Historia del pescador pescado... O eso esperábamos (III)

¿Recuerdan esta historia? Pues ya acabó. Y quedó en nada. Bueno, en nada no, en una lamentable manifestación de indefensión e ineptitud por parte de algunos funcionarios. Ni siquiera conseguí que se iniciara el procedimiento sancionador, y no digamos ya que Orange fuese sancionada. Ciertamente un fracaso. No tanto propio -al fin y al cabo, cuando me planteé la cruzada, yo ya había conseguido que condonaran la deuda y anularan la inscripción en el registro de morosos, por lo que sólo aspiraba a que pagasen una buena multa en beneficio del Estado, de todos nosotros, y que se tomaran en serio en lo sucesivo los derechos de los consumidores-, como del sistema, de la tutela a la que está obligada la Administración para con sus administrados. Sí, díganlo porque tienen razón, ¡qué ingenuidad la del tabernero!

En fin, que les debía el epílogo de este asunto y aquí lo tienen. Si quieren más detalles, hace poco más de un mes publiqué en uno de los blog de Derecho más prestigiosos del país -permítanme que presuma-, un artículo con todos los detalles. Pese a que intento mantener en él un cierto espíritu didáctico, era demasiado técnico para la taberna y por eso decidí no publicarlo aquí. No obstante, quien tenga interés en leerlo puede encontrarlo allí.

Impresentable, pero no imbécil

Resulta que Trump se ha mosqueado y quiere poner aranceles a la importación de aceituna negra española. Dice que las ayudas europeas a sus agricultores permiten exportar este producto a EEUU a precios por debajo de mercado.

Los exportadores españoles de aceitunas de mesa dicen que eso cómo va a ser. Que eso es mentira y que lo que ocurre es que las empresas españolas son muy eficientes y competitivas. Que están preparando la defensa con el Gobierno español, la Comisión Europea y sus abogados para probar que las acusaciones son falsas. Debe ser que es tan mentira, que necesitan al Gobierno y a la UE para defenderse.

Dicen también que las acusaciones de Estados Unidos son muy difíciles de demostrar porque no existen ayudas directas a un sector en concreto y que la medida responde a un criterio proteccionista en línea con las políticas de Trump. No como la UE, que no es nada proteccionista. Ni como el presidente de ASAJA, que se define como un liberal que cree en el mercado. Ni como nuestros agricultores que, ofendidos, retiraron rápidamente la mano cuando les pretendieron dar más de 1.151 millones de euros sólo en Andalucía en la campaña de 2016.

En fin, que no está bien eso de hacerse el ofendido cuando el vecino pretende defenderse con parecidas armas a las que uno usa para atacarle. Que Trump es un impresentable, pero no es imbécil y, de momento, parece que a sumar dos y dos llega.

Historia del pescador pescado... O eso esperamos (II)

Como decíamos ayer, ya habían picado y empezaba la siguiente fase para alcanzar el objetivo final, que no es otro que conseguir que sancionen a Orange con una buena multa por vulneración grave de la LOPD, que puede ir desde los 40.001 € a los 300.000 € al tratarse de una infracción grave. De éstas tienen ya unas cuantas, pero se ve que deben ganar más dinero abusando de lo que les cuestan esos abusos.

Para que prosperase una denuncia en la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD), primero teníamos que demostrar que Orange había cedido datos de carácter personal para su inclusión en el fichero de morosos, incumpliendo además la obligación que impone el Reglamento de la LOPD para que dicha inclusión sea legítima, a saber, que la deuda impagada sea cierta, vencida y exigible. De lo primero teníamos la comunicación de ASNEF-EQUIFAX comunicándonos la buena nueva. De lo segundo sólo teníamos nuestra palabra, que no es suficiente para demostrarle a la AEPD que la deuda no era exigible -aunque, curiosamente, sí es suficiente con la palabra de Orange para incorporar nuestros datos a un fichero de morosos-, así que, con carácter previo a la interposición de la denuncia, teníamos que conseguir algo más que nuestra palabra.

Para ello, y descartado ya a estas alturas que la propia Orange reconociera la improcedencia de la deuda, teníamos sólo dos alternativas. Podíamos interponer una demanda civil para que un juez declarase la inexistencia de la deuda, o su existencia, si Orange lograba demostrar en el juicio que existía el compromiso de permanencia. O podiamos utilizar el Sistema de Arbitraje de la Junta de Andalucía al que, ¡oh, sorpresa!, la operadora Orange está adherida, aunque con ciertas limitaciones que no afectan al caso que nos ocupa.

Como el funcionamiento de la justicia ya lo conocemos, quisimos probar a ver qué tal funcionaba el arbitraje, teóricamente más rápido y, además, gratuito. Al menos así nos lo venden aunque, como después se verá, no parece que la rapidez sea una de sus cualidades. Por tanto, a finales de Junio nos fuimos, con la firma electrónica, una ristra de documentación escaneada y una colección de buenos argumentos, a la página web para solicitar el arbitraje. Lo que pedíamos, además de que excluyeran a mi hijo del fichero de mororos, era que en el laudo arbitral se declarase la inexistencia de la deuda. Realmente ése era el motivo esencial de acudir al arbitraje. Como decíamos antes, necesitábamos que algún organismo dictase una resolución que tuviera validez jurídica a efectos de acreditar la inexistencia de la deuda como paso previo a la interposición de la denuncia.

La solicitud de arbitraje fue admitida a trámite a finales de Julio, un mes después de la solicitud, y a mediados de Agosto, la operadora hizo un ofrecimiento a la Junta Arbitral para intentar zanjar el asunto. Consistía básicamente en afirmar, una vez más, que la deuda era correcta por existir un compromiso de permanencia, pero que eran tan generosos y tenían tal espíritu de servicio, que me la condonaban y me sacaban del fichero de morosos, y todo ello sin aportar, una vez más, ningún tipo de prueba sobre la licitud de la deuda. La Junta Arbitral nos dio traslado del ofrecimiento, en pleno mes de Agosto, indicándonos que si lo aceptábamos o no contestábamos por escrito en un plazo de diez días, se daría por concluido el expediente y se procedería al archivo del mismo.

Por supuesto, contestamos. Y lo que respondimos fue que no aceptábamos el ofrecimiento y que insistíamos en nuestra petición principal: que se declarase en el laudo arbitral que la deuda era inexistente. Sin esa declaración no era posible interponer la denuncia ante la AEPD. Y probablemente, a estas alturas Orange ya sería consciente de nuestras intenciones, pero salvo revolverse en el agua, poco podía hacer para soltarse del anzuelo. No podía demostrar la existencia del compromiso de permanencia, sencillamente porque no existía. Además, aunque ellos no lo sabían, teníamos la grabación del día en que contraté la línea, allá por 2014, donde se indicaba claramente su inexistencia. ¡Ay, esa manía mía de grabar todas estas contrataciones telefónicas! Y es que no me hace demasiada gracia eso de que me digan que van a grabarme y saber que ellos van a decidir cuándo y cómo van a utilizar u ocultar esa grabación según les venga bien. Porque ellos, igual que yo, sabían -o podían saber-, simplemente escuchando la grabación, que no existía permanencia. Pero decidieron ignorarlo a pesar de nuestras reiteradas peticiones. Y acosar a mi hijo. Y amenazarle. Y calificarlo oficialmente moroso por no pagar una deuda inexistente.

Así que, ante mi rechazo del ofrecimiento, el proceso arbitral continuó. A finales de Enero se nos notifica que el acto de audiencia tendrá lugar a principios de Febrero. Así que allí me planto, en representación de mi hijo que actualmente reside en el extranjero, ante el órgano arbitral y la silla de Orange vacía. Ni siquiera asistieron al objeto de plantear las alegaciones que considerasen oportunas para sostener la legitimidad de la deuda. Debo reconocer que, aunque lo esperaba, quedé un poco decepcionado porque tenía curiosidad por saber qué podían alegar en su defensa. Así que respondí a las preguntas del presidente del órgano arbitral, reiteré mi petición de que se dictara un laudo en el que se declarase la inexistencia de la deuda y le entregué la grabación en la que se demostraba que no existía compromiso de permanencia, no sin antes dejar claro que la entregábamos por dejar definitivamente clara la cuestión, pero que a nosotros no nos correspondía la carga de la prueba de demostrar la inexistencia de la deuda -por aquello de la probatio diabolica-, sino que es a quien reclama su pago a quien corresponde probar la existencia de la misma.

Y aquí estamos, nueve meses después de la solicitud de arbitraje y dos meses después de la audiencia ante la Junta Arbitral, esperando todavía el laudo para, a continuación, interponer la correspondiente denuncia ante la AEPD para que crujan en condiciones a Orange. Por cierto, la entrada en vigor en Octubre de 2016 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público permite ahora solicitar, no sólo una sanción administrativa, sino también los daños y prejuicios ocasionados al particular, así que, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad a dicha fecha, el retraso nos permitirá que la denuncia, de prosperar, suponga no sólo que las arcas públicas obtengan algún ingreso extra en forma de sustanciosa multa sino que, además, existe la posibilidad de que mi hijo sea resarcido de los perjuicios y molestias que le han causado a su padre.

Continuará...

Historia del pescador pescado... O eso esperamos (I)

Lo que voy a contarles a continuación es real como la vida misma. No soy muy dado a estriptis personales en público y, si me he animado a hacerlo, es porque creo que puede ser útil a otros. Es cierto que reclamar nuestros derechos como consumidores supone una incomodidad e incluso, a veces, un coste económico. Y algunas empresas, conscientes de ello y huérfanas de ética, abusan del ciudadano que bastante tiene con su problemas diarios. Pero ya ven, algunos somos raritos y asumimos que, en el mejor de los casos, la incomodidad es el precio a pagar para que no nos tomen el pelo.

Verán, el año pasado mi hijo se dio de baja en una operadora de móvil -Orange para más señas, pero podía haber sido cualquier otra-, en la que no tenía permanencia. Aparentemente, no debería haber tenido mayores problemas, pero a los pocos días recibió un cargo en su cuenta de 80 euros. Me pidió consejo y le dije que primero disparase y después preguntase. Así que devolvió el recibo y les envió el correo que le redacté, en el que les decía que se había efectuado un cargo en su cuenta, que había sido devuelto por no tener constancia de dicha deuda y que, si le enviaban la factura con el concepto al que correspondía ese cargo y era procedente, les haría una transferencia por el importe adeudado.

De manera casi inmediata -apenas unas horas-, recibió en el correo la factura. Se trataba, como ya sospechábamos, de una penalización por baja anticipada. Obviamente, les respondimos que, al no tener permanencia, no procedía ese cargo pero que, en el supuesto de que estuviésemos en un error, que nos enviasen la grabación o el contrato en el que se habia aceptado ese compromiso de permanencia y lo pagaríamos. Se produjo desde ese momento un intercambio de correos electrónicos -diez correos en dos días-, un diálogo de besugos, en el que ellos insistían una y otra vez en que el cargo era procedente sin aportar más prueba que sus palabras y nosotros, una vez y otra, en que, si lo demostraban, lo pagaríamos. Hasta que en su último correo nos amenazaban literalmente en estos términos: "En caso de persistir su negativa de pago, se le incluirá en una base pública de morosidad y su Expediente pasará a una agencia externa, por lo que le recomiendo que nos efectúe el pago en este momento".

Y nosotros les respondimos en estos otros:

"...les informo de que, en caso de que continúen exigiéndome el pago de la factura sin aportar la documentación que fundamente su procedencia y amenazando con la inclusión de mis datos en una base pública de morosidad, no sólo trasladaré a las Autoridades de Consumo este cruce de correos en los que se producen dichas amenazas para que emprendan las actuaciones que correspondan contra su compañía, sino que en caso de que finalmente lleguen a materializar dicha amenaza, me reservo la posibilidad de emprender las acciones legales oportunas.

Sin otro particular, y quedando a la espera de que me documenten la procedencia del cargo o, en su defecto, me notifiquen por este mismo medio que se anula la factura, reciban un cordial saludo"

La educación ante todo. Que alguien se defendiera de sus amenazas advirtiéndoles a su vez de que emprenderían las acciones oportunas y, simultáneamente, siguiera ofreciéndose a pagarles la supuesta deuda si demostraban su pertinencia, no debió sentarles nada bien -era lo que pretendíamos-, porque ya no repondieron a este último correo. Y como era de esperar en estos casos, a los pocos días recibimos un requerimiento de pago de una empresa de morosos al que, por supuesto, no le hicimos el menor caso. Ya sabíamos lo que nos esperaba y lo teníamos asumido, así que, con tranquilidad y buenos alimentos, montamos el anzuelo en la caña y nos dispusimos a pescar con una sonrisa y cargados de estoica paciencia.

En los siguientes días, mi hijo recibió decenas de llamadas -incluyó los distintos números de teléfono en su lista de bloqueados para que no molestaran demasiado-, de mensajes de voz y SMS amenazantes de las empresas de reclamación de deudas que fueron absolutamente ignorados. A los pocos días se incorporó otra empresa de cobro de morosos con idéntico resultado. Y al cabo de unos meses llegó la comunicación desde ASNEF-EQUIFAX de que habían incorporado a mi hijo en la famosa base de datos de morosos.

Ni mi hijo tenía previsto pedir ningún préstamo, ni los bancos a estas alturas le hacen demasiado caso a los ficheros de morosos cuando de deudas con operadoras se trata, así que nos quedamos tan tranquilos. Si acaso, con la rabia, sorda y breve, de que cualquier empresa, sin tener que demostrar que la deuda es real, pueda incorporarte a un fichero de morosos. Pero ya habían picado y empezaba la siguiente fase. 

Continuará...

Sólo eso, ya debiera ser suficiente...

Como decíamos ayer, a los empresarios, a los malos empresarios, no les gusta el libre mercado. Y por eso a mí me encanta...

Así empezaba una entrada de la taberna de hace ya casi dos años. Una entrada que, como casi todas las que escribo, pretendía provocar la reflexión, e incluso la indignación de aquellos que, sin aportar jamás un solo argumento, disparatan contra el libre mercado. Y como otras muchas entradas, se quedó hueca de comentarios. Debo reconocer que me sorprendió, porque con ese título y con la que le estaba cayendo por entonces, afirmar -y argumentar-, que el libre mercado, el culpable de todos nuestros males, es de izquierdas mientras lo vituperaba de hecho la izquierda oficial y lo machacaba de derecho la derecha, dizque liberal, prometía un buen debate que se quedó en eso, en promesa de político.

En fin, que con el mismo leitmotiv de aquella entrada, escribo ésta. La actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC), ha sancionado con 98,2 millones a una serie de empresas por trampear el mercado.

La capacidad de la CNMC para vigilar las prácticas colusivas es escasa, yo diría que casi testimonial, pero al menos sirve para recordarnos de vez en cuando, a modo de pepito grillo, que ni a los empresarios ni al poder político les gusta el libre mercado. 

Sólo eso ya debiera ser suficiente para que a los ciudadanos nos debiera encantar.

A ver si cunde el ejemplo...

Ya se ha dicho por aquí en multitud de ocasiones que el libre mercado, a quien beneficia de verdad, es a los consumidores. Y que a los malos empresarios les jode todo esto de la libre competencia, la libertad, la transparencia de precios. Y que parece mentira que los consumidores no seamos conscientes de nuestro poder cuando el mercado es libre y que sigamos pidiendo más Estado para que sea menos libre.

Viene esto a cuento de una iniciativa por parte de un grupo de médicos murcianos que han decidido no recetar fármacos del laboratorio Grünenthal, fabricante de la Talidomida. Es cierto que, desde el punto de vista legal, no hay nada que objetar. La interposición de una demanda por responsabilidad civil tiene unos plazos de prescripción -y está bien que los tenga-, y alguien no hizo bien su trabajo para defender los derechos de los afectados. Pero cuando el consumidor es soberano, puede decidir no comprar bienes o servicios a aquellos empresarios que no asumen sus responsabilidades si no es porque se las imponga la ley.

Cuando se habla de libre mercado, se habla de darle el poder al consumidor, al ciudadano en definitiva. Pero hay quienes prefieren que los gobiernos intervengan en la economía y concedan el poder a aquellos empresarios que mejor se mueven por las alcantarillas del Estado. Los mismos que después enarcan las cejas asombrados por la corrupción.

En fin, que un merecido aplauso a esta iniciativa. Y a ver si cunde el ejemplo. 

Repitiéndolo una vez más... y las que hagan falta

Que el libre mercado no está en el origen de la crisis resulta tan evidente para quien quiera verlo, como evidente es que casi nadie desea reconocerlo. De esto hemos hablado ya en la taberna decenas de veces, pero no viene mal repetirlo.

Publicado en el periódico El Mundo

De la alergia de los empresarios al libre mercado, del temor de los políticos a la libertad, del complejo de la izquierda con la riqueza fruto del esfuerzo personal, del riesgo moral... De todo eso hemos hablado. Todo eso se ha apuntalado con argumentos nunca rebatidos. Pero no sirve de gran cosa. Tampoco sirve que el reo de tanto mal ni haya estado, ni esté, ni se le espere. Da igual, porque ya ha sido condenado a la inexistencia, a existir en otra cosa. 

Que el ciudadano fuera el principal beneficiado del libre mercado parece no importar ni al propio ciudadano. De eso, de que no le importe, o mejor dicho, de que le preocupe su existencia, ya se encargan los poderes, los de hecho y los de derecho.

Los políticos de cualquier colorín quieren más Estado porque eso es más poder, y todos lo quieren para lo mismo: para enriquecer a los suyos a costa de los otros, aunque los suyos sean unas veces unos y otras veces otros.

Los dueños del dinero, los empresarios, quieren más Estado que les garantice no tener que competir a cara de perro contra el mérito y la capacidad de quienes aún, pobres ilusos, creen que sus éxitos dependerán de ello.

Y los ciudadanos, ¡ay, los ciudadanos!, quieren más Estado que decida por ellos porque esto, según les advierten los poderes de hecho y de derecho, les hará libres.

En fin, que aquí, unos y otros, parecen sentirse cómodos con aquello que dicen que dijo una vez un antiguo y afamado torero cuando le preguntaron qué opinaba sobre la guerra civil: ya no sé quiénes son los malos y quiénes son los míos.

El mundo del revés...

Que a muchos empresarios no les gusta la libertad ni algunas de sus manifestaciones económicas como el libre mercado, es algo que ya planteó Milton Friedman hace muchos años -"Todo empresario está a favor de la libertad de todos los demás, pero cuando se trata de él la cuestión cambia. Él es siempre el caso especial. Él debería tener privilegios específicos del Gobierno: una aduana, esto, aquello…"-, y que hemos repetido por aquí en varias ocasiones.

Y para muestra, todo un presidente de una asociación de empresarios pidiendo al Estado que prohíba construir más hoteles en Granada. Al parecer, los que hay no son rentables, y la solución que propone el artista no es que sean los clientes quienes, en el uso de su libertad de elección, decidan cuáles deben sobrevivir, sino que sea el Estado quien limite la oferta por ley a los que ya están.

Cabría preguntarse por qué este señor pide tal privilegio. Si es público y notorio que los que ya están no son rentables, ¿qué empresario en su sano juicio pretendería invertir su dinero abriendo un nuevo hotel? Y siendo así, ¿para qué pedir la prohibición de aquello que de manera natural no debiera producirse?

La respuesta es tan obvia que debería causar sonrojo al presidente de los hoteleros granadinos. Si se pide tal prohibición es porque existe el temor real de que se abran nuevos establecimientos hoteleros, y dado que a los empresarios lo que menos les gusta es perder su dinero, parece evidente que hay quienes piensan que son capaces de ofrecer a los clientes que visiten Granada un servicio rentable y de calidad, algo que, por lo visto, no parecen ser capaces de ofrecer los que piden el privilegio de que papá Estado proteja su ineptitud a costa de que los clientes paguen más por aquello por lo que podrían pagar menos.

Una vez más, queda claro que es el consumidor el único perjudicado por la ausencia de libre mercado. Por eso resulta tan llamativo que la mayor parte de los ciudadanos pidan a gritos el intervencionismo del Estado en la economía, o que desbarren contra los empresarios por suponerlos defensores a ultranza del libre mercado. 

Nos aplaudimos en nuestra propia cara y nos quedamos tan panchos...

El libre mercado es de izquierdas...

Como decíamos ayer, a los empresarios, a los malos empresarios, no les gusta el libre mercado. Y por eso a mí me encanta.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas millonarias a un cártel -vamos, a una panda de mafiosos que se dedicaban a amañar el mercado para repartirse los cromos-, que fabricaba sobres. No tengo noticia de que Bárcenas sea socio de ninguna de esas empresas, pero no es descartable.

El expediente sancionador tiene 341 páginas, pero en uno de los blog de la pizarra que hay al fondo de la taberna a la izquierda se lo han leído y nos lo ofrecen debidamente masticado para que podamos digerirlo sin que se nos indigeste. De todas formas, resulta interesante echarle un vistazo a los ingredientes originales.

Para que vean ustedes lo caros que nos salen a los ciudadanos, a los consumidores, los mercados intervenidos. Mayores precios, freno a la innovación, tamaños no óptimos de las empresas, menores cantidades intercambiadas en el mercado, menos puestos de trabajo, enriquecimiento injusto de una de las partes... Y por si alguien lo ha pensado, no, la CNC no interviene el mercado, lo regula. O al menos lo intenta a pesar de los escasos recursos de los que dispone. Porque no sólo no es lo mismo intervenir -o sea, distorsionar el mercado para que no sea libre-, que regular -o sea, vigilar para que se respeten las reglas del libre mercado-, sino que pretenden exactamente lo contrario.

Y si está tan claro, ¿por qué los gobiernos no impulsan la regulación en lugar de la intervención en los mercados? Porque la libertad difumina el poder y el intervencionismo manipula la libertad y concentra el poder en unas pocas manos: políticos, sindicatos, grandes empresarios y banqueros...  

Por ello, el libre mercado debería ser defendido con vehemencia por quienes aspiramos a la igualdad de oportunidades, aspiración que debiera ser el fin último de la izquierda.

De burros esquinaos y otras intuiciones

Tal día como hoy de hace ya algunos años se escribían en la taberna cosas como éstas. No sé si conocen ustedes la teoría del burro esquinao, aquélla que afirma que cuando se ve aparecer por una esquina el morro y las orejas de un burro, no es necesario esperar a que aparezca todo el burro para saber que es un burro. Pues eso.

Ya se dijo también por aquí que el libre mercado necesita de un Estado que lo garantice porque hay empresarios sin escrúpulos. Y porque la cabra tira al monte.

La cofradía de Monipodio

Digan lo que que digan, a los empresarios no les gusta el libre mercado. Y es normal. El ser humano es egoísta y ambicioso por naturaleza. Si por ellos fuera, intentarían que sus respectivas empresas pudieran fijar el precio de venta de sus productos, o la cantidad que venden, o los salarios que pagan. Vamos, que de monopolios y monopsonios iría la cosa y, de hecho, de eso va en algunos sectores.

Pero seamos justos. Una de las diferencias entre buenos y malos empresarios es que los primeros aspiran legítimamente a dominar el mercado con esfuerzo e innovación, y los segundos con trapicheos y maniobras orquestales en la oscuridad. Por eso, porque el libre mercado, allá donde exista, anda siempre amenazado por empresarios sin escrúpulos y gobernantes liberticidas, el Estado tiene que ser firme y contundente en su labor de árbitro, de garante de las reglas del juego.

Y para muestra, un botón.

De donde no hay...(III)

"Creo en la libertad de mercado, pero en la vida hay coyunturas excepcionales. Se puede hacer un paréntesis en la economía de libre mercado", ha dicho el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Claro. Y también podríamos haber hecho un paréntesis cuando estos años atrás se han batido récords de beneficios empresariales. Tipos como éste son los que dan mala fama a los empresarios. Si no lo dimiten después de decir esto, que va a ser que no, es que no hay vergüenza, que va a ser que tampoco.

"La sentencia (contra la Gestora Pro Amnistía) muestra la eficacia de la estrategia compartida entre el PSOE y el PP", Federico Trillo, eufórico, largando más de la cuenta, al alba y con tiempo duro de levante. Por si alguien todavía dudaba de que en este país la justicia está subordinada a los intereses y estrategias políticas.

"Le diré además (dirigiéndose a Rajoy) que prefiero la industria española a cualquier otra industria de cualquier otro país del mundo", Zapatero ayer en el Congreso. O viaja poco, o lo poco que viaja no le cunde, o tiene un ombligo que le llega al sobaco.

Miedo a la libertad ajena

Ni de Triana, ni de la Macarena. Del Madrid castizo es la chulapona Esperanza que está dejando a algunos con el culo al aire. Y es que, ante el plausible proceso de liberalización de horarios comerciales en la Comunidad de Madrid, la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (COPYME) ha afirmado, entre otras barbaridades, que se trata de "un ataque al libre mercado".

A cuadros me he quedado. Resulta increíble apelar al libre mercado para rechazar una medida tendente a liberalizarlo. ¿Qué pinta el Estado regulando el horario en que un empresario puede ofrecer sus productos al cliente? ¿Y qué pintan los empresarios exigiendo al Estado que compense su ineptitud capando libertades ajenas?

Una vez más queda claro que a los malos empresarios les encanta el intervencionismo que les beneficia y odian la libertad que les perjudica. El Estado sólo debería intervenir en la economía para garantizar el juego limpio y la máxima información a todos los agentes económicos. Para facilitar una correcta formación de precios. Lo demás debe quedar en manos del mercado. ¡Y que se mueran los feos!