Invita la casa. Hoy: "Contra el consumidor irresponsable"

Hacía tiempo que no les invitaba a algo, así que hoy traigo a la taberna un asunto del que ya hablamos por aquí hace un par de años, pero sobre el que nunca está de más insistir. Y como lo cuenta muy bien, pues aquí les dejo la tapita. En el fondo no es más que aquello de que la libertad debe conllevar necesariamente la correlativa asunción de las consecuencias de su ejercicio. Ni más ni menos.

"Una sociedad civil fuerte requiere ciudadanos maduros, que sepan defender sus derechos, que reclamen frente a los abusos y las injusticias, pero también que no esperen que todo el mundo les defienda menos ellos mismos y, sobre todo, que asuman sus propias responsabilidades."

De cuando hacerse el imbécil resulta rentable...

¿Estarían ustedes dispuestos a asumir públicamente que son imbéciles a cambio de un precio? Porque a eso es a lo que están dispuestos una inmensa mayoría de los que van a reclamar que le devuelvan lo pagado por aplicación de la claúsula suelo que tienen en las hipotecas que firmaron.

Recordemos que lo que dice la justicia respecto de las cláusulas suelo no es que sean abusivas en sí mismas, pues las considera perfectamente válidas, sino que son abusivas por poco transparentes. Viene a decir que, quien firmaba una hipoteca y leía que el tipo de interés era variable pero que, en ningún caso, podía bajar de una determinada cuantía, no entendía lo que leía ni era consciente de lo que eso le iba a suponer. Vamos, que era literalmente imbécil. Al menos durante los cinco minutos que duraba la firma.

No digo yo que no existan casos reales de falta de transparencia -claúsulas escondidas entre la enorme literatura jurídica de una escritura, defectuosa redacción que lleva a confusión...-, y precisamente por ello hay que ir caso por caso, porque hay contratos donde esa cláusula incluso figura en negrita y destacada o que fueron firmados por profesionales del Derecho o de las finanzas respecto de los que cabe presumir que no eran imbéciles, al menos a estos efectos. No se entiende bien que nuestro Tribunal Supremo haya optado por asumir la máxima de que, en todos los casos, el consumidor desconocía o no podía comprender el contenido y consecuencias de dicha cláusula. 

Líbreme Dios de defender a los Bancos, que eso y abusar ya lo hacen ellos solitos con bastante empeño, pero el más mínimo sentido de la equidad y de la justicia material debería impedir esa interpretación de brocha gorda. Porque no olvidemos que es razonable pensar que, sin la existencia de esa claúsula suelo, es más que probable que el préstamo hipotecario le hubiera resultado más oneroso al prestatario, posiblemente en forma de un mayor diferencial sobre el tipo de referencia o de más comisiones. Por tanto, el consumidor se benefició de unos menores tipos mientras éste estuviera por encima del suelo estipulado a cambio de asumir la cláusula suelo, pero ahora obligan al banco a devolver lo cobrado de más como si dicha cláusula no hubiera existido, sin que el banco pueda variar el resto de las condiciones, que se pactaron en aquellos términos, precisamente, porque existía esa cláusula suelo.

Por otro lado, y al hilo de todo este asunto, se ha producido hace pocos días otra sentencia de un Juzgado de lo Mercantil en la que declara abusiva y, por tanto nula, la cláusula de un préstamo hipotecario en la que se establecía la responsabilidad patrimonial universal del deudor. Si tenemos en cuenta que dicha responsabilidad está establecida en el art. 1.911 de nuestro Código Civil y que dicha cláusula se limitaba a subrayar, de manera redundante, lo que el propio precepto legal establece, ¿debemos entender que si no se hubiera incluido esa cláusula, no hubiera podido ser declarada nula y que, por simple aplicación de la Ley, el deudor seguiría respondiendo de la deuda hipotecaria con todo su patrimonio presente y futuro? ¿o debemos entender que dicho precepto nunca será aplicable por falta de transparencia? ¿o qué debemos entender de esa absurda sentencia?

Que, en términos generales, el consumidor es la parte débil en materia de contratación, que debe ser protegido con determinadas presunciones favorables a él y que hay que poner coto a los abusos contra el ciudadano en tanto actúe como consumidor, me parece justo e imprescindible. Pero de ahí a que entremos en una dinámica en la que desvistamos al consumidor de toda responsabilidad por sus decisiones, dictando sentencias que afirman implícitamente que es tonto de baba, media un abismo. Eso sólo conseguirá infantilizar -¿aún más?- el comportamiento del consumidor, fabricar consumidores irresponsables y poco exigentes con sus derechos y que la otra parte contratante se sobreproteja a partir de ahora, de tal forma que pagaremos todos los consumidores nuestra presunción de imbecilidad por la imbecilidad real de unos pocos.

Ya verán, ya...

Ya verán cómo los que ahora reclaman que el Estado salve a Abengoa de una nefasta gestión, son los mismos que despotricarán después contra el libre mercado tras no permitirle actuar purgando las empresas mal gestionadas. Los mismos que acusarán al libre mercado de socializar las pérdidas tras clamar al cielo que se socialicen a través de la intervención del Estado.

Sí, es una estrategia perversa acusar a alguien de no actuar habiéndole impedido previamente hacerlo. Pero los ciudadanos la compran. ¿Ven como el libre mercado es el diablo?, les dicen una y otra vez. Mientras, el libre mercado hace oídos sordos porque ni está ni se le espera. Demasiados intereses para permitirse el lujo de la libertad.

Este asunto se arreglaría si les dejaran solos. La simple expectativa de que el Estado intervendrá -ya lo está haciendo con sus rotundos mensajes-, incentiva a las partes a no llegar a un acuerdo, a la espera de que otros, los ciudadanos, asuman parte del riesgo y de la posibles pérdidas.

Ya verán, ya... 

Por si todavía queda algún ingenuo...

"La propuesta de creación de una banca pública por parte de nuestro gobierno parece sugerir que, o se piensa que la valoración del riesgo que hace la banca privada es errónea, o el Estado está dispuesto a asumir riesgos que el mercado ha decidido no asumir"

"Hasta ahora, la competencia entre bancos privados ha demostrado sobradamente que no suelen equivocarse por exceso en la evaluación del riesgo, es decir, asignando a un negocio más riesgo de su riesgo objetivo, sino más bien al contrario. Sólo hay que echar un vistazo a los créditos concedidos a los promotores, sobre todo por parte de las Cajas de Ahorros. Por lo tanto, el incremento del crédito que promete la nueva banca pública sería consecuencia de una política de riesgo mucho más laxa que la de la banca privada, lo que implicaría necesariamente una morosidad muy superior a la del mercado"

Estas cosas escribía este humilde tabernero -sin más mérito que el sentido común-, hace ya casi cinco años, cuando al señor Zapatero se le ocurrió la idea de iniciar una línea de crédito directo a las empresas, ICO-Directo, asumiendo el Estado el riesgo de impago -banca pública pura y dura-, y saltándose la estrategia clásica del ICO, en la que el riesgo de impago lo asumía el banco privado que comercializaba sus fondos.

Pues bien, como era lógico suponer, de los 551 millones de créditos concedidos a través de ICO-Directo, casi 200 millones son de dudoso cobro, un 35% de morosidad. Casi el triple de la morosidad del sistema financiero y seis veces la morosidad del propio ICO. Doscientos millones que habrá que retraer de nuestros impuestos y que si hubiesen sido prestados por la banca privada, hubieran pagado sus accionistas.

Aun así, algunos seguirán defendiendo la banca pública. Dirán que un banco público bien gestionado no tiene por qué incurrir en pérdidas. Pero olvidan que la razón de ser de un banco público consiste en correr riesgos que el mercado no está dispuesto a asumir, proveer de crédito a quien no posee suficiente solvencia para devolverlo, y todo ello, a tipos de interés asumibles por el deudor. ¿Puede estar bien gestionado un banco que actúe bajo esas premisas? ¿Un banco público bien gestionado? ¡Menudo oxímoron!  

Espero que tomen nota la señora Susana y sus ratones coloraos. Y también los andaluces.

De cuando se junta el hambre con las ganas de comer...

Anda este gobierno tan escaso de puntería, que llama la atención su torpeza para venderse cuando alguna vez ronda cerca del acierto. Debe ser la falta de costumbre. Una torpeza que se ve agravada por la habilidad  de la izquierda en general, y del PSOE en particular, para mantenerse como referente moral -¡que manda cojones...!-, gracias al sectarismo enfermizo y acrítico de muchos ciudadanos.

Un claro ejemplo de lo que digo es todo este asunto de los desahucios y de las modificaciones legales relacionadas con ellos. Y me explico.

En Noviembre de 2012 el gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que suspendía por dos años todos los lanzamientos en los supuestos de riesgo de exclusión. ¿Tenían ustedes noticias de su contenido? Pues eso. Bien, si comparamos la Disposición adicional segunda del Decreto-Ley del gobierno andaluz -sí, el de las expropiaciones-, con el de Noviembre del gobierno central, muy anterior a aquél, nos encontraremos con:

1. Los requisitos de la ley del gobierno central para considerar que un supuesto provoca riesgo de exclusión son menos exigentes que los de la ley del bipartito andaluz.
2. En la del gobierno central, la paralización del desahucio no requiere que el desahuciado pague nada durante la paralización. En la del bipartito sí.
3. La del gobierno central no ha necesitado acudir a una figura tan controvertida y dañina como la de la expropiación para conseguir resultados similares.

Por otro lado, hace unos días se aprobó en el Congreso, con los únicos votos del PP, la "Ley de protección de los deudores hipotecarios, de reestructuración de la deuda y del alquiler social". Échenle un vistazo y verán que contiene medidas muy interesantes. Por ejemplo:

1. Reitera el contenido del Real Decreto-Ley 27/2012 mencionado antes, lo que supone en la práctica la ampliación de los dos años contemplado en aquél.
2. Introduce modificaciones para adaptar la legislación a la sentencia del Tribunal Europeo que declaró contraria a Derecho la imposibilidad de que el órgano judicial pudiera suspender el procedimiento de desahucio cuando apreciara la existencia de cláusulas abusivas.
3. Modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para que, si tras la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual quedara aún deuda por pagar, se pueda condonar parte del pago de la deuda remanente cumpliendo determinados requisitos.
4. Otorga al hipotecado que pierda su vivienda el derecho a participar en el 50% de las plusvalías que experimente el bien ejecutado en el futuro con el fin de reducir la deuda pendiente.
5. Incrementa los porcentajes del valor de tasación a efectos de la subasta y los de adjudicación en caso de que ésta concluyera sin postor.

¿Que no introduce la dación en pago retroactiva? Sin duda otro de sus aciertos. Ahora bien, en estos asuntos suele ser sano hacer un ejercicio de alteridad. Imagínese que usted se ha estado privando de consumir durante mucho tiempo para ahorrar y sacarle un rendimiento a ese ahorro y que, en su día, le prestó el dinero a alguien para que comprara un piso. Y que lo hizo en el marco de una legislación que, aunque no le garantizaba la devolución de todo lo prestado, le permitía que la garantía del préstamo se extendiera al resto de los bienes del deudor. En esas condiciones, usted puso precio a su dinero evaluando, con mejor o peor fortuna, el riesgo de impago. Usted tomó libremente la decisión de prestar el dinero. El comprador de la vivienda tomó libremente la decisión de adquirirla con el dinero recibido. Si el prestatario no puede liquidar el préstamo ni con sus bienes, usted perderá el dinero. Si se cambia la ley para que usted se vea obligado a aceptar una vivienda que no cubre la deuda pendiente, usted perderá el dinero. Si le obligan a hacer una quita, usted perderá el dinero. ¿Estaría usted de acuerdo con la dación en pago retroactiva, o con la expropiación del uso durante tres años, o con la quita de parte de la deuda que le deben? 

Ahora suponga que usted es el banco. Un banco que tiene accionistas, inversores y depositantes. Sí, ya sé que me va a decir que esos bancos han recibido ayudas y bla, bla, bla. Y yo le contesto, como ya dije en otras ocasiones, que los bancos a los que le han salido mal las cuentas deberían haber quebrado o, cuando menos, sus accionistas y bonistas haber perdido todo su dinero. Y desde esa premisa, resulta obvio que el deudor también debe asumir su responsabilidad. Y después de haberla asumido, si el Estado -que no olvidemos que somos todos-, tiene que ayudar a quienes han tenido mala suerte para que tengan una segunda oportunidad, yo me apunto el primero. Porque parece claro que nadie debería pagar toda su vida por los pecados del pasado, pero también que no debiera pagar quien no pecó. No olvidemos que hay quienes, habiendo sido prudentes, han tenido mala suerte, y quienes se han trabajado su mala suerte a destajo. Y no, no puede ser lo mismo.

De pragmatismos aparentes y otras decadencias

Ya hemos hablado por aquí en más de una ocasión del riesgo moral, un concepto antiguo procedente del mundo de los seguros y aplicable actualmente a muchos supuestos económicos y sociales, valga la redundancia. ¿Es decente en nombre del pragmatismo conceder una amnistía fiscal a los que no han cumplido sus deberes ciudadanos, o permitir que los clubes de fútbol deban más de mil millones de euros al fisco al tiempo que se suben los impuestos a los ciudadanos cumplidores? Visto lo visto, el señor Rajoy piensa que sí.

Decir que es una decisión excepcional que no se va a producir de nuevo, forma parte del abecé de una amnistía fiscal, de su esencia, de su apariencia moral. Puro infantilismo. Un insulto a la inteligencia de algunos ciudadanos. Sobre todo porque ya hubo amnistías fiscales expresas -tácitas ha habido y sigue habiendo algunas más-, en 1.984 y en 1.991, con gobiernos socialistas, los mismos socialistas que ahora, en la oposición, critican ésta. Y porque quienes ahora la defienden, entonces en la oposición, calificaban hace apenas dos años de impresentable, injusta y antisocial una propuesta similar de los socialistas. ¿Alguien da más?

Como ya dijeron hace unos años los que más saben de esto, para reducir el fraude fiscal sólo hay que querer hacerlo. Sin atajos inmorales e indecentes. Aunque nos costara más que lo recaudado, porque la decencia, la justicia, tiene valor aunque no debiera tener precio.

La banca pública y la resurrección de los muertos

Si el negocio fundamental de un fabricante de coches es vender coches, sería absurdo que éste decidiera voluntariamente no venderlos y, además, siguiera pagando las materias primas y los salarios a sus trabajadores. Si el negocio fundamental de un banco es conceder crédito a un precio determinado tomando a su vez dinero prestado por el que paga un precio menor, cabría preguntarse por qué los bancos habrían de decidir voluntariamente restringir el crédito, o sea, restringir sus ingresos, sus ventas, sus beneficios, su propia razón de existir.

Salvados desde hace tiempo los problemas de liquidez mediante las facilidades del BCE y de nuestro propio Estado, la restricción del crédito por parte de la banca sólo puede deberse a que tengan serias dudas sobre la capacidad de sus clientes para devolverles el principal y pagar los intereses. Más o menos como si el fabricante de coches decidiera no vendérselos a quienes no pueden pagarlos. Se podría argumentar que esas dudas de la banca sobre la solvencia de sus clientes son infundadas, lo que nos obligaría a concluir que son poco profesionales en la evaluación del riesgo, ellos, que viven precisamente de poner precio al riesgo. O podríamos pensar que les niegan el crédito a quienes objetivamente no aportan suficientes garantías para su devolución.

La propuesta de creación de una banca pública (pág. 14) por parte de nuestro gobierno parece sugerir que, o se piensa que la valoración del riesgo que hace la banca privada es errónea, o el Estado está dispuesto a asumir riesgos que el mercado ha decidido no asumir. Ya en su día, allá por Octubre del año pasado, el gobierno puso en marcha una iniciativa a través del ICO -Facilitador Financiero la llamó-, cuyo objetivo era incrementar el crédito a las PYMES y los autónomos intermediando entre ellos y el mercado. ¿Cuál ha sido el resultado? No lo sabemos. Nada se dice en la web del ICO sobre su gestión. Ningún informe que indique qué porcentaje de financiaciones rechazó o aceptó ese facilitador, pero son precisamente la ausencia de propaganda sobre su éxito y la nueva apuesta por una banca pública las que apuntan a un estrepitoso fracaso, bien porque los propios mediadores del ICO rechazaban la mayoría de las operaciones por ser inviables, bien porque sus argumentos no eran lo suficientemente sólidos como para convencer de la viabilidad de los proyectos empresariales, que ellos validaban, a los bancos que en última instancia debían conceder el crédito.

Hasta ahora, la competencia entre bancos privados ha demostrado sobradamente que no suelen equivocarse por exceso en la evaluación del riesgo, es decir, asignando a un negocio más riesgo de su riesgo objetivo, sino más bien al contrario. Sólo hay que echar un vistazo a los créditos concedidos a los promotores, sobre todo por parte de las Cajas de Ahorros. Por lo tanto, el incremento del crédito que promete la nueva banca pública sería consecuencia de una política de riesgo mucho más laxa que la de la banca privada, lo que implicaría necesariamente una morosidad muy superior a la del mercado, morosidad ésta última que, por cierto, no se cree nadie porque su bajo nivel se debe a que siguen renovando -¿hasta cuándo?-, créditos vencidos a empresas moribundas con tal de no reconocer fallidos que empeorarían sus resultados, cuando no las colocaría directamente en situación de quiebra.

¿De nuevo el Estado sustituyendo al mercado y generando riesgo moral con nuestros impuestos? Si la nueva banca pública aplica una política de riesgo menos rigurosa -lo contrario no tendría mucho sentido-, es seguro que un porcentaje de esos créditos va a concederse a empresas inviables a las que el mercado rechaza financiar y que habría que dejar morir. Cierto es que el crédito es la sangre de la actividad económica, pero es absurdo aplicar trasfusiones para resucitar muertos, en lugar de aprovecharlas para quienes cuidaron de su salud con prudencia y padecen apenas una gripe estacional. Porque siendo el excesivo endeudamiento de familias y empresas -y muy pronto del Estado-, junto con la falta de competitividad y el paro, uno de los más graves impedimentos que tiene nuestro país para salir de la crisis, habría que tener cuidado de no expandirlo, y menos aún con créditos de alto riesgo que, como el colesterol en la sangre, alimentan una bomba de relojería. Otra más.

Y para terminar, un dato escalofriante. Recuerden que nuestro PIB asciende a poco más de un billón de euros. ¿Saben cuánto debía en total el sector privado español -las sociedades no financieras y los hogares, excluyendo el sector financiero y el público-, a Enero de 2010? ¡Dos billones ciento noventa y ocho mil setecientos sesenta y dos millones de euros! Un 5% por ciento más que en 2007 y prácticamente la misma cifra que en 2008 y en 2009 en euros corrientes. ¿Se ha reducido el crédito tanto como para justificar la resurrección de la banca pública? ¿De verdad es ése el problema?

(In)moralidad pública

Empresas privadas -incluso sectores completos-, poco competitivas, salvadas o compradas, bancos socorridos, ciudadanos indolentes sobreprotegidos, alumnos que pasan de curso sin esforzarse. Y todo con dinero público. Un dinero público que no debiera emplearse para igualar prudentes con imprudentes y hacendosos con holgazanes, sino para igualar oportunidades.

A todo eso es a lo que se le puede llamar riesgo moral. Y nuestro presidente, en una propuesta de diez puntos enviada a Londres para discutirla en la cumbre del G-20, muestra su preocupación por que las ayudas públicas concedidas a los bancos puedan generar riesgo moral. Haría bien en mirar para dentro y comprobar que el riesgo moral está instalado en nuestro país por doquier y desde hace mucho tiempo.

Riesgo moral

Aunque el título no lo sugiera, de lo que voy a hablar es de economía. ¿A dónde van? ¡No salgan corriendo, por favor!

En economía, la expresión "riesgo moral" hace referencia a la tendencia que tenemos las personas de asumir más riesgos de los razonables cuando se tiene un seguro que cubre los mismos. Paradójicamente, esta circunstancia aumenta la probabilidad de que el hecho asegurado termine ocurriendo. Quien tiene asegurado su coche a todo riesgo conducirá de manera más imprudente. Quien tiene su vivienda asegurada pondrá menos atención en cerrar grifos o puertas, instalar rejas o contratar una alarma.

En el mundo empresarial, cuando los trabajadores sienten blindados sus puestos de trabajo (funcionarios, industrias subsidiadas, amplia protección por desempleo, altas indemnizaciones por despido...), no se preocupan demasiado de ser competitivos o de formarse. Y los empresarios seguros de que el Estado acudirá en su ayuda ante una crisis, asumirán riesgos excesivos y gestionarán mal sus empresas.

Cuando los gobiernos intervienen en la economía, más allá de la recaudación de impuestos y una determinada redistribución de la renta, están incrementando el riesgo moral. Si una empresa no es rentable o ha estado mal gestionada generando pérdidas que la hacen inviable, comprar su continuidad con los impuestos de los ciudadanos es una inmoralidad. Se transmite al mercado que no es necesario ser racional y prudente. Se elevan los incentivos para asumir riesgos excesivos. Se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios.

Viene todo esto a cuento de lo que está sucediendo en el sistema financiero internacional en general, y en el estadounidense en particular. Resulta que en el país teóricamente más liberal del mundo, se plantean recurrir al dinero público para rescatar a su sistema financiero y a los ciudadanos que no pueden pagar su hipoteca. El origen de la crisis ha sido el excesivo riesgo tomado por prestamistas y prestatarios. Si se produce un rescate empleando el dinero de todos ¿qué mensaje se le traslada al que fue prudente y decidió no vivir por encima de sus posibilidades?

Sin duda, la quiebra de bancos afectaría gravemente a la economía mundial y a la confianza en el sistema financiero a medio plazo, pero lanzaría una señal contundente. Salvarlos de la quiebra empujaría a los que hasta ahora han sido prudentes a dejar de serlo e incrementaría la temeridad de los que ya lo eran. Atentos pues a la jugada de los próximos meses cuando a la desaceleración en nuestro país se la pueda empezar a llamar crisis sin que le acusen a uno de antipatriota. Siempre con la venia de Zapatero, por supuesto.