Con su manguerita y su canesú

Los chicos de Lipasam tienen juguete nuevo. Y no, no es una sopladora espacial, ni una escoba voladora, no. Es un compresor. Pero no uno de esos portátiles de los que compramos en el Lidl o el Carrefour para limpiar con agua a presión la mesa y las sillas del jardín, las persianas de la casa por fuera o la mierda de las palomas en la solería del patio -porque tenemos palomas, muchas palomas, una invasión de palomas que cagan como personas y zurean a coro por los tejados como monjes gregorianos cabreados-, no. Es un compresor gigante tamaño camión, con sus decenas de decibelios, su manguerita y su canesú. Y un señor enganchado a la manguera pasándoselo pipa a las 4 de la mañana. Sí, han leído bien. A las 4 de la mañana. Como diciendo, si yo no duermo, aquí no duerme ni el Tato.

En el verano de 2017 eran las sopladoras. ¿Recuerdan? En el verano de 2018 seguían siendo las sopladoras. ¿Vuelven a recordar? Y ahora un compresor gigante. Llegaba a mi puerta sobre las 4 de la mañana pegando bufidos. El agua a presión sobre el asfalto, el compresor a todo volumen, rezando para que pasen rápido ¡y se paran en mi puerta! ¡En mi puerta!

Resulta que el señor de la manguera había recibido una llamada al móvil. ¡Manué, cortaaaaaa!, le gritaba al que conducía el compresor con ruedas de camión. Y claro, Manué no se enteraba con el puto compresor. Yo sí. Pero Manué no. ¡Manué, corta coño!, le gritó echándole cojones al compresor. Y Manué se enteró. Bueno, se enteró Manué y las limpiadoras del aeropuerto. Y cortó el compresor. En mi puerta. A las 4 de la mañana. El de la manguera contestó al teléfono. ¿Cómo? ¿Que se han dejado una bolsa de basaura en Flor de Salvia? Pero esa no es nuestra zona..., venga, vale, hasta luego. Y todo esto al mismo volumen que si estuviera discutiendo con el compresor. ¡Manué, arranca! Y Manué arrancó. Y empezaron a alejarse. Y yo daba gracias a Dios porque todavía podría intentar dormir un par de horitas más.

Pero a los veinte minutos otra vez los bufidos. Manué montado en el compresor y el de la manguera haciendo esquí acuático detrás. Y pasando de nuevo por mi puerta. De vuelta. Resulta que, a pesar de que la manguera tiene longitud suficiente para limpiar las dos aceras -¿he dicho limpiar?, perdón, quería decir mover la mierda de sitio- desde un carril de la calle, prefieren dar dos pasadas, una de ida y otra de vuelta. Por si no te habían despertado a la ida, hacerlo a la vuelta. Y si te habían despertado a la ida, terminar de despabilarte a la vuelta. Y claro, ya no dormí más.

Muchas gracias señor alcalde. Muchas gracias por tener nuestras calles llenas de mierda sin que aparezca un solo barrendero durante meses y baldearlas en verano a las 4 de la mañana; gracias por impedir el descanso nocturno de quienes tenemos que madrugar para ir a trabajar y poder pagar los impuestos municipales con los que pagamos su sueldo, el de Manué y el compresor gigante; gracias por ciscarse en su propia ordenanza sobre ruidos; gracias por no podar las puñeteras tipuanas ni cuidar las zonas ajardinadas de mi barrio; gracias por ignorar nuestras denuncias sobre la sobrepoblación de palomas. Gracias por todo, señor alcalde.

En definitiva, que acabo de volver de vacaciones y ya estoy muerto de sueño. ¡Ah!, el vídeo que les dejo por aquí es el del paseo de vuelta porque en el de ida no me dio tiempo de bajar a por el móvil. Venga, ríanse ustedes con la entrada porque lo que es a mí, maldita la gracia que me hace.

¡Coño, que no son horas....!

En mi calle sigue habiendo tipuanas de flor amarilla y resinosa, como ya conté por aquí hace años. Y también como hace años siguen sin podarse, sin fumigarse, inundando aceras, coches y jardines, de hojas en invierno, y de flores pegajosas y pulgones en primavera y verano, levantando aceras con sus raíces y colándose en las casas.

Pero no crean ustedes que la cosa sigue igual, no. La cosa está peor. Porque el ayuntamiento compró maquinitas sopladoras para sustituir las escobas. Y camioncitos barredores para sustituir los recogedores. La cosa no tendría mayor importancia si no fuera porque, cuando empieza la época de las dichosas florecitas que dejan calles, aceras y coches alfombrados de amarillo pringoso, la empresa municipal de limpieza reparte esos juguetitos a los operarios y los deja sueltos a horas intempestivas para que se diviertan.

Sin ir más lejos, esta pasada madrugada de muchos grados a la sombra y persiana hasta arriba, a las cuatro de la mañana apareció una cuadrilla armada con sus sopladores en la acera de enfrente y, tras ellos, la dichosa maquinita barredora. Casi tres cuartos de hora tardó en recorrer la calle de un lado a otro varias veces. Cuando terminó con la acera de enfrente, comenzó con la de mi lado. Otros tres cuartos de hora. Total, las cinco y media y sin pegar ojo desde la cuatro, así que me levanté, me pegué una ducha y me fui a trabajar.

Por supuesto, he hecho un completo reportaje en vídeo de la fiesta -abajo les dejo una pequeña muestra-, y voy a enviarle un recadito al alcalde recordándole lo del derecho al descanso y esas cosillas sin importancia. Como ya hice, por cierto, con el señor Zoido cuando era alcalde y tuvo el detallazo de responderme a través de su jefe de gabinete. Por supuesto, jamás obtuve más respuesta que ésa, tan atenta e inútil como un político en busca de votos. Tampoco la espero ahora del señor Espadas. O sí. Ya les contaré.

Tanto como te importas tú...

A veces, cuando te importa alguien tanto como te importas tú, conviene replantearse tan agotador compromiso, alejarse de él antes de tropezar en la indiferencia o encenagarse en la mezquindad de celebrar sus fracasos. Sobre todo si a ese alguien le ofende y le asfixia que te importe. Aunque sepas que no podrá respirar bajo las aguas en las que su soberbia ciega le ha hundido. Y que tendrás que dejarlo allí a tu pesar y por su bien porque, al final, no habrás conseguido que te deje de importar tanto como te importas tú.

Que les den por el UGT...

Hace ya exactamente un mes y un día que constituyeron la comisión interna de investigación. Y ni pío, oigan. Para que después digan que en este país no tenemos un problema de escasa productividad...

Que les vayan dando... O mejor, que empiecen ya a quitarles. Urgentemente.

La mala suerte de los afortunados...

Hay quienes tienen la suerte de nacer en una familia acomodada, de nacer altos, guapos, sanos y listos. Sí, es una suerte. Y además, aunque su soberbia y estupidez les convenzan de lo contrario, no fue mérito suyo, no fue el resultado de su trabajo, de su esfuerzo, de su sacrificio. Llegaron allí como podían haber llegado a una chabola rodeados de ratas, o haber nacido tullidos y con la inteligencia justa para no babear. Sería también suerte. Mala, pero suerte. Y tampoco sería demérito suyo ni resultado de su indolencia.

Son las cartas que a uno le tocan en la vida. Y no puede elegirlas. Lo que sí puede elegir es cómo jugarlas. Y mostrarse todos los días de su vida agradecido a quien fuera que se las repartió si fue una buena mano. Y no vivir en un eterno lamento si la mano no fue tan buena. Y en ambos casos, exprimir al máximo la partida. Porque las cartas serán las que sean, nos vienen dadas, pero el resultado suele depender de cómo las juguemos.

Por ello, cuando alguien recibe buenas cartas sin más mérito que el azar y decide vivir de las rentas de su buena estrella, suele terminar fracasando. Y culpando a los demás de su mala suerte, ¡qué desvergonzada paradoja...! Y parapetando su fracaso tras el de aquéllos que recibieron peores cartas, disfrazándolo mezquinamente de éxito, un éxito postizo. ¡Miren, miren a aquél que lo ha hecho aún peor...! Cuando eso lo hace alguien anónimo o un simple conocido, resulta triste y ruin. Cuando lo hace alguien a quien quieres resulta, además, doloroso.

De promesas y otras chucherías de campaña...

Al hilo de lo que comentaba el otro día, ando buscando información de cuántos alumnos se quedan cada año sin la posibilidad de estudiar Formación Profesional en un país en el que esta carencia es tan evidente y dañina. Y no he encontrado gran cosa. Si acaso esta noticia, algo antigua aunque probablemente de rabiosa actualidad y hasta benévola, que afirma que unos 40.000 alumnos se quedan cada año fuera de la Formación Profesional por falta de plazas.

Y no crean que la información no existe porque sea muy difícil obtenerla, no. No existe porque a nuestros políticos no les interesa reconocer que andan en misa y repicando, animando a estudiar FP con una mano, y estrangulando ilusiones con la otra. Fíjense si el asunto es opaco, que uno, que suele estar al loro, hasta este año en el que ha intentado matricular a su hija en un módulo de Formación Profesional de Grado Medio, no ha sido consciente de la enorme cantidad de jóvenes andaluces que, ilusionados con la posibilidad de poder estudiar un oficio y descartada la Universidad, apenas les queda más opción que recoger su frustración y asumir el papel de nini. Porque no se engañen, hay ninis por vocación, pero también los hay por obligación.

No obstante las dificultades, y como a falta de pan buenas son tortas, partamos de algún dato cierto e incuestionable para intentar inferir cuántos alumnos se quedan fuera del sistema aproximadamente. La imagen inferior es parte de una captura de los datos que ofrece la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación de Andalucía, correspondiente a la solicitud de admisión de mi hija en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia. Como se puede comprobar, se ha quedado definitivamente sin plaza, pero no es eso en lo que quiero que se fijen, sino en el puesto de la lista de espera en que quedó en cada uno de los centros. Si sumamos el puesto que alcanzó en cada centro, obtendremos 1.081 plazas sin cubrir en tan solo 8 centros. Además, como no tenemos el dato de cuántos aspirantes a alumno habría en posiciones aún más atrasadas que la de mi hija, ni tampoco cuántos se quedarán fuera en Septiembre, esa cifra constituiría el umbral mínimo. En todo caso, démosla por válida y asumamos la premisa más favorable para el gobierno andaluz.  

Bien, pues a partir de esa cifra, la media de plazas que se han quedado sin atender en cada centro, y sólo para esa titulación, ascendería a 135, que es el resultado de dividir las 1.081 plazas entre 8 centros. En la provincia de Sevilla existen, según la Consejería, 120 centros que imparten módulos de FP. La mayoría de esos centros ofrecen más de una titulación, pero asumamos que sólo ofrecen una, y que en cada centro sólo se quedan sin plaza los 135 aspirantes a alumno que hemos calculado a partir de datos reales y para una sola titulación. En tal caso, el resultado para la provincia de Sevilla ascendería a 16.200 plazas que quedarían sin cubrir. Multipliquen por el número de provincias, con todas las matizaciones que quieran, y la cifra es sencillamente espectacular.

¿Mi formación, mi futuro? ¿Andalucía al máximo? ¡Y un mojón...!

Del Estado de Derecho y sus renglones torcidos

Allá por los estertores de la última legislatura de Zapatero, ese caballero andante de los derechos civiles, se llevó a cabo una modificación legislativa que pasó bastante desapercibida para el ciudadano de a pie. Y ciertamente, su incidencia para el día a día de cualquiera que creyese que nunca iba a tener la necesidad de acudir a la justicia es nula. Pero claro, todos pensamos, salvando las distancias con el asunto que nos ocupa, que ese accidente mortal de carretera que vemos por la tele o el cáncer que le ha tocado en mala suerte al vecino nunca nos tocará a nosotros. Hasta que nos toca y necesitamos acudir a la justicia para defender nuestros derechos. Y nos corresponde un juez que pensamos que no ha hecho bien su trabajo porque no nos ha dado la razón. Y, cuando queremos que otra instancia superior rectifique o ratifique a ese juez que creemos equivocado, resulta que nos vemos privados de ese derecho.

Exactamente eso, entre otras cosas, hizo la Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal: elimina de cuajo la posibilidad de recurrir las sentencias dictadas en los juicios verbales cuando la cuantía en disputa no supere los 3.000 euros. Y para argumentar esa decisión, en la Exposición de Motivos de esa ley hace estas dos aseveraciones:

"La Ley que ahora se presenta continúa la línea de reformas procesales iniciada con las reformas que se acaban de mencionar, tratando ahora de introducir en la legislación procesal mejoras que permitan agilizar los distintos procedimientos, sin merma de las garantías para el justiciable."

"Se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía, cuando ésta no supere los 3.000 euros, tratando con ello de limitar el uso, a veces abusivo, y muchas veces innecesario, de instancias judiciales."

El derecho a una segunda instancia, a que las sentencias sean revisables, si bien no está recogido expresamente en nuestra Constitución, se deduce del derecho fundamental a la tutela legal efectiva contenido en su art. 24.1. Por otro lado, razones de justicia material parecen aconsejar que todos los ciudadanos tengamos la posibilidad de que las sentencias que nos sean desfavorables puedan ser revisadas. Si a ello sumamos que la ley a la que me refiero manifiesta su claro propósito de no mermar las garantías para el justiciable, eliminando a continuación una de las garantías más importantes de las que éste disponía hasta entonces, maldita la gracia que tiene el asunto.

Dice la ley que se trata de "limitar el uso, a veces abusivo, y muchas veces innecesario, de instancias judiciales". Un par de consideraciones al respecto. En primer lugar, pareciera que el ciudadano se levante por la mañana pensando a quién demandar, deseando complicarse la vida por diversión, y en recurrir posteriormente toda sentencia que recaiga en su contra. En segundo lugar, si ese abuso fuera real -cabría esperar que para hacer esa afirmación se hubiera realizado algún análisis previo-, las estadísticas lo corroborarían. Comprobémoslo.

Según los datos del propio CGPJ, en 2012, tras llevar ya un año en vigor la reforma legal, se recurrieron 16 de cada 100 sentencias de los Juzgados de 1ª Instancia de la Jurisdicción Civil. ¿Y qué ocurría en años anteriores? Pues que en 2011 fue el 15,9%, en 2010 el 15,1%, en 2009 el 16,4% y en 2008 el 16,8%. Si a partir de Octubre de 2011 ya no eran recurribles las sentencias recaídas en juicios verbales de cuantía menor a los 3.000 euros, ¿por qué la cantidad de recursos del año 2012 ha sido incluso superior a la de los años 2010 y 2011, cuando aún no se habían pisoteado las garantías judiciales de los ciudadanos? ¿de verdad el problema del colapso de nuestro sistema judicial es que sólo el 16% de las sentencias civiles de primera instancia sean recurridas? Creo que las cifras hablan hasta por los codos.

Por otro lado, y como ya escribí cuando critiqué la nefasta ley de tasas del inefable Gallardón -respecto de la cual, por cierto, acaba de ser planteada cuestión de inconstitucionalidad por la Audicencia Nacional al entender que vulnera, entre otros, el art. 24.1 CE del que hablamos antes-, que un 36% de las sentencias recurridas en segunda instancia no sean confirmadas, da una idea de la fiabilidad de algunas sentencias de primera instancia, lo que viene a agravar aún más las consecuencias de la supresión del derecho a recurrir de los ciudadanos.

Todo esto parece una broma pesada. Primero animan fervientemente a los consumidores a que no nos dejemos pisotear y defendamos nuestros derechos, se gastan una pasta gansa en Consejerías de Consumo, Institutos de Consumo, subvenciones a organizaciones de consumidores, Oficinas Municipales de Consumo y todo tipo de mamandurrias, y cuando algunos -demasiado pocos, por cierto-, nos animamos a complicarnos la vida para que no nos tomen el pelo, ¡zas!, que corra el aire, que no se me amontonen en la puerta, oigan. ¡Si al menos fuera cierto..., pero ni eso! 

El que haya leído hasta aquí, que ya tiene mérito, se preguntará ¿y a qué viene ahora todo esto, dos años después de la entrada en vigor de esa reforma? Pues a que ayer me notificaron la sentencia de una demanda que interpuse hace aproximadamente un año contra una multinacional por un desacuerdo con la garantía de un portátil. En la sentencia se desestima la demanda, y como el importe es inferior a 3.000 euros, pues no se puede recurrir. A pesar de que el juez comete un manifiesto error en la apreciación de las pruebas aportadas, de que asume una interpretación del art. 123 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios absolutamente contraria a la jurisprudencia y de que el demandado ni siquiera asistió a la vista, la sentencia es firme. Claro, que todo lo que digo sobre la sentencia no deja de ser mi opinión, argumentada, sí, pero mi opinión al fin y al cabo. Y por eso es tan importante que un tercero, una segunda instancia, ratifique o rectifique mi opinión y la del juez de primera instancia. Y también por eso es tan importante que no quede pisoteada la tutela judicial efectiva, un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y al que deberíamos tener derecho todos los ciudadanos, máxime cuando nos enfrentamos como consumidores a la parte fuerte de una relación contractual.

Es más que probable que todo esto les importe a ustedes lo que a Zapatero o Gallardón la tutela judicial efectiva, pero como es mi taberna y me apetecía decirlo, pues dicho queda.

De cuando la mano invisible se vuelve algo estúpida...

Que un equipo de fútbol se gaste 100 millones de euros en un futbolista, ¡casi 17.000 millones de pesetas!, el 60% de los beneficios que obtiene en todo un año un grupo de empresas como El Corte Inglés con casi 100.000 empleados y miles de millones de transacciones comerciales, resulta inquietante incluso para un liberal como yo. Pero que esa operación haya sido realizada por una entidad que tiene una deuda de decenas de millones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social sin que el gobierno lo haya impedido en tanto subsista tal deuda, es directamente un insulto a los ciudadanos.

Decía que resulta inquietante, no tanto por lo que de exagerado tiene el asunto -al fin y al cabo es una empresa privada, o algo así, y puede hacer las inversiones que le venga en gana con su dinero-, como por el hecho de que la sociedad en la que vivimos sea capaz de consumir ese producto -un tío, y además feo, dándole patadas a un balón-, hasta el extremo de generar suficientes ingresos como para que a esa empresa le resulte rentable gastarse una verdadera fortuna en contratar a una única persona. Y resulta aún más inquietante cuando lo comparamos con los ingresos que obtienen otros miembros de la sociedad que han dedicado toda su vida a formarse, que salvan vidas, que diseñan y construyen puentes o aviones, que investigan, que forman a otros, que, en definitiva, crean riqueza para hacernos a todos la vida más cómoda, más fácil, más longeva.

¿Qué tipo de sociedad es capaz de incentivar con sus decisiones individuales de consumo que sea más rentable pagar 100 millones por una sola persona que retribuir como se merece la ciencia, el conocimiento, la excelencia...? 

Sí, a veces, la mano invisible del mercado parece volverse algo estúpida... Pero no se equivoquen, siempre lo será menos que quienes se arrogan el derecho de meternos la mano por la nuca para mover nuestras bocas de cartón.

De prohombres y otras ficciones...

Si es que uno ya no sabe ni a dónde acudir.

¿Transparencia? Ni cuando les pillamos con el carrito de los helados, así que imagínense el otro 99,99 % de veces que  ni nos coscamos. Si ésta es la talla moral y ética de todo un Parlamento, formado por quienes se supone que son la élite de nuestra región -perdonen que no me ría, porque la cosa está para escupir lagrimones-, imaginen la del común de los paisanos. Aunque también pudiera ser que el común de los paisanos haya decidido que nos represente la escoria de Andalucía. Por aquello del contraste...

Pues yo también me he comprado una pancarta, ¡ea!

Un poquito de caña para empezar el año...

¿Recuerdan esta odisea? Pues diez días antes, en concreto el 16 de Noviembre, había puesto en marcha la contratación con una nueva operadora. A partir de ese momento comenzó el proceso de portabilidad, y unos 3 ó 4 días después Telefónica, operadora con quien tenía contratada hasta ese momento únicamente la línea física, recibió la solicitud de mi nueva operadora.

Como buen monopolio que es -no, no se me ha olvidado el ex-, y estando dirigido por un choricillo de cuello blanco que apenas sabe vocalizar sus diarreas mentales, nada bueno cabe esperar de su compromiso con los clientes. Nada nuevo bajo el sol de las operadoras de telecomunicaciones. 

Además, Telefónica tiene la fea costumbre de facturar el servicio de línea de dos en dos meses por adelantado, y con una celeridad que ya quisiéramos para nosotros, sus clientes, cuando de solucionarnos problemas se trata. Tal es la celeridad, que el importe ya está cargado en cuenta exactamente el mismo día en que empieza el periodo a facturar, lo que permite intuir que la factura está elaborada y enviada al banco muchos días antes de que comience ese periodo. Bonita forma de que sus clientes le financiemos su tesorería...

Pues bien, el día 22 de Noviembre se carga en cuenta el importe del periodo que termina el 21 de Enero de 2013, a pesar de que ya habían recibido de mi nueva operadora la solicitud de portabilidad y de saber que no va a prestarme ya ese servicio. En todo caso, entiendo que en una empresa tan grande, donde los procesos están tan mecanizados -tanto, que son incapaces de poner sentido común en ellos, como luego veremos-, existe una cierta inercia que impide que el elefante mueva el culo -sobre todo si esa inercia les favorece-, por lo que me pareció razonable esperar unos días a que hicieran el abono del importe indebidamente cobrado.

El 10 de Diciembre, transcurrido ya un tiempo más que prudencial para que el elefante se hubiera movido, y teniendo en cuenta que desde el 26 de Noviembre ya tenía servicio con mi nueva operadora, decido hacer una reclamación por escrito solicitando la devolución del importe correspondiente al servicio no prestado, que va desde el 26 de Noviembre hasta el 21 de Enero de 2013. Me acusan recibo de la reclamación y me asignan un numerito.

Ni puñetero caso, así que el 13 de Diciembre vuelvo a reclamar por escrito -otro acuse de recibo y otro numerito-, informándoles de que si en 48 horas no han realizado el abono, daré orden al banco de que devuelva el recibo completo. Como era de esperar, el elefante ni se inmutó ante la hormiguita y ofreció la callada por respuesta. Como lo prometido es deuda, el 15 de Diciembre devuelvo el recibo.

Silencio administrativo. Sin noticias, hasta que el 27 de Diciembre recibo una carta -por correo postal, nada de correo electrónico, que para eso es una empresa tecnológica-, que por supuesto no hace referencia alguna a las dos reclamaciones realizadas, informándome de que el recibo ha sido devuelto -¡como si yo no lo supiera...!-, y de que debo pagarlo, so pena de tener que pagar gastos de gestión de cobro y amenaza de comunicar el impago a las entidades dedicadas a la prestación de servicios de información sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, bonito eufemismo para referirse a las empresas que gestionan los conocidos registros de impagados.

Ese mismo día, nueva reclamación por escrito -y nuevo acuse de recibo con numerito-, en la que, con toda la elegancia de la que soy capaz, les insinúo que son un poco inútiles, les informo de que no pienso pagar ninguna factura que no corresponda a servicios efectivamente prestados y que, si quieren cobrar, que me envíen una factura correcta y el número de cuenta en la que hacer el ingreso de la misma. Bueno, también les informo de que me reservo el derecho a emprender las acciones legales oportunas en el caso de que procedan a comunicar a cualquier registro de impagados la devolución de una factura incorrecta.

¡Y justo al día siguiente recibo una respuesta por correo electrónico, haciendo referencia a las tres reclamaciones! Pero no se alegren, no. Después de un arranque ciertamente prometedor -"...tras leer su escrito, le pido disculpas en nombre de la compañía y en el mío propio por la falta de información proporcionada..."-, la misiva continúa con un "...al estar la factura devuelta, antes de que se le realice el abono tendrá usted que abonar la factura pendiente...", y finaliza de esta guisa: "...su opinión es importante para nosotros ya que nos ayuda a mejorar. Le agradeceríamos dedique un minuto a rellenar la encuesta de satisfacción que le mencionamos a continuación". Se podrán imaginar en los términos en los que contesté a la encuesta. ¿A quién se le ocurre adjuntar al final de un correo que va a cabrear a un cliente una invitación a cumplimentar una encuesta de satisfacción? Y todo esto un 28 de Diciembre.

Increíble, ¿no? O sea, están 20 días fraudulentamente con mi dinero en su cuenta, hacen caso omiso de dos reclamaciones previas a la devolución de la factura en las que le solicito que realicen el abono, y ahora me dicen que, para hacerme el abono, primero debo pagar la factura que devolví.

Obviamente les respondí que no pensaba pagarla y que, cuando quisieran, me enviaran la factura correcta y el número de cuenta para hacer el ingreso. O que me hicieran ellos primero el abono, que ya después, cuando me acordase, les pagaba yo la factura, que en definitiva era lo mismo que ellos me estaban pidiendo a mí. Pero no. Volvieron a contestarme diciéndome que no era posible anular la factura incorrecta y hacer otra correcta -éste, insistir a conciencia en las cosas mal hechas y no plantearse siquiera cambiarlas, es el mal endémico de nuestro país-, y que la única forma de resolver el problema es que la pagara y que posteriormente ellos me harían el abono. Tampoco me dijeron cuándo me harían ese abono, aunque intuyo la fecha: cuando les saliera de los huevos.

Bueno, pues no sé qué harán ellos finalmente, pero yo sí sé lo que voy a hacer: esperar sentado la factura correcta y, si la recibo, pagarla. Y sí, ya sé que estas cosas le habrán pasado, y le seguirán pasando, a mucha gente. Lo que no sé es si toda esa gente está dispuesta a complicarse un poquito la vida -y contarlo públicamente-, para que no le tomen el pelo, y así, que al siguiente ciudadano le resulte algo más fácil exigir sus derechos. O mejor, que ni siquiera tenga que exigirlos porque ya no sean vulnerados.

¡Ah, y feliz año a todos...!

Continuará... Supongo.

La naranja mecánica (II)...Escuchen, escuchen

Es posible, aunque me temo que improbable, que los viejos del lugar recuerden esta odisea. Pues bien, apenas unos meses después me marché a otra operadora de telecomunicaciones en la que he estado los últimos cuatro años sin problema alguno. Pero hete aquí que, siendo hermanas de padre, deciden hace unos meses irse a vivir bajo el mismo techo, ¡encontrándome de nuevo como cliente de mi antigua operadora sin comerlo ni beberlo!.

Y, curiosamente, empiezan de nuevo los problemas. Facturas que no pasan al cobro, envíos de SMS llamándome sutilmente moroso, transferencias para pagar los recibos que no han pasado al cobro, reclamaciones múltiples al departamento de facturación, cargos por gastos de devolución de recibos -que por supuesto he devuelto-, compromisos de permanencia que han surgido de la nada... En definitiva, que ha quedado claro cuál de las dos hermanas era la inútil. Y no es precisamente la que ha desaparecido. Curioso.

Pues bien, a la vista de lo que me espera, decido salir corriendo, darme de baja y contratar con otro proveedor. Llamo al 900 901 300 e informo a la operadora de que quiero darme de baja. Intenta convencerme con tentadoras ofertas de que me quede -un 30% de descuento, minutos gratis a móviles...- y cuando insisto en que no llamo para negociar sino para hacer efectiva la baja, me pide todos los datos. Termino de dárselos y me dice que tiene que pasarme con otro compañero para realizar la baja. Tras diez minutos de espera escuchando una música horrenda a todo volumen -¿por qué apenas escuchaba la voz de la operadora y ahora tengo que retirarme el auricular de la oreja para no quedarme sordo?-, otra voz me pregunta que en qué puede ayudarme -¿no le ha contado nada su compañera?-, intenta de nuevo convencerme para que me quede, le corto en seco y ¡me vuelve a solicitar todos los datos! Me indica que me mantenga a la espera, y cuando retoma la conversación me dice que para darme de baja tengo que llamar al 902 877 572 y marcar las opciones 4 y 2. ¿Y eso no me lo podía haber dicho la primera operadora? O mejor, ¿no podrían decirlo directamente en la locución inicial? Pues no. Es mejor intentar que el cliente vaya cabreándose poco a poco. A lo mejor es que me estaban sometiendo a algún test de estrés de esos que se llevan tanto ahora.

Bueno, pues como a la fuerza ahorcan, cuento hasta diez y marco ese número. Tras cortarse varias veces, por fin me atiende una señorita muy amable. Escuchen, escuchen...

Cuando le digo que quiero darme de baja, comienzan de nuevo los ofrecimientos de descuentos y otros cuentos, le vuelvo a decir que sólo quiero darme de baja y que ya no es momento de regalos a destiempo, que tengo ya el servicio operativo con otro operador desde hoy y que lo único que quiero es darme de baja. Tras diez minutos de conversación agotadores y dar de nuevo los datos, me facilita el número de referencia del trámite y me informa de que debo enviar una carta confirmando que quiero darme de baja. Le respondo que no es necesario y que tengo derecho a dar de baja el servicio telefónicamente sin ninguna gestión adicional. Escuchen, escuchen...

Me pide que me mantenga a la espera... y diez minutos después de haberme separado el auricular de la oreja, magia potagia, ya no es necesario enviar una carta sino que podemos hacer la baja on line mediante la grabación de la conversación. ¿Pero la conversación no se estaba grabando ya? Escuchen, escuchen...

Tras dar de nuevo todos los datos (¡¡!!) e ir contestando a cada una de las preguntas, me indica que la baja se hará efectiva en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de hoy y que me tengo que hacer cargo de todas las facturas hasta esa fecha. Cuando le indico que eso es ilegal y que, conforme al RD 899/2009... Bueno, mejor escúchenlo ustedes mismos.

En resumen, que deben saber ustedes que si en el contrato que tienen con su operador se les permite la baja telefónica, no tienen por qué enviar ninguna carta posterior, pues lo único que persiguen con ello es seguir facturándoles hasta que ellos hayan decidido que han recibido la carta, si es que deciden haberla recibido. Así, por ejemplo, en la cláusula 17 de las Condiciones Generales de Contratación de Orange se indica lo siguiente:

"...el Cliente podrá resolver en cualquier momento el contrato, de manera unilateral, con una antelación mínima en cualquier caso de dos días hábiles al momento en que la baja hubiere de surtir efectos, poniéndose en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Orange bien:

- Por vía teléfono llamando a los números gratuitos: 470 para Clientes de móviles residenciales; 471 para Clientes de móvil empresa; 1516 para Clientes que sólo dispongan del servicio de datos móvil; 900901300 para Clientes de telefonía fija residenciales o 902 053 034 para Clientes de fijo empresas. Se facilitará al Cliente el número de referencia de su baja.

- Por escrito, mediante solicitud escrita acompañada de fotocopia del DNI del titular del contrato, los números que desea dar de baja y el número de referencia de la baja facilitado por Orange al Apdo. de Correos 50618. 28080 de Madrid. Ref.: BAJAS."


De una o de otra forma, pero no de ambas. Esta cláusula contractual, en relación con el art. 7 del RD 899/2009:

"El contrato se extinguirá por las causas generales de extinción de los contratos y, especialmente, por voluntad del abonado, comunicándolo previamente al operador con una antelación mínima de dos días hábiles al momento en que ha de surtir efectos.

El operador se abstendrá de facturar y cobrar cualquier cantidad que se haya podido devengar, por causa no imputable al usuario final, con posterioridad al plazo de dos días en que debió surtir efectos la baja."


y el art. 26.2 de la misma disposición normativa:

"El servicio de atención al cliente del operador, de carácter gratuito, deberá prestarse de manera tal que el usuario final tenga constancia de las reclamaciones, quejas y, en general, de todas las gestiones con incidencia contractual que realice el abonado. A dichos efectos, el operador estará obligado a comunicar al abonado el número de referencia de las reclamaciones, quejas, peticiones o gestiones. El operador deberá admitir, en todo caso la vía telefónica para la presentación de reclamaciones.

Si el medio habilitado por el operador para la atención de reclamaciones, incidencias o gestiones con incidencia contractual es telefónico, éste estará obligado a informar al consumidor de su derecho a solicitar un documento que acredite la presentación y contenido de la reclamación, incidencia o gestión mediante cualquier soporte que permita tal acreditación."


permiten al cliente, no sólo exigir que se pueda dar de baja mediante comunicación telefónica, que le sea facilitado un número de referencia de dicho trámite y que la baja sea efectiva 2 días hábiles después de solicitada si así lo exige el cliente, sino también que le informen de su derecho de que le remitan un documento que acredite el contenido de la reclamación, no vaya a ser que a alguien se le borre accidentalmente de sus sistemas. ¿A que nunca le han informado de ese derecho cuando han comunicado una incidencia a su proveedor de telecomunicaciones? Pues a mí tampoco.

Lógicamente, he grabado toda la conversación -24 minutos y 8 segundos-, más que nada por si se les pierde la suya y les hiciera falta para acreditar que no finalicé el proceso de baja.

Por último, quisiera dejar constancia, como ya hice hace algunos años en aquella entrada, de que no considero culpables de estos abusos a los operadores -entre ellos habrá de todo, como en botica-, sino a los responsables de la empresa que les obligan a actuar de forma abusiva pisoteando los derechos de los consumidores. Vayan pues desde aquí mis disculpas a la operadora, a la que probablemente he hecho pasar un mal rato, y mi más profundo rechazo al comportamiento de la empresa para con sus clientes. Todos debiéramos conocer nuestros derechos -también nuestras obligaciones-, y exigirlos sin desmayo cuando pretenden hacernos comulgar con ruedas de molino.

De cadencias y otras tristes verdades

Entre la "decadencia de la denominada clase política", Pedraz dixit, y la decadencia de los ciudadanos... Que a lo peor son lo mismo.

¡Que apechuguen los españoles...!

Que no, que eso no lo han dicho los alemanes. Ni los franceses. Ni los holandeses. Que el descerebrado lo tenemos en casa.

Sobre los sistemas forales vasco y navarro ya hablé hace tiempo. Quienes los defienden, fundamentalmente vascos y navarros -vaya sorpresa, ¿eh?-, argumentan unos supuestos derechos históricos. Claro, que todo depende del siglo al que nos remontemos. Lo que ahora es histórico, fue novedoso en su día. Y viceversa. En todo caso, no parecen argumentos sólidos para mantener en la actualidad un sistema fiscal privilegiado en dos regiones españolas. Por mucho que lo diga la Constitución y lo jaleen sus beneficiarios. Sin duda alguna, Navarra es una de las regiones más ricas de nuestro país gracias al esfuerzo de sus ciudadanos, pero también gracias a unos privilegios fiscales y jurídicos insultantes para el resto de las regiones españolas. ¿Para cuándo un Estado federal de verdad? Ahí tiene Rajoy otra reforma estructural a la que hincarle el diente. ¿A que no hay...?

En fin, a lo que iba. Fíjense en lo que dijo ayer el Consejero de Economía y Hacienda del gobierno navarro, Álvaro Miranda, cuando la oposición le preguntó sobre las posibles consecuencias para Navarra del préstamo europeo para la banca.

"Si se hacen bien las cosas, el Estado tendrá que ganar dinero con lo que se le preste a Bankia y a todos los que hay como Bankia. Y si sale mal, pues que apechuguen los españoles, nosotros no, porque en el convenio no tenemos que apechugar con ese tipo de operaciones"

¿Qué pensarán los ciudadanos de los países más ricos de Europa que están poniendo una pasta gansa para rescatarnos cuando escuchan a un miembro del gobierno de una de las regiones más ricas de España decir esas cosas? Véanlo, véanlo en vivo y en directo.

¡Ah! Y por cierto, en 2008, la Caja de Ahorros de Navarra acudió al Fondo de Adquisición de Activos Financieros, padre putativo del actual FROB, para pedir más de 90 millones de euros. Y a finales del 2010, el FROB aportó a Banca Cívica para el proceso de integración de varias Cajas de Ahorro, entre ellas Caja de Navarra, casi 1.000 millones de euros. Sí, ya sé que pedir coherencia a nuestros gobernantes es una ingenuidad. Y también pedirles decencia. Por eso me limito a calificarlos de sinvergüenzas. Al menos me desahogo.

De progresividades, confiscaciones y otros sinónimos

Resulta que se han arrejuntado unos cuantos empresarios del gremio de las instalaciones en general -fontaneros, electricistas y similares-, y han creado una "Plataforma Multisectorial contra la Economía Sumergida en Andalucía".

Es evidente que sus intereses, a la par que legítimos, son los que son. Y a falta de pan buenas son tortas. Pero, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta los ciudadanos de que la economía sumergida hace que los que cumplimos tengamos que pagar más? ¿Por qué el Estado no hace su trabajo y le echa un vistazo de vez en cuando a las farolas? Porque si no mira las farolas y cuando se da de bruces con ellas mira para otro lado, ¿a dónde coño mira todo el puñetero día? No, no me lo digan que ésta me la sé: a los que sólo tenemos una nómina.

Y dicho esto, ahí va una confesión: cuando puedo evitar pagar el IVA, lo evito. Tapándome la nariz y con remordimiento, es cierto, pero lo evito. Porque estoy hasta los huevos de que las rentas del capital paguen una miseria y a las rentas del trabajo las tengan achicharradas, y subiendo. Porque estoy hasta los huevos de que con mis impuestos se paguen televisiones públicas, miles de asesores a dedo y coches oficiales, subvenciones para listos, deudas de clubes de fútbol o un sector público ineficiente, hipertrofiado y sobreprotegido. En resumen, porque estoy hasta los huevos de aportar al Estado casi el 60% de lo que la empresa que me ha contratado paga por mi trabajo.

Fíjense si se lo olieron los padres de nuestra Constitución, que dijeron esto en su art. 31:

"Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio."

Coge el Botín y corre...

Resulta que allá por el mes de Junio de 2010 -¡cómo pasa el tiempo...!-, las autoridades francesas informaron a las españolas de que había contribuyentes -bueno, más bien gente que aspiraba a no serlo-, que habían ocultado más de 6.000 millones de euros al fisco en la filial suiza del banco HSBC. Y entre ellos estaba, ¡oh, sorpresa!, la familia Botín.

¿Y qué hizo el gobierno español? ¿Abrirles un expediente de inspección o comprobación tributaria? No hombre, no, que entonces quedaría negro sobre blanco que los habían trincado con el carrito de los helados y tendrían que pagar, además de los impuestos correspondientes, su recargo, su multa y su responsabilidad penal. No, no hizo esa barbaridad por Dios, lo que hizo el gobierno de Zapatero fue avisarles mediante un procedimiento de gestión, que ni interrumpe la prescripción del delito fiscal, ni impide la aplicación de la excusa absolutoria de responsabilidad penal del art. 305.4 del Código Penal. Y claro, los Botín, que no tienen un pelo de tontos, presentaron a los pocos meses las declaraciones complementarias a Hacienda, y aquí paz y se quedaron en la gloria. Un poco jodidillos, eso sí, porque si no los hubieran trincado se hubieran ahorrado unos 200 millones de euros, pero contentos porque sin expediente sancionador, ni iban a la cárcel, ni pagaban una multa que les podía haber salido por un ojo de la cara. ¿Amnistía fiscal concedida por Zapatero por la puerta de atrás? Con la de becas que se podrían pagar con la pasta dejada de recaudar y el efecto ejemplarizante que nos hemos perdido... No se lo digan a Rubalcaba que le dan un disgusto.

Para rematar la jugada, en el verano de 2011 la fiscalía anticorrupción interpone demanda contra la familia Botín antes de que prescribiera el delito -parece que no se fiaban mucho...-, comprometiéndose a archivar las actuaciones una vez comprobado que la regularización era correcta. Y ahora, un auto de la Audiencia Nacional archiva la denuncia a instancias del Ministerio Fiscal, argumentando en su razonamiento jurídico cuarto que no hay delito porque regularizaron voluntariamente, sin que la Agencia Tributaria les hubiera abierto inspección alguna, y que siendo así, procede aplicar la excusa absolutoria del citado art. 305.4 del Código Penal que, como habrán podido comprobar, dice más o menos que quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización. Y claro, como ellos fueron a la ventilla de Hacienda motu proprio, encima no les iban a meter en la cárcel.

¿Se imaginan ustedes que, además de los 200 millones, los hubiesen multado con otros 500, los hubiesen condenado a penas de cárcel, y hubiesen perdido la posibilidad de ejercer como banqueros por aquello de la honorabilidad comercial y profesional exigida por el art. 2 del Decreto que regula la creación de bancos y que todo cristo se pasa por el forro? Pues yo tampoco. Y si se lo imaginan, no se preocupen, que ya está el Consejo de Ministros para sofocarles su insana creatividad. ¡Panda de cabrones...!

No me lo puedo ni de creé...

"La herencia económica que recibe el nuevo Gobierno no es fácil. Aunque la gestión del PP de la primera legislatura fue positiva, durante la legislatura de mayoría absoluta se paralizaron las reformas estructurales y se dejó a la macroeconomía acumular demasiados desequilibrios (endeudamiento de las familias, déficit exterior, burbuja en la construcción, etcétera). La herencia es difícil también porque esta expansión desequilibrada ha mostrado hasta ahora sólo sus efectos positivos -más empleo y mayor crecimiento que la UE-, con lo que la mayoría de la gente cree que el nuevo Gobierno recibe una buena herencia y, si las consecuencias negativas de esos desequilibrios aparecieran durante esta legislatura, podrían ser achacadas al Gobierno socialista y no a su antecesor." (Miguel Ángel Fernández Ordoñez, el 20 de Marzo de 2004, con las elecciones de Zapatero recién ganadas y a un mes de ser nombrado Secretario de Estado de Hacienda, momento en el que perdió la memoria...)