en firme, penas exageradas sin saber una coma de Derecho penal y todas esas cuestiones en las que basta un titular para encabronar al personal que, por supuesto, ni tiene los conocimientos ni el tiempo necesario para verificar todo lo que lee -eso, se supone que lo hace la prensa, ese pilar imprescindible de la democracia como les gusta decirse-, cuando se informa, decía, o se documenta uno y es riguroso o se hace mutis por el foro. En este bendito país, ni lo uno ni lo otro. Y así os va.

Pero no sólo es la prensa, no. Ayer por la tarde contesté algunos tuits -hasta que me aburrí de oscurecer a algunos iluminados-, de gente que también se había subido al carro de la cizaña y el ridículo. Y no se crean que eran unos cualquiera, no. O sí. Un economista y un periodista de los que sale en la tele y todo un señor diputado y economista, que se supone que todos deberían comer de su credibilidad, pero al parecer deben comer de otra cosa. Había más pero, como he dicho, me aburrí. Aquí tienen una muestra gráfica por si hoy empiezan a borrar sus tuits.

En otro orden de cosas, desde hace algún tiempo y por motivos profesionales, estoy pendiente de la tramitación parlamentaria de una proposición de Ley, sobre la que ya hablé por aquí, cuyo plazo de enmiendas finalizaba el pasado 17 de Febrero de 2017 desde el 30 de Diciembre de 2016 en el que se inició. Más de mes y medio para proponer enmiendas a un texto de unas doce líneas. Pues a lo mejor no se lo creen, pero el plazo de enmiendas se ha ampliado ya cinco veces. Saquen ustedes sus propias conclusiones.

Y para terminar, la última muestra de desvergüenza e ineptitud de nuestra presidenta andaluza. Como en esta ocasión no están siendo capaces de manejar la opinión de los ciudadanos respecto de un impuesto -absolutamente injusto, dicho sea de paso-, que en su día aceptaron gestionar, ahora le piden al Gobierno que lo retome y que les compense por ello. Vamos, que recauden otros y le entreguen lo recaudado. Debiera hacerse mirar el PSOE y su posible futura líder sus incoherencias permanentes. No se puede querer un Estado federal sin corresponsabilidad fiscal. Por definición. Aunque después de escucharles a algunos de ellos lo del federalismo asimétrico, todo un oxímoron, uno ya está curado de espanto. 

De titulares, realidades, manipulaciones... y felicidad

Leía hace unos días un artículo en un periódico digital de los considerados serios que me dejó preocupado. "¿Es la deuda de España el 100% del PIB? No. Es el 140%", es el aperitivo con el que abre boca en negrita y a quemarropa. Era tan increíble lo que se decía en él, que al principio pensé que era una inocentada dada la fecha. Pero no, el propio autor se preocupaba de negar al final del artículo que lo fuera.

El artículo es una muestra clara de la ligereza con la que cualquiera, sin la debida cualificación -o, al menos, sin demostrarla-, se atreve a exponer en un medio público, no una opinión, que siempre sería un ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, sino una información manipulada, creando opinión y desinformación en los ciudadanos que asumen -sin duda erróneamente- que, quien tiene acceso a escribir en un medio de comunicación o a hablar en una tertulia de radio o televisión, no puede ser un profano en la materia sobre la que escribe o habla y que quien le deja escribir o hablar en él -los propietarios del medio-, no serían tan irresponsables como para permitirlo.

Tan grave me pareció la manipulación y tan evidente la metedura de pata, que decidí hacerle un comentario a su autor para advertirle de su error. En él (comentario #8) le advertía, apoyándome precisamente en uno de los enlaces que el propio artículo aportaba, que estaba cometiendo un error de bulto al asimilar pasivos totales con deuda pública del Estado. El Banco de España (BdE) publica regularmente este informe -también aportado en el artículo-, en el que muestra, por un lado, el total de los pasivos en circulación de las Administraciones Públicas (AAPP) y por otro la deuda pública de esas mismas AAPP calculado según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), cuya metodología también es explicada por el propio BdE. Resulta llamativo que el propio artículo aporte, para apoyar su tesis, documentos que la refutan.

¿Y qué es eso de los pasivos, la deuda y el protocolo? Se lo explicaré a ustedes con un ejemplo. Las AAPP consiguen dinero para pagar todos los servicios públicos por dos vías fundamentalmente: impuestos y, cuando gastan más de lo que ingresan, pidiendo prestado. Lo habitual es que pidan prestado emitiendo títulos de deuda pública -letras, bonos, pagarés...-, que compran los ciudadanos, las empresas, los fondos de inversión... Por otro lado, del efectivo que posee el Estado conseguido por cualquiera de esas dos vías, concede préstamos a las Comunidades Autónomas (CCAA) y a otros organismos públicos. Además de todo eso, los distintos organismos públicos del Estado suelen hacer operaciones entre ellos, por ejemplo, un organismo determinado que requiere un servicio de otro, tiene que pagárselo, y como no se hace en efectivo, se genera un crédito a favor de quien presta el servicio y una deuda -pasivo-, para quien debe pagarlo.

Pues bien, si calculásemos los pasivos totales del Estado, habría que sumar todas y cada una de las deudas que cada organismo o institución pública tiene, con independencia de a quién se lo deba. Imaginemos que el Estado es una familia y, por ejemplo, las CCAA son los miembros de esa familia. Sigamos imaginando que uno de ellos -pongamos que el padre y así parezco un machista redomado-, pide un préstamo o acepta letras de cambio por 50.000 € a una entidad financiera para mantener el tren de vida de la familia. Imaginemos también que con el dinero obtenido, además de ir pagando la luz, el agua, la comida, etc., hace un préstamo a uno de sus hijos de 10.000 € a devolver en un año. Además, otro de los hijos es carpintero y el padre le encarga que renueve todos los muebles de la vivienda familiar por 7.000 € que le pagarán dentro de seis meses. Finalmente, imaginemos que al padre le tocan 5.000 € en la lotería y decide recomprar a la entidad financiera parte de las letras de cambio que aceptó y guardarlas por si, antes de su vencimiento, tiene que volver a ponerlas en circulación para recuperar efectivo. En ese ejemplo, los pasivos totales de la familia serían la suma de todas las deudas que cada uno de los miembros tiene, con independencia de que se lo deban a miembros de la familia o a terceros, es decir, 67.000 €, resultado de sumar los 50.000 € que debe el padre a los tenedores de las letras, los 7.000 € que le debe el padre a su hijo carpintero y los 10.000 € que le debe su otro hijo al padre. Pero ¿cuál sería la deuda real de la familia, lo que la familia debe? Obviamente, la familia, como conjunto, sólo debe los 50.000 € menos los 5.000 € de las letras que recompró porque se las debe a sí mismo, es decir, 45.000 €. En resumen, los pasivos totales en circulación ascienden a 67.000 €, pero la deuda a 45.000 €.

Se entiende la diferencia, ¿verdad? Pues lo que hace el PDE básicamente -hay algunos matices adicionales pero que no son significativos a efectos del asunto que estamos analizando-, es ajustar el total de los pasivos totales de las AAPP a la deuda real de esas mismas AAPP. Y todo está documentado y es público.  Y lo que hace el señor Bermejo es afirmar que lo que debe España son los pasivos en circulación y no la deuda neta.

Volviendo de nuevo al cruce de comentarios, el autor del artículo me contesta (comentario #83) que las cuentas no las ha hecho él, sino el BdE y que él sólo ha transcrito los datos, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque en su transcripción, conscientemente o no, ha manipulado lo que dice el BdE cuando afirma en su artículo que "La deuda total de España (pasivos en circulación) la publica el Banco de España...". En su informe, el BdE distingue claramente los conceptos "pasivos en circulación" y "deuda", mientras que el autor en su artículo los identifica, tal y como le indico en mi respuesta a su comentario (comentario #107). Pero el señor Bermejo insiste (comentario #116) y por supuesto yo también (comentario #121).

Y ahí se quedó la cosa respecto del contenido del artículo. Pero hete aquí que en un intercambio de opiniones que mantiene con otro lector afirma lo siguiente (comentario #140) respecto de lo innecesario del rescate bancario: "Los depositantes tenían garantizados sobradamente sus pasivos con los fondos propios de las entidades. Las rescataron para que los bonistas, accionistas y fondos no perdieran, o minimizaran sus pérdidas de inversión. Fue un espolio en toda regla." Y a continuación esto otro (comentario #149): "Hace tiempo hice un estudio sobre el balance de Bankia 2011 y había de sobra. Lo expliqué en un programa de economía directa. No recuerdo el día. A ver si lo encuentro y se lo enlazo." Y claro, llovía sobre mojado e intervine de nuevo (comentarios #153 y #155 respectivamente).

Como suele ocurrir cuando uno se queda sin argumentos, el intento de debate terminó de un modo algo abrupto por su parte (comentario #160) y yo zanjé la cuestión reafirmándome en mis argumentos y pidiéndole disculpas si en algún momento se había sentido ofendido por mis formas (comentario #169).

Y si todo quedó zanjado, ¿a qué viene esta entrada? Pues viene a que el citado artículo sigue divulgándose en la red como cierto, como sólido, como riguroso. Incluso el propio autor, que parece dispuesto a que la realidad no le estropee un titular populista y dañino, sigue retuiteándolo. Y viene también a que es necesario desenmascarar a quienes hacen afirmaciones gratuitas que, siendo manifiestamente falsas, manipuladas y poco rigurosas, pueden provocar mucho daño si en algún momento son asumidas como ciertas en determinados círculos, desde instituciones europeas hasta fondos de inversión que financian nuestro Estado del Bienestar.

Que conste que no conozco de nada a este señor y que nada personal tengo contra él. Ni siquiera pretendo hacer juicios de valor sobre sus intenciones, tanto en el artículo objeto de esta entrada como en otro que escribió con otros tres colegas en el que se autodenominaban "grupo de profesores y economistas independientes". Simplemente me limito a exponer el debate que tuvo lugar a raíz de aquel artículo para que cada cual, si le apetece, extraiga sus propias conclusiones sobre la credibilidad que le deben merecer los análisis del señor Bermejo cuando de cuestiones económicas se trate. Y no olviden que hay muchos señores Bermejo en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Y después de este ladrillo, les deseo que el próximo año sean ustedes capaces de ser un poquito más críticos con todo lo que leen. Si lo consiguen, seguramente serán menos felices, pero algo más libres. Ustedes eligen.

¡Feliz 2017!

Así se construye la credibilidad perdida...

Esto de desmontar los mantras y titulares de nuestros ínclitos políticos resultaría divertido si no fuera peligroso.

Por ejemplo, el pasado día 20, el Congreso aprobó la toma en consideración de una propuesta legislativa del Grupo Socialista para modificar el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores. Al margen de la opinión que me merezca el fondo de dicha iniciativa -de eso hablaremos en otra ocasión-, me sorprendió leer en la mayoría de la prensa "seria" titulares del tipo "PSOE inicia una estrategia para "atacar" por partes la reforma laboral..." o "El Congreso inicia el camino legal para tumbar la reforma laboral...". Como no me fío mucho de los hacedores de titulares, fiel a mi costumbre, acudí a la fuente protagonista de la noticia. Y en su página web se dice:

 
Es decir, "el Grupo Socialista pide el respaldo del Congreso para frenar la precariedad laboral, el empleo temporal y la inseguridad de la reforma laboral del PP", modificando un artículo del Estatuto de los Trabajadores que no ha sido reformado por la reforma laboral del PP y cuya redacción ha permanecido intacta desde el año 2001.

En fin...

De encuestazos y otras paranoias

Afirmaba el otro día Pedro Jose que en las pasadas elecciones generales los españoles acudieron a votar bajo la coacción -¡toma ya!-, de unas inquietantes encuestas y que, aunque no ha habido pucherazo, sí ha habido encuestazo. Enmierda, que algo queda.

Si no he entendido mal el argumento central de aquel artículo, el encuestazo no deja de ser una especie de refinamiento del clásico pucherazo en el que, en lugar de meter con descaro la mano en la urna, se usa la mano invisible de la desinformación para manipular al electorado con objeto de que vote en un determinado sentido que, lógicamente, no es el que realmente desea.

Se pregunta el visionario Pedro José que cuántos votantes cambiaron su voto a causa del inminente peligro de que Pablo Iglesias se convirtiera en presidente y de que el país se fuera al carajo. A poco que se analice el argumento empleado para justificar que las elecciones han sido manipuladas, se llegará a la conclusión de que es una absoluta memez.

El aparente razonamiento por el que Pedro José llega a su conclusión es que, si al votante se le informa falsamente de que la opción A es la que va a ganar y decide dejar de votar a la opción A debido a esa información, entonces el votante ha sido manipulado. Pero para que tal silogismo sea consistente, debería cumplirse que el votante, antes de disponer de esa información supuestamente manipulada, tuviera la intención de votar la opción A y que la información de que dicha opción sería ganadora le indujera a votar a otra opción distinta. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que resulta concluir que quien tenga la intención de votar la opción A -obviamente, porque quiere que gane-, cambiará su voto cuando le informen de que va a ganar la opción que desea que gane? 

Vale, vale, ya sé que Pedro José pretende hilar más fino en su argumento. En concreto, se pregunta sin preguntárselo, cuántos votantes dejaron de votar a Ciudadadnos para hacerlo al PP debido a esa supuesta manipulación de las encuestas, orquestada, cómo no, por el PP. La respuesta a esa pregunta se la dejo a aquellos de ustedes que dispongan de bola de cristal. Porque, ¿de verdad hay argumentos para concluir que el PP se garantizaba más votos procedentes de Ciudadanos o del PSOE haciendo correr el bulo de que ganaría Pablo Iglesias?

En definitiva, si la supuesta desinformación manipuladora no ha hecho que dejen de votar a Pablo quienes deseaban hacerlo, ni parece justificado pensar que haya trasvasado un número significativo de votos de Ciudadanos al PP, ¿dónde está la coacción y el encuestazo? 

En fin, que de alguna forma hay que justificar el descenso de Ciudadanos. Ya sabemos que el chivo expiatorio es el mejor amigo del hombre.

De amígdalas y cíngulos

Curioseando esta mañana la prensa me topé con un curioso artículo encabezado por un titular que rezaba "Tus genes deciden si eres de izquierdas o de derechas". Con un aperitivo así, cómo resistirse a desayunárselo y encontrar por fin una justificación a este liberalismo de izquierdas que me aqueja.

Pero mi gozo en un pozo y la primera en la frente. ¿Creen ustedes que quienes desean un Estado cuanto mayor mejor, que cubra cualquier contingencia que pueda padecer el individuo, que controle la economía y las decisiones individuales de los ciudadanos lo hacen porque tienen una mayor  capacidad de aceptar la incertidumbre y de adaptarse a situaciones novedosas? ¿Y que quienes prefieren un Estado más pequeño, que interfiera lo menos posible en las libertades individuales y que impulse la libre competencia en los mercados lo hacen porque son más temerosos y exageran los riesgos?

Pues más o menos eso dice el artículo, que los conservadores son más miedosos y tienen aversión al riesgo por no sé qué problema en la amígdala cerebral y que los progresistas aceptan mejor la incertidumbre por alguna historia del cíngulo anterior. A ver si ahora va a resultar que Alberto Garzón o Monedero son más de derechas que el grifo de agua fría y la Esperanza Aguirre una peligrosa comunista.

A lo mejor los unos y la otra debieran revisarse la amígdala y el cíngulo, porque lo que es uno, se ha quedado igual que antes de leer esa tontería de artículo. Pero eso sí, no me negarán que conseguir que te paguen por escribir tal gilipollez no tiene su mérito.   

¡Mira que seguir confundiendo a estas alturas conservadores con derecha y progresistas con izquierda...!

Calentando al personal...

Dice hoy El País que "los grandes grupos tributan el 6% del beneficio y el resto paga el 15%", y lo afirma haciendo referencia a "la última memoria de recaudación tributaria".

Pues bien, eso es simplemente mentira. Y se encargan de desmentirse a ellos mismos en el gráfico que publican en ese mismo artículo, que subtitulan, esta vez sí correctamente, como "Tipo efectivo de grandes grupos consolidados sobre resultado contable".

Verán, las empresas tributan en el Impuesto de Sociedades (IS) español por los beneficios obtenidos en España, y son esos beneficios con sus correspondientes ajustes por deducciones los que componen la Base Imponible (BI) del impuesto. Pero los grandes grupos de empresas, a diferencia de las empresas individuales más pequeñas, suelen tener una intensa actividad internacional, por lo que su resultado contable (RC), que se compone de la suma de los beneficios obtenidos en cada uno de los países en los que opera y en los que pagan sus impuestos, suele ser muy superior a los beneficios obtenidos en España.

Si ustedes van al apartado "ANÁLISIS PARA GRUPOS CONSOLIDADOS" del cuadro 3.6, página 47, de la última memoria de recaudación, que es de donde afirma el autor del artículo haber obtenido los datos, podrán comprobar que en 2013, el RC total de los grupos consolidados -beneficios en España más beneficios en otros países-, asciende a 81.195 M€, de los que sólo 30.247 M€ se han generado fiscalmente en España. Esas empresas han pagado en 2013 en España 4.853 M€ en concepto de Impuesto de Sociedades, que supone un tipo efectivo del 19,6% sobre los beneficios generados en España y un 6% sobre el resultado contable, es decir, sobre los beneficios generados en todos los países.

Si ustedes suben un poquito en ese cuadro, verán que para las empresas que no son grupos empresariales y que, por tanto, suelen tener menos actividad internacional, el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades es del 21,8% y sobre el resultado contable del 14,9%, superior al 6% de los grupos de empresa porque la proporción de beneficios generados en España sobre el resultado contable es muy superior.

En resumen, que el periódico miente descaradamente y manipula los datos para que parezca que las grandes empresas apenas pagan impuestos en España. Para justificar que paguen tan poco, afirman que "los grupos consolidados tienen un abanico de opciones para rebajar su factura fiscal. Desde la deducción por gastos financieros, que permitía desgravarse los intereses de los préstamos entre empresas del grupo, a la libertad de amortización, fondo de comercio, deducciones por pérdidas de valor de participadas extranjeras...", sin mencionar en ningún momento que ese tipo efectivo es tan bajo porque está calculado sobre el total de los beneficios del grupo, sobre el resultado contable total, y no sobre el beneficio generado en España, que es como debe calcularse.

De esta forma, es comprensible que un trabajador medio, que paga impuestos hasta por respirar y que no tiene la posibilidad de profundizar en la veracidad de según qué noticias, se indigne cuando lee que las grandes empresas sólo pagan un 6% de sus beneficios. Y así anda el personal, indignado y cabreado a todas horas y votando a cualquiera que le prometa el cielo.

Que la prensa, de un lado y de otro, se dedique a desinformar y manipular al personal, dice muy poco del papel que se espera de ella en una democracia. Y que los líderes políticos se hagan eco de manera tan acrítica de aquellas noticias que le vienen bien para mantener siempre calentito a su rebaño, dice mucho de esta mediocre democracia que nos está tocando sufrir.

De tertulias y otras pamplinas...

Iba ayer escuchando una tertulia en la radio mientras conducía, cuando a una de las tertulianas se le ocurrió explicar cómo funciona el IVA. Me dio tal vuelco el corazón que procuré quedarme con su nombre. Cuando llegué a casa, lo busqué en Google y resulta que es abogada, economista, asesora fiscal y administradora concursal. ¡Casi nada! Me dió otro vuelco el corazón.

Así explicaba esta buena mujer, Mª José Tarancón se llama, el funcionamiento del IVA, afirmando primero que es un impuesto sobre el valor añadido, después que no lo es y que ese impuesto está mal aplicado en general. Y no sé qué de un hierro y una máquina. Se ve que no tiene nada claro que en la cadena de valor de un producto o servicio, el IVA se va deduciendo por cada agente económico que añade valor, de tal forma que al final, el consumidor paga el impuesto sobre el valor total añadido y es el único que lo paga. Lo triste es que se supone que esta señora debería saber de lo que habla a la vista de su profesión. Pero escúchenlo, escúchenlo.

Aquí tienen el programa completo, para que vean que no he manipulado ni una coma.

Y por si a alguien le interesa, explicaré de una manera coloquial cómo funciona este impuesto para que puedan contrastarlo con la barbaridad que acaban de escuchar.

Supongamos un IVA único del 20% para simplificar los cálculos. Imagine que usted es un ganadero y vende la carne del ganado que ha criado con su esfuerzo a un mayorista a 20 euros/kilo más IVA. Usted habrá cobrado de IVA 4 euros que deberá ingresar a Hacienda.

A su vez, el mayorista revende la carne a una carnicería a 24 euros/kilo más IVA, por lo que recaudará 4,8 euros de IVA y deberá ingresar a Hacienda la diferencia entre el IVA que ha recaudado y el IVA que le pagó a usted, es decir, ingresará 0,8 euros.

El carnicero le vende la carne a un restaurante de lujo a 30 euros/kilo más IVA, recaudando 6 euros de IVA e ingresando en Hacienda la diferencia entre el IVA recaudado -IVA repercutido-, y el IVA pagado al mayorista -IVA soportado-, es decir, ingresará 1,2 euros.

El restaurante ofrece una exquisita carne a la brasa a 40 euros/kilo más IVA al consumidor final, por lo que recauda 8 euros de IVA, e ingresará a Hacienda la diferencia entre al IVA repercutido y el IVA soportado, es decir, pagará al fisco 2 euros.

El consumidor que se ha comido el kilo de carne ha pagado 8 euros de IVA, que debería corresponderse con el 20% del valor que se le ha ido añadiendo a la carne desde que nace el animal hasta que llega a su plato, y que debería coincidir con lo que ha ingresado Hacienda en el proceso. Comprobémoslo.

¿Cuál es el valor que le ha ido añadiendo cada uno de los agentes económicos en el proceso desde que nace el ganado? Evidentemente 40 euros por kilo de carne. ¿Y cuánto ha ingresado Hacienda en todo el proceso? Pues 4 euros del ganadero, más 0,8 euros del mayorista, más 1,2 euros del canicero más 2 euros del restaurante, es decir, 8 euros. Exactamente lo que ha pagado el consumidor final en concepto de IVA.

Moraleja: mucho cuidado con creerse todo lo que largan los tertulianos, porque hasta los que hablan de lo que se supone que saben, se olvidan del rigor en cuanto les ponen un micrófono delante.

Qué le vamos a hacer...

"La OCDE avisa de que los deberes alimentan la desigualdad escolar", reza el titular de varios periódicos digitales.

¡Valiente gilipollez! Cuando uno se adentra en la noticia, lo que realmente dice la OCDE es que los deberes escolares acentúan la brecha entre los alumnos que pertenecen a familias más desfavorecidas y los que pertenecen a familias de nivel socioeconómico medio y alto, porque estos últimos disponen de ayuda para hacerlos. 

Resulta que no son los deberes los que producen esa desigualdad, sino el nivel económico o educativo de las familias. ¡Pues como en casi todo...! Si no pusieran deberes, los más ricos podrían ir a clases particulares que los más pobres no se pueden pagar. ¿O vamos a prohibir las clases particulares?

La solución es simple: una enseñanza pública de calidad y en cantidad. Por ejemplo, se podría incrementar la jornada laboral de los maestros de las 1.200-1.300 horas anuales hasta las 1.700-1.800 horas anuales de cualquier trabajador del sector privado. Y se podrían abrir los colegios por la tarde para dar apoyo a los alumnos de esas familias que no pueden ayudar a sus hijos con los deberes. Y se podrían contratar a más profesores... 

Pero no, es mejor echar la culpa a la existencia de deberes escolares, eliminarlos, y pensar ingenuamente que con ello, igualando por debajo, ya hemos resuelto la brecha. Por esa regla de tres, eliminemos la educación primaria o secundaria, porque los hijos de familias con mayor nivel socioeconómico tendrán más posibilidades de salir mejor formados. Muerto el perro, se acabó la brecha.

Esa obsesión de igualar por debajo es una de las causas de gran parte de los problemas que padecemos en este país. Todos nacemos con una mochila social y biológica que no elegimos, que no depende de nosotros. Nacemos en el país, en la ciudad y en la familia en que nacemos. Y somos altos o feos o inteligentes o antipáticos porque nos tocó ese número en un sorteo en el tampoco pudimos comprar el boleto. A partir de ahí, una sociedad decente debería, empleando al Estado como instrumento, contribuir a paliar las diferencias provocadas por la mochila social, igualar razonablemente las oportunidades de los ciudadanos. Si el Estado moderno no sirve para eso, entonces no sirve.

Cuestión bien distinta es pretender que las personas seamos iguales con independencia de nuestra mochila biológica. Porque no lo somos. Si a nadie se le ocurre que el Estado deba garantizar que un señor feo y bajito sea modelo de pasarela, ¿por qué habría de garantizar que alguien tenga una carrera universitaria al margen de su capacidad? Eliminar el esfuerzo individual de la ecuación es un camino que sólo conduce al fracaso colectivo. Algunos ricos llegan lejos, a pesar de ser ricos. Y algunos pobres también.

De estas cosas ya hablábamos por aquí hace muchos años. Y por aquí. A los que no hemos nacido en una familia rica nos toca esforzarnos más. Qué le vamos a hacer...

Limpiándose la baba del traje...

Como decíamos ayer...

Tremendo titular el del editorial de hoy en el periódico El Mundo: "Google no puede obstaculizar el acceso a la información en internet". Y ni se ponen colorados los tíos.

Dicen que lo fundamental es garantizar, en cualquier caso, que los lectores sigan accediendo a los contenidos de medios digitales con normalidad. También admiten que los periódicos se benefician de la tecnología de Google. Y que Google quiere negociar con cada medio por separado, y que de eso, nada de nada, que hasta ahí podíamos llegar. Pero vayamos por partes.

¿Qué es eso de que Google quiere obstaculizar el acceso a la información en internet? ¿Quiénes han llamado parásito a Google por prestar a los ciudadanos un servicio gratuito que, al tiempo que facilitaba  el acceso a la información, aportaban tráfico e ingresos a los propios medios digitales? ¿Quiénes pretendían cobrar a Google por prestar ese servicio por el que no cobra? ¿Quiénes han provocado que Google cierre ese servicio? Y entonces, ¿alguien no tiene claro aún quiénes obstaculizan el acceso a la información en internet?

Ahora, cuando han comprobado las consecuencias de su avaricia y de su ignorancia, reclaman que se garantice a los lectores que puedan seguir accediendo a los contenidos de medios digitales. ¿Y acaso que Google cierre su servicio de noticias lo impide? ¿No puede el usuario teclear la URL del medio que desee leer, en algunos casos previo pago a ese medio de un precio, y mantenerse informado? Entonces, ¿en qué medida impide Google que se siga accediendo a los medios digitales? ¡Ah! ¡Que Google les enviaba a sus portales mogollón de tráfico de usuarios que querían ampliar la información que, a modo de resumen, ofrecía Google News y ahora se van a quedar sin ese tráfico que les generaba pingües beneficios por publicidad! Haberlo dicho antes, hombre... Que no es por el derecho a la información de los ciudadanos, que es por el vil metal. ¡Acabáramos!

Si hasta admiten ahora que los periódicos ganaban dinero con Google News. ¡Hay que ser gilipollas...!

Y por último, parece que no terminan de enterarse. Que si Google quiere negociar individualmente, que si quiere imponer su posición de fuerza y no se lo van a permitir, ¡que ha dicho que se va, que se pira, que au revoir, que arrivederci, que ahí os quedáis...!

Hasta la Asociación de Editores de Diarios Españoles, acojonada por la que han liado, emitió ayer un comunicado en el que "requiere la intervención de las autoridades españolas y comunitarias, y de las autoridades de la competencia, para proteger de manera eficaz los derechos de los ciudadanos y de las empresas". ¿Se puede ser más patético? Ahora piden ayuda a las mismas autoridades a las que exigían leyes para chuparle la sangre a Google. Y como Google no se deja, piden que la amarren a la camilla.

Hay que ver la que ha liado el pollito...

Un cabrón con pintas...

Iba ayer escuchando en la radio del coche una de esas tertulias vespertinas en las que los tertulianos parecen expertos en todo y sientan cátedra, y escuché algunas barbaridades -no sé si producto de la manipulación informativa o de la simple ignorancia-, que me llamaron poderosamente la atención.

El asunto iba sobre desahucios. Y los expertos eran una periodista catalana, un profesor de Historia y un escritor, todos bastante conocidos. Aunque la tertulia, que pueden escuchar completa aquí, duró casi tres cuartos de hora, las dos cuestiones que más me llamaron la atención las tienen ustedes editadas aquí.

La primera, los datos aportados como preámbulo de la tertulia. Se afirmaba, con datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pueden ustedes encontrar aquí, que se han realizado 21.178 ejecuciones hipotecarias en el segundo trimestre de 2014, un 4,2% más que el mismo periodo del año anterior -el segundo trimestre de 2013-, en el que hubo 20.323, y se concluía que la cosa estaba fatal y que iba a peor.

Sin embargo, no se aportaba el dato del trimestre inmediatamente anterior -el primer trimestre de 2014-, en el que hubo 24.226 ejecuciones hipotecarias, un 14,4% más, o del anterior -el cuarto trimestre de 2013-, en el que hubo 24.076, un 13,7% más, y que parecen indicar que la cosa, aunque esté jodida, dista mucho de ir a peor. Parece más razonable, sobre todo cuando no hay cuestiones de estacionalidad de por medio como es el caso,  comparar un periodo con los inmediatamente anteriores para presentar la evolución de una variable, y no con el mismo periodo de hace un año. Tampoco se dijo cuántas de esas ejecuciones hipotecarias corresponden a vivienda habitual. Porque no es lo mismo que a uno le deshaucien una finca, un local comercial, una segunda o tercera vivienda, que su vivienda habitual.

Después, aportando datos del Banco de España que parecen sacados de aquí, se afirmaba que entre 2012 y 2013 habían perdido su vivienda unas 100.000 familias, para concluir a continuación, refiriéndose a otras fuentes que no concretaba, que en España se había superado ya la barrera psicológica de los 100.000 desahucios al año. Sería interesante saber cómo daba ese salto de los 100.000 desahucios en dos años del Banco de España, a esa misma cifra, pero anual.

Y la guinda la puso la señora Otero cuando remató, encantada de dar la estocada definitiva marcando paquete, que "es lo que tienen los datos, que no se pueden discutir, son datos". Pongamos entonces todas las cifras sobre la mesa y juzguen ustedes si pueden o no discutirse esos datos.

Según un informe del Banco de España de hace un par de semanas, el número de entregas de vivienda debido a ejecuciones hipotecarias en el primer semestre de 2014 ascendió a 26.549, de las cuales 19.565 eran viviendas habituales, lo que arroja una cifra esperada anual de unas 39.000 viviendas habituales, en definitiva, familias que se quedan sin su hogar. Por otro lado, si tenemos en cuenta que en España había 18.331.400 viviendas familiares en el segundo trimestre de 2014 según el INE, los desahucios esperados suponen un 0,21% de esas viviendas. El problema es, sin duda, grave, fundamentalmente para las familias afectadas, pero parece claro que estamos muy alejados de esos datos indiscutibles, de esas 100.000 familias desalojadas de sus viviendas cada año. Es lo que tienen los datos, que no se pueden discutir, que diría la señora Otero.

Una segunda cuestión que me llamó la atención fue escuchar al escritor tertuliano -consolidado cuentista, en el sentido literario del término-, afirmar con absoluta rotundidad que el origen de todo el problema estaba en el art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada en el año 2000, que es el que permite a los bancos seguir embargando los bienes de los deudores hasta cubrir los créditos hipotecarios concedidos. También dijo que en Francia o Alemania, la entrega de la vivienda extingue la deuda. Es fantástico, porque ambas cuestiones son absolutamente falsas y reflejan una ignorancia difícilmente compatible con la contundencia y seguridad con que hizo y reiteró esas afirmaciones. Ni en Francia o Alemania existe la dación en pago por ley, ni un precepto puramente procesal es el responsable de que los españoles respondamos de nuestras obligaciones con todos nuestros bienes, presentes y futuros, sino el art. 1.911 del Código Civil.

¿Que las leyes se pueden cambiar? Sin duda alguna. Siempre que estemos dispuestos a asumir las consecuencias de esos cambios. Como ya dije hace algunos años, si estamos dispuestos a perjudicar al 97% para proteger al 3%, si asumimos el encarecimiento y limitación del crédito hipotecario, adelante. Pero estaríamos errando el tiro. Nada hay más legítimo que legislar en nombre del pueblo, ni menos democrático que hacerlo perjudicando a la mayoría.

Y por cierto, volviendo al caso que sirvió de pie a la tertulia -el de la pobre anciana desahuciada porque su hijo pidió un préstamo que no pagó-, es interesante subrayar que el préstamo fue solicitado a un prestamista particular, no a una entidad financiera, porque esta última, con buen criterio, se lo denegó por el alto riesgo de impago a pesar de poder avalarlo con la vivienda. Parece claro que al hijo nadie le engañó. Y también que es un cabrón con pintas.

Por más que lo repitan... ¿cómo explicar una mentira?

Nada, que no hay fin de semana que no me tope con el asunto de marras en algún artículo de opinión.

Esta vez es un redactor jefe de El Mundo, Vicente Lozano, el que empieza su columna de análisis afirmando que "los buenos analistas tendrán que estudiar en algún momento por qué una crisis económica generada por el neocapitalismo liberal más rampante..." y bla, bla, bla, bla.

Pero no queda ahí la cosa. en el colmo de la coherencia argumental, llega a decir que Emmanuel Macron "quiere liberalizar de una vez la economía gala". Y que ése es "un programa de reformas que ya querríamos que aplicara en España el Gobierno liberal –así se proclama– de Mariano Rajoy". Y que "todo el mundo está de acuerdo en que estas recetas son las únicas que pueden sacar a Francia de su parón y evitar que toda la UE caiga en recesión"

Empezar diciendo que la crisis la ha generado el neocapitalismo liberal más rampante, para echarle flores a continuación al programa liberal -ya veremos-, del primer ministro francés, ansiándolo además para nosotros y reconociendo que es la única vía para evitar que la UE caiga en recesión, no sé qué le parecerá a ustedes, pero hacía tiempo que no leía algo tan incoherente. ¿Cómo se puede aplaudir a lo que, según su autor, ya estábamos padeciendo y fue causa de la crisis?

Salvo que neguemos la mayor, claro. Y que no haya sido el neocapitalismo liberal el causante de la crisis. Entre otras razones, porque tenía una magnífica coartada cuando, según dicen, andaba asesinando a nuestro Estado del Bienestar: se encontraba maniatado en las húmedas mazmorras de palacio por orden de ese mismo Estado.

Y todavía se extraña el autor, como reza el subtítulo de su artículo, de que "no se ha explicado por qué una crisis generada por el neocapitalismo ha fulminado los postulados económicos de la socialdemocracia".

¿Cómo explicar una mentira? ¿Y quién  dice que el libre mercado no debiera formar parte de los postulados económicos de la socialdemocracia?

De las culpas que siempre son del otro...

Como no soy sospechoso de haberle tocado las palmas a este gobierno, ni de no haber criticado que el presidente eligiera a una médica de ministra de Fomento o a una socióloga de ministra de Sanidad que está haciendo buena a su antecesora, ni de no haber pedido la dimisión de Rajoy apenas un mes después de su toma de posesión, puedo decir, sin que nadie me acuse de hacer leña del árbol caído, que la crisis del ébola no puede estar gestionándose peor, en el fondo y en las formas.

Dicho esto, que resulta evidente, habría que añadir que es igual de evidente que aquí hay más responsables, aunque resulte políticamente incorrecto decirlo. Ayer escribía en un tuit Ignacio Escolar -ya saben, ese periodista ampliamente reconocido por su objetividad-, que "el PP cumple el protocolo. En el Prestige, culpar al capitán. En el Alvia, al conductor. En el ébola, a la enferma".

Dar a entender que en esos tres casos los únicos culpables son los políticos, exonerando de toda responsabilidad al capitán del Prestige, condenado por desobediencia a la autoridad, o al conductor del Alvia, que circulaba por esa curva a más de 150 km/h y está imputado, o a la enferma de ébola que reconoce que se tocó la cara con el guante y que no le dijo nada sobre que había estado en contacto con un enfermo de ébola a su médico de cabecera cuando acudió a él con fiebre, es cuando menos mezquino, amén de manipulador.

No se trata de culpar a la enferma, que bastante penitencia -excesiva diría yo-, tiene ya con estar jugándose la vida, pero tampoco de solidarizarse con ella hasta el punto de olvidar que con su actitud irresponsable ha puesto en peligro la vida de muchas personas.

¿Que ha habido improvisación, que ha faltado formación al personal sanitario y medios materiales? Sin duda, ésa es una responsabilidad política y debiera serlo penal. Pero si lo que cuenta la prensa es cierto, nadie en su sano juicio podría afirmar que la auxiliar de clínica se infectó por falta de formación o de medios -cualquier persona, sin ser sanitario, sabe que tocarse la cara con un guante infectado es peligroso-, o que ocultó información relevante a su médico por ignorancia. Es más, lo razonable es pensar que lo primero, tocarse la cara con el guante, fue un descuido, quizás un exceso de confianza, un error que le puede pasar a cualquiera, pero ocultar información vital a su médico de cabecera parece más bien una decisión premeditada y consciente.

Cada palo debe aguantar su vela y reponsabilizarse de sus propios actos. Ser comprensivos y solidarios con quien se ha jugado la vida por salvar la de los demás es de bien nacidos. Cuestión bien distinta es serlo por razones ideológicas, partidarias o corporativistas.