En un mercado de libre competencia, el precio actúa como elemento racionalizador de nuestro comportamiento como consumidores. Es obvio que tiene otras funciones y que sólo en un modelo de competencia perfecta, inexistente más allá de la teoría económica, las despliega en todo su esplendor.
Si nos fijamos en el mercado eléctrico, no existe en él la libre competencia. Se trata de un mercado regulado, donde el precio, lejos de formarse en función de la oferta y la demanda e informar a los agentes económicos (productores, consumidores,...) de los costes de producción o de la escasez o abundancia del bien, se establece unilateralmente por un señor que decide cuánto debemos pagar.
Parece razonable que un sector estratégico para el Estado y con un importante riesgo de actuación monopolística por sus enormes barreras de entrada, fundamentalmente la necesidad de grandes inversiones, se encuentre regulado. Pero esa regulación no debería ir más allá de garantizar que no se incurre en abusos hacia los consumidores, por tratarse de un mercado donde el poder de los oferentes sería omnímodo en caso de no estarlo. Sin embargo, a lo que se ha dedicado el gobierno, primero con Aznar y después con Zapatero, además de a jugar a las casitas con el accionariado, las OPAS y otras zarandajas, ha sido a fijar unas tarifas muy por debajo del coste de producción. Y todo ello con criterios exclusivamente políticos, cuando no electorales.
En esas condiciones, el papel racionador que debe jugar el precio en la demanda de bienes privados desaparece. El resultado es que el consumo de ese bien se sitúa por encima del que hubiera existido si el precio hubiera reflejado correctamente los costes. Y eso, en un país donde la producción energética en general, y la eléctrica en particular, se basa en productos importados, con lo que ello implica de deterioro de nuestra balanza de pagos y de dependencia exterior, es una tremenda irresponsabilidad.
Pero hay más. En los años 2.000, 2.001 y 2.002, los precios fijados por el gobierno acumularon un déficit tarifario a las compañías (diferencia entre lo que se paga por el suministro eléctrico y lo que cuesta producirlo) de 1.500 millones de euros. Lógicamente, las compañías no se cruzaron de brazos y al gobierno no le quedó más remedio que reconocer esa deuda. Sin entrar en el mecanismo financiero que permite a las empresas distribuidoras financiar ese déficit, digamos que a partir de 2.003 el gobierno permitió incrementar el precio, pero no para compensar en ese mismo año el déficit acumulado, sino para que el consumidor fuera pagándolo en cómodos plazos. De hecho, esos 1.500 millones terminaremos de pagarlos, trocito a trocito en nuestras facturas, ¡en 2.010!.
A fecha de hoy, el déficit tarifario acumulará a finales de este año unos 16.000 millones de euros (más de ¡dos billones y medio de las antiguas pesetas!). Y seguirá creciendo, junto con la demanda, mientras el precio no supere los costes. A eso hay que añadir la falta de equidad del sistema para con las generaciones futuras, pues serán estos usuarios los que pagarán los excesos de los consumidores actuales. Por ejemplo, parte del consumo que haya efectuado en los últimos años quien se muera hoy, será pagado por todos nosotros en los próximos años en nuestro recibo de la luz.
¿A qué viene todo este tostón? Pues viene a argumentar mi posición de que es absolutamente imprescindible que el precio de la electricidad suba de manera importante. Y una vez más estoy de acuerdo con el señor Solbes, aunque también una vez más pienso que se quedará corto o que no le dejarán actuar. La subida debería, cuando menos, no generar más déficit y, en la medida de lo posible, acortar los plazos en los que se pagaría el déficit acumulado.
Y para terminar, sólo añadir que pagaremos muy caro no haber apostado por la energía nuclear. Tiempo al tiempo.
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