Hágase la luz...

A veces, muchas veces, demasiadas veces, la ignorancia de nuestros políticos cuando no el ansia de aparentar que protegen a los más débiles, les hacen tomar decisiones que se revuelven contra los pretendidos beneficiados como un boomerang.

Aquel fantástico, a la par que poco leído por lo que se ve -y por lo que no se ve-, ensayo de Frédéric Bastiat denominado precisamente "Lo que se ve y lo que no se ve", cuya lectura ha sido ya recomendada en varias ocasiones por esta taberna, debiera ser libro de cabecera para cualquier político que aspire a organizar la economía a golpe de leyes arbitrarias y aparentemente solidarias. Y también para cualquier ciudadano que aspire reconocer la mercancía averiada antes de adquirirla con ingenuo entusiasmo.

Viene esto a cuento de lo que la alcaldesa de Barcelona pretende hacer con los precios de alquiler de vivienda y, de paso, con la libertad de sus parroquianos: controlarlos. Lo que se ve, que no suban los precios, y lo que no se ve, agravamiento de los desequilibrios que se pretenden solucionar. Y como hay quienes lo explican mejor que yo, ahí llevan un análisis de lo que no se ve. Para que vean.

Y así sucesivamente...

Como diría Bastiat, cuidado con lo que no se ve.

Porque lo que se ve está claro. Y ya se ocupan ellos de que sea bien visible. El mensaje parece moralmente incontestable: se les quita a los que tienen para darle a los que no tienen. Da igual las razones por las que aquéllos tienen y por las que éstos no tienen.

La propiedad privada, uno de los pilares fundamentales del desarrollo y del Estado del Bienestar, no es un derecho absoluto, pero hay que ser extremadamente cuidadoso a la hora de delimitar su contenido esencial. Sólo cuando no existan alternativas para solucionar un problema social resulta legítimo limitar un derecho fundamental. Y no es éste el caso. Porque hay otras alternativas. Y porque, además, la opción elegida ni siquiera es una de ellas.

Transmitir a bombo y platillo que en España en general, y en Andalucía en particular, ser propietario no garantiza la libre disposición de los bienes y que la inseguridad jurídica campa por sus respetos -propiedad privada y seguridad jurídica, los dos pilares del progreso-, no va precisamente a favor de obra. 

Lo que no se ve es que dejarán de venir inversiones a nuestra tierra. Porque hoy se expropian las viviendas, pero mañana será una empresa con la excusa de conservar los puestos de trabajo, o pasado los alimentos de los supermercados porque haya niños que pasan hambre. Y con esas inversiones no realizadas, también se marcharán puestos de trabajo e impuestos. Y con ellos, habrá más familias desahuciadas a las que se pretenderá ayudar expropiando y exprimiendo a los que aún no se hayan marchado. Y así sucesivamente...

¿Y quién nos protege de este Estado de idiotez?

Llevo mucho tiempo escuchando que debería prohibirse por ley que la gente se pueda endeudar más allá de un determinado porcentaje de sus ingresos, o que el plazo para devolver la hipoteca no pueda exceder de un determinado número de años, o que la cuantía del préstamo no pueda superar un determinado porcentaje del valor del bien a hipotecar. Y no lo dice sólo el PSOE, sino también los socialistas del resto de partidos políticos.

Si se piensa que esas prohibiciones son necesarias es porque se piensa también que el ciudadano es un irresponsable que necesita la tutela del Estado para tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. Y a lo peor tienen razón.

Ahora, después de algunos suicidios -aunque el último, el de Amaia Egaña, tiene poco que ver con el desahucio como tal-, han decidido sentarse PSOE y PP para legislar sobre el asunto. Pero, ¿no eran estos mismos los que siempre dicen que no hay que legislar en caliente? 

En el asunto de los desahucios es preciso no dejarse llevar por las tripas e introducir algo de objetividad y serenidad. ¿Qué menos cabría esperar de estos políticos, tan sabios, que aspiran a decidir por nosotros lo que nos conviene y lo que no? Según la página 24 del Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España de Noviembre de 2012, la ratio de morosidad en el crédito a las personas físicas para la adquisición de vivienda era en Junio de 2012 del 3,1% -el de los créditos para fines distintos de la adquisición de vivienda era del 7,5%-, lo que significa que el 97% de los hipotecados de este país paga religiosamente su hipoteca.

Si se cambia la ley para permitir que la vivienda ya no sea una garantía fiable para recuperar una deuda, se dificultará y encarecerá el crédito hipotecario. Así, se beneficiará a un 3% de los deudores -como diría Bastiat, eso es lo que se ve- mientras que se perjudicará al 97% restante -eso es lo que no se ve-, y a la actividad económica del país, lo que, probablemente, generará más paro.

A quienes no pueden pagar no se les debe perdonar la deuda. El problema de quienes estén en dificultades no se soluciona perjudicando a la mayoría, sino echando mano de los necesarios mecanismos de asistencia social pagados con nuestros impuestos, que para eso debieran estar.

Y a quienes no pueden recuperar lo prestado, hay que dejarlos quebrar. Habría que haberlos dejado quebrar hace ya mucho tiempo.

Libertad y responsabilidad sí, pero para todos.