lunes, 17 de abril de 2017

Descomposición

El traje era auténtico arte y él un impostor. Pero no lo supo hasta el preciso instante en que el silencio se inquietó con el quejido oxidado de la puerta de chiqueros y le chorrearon las entrañas…


sábado, 15 de abril de 2017

Del microrrelato y el neoliberalismo totalizador

"La nueva situación ideológica contemporánea, derivada del neo-liberalismo dominante/globalizante/totalizador, que no es otra cosa que la transformación cualitativa del capitalismo triunfante a escala mundial, y que ha empapado de la denominada posmodernidad todos los discursos de la actual crítica cultural, política, económica e intelectual (Harvey, 2008), ha derivado en una triple desconfianza: el, hasta ahora, consolidado estatuto de la realidad; las relaciones e implicaciones entre el lenguaje y la referida realidad, que estaban consolidadas en esa inalterabilidad y, por último, la crisis de los metadiscursos. Esta situación, en el marco literario que es el que nos interesa, ha desarrollado, en líneas generales, un discurso narrativo desideologizado, evasivo y lúdico-hedonista, todo bajo el común denominador filosófico-teórico de la destrucción de la imagen del sujeto [...] Desde estos planteamientos socio-ideológicos se sitúa la expansión y práctica escritural del microrrelato en tanto que texto reflejo de la inconsistencia, relatividad, contingencia, hibridismo e intrascendencia (Ródenas 2008: 8) de esta nueva episteme posmoderna..." (Francisco Álamo Felices, "Poéticas del microrrelato" y en "Espéculo. Revista de estudios literarios")

Pues eso, que estos días de sosiego he leído algunos libros que tenía pendientes desde hace algún tiempo. Entre ellos, uno denominado "Poéticas del microrrelato", de uno de cuyos capítulos he extractado el texto anterior y que, además, he encontrado completo en la red, por si alguien quiere contextualizar el párrafo reproducido. La verdad es que me quedé un poco alucinado. Resulta que el género -o subgénero o simple evolución del cuento, según distintos estudiosos-, del microrrelato es consecuencia del neoliberalismo galopante que ha triunfado a escala mundial.

Si tenemos en cuenta que el microrrelato comenzó a adquirir cierto relieve a partir de finales del XIX y principios del XX, siendo cultivado por autores consagrados de aquella época, fundamentalmente hispanohablantes, no parece que su génesis tenga demasiado que ver con el supuesto neoliberalismo dominante/globalizante/totalizador. Es más, sobre lo que se ha dado en llamar peyorativamente neoliberalismo o capitalismo exacerbado o como quieran ustedes denominarlo con tal de que suene fatal, ya hemos escrito largo y tendido en la taberna. Para negar su existencia, por supuesto. Y si no, ya me contarán ustedes cuándo y dónde ha existido libre mercado o libre competencia exacerbada.

domingo, 2 de abril de 2017

¡Qué susto! Casi me informo antes de opinar... (II)

En el vídeo, dos diputados, uno miembro del poder legislativo español y otro del Parlamento europeo, y una periodista pontifican. A su alrededor en el debate, varios periodistas -uno de ellos es además jurista, o eso dice en cuanto tiene ocasión-, y varios diputados. Ninguno de éstos sacó de su error a ninguno de aquéllos. Ni a los telespectadores.





Verán, el art. 578 del Código Penal decía la primera vez que fue reformado, allá por el año 2000, lo siguiente:

"El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años. El Juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que el mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57 de este Código."


Tras la reforma de 2015, a la que se refieren en el vídeo, dice lo siguiente:

"1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información.

3. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.

4. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos o cualquier otro soporte por medio del que se hubiera cometido el delito. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación se acordará la retirada de los contenidos.

Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o contenidos accesibles a través de internet o de servicios de comunicaciones electrónicas, el juez o tribunal podrá ordenar la retirada de los contenidos o servicios ilícitos. Subsidiariamente, podrá ordenar a los prestadores de servicios de alojamiento que retiren los contenidos ilícitos, a los motores de búsqueda que supriman los enlaces que apunten a ellos y a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que impidan el acceso a los contenidos o servicios ilícitos siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando la medida resulte proporcionada a la gravedad de los hechos y a la relevancia de la información y necesaria para evitar su difusión.

b) Cuando se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a los que se refieren los apartados anteriores.

5. Las medidas previstas en el apartado anterior podrán también ser acordadas por el juez instructor con carácter cautelar durante la instrucción de la causa."

Como puede comprobarse fácilmente, la descripción del tipo del delito en la nueva versión es prácticamente la misma que la de 2000, por lo que el comportamiento que es delito ahora lo era también entonces y viceversa. En ese sentido, la reforma de 2015 no ha modificado absolutamente nada. 

¿Qué hizo entonces la reforma de 2015? Se limitó a agravar las penas cuando el delito se comete haciendo uso de las tecnologías de la información para su difusión, o cuando cree un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad. Y también dotó a los órganos jurisdiccionales de instrumentos para eliminar o impedir el acceso a los medios a través de los cuales se cometió el delito. Nada más.

Desde luego, lo que no hizo fue crear ningún delito nuevo ni modificar el creado en la reforma de 2000. Para que puedan aplicarse esas agravantes, primero ha debido cometerse el tipo básico del delito, el contemplado en el apartado 1 del artículo, que describe el delito en los mismos términos que en 2000. Realizar los hechos constitutivos del delito a través de las redes sociales era tan delito entonces como ahora, con la única diferencia de que la pena es distinta.

Escuchar a dos diputados y a una periodista afirmar, ante el silencio de los demás tertulianos, que es la reforma del art. 578 del CP llevada a cabo en 2015 la que ha permitido que los jueces puedan dictar sentencias como la de Cassandra, produce verdadero pavor. Sobre todo si tenemos en cuenta que el ciudadano medio suele tomar decisiones, formarse una opinión personal o votar, a partir de la información u opinión que le llega a través de la televisión, deglutida las más de las veces de manera absolutamente acrítica, en la confianza de que las personas a las que está escuchando deben saber de qué hablan. ¿Cómo podrían no saberlo si salen en la "tele"?


sábado, 1 de abril de 2017

¡Qué susto! Casi me informo antes de opinar... (I)

Vaya por delante que comparto la opinión de muchos sobre la dudosa compatibilidad entre el delito tipificado en el art. 578 del Código Penal y el derecho fundamental a la libertad de expresión, pero esta entrada no va de eso, sino sobre la manipulación informativa. Sí, otra vez.

Dicen que la sentencia es consecuencia de la reforma del Código Penal que llevó a cabo Rajoy en 2015. Y deben decirlo sin haberse leído la sentencia. O sin haberla entendido si es que la leyeron. O mintiendo descaradamente si la leyeron y la entendieron.

Porque el tipo penal por el que condenan a Cassandra fue establecido por la Ley Orgánica 7/2000, que fue votada favorablemente por el 94% del cámara. Con nombres y apellidos.

Por cierto, el título de la entrada no es una ocurrencia mía -qué más quisiera...-, sino de un fantástico tuit que leí no recuerdo ni cuándo ni dónde ni a quién.


Historia del pescador pescado... O eso esperamos (II)

Como decíamos ayer, ya habían picado y empezaba la siguiente fase para alcanzar el objetivo final, que no es otro que conseguir que sancionen a Orange con una buena multa por vulneración grave de la LOPD, que puede ir desde los 40.001 € a los 300.000 € al tratarse de una infracción grave. De éstas tienen ya unas cuantas, pero se ve que deben ganar más dinero abusando de lo que les cuestan esos abusos.

Para que prosperase una denuncia en la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD), primero teníamos que demostrar que Orange había cedido datos de carácter personal para su inclusión en el fichero de morosos, incumpliendo además la obligación que impone el Reglamento de la LOPD para que dicha inclusión sea legítima, a saber, que la deuda impagada sea cierta, vencida y exigible. De lo primero teníamos la comunicación de ASNEF-EQUIFAX comunicándonos la buena nueva. De lo segundo sólo teníamos nuestra palabra, que no es suficiente para demostrarle a la AEPD que la deuda no era exigible -aunque, curiosamente, sí es suficiente con la palabra de Orange para incorporar nuestros datos a un fichero de morosos-, así que, con carácter previo a la interposición de la denuncia, teníamos que conseguir algo más que nuestra palabra.

Para ello, y descartado ya a estas alturas que la propia Orange reconociera la improcedencia de la deuda, teníamos sólo dos alternativas. Podíamos interponer una demanda civil para que un juez declarase la inexistencia de la deuda, o su existencia, si Orange lograba demostrar en el juicio que existía el compromiso de permanencia. O podiamos utilizar el Sistema de Arbitraje de la Junta de Andalucía al que, ¡oh, sorpresa!, la operadora Orange está adherida, aunque con ciertas limitaciones que no afectan al caso que nos ocupa.

Como el funcionamiento de la justicia ya lo conocemos, quisimos probar a ver qué tal funcionaba el arbitraje, teóricamente más rápido y, además, gratuito. Al menos así nos lo venden aunque, como después se verá, no parece que la rapidez sea una de sus cualidades. Por tanto, a finales de Junio nos fuimos, con la firma electrónica, una ristra de documentación escaneada y una colección de buenos argumentos, a la página web para solicitar el arbitraje. Lo que pedíamos, además de que excluyeran a mi hijo del fichero de mororos, era que en el laudo arbitral se declarase la inexistencia de la deuda. Realmente ése era el motivo esencial de acudir al arbitraje. Como decíamos antes, necesitábamos que algún organismo dictase una resolución que tuviera validez jurídica a efectos de acreditar la inexistencia de la deuda como paso previo a la interposición de la denuncia.

La solicitud de arbitraje fue admitida a trámite a finales de Julio, un mes después de la solicitud, y a mediados de Agosto, la operadora hizo un ofrecimiento a la Junta Arbitral para intentar zanjar el asunto. Consistía básicamente en afirmar, una vez más, que la deuda era correcta por existir un compromiso de permanencia, pero que eran tan generosos y tenían tal espíritu de servicio, que me la condonaban y me sacaban del fichero de morosos, y todo ello sin aportar, una vez más, ningún tipo de prueba sobre la licitud de la deuda. La Junta Arbitral nos dio traslado del ofrecimiento, en pleno mes de Agosto, indicándonos que si lo aceptábamos o no contestábamos por escrito en un plazo de diez días, se daría por concluido el expediente y se procedería al archivo del mismo.

Por supuesto, contestamos. Y lo que respondimos fue que no aceptábamos el ofrecimiento y que insistíamos en nuestra petición principal: que se declarase en el laudo arbitral que la deuda era inexistente. Sin esa declaración no era posible interponer la denuncia ante la AEPD. Y probablemente, a estas alturas Orange ya sería consciente de nuestras intenciones, pero salvo revolverse en el agua, poco podía hacer para soltarse del anzuelo. No podía demostrar la existencia del compromiso de permanencia, sencillamente porque no existía. Además, aunque ellos no lo sabían, teníamos la grabación del día en que contraté la línea, allá por 2014, donde se indicaba claramente su inexistencia. ¡Ay, esa manía mía de grabar todas estas contrataciones telefónicas! Y es que no me hace demasiada gracia eso de que me digan que van a grabarme y saber que ellos van a decidir cuándo y cómo van a utilizar u ocultar esa grabación según les venga bien. Porque ellos, igual que yo, sabían -o podían saber-, simplemente escuchando la grabación, que no existía permanencia. Pero decidieron ignorarlo a pesar de nuestras reiteradas peticiones. Y acosar a mi hijo. Y amenazarle. Y calificarlo oficialmente moroso por no pagar una deuda inexistente.

Así que, ante mi rechazo del ofrecimiento, el proceso arbitral continuó. A finales de Enero se nos notifica que el acto de audiencia tendrá lugar a principios de Febrero. Así que allí me planto, en representación de mi hijo que actualmente reside en el extranjero, ante el órgano arbitral y la silla de Orange vacía. Ni siquiera asistieron al objeto de plantear las alegaciones que considerasen oportunas para sostener la legitimidad de la deuda. Debo reconocer que, aunque lo esperaba, quedé un poco decepcionado porque tenía curiosidad por saber qué podían alegar en su defensa. Así que respondí a las preguntas del presidente del órgano arbitral, reiteré mi petición de que se dictara un laudo en el que se declarase la inexistencia de la deuda y le entregué la grabación en la que se demostraba que no existía compromiso de permanencia, no sin antes dejar claro que la entregábamos por dejar definitivamente clara la cuestión, pero que a nosotros no nos correspondía la carga de la prueba de demostrar la inexistencia de la deuda -por aquello de la probatio diabolica-, sino que es a quien reclama su pago a quien corresponde probar la existencia de la misma.

Y aquí estamos, nueve meses después de la solicitud de arbitraje y dos meses después de la audiencia ante la Junta Arbitral, esperando todavía el laudo para, a continuación, interponer la correspondiente denuncia ante la AEPD para que crujan en condiciones a Orange. Por cierto, la entrada en vigor en Octubre de 2016 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público permite ahora solicitar, no sólo una sanción administrativa, sino también los daños y prejuicios ocasionados al particular, así que, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad a dicha fecha, el retraso nos permitirá que la denuncia, de prosperar, suponga no sólo que las arcas públicas obtengan algún ingreso extra en forma de sustanciosa multa sino que, además, existe la posibilidad de que mi hijo sea resarcido de los perjuicios y molestias que le han causado a su padre.

Continuará...

viernes, 31 de marzo de 2017

Historia del pescador pescado... O eso esperamos (I)

Lo que voy a contarles a continuación es real como la vida misma. No soy muy dado a estriptis personales en público y, si me he animado a hacerlo, es porque creo que puede ser útil a otros. Es cierto que reclamar nuestros derechos como consumidores supone una incomodidad e incluso, a veces, un coste económico. Y algunas empresas, conscientes de ello y huérfanas de ética, abusan del ciudadano que bastante tiene con su problemas diarios. Pero ya ven, algunos somos raritos y asumimos que, en el mejor de los casos, la incomodidad es el precio a pagar para que no nos tomen el pelo.

Verán, el año pasado mi hijo se dio de baja en una operadora de móvil -Orange para más señas, pero podía haber sido cualquier otra-, en la que no tenía permanencia. Aparentemente, no debería haber tenido mayores problemas, pero a los pocos días recibió un cargo en su cuenta de 80 euros. Me pidió consejo y le dije que primero disparase y después preguntase. Así que devolvió el recibo y les envió el correo que le redacté, en el que les decía que se había efectuado un cargo en su cuenta, que había sido devuelto por no tener constancia de dicha deuda y que, si le enviaban la factura con el concepto al que correspondía ese cargo y era procedente, les haría una transferencia por el importe adeudado.

De manera casi inmediata -apenas unas horas-, recibió en el correo la factura. Se trataba, como ya sospechábamos, de una penalización por baja anticipada. Obviamente, les respondimos que, al no tener permanencia, no procedía ese cargo pero que, en el supuesto de que estuviésemos en un error, que nos enviasen la grabación o el contrato en el que se habia aceptado ese compromiso de permanencia y lo pagaríamos. Se produjo desde ese momento un intercambio de correos electrónicos -diez correos en dos días-, un diálogo de besugos, en el que ellos insistían una y otra vez en que el cargo era procedente sin aportar más prueba que sus palabras y nosotros, una vez y otra, en que, si lo demostraban, lo pagaríamos. Hasta que en su último correo nos amenazaban literalmente en estos términos: "En caso de persistir su negativa de pago, se le incluirá en una base pública de morosidad y su Expediente pasará a una agencia externa, por lo que le recomiendo que nos efectúe el pago en este momento".

Y nosotros les respondimos en estos otros:

"...les informo de que, en caso de que continúen exigiéndome el pago de la factura sin aportar la documentación que fundamente su procedencia y amenazando con la inclusión de mis datos en una base pública de morosidad, no sólo trasladaré a las Autoridades de Consumo este cruce de correos en los que se producen dichas amenazas para que emprendan las actuaciones que correspondan contra su compañía, sino que en caso de que finalmente lleguen a materializar dicha amenaza, me reservo la posibilidad de emprender las acciones legales oportunas.

Sin otro particular, y quedando a la espera de que me documenten la procedencia del cargo o, en su defecto, me notifiquen por este mismo medio que se anula la factura, reciban un cordial saludo
"

La educación ante todo. Que alguien se defendiera de sus amenazas advirtiéndoles a su vez de que emprenderían las acciones oportunas y, simultáneamente, siguiera ofreciéndose a pagarles la supuesta deuda si demostraban su pertinencia, no debió sentarles nada bien -era lo que pretendíamos-, porque ya no repondieron a este último correo. Y como era de esperar en estos casos, a los pocos días recibimos un requerimiento de pago de una empresa de morosos al que, por supuesto, no le hicimos el menor caso. Ya sabíamos lo que nos esperaba y lo teníamos asumido, así que, con tranquilidad y buenos alimentos, montamos el anzuelo en la caña y nos dispusimos a pescar con una sonrisa y cargados de estoica paciencia.

En los siguientes días, mi hijo recibió decenas de llamadas -incluyó los distintos números de teléfono en su lista de bloqueados para que no molestaran demasiado-, de mensajes de voz y SMS amenazantes de las empresas de reclamación de deudas que fueron absolutamente ignorados. A los pocos días se incorporó otra empresa de cobro de morosos con idéntico resultado. Y al cabo de unos meses llegó la comunicación desde ASNEF-EQUIFAX de que habían incorporado a mi hijo en la famosa base de datos de morosos.

Ni mi hijo tenía previsto pedir ningún préstamo, ni los bancos a estas alturas le hacen demasiado caso a los ficheros de morosos cuando de deudas con operadoras se trata, así que nos quedamos tan tranquilos. Si acaso, con la rabia, sorda y breve, de que cualquier empresa, sin tener que demostrar que la deuda es real, pueda incorporarte a un fichero de morosos. Pero ya habían picado y empezaba la siguiente fase. 

Continuará...


miércoles, 15 de marzo de 2017

Para muestra del estado de la Nación, tres botones...

Fíjense en los titulares resultantes de una simple búsqueda en Google de esta mañana, cuando ya incluso ayer por la tarde, quienes habían perdido su tiempo en leer la sentencia, tenían bastante clara la cosa. No se puede pretender que se prohíba a los clientes de una empresa en huelga que contrate con otra empresa los servicios que iba a ejecutar con la primera en nombre del derecho de huelga. Y si no se prohíbe tal cosa, entonces es que el Tribunal Supremo es un desalmado y está conculcando los derechos de los trabajadores.





Y así todo. Cada vez que leo un titular y me chirría -sobre todo si trata de alguna cuestión de Derecho o de Economía-, si acudo a la fuente casi siempre resulta que es falso. Y esto es sólo una muestra. Cuando se informa sobre pobreza, brechas salariales, desigualdades, libertad provisional de algún famoso que no está condenado en firme, penas exageradas sin saber una coma de Derecho penal y todas esas cuestiones en las que basta un titular para encabronar al personal que, por supuesto, ni tiene los conocimientos ni el tiempo necesario para verificar todo lo que lee -eso, se supone que lo hace la prensa, ese pilar imprescindible de la democracia como les gusta decirse-, cuando se informa, decía, o se documenta uno y es riguroso o se hace mutis por el foro. En este bendito país, ni lo uno ni lo otro. Y así os va.

Pero no sólo es la prensa, no. Ayer por la tarde contesté algunos tuits -hasta que me aburrí de oscurecer a algunos iluminados-, de gente que también se había subido al carro de la cizaña y el ridículo. Y no se crean que eran unos cualquiera, no. O sí. Un economista y un periodista de los que sale en la tele y todo un señor diputado y economista, que se supone que todos deberían comer de su credibilidad, pero al parecer deben comer de otra cosa. Había más pero, como he dicho, me aburrí. Aquí tienen una muestra gráfica por si hoy empiezan a borrar sus tuits.






En otro orden de cosas, desde hace algún tiempo y por motivos profesionales, estoy pendiente de la tramitación parlamentaria de una proposición de Ley, sobre la que ya hablé por aquí, cuyo plazo de enmiendas finalizaba el pasado 17 de Febrero de 2017 desde el 30 de Diciembre de 2016 en el que se inició. Más de mes y medio para proponer enmiendas a un texto de unas doce líneas. Pues a lo mejor no se lo creen, pero el plazo de enmiendas se ha ampliado ya cinco veces. Saquen ustedes sus propias conclusiones.

Y para terminar, la última muestra de desvergüenza e ineptitud de nuestra presidenta andaluza. Como en esta ocasión no están siendo capaces de manejar la opinión de los ciudadanos respecto de un impuesto -absolutamente injusto, dicho sea de paso-, que en su día aceptaron gestionar, ahora le piden al Gobierno que lo retome y que les compense por ello. Vamos, que recauden otros y le entreguen lo recaudado. Debiera hacerse mirar el PSOE y su posible futura líder sus incoherencias permanentes. No se puede querer un Estado federal sin corresponsabilidad fiscal. Por definición. Aunque después de escucharles a algunos de ellos lo del federalismo asimétrico, todo un oxímoron, uno ya está curado de espanto. 


jueves, 9 de febrero de 2017

La inquietud como cruz de guía...

"Lo digo con humildad, me gustaría ver a mí cuántos presidentes autonómicos y cuántos presidentes del gobierno, cuando los ciudadanos se manifiestan rectifican. Pero nosotros tenemos que hacerlo con humildad, claro que sí. Si hay cosas, o que no las he explicado bien o que generan inquietud, da igual, ya no hay que valorar si es mejor o peor, generan inquietud..."

Iba escuchando la radio en el coche y, de pronto, pusieron este corte de Susana Díaz hablando sobre cómo caerse en una zanja y decir que vive allí. Lo busqué para reproducirlo literalmente, para no equivocarme, para que nadie me diga que no son sus palabras exactas, para que nadie me llame sectario.

De todo lo que dice, lo más grave no es que presuma de humildad cuando te han ahorcado a la fuerza, tras algún ruido de sartenes recién estrenadas, porque aquí, en esta bendita tierra, las sartenes y las ollas sólo se han usado para hacer guisos desde hace tres décadas y media, sin un rasguño, sin una abolladura. Ni que rete a otros presidentes a ser capaces de tener el oído tan fino como ella para escuchar el estruendoso hartazgo de unos cuantos. No. Lo más grave -y no deja de serlo porque sea lo habitual, lo que hacen todos-, es afirmar que da igual, que ya no hay que valorar si es mejor o peor una determinada decisión, que no hay que hacer el esfuerzo de explicarla con argumentos, para defenderla o rectificarla, que no, que basta con que cree inquietud en el pueblo, que lo demás da igual.

Gobernar a golpe de inquietud. Pero no de cualquiera, no, sino sólo de la que aparece en Canal Sur porque es tan evidente que es inevitable. Y después, darle la vuelta a la tortilla y presumir de humildad, de capacidad de reacción y de política de altura.

Crear problemas para presumir de resolverlos. Susana en estado puro.


jueves, 26 de enero de 2017

Nada que añadir...




 

miércoles, 25 de enero de 2017

¿Ignorante o sinvergüenza?

"Las grandes empresas están en una tributación efectiva de entre el 7 y 8% [...] cuando llegamos al Gobierno en el año 2012, el tipo efectivo de los grandes grupos era del 3%, lo que quiere decir que grandes grupos de España pagaba cero" (Montoro dixit)

Que esto lo diga alguien sin conocimientos tributarios o contables en la barra de un bar tiene un pase -al fin y al cabo, cada español lleva dentro un seleccionador, un economista, un abogado...-, pero que lo diga todo un Catedrático de Hacienda Pública y Ministro de la cosa en sede parlamentaria, ilustra con absoluta claridad el despropósito en el que se ha convertido la política en este bendito país.

De esto ya hablamos por aquí hace algún tiempo, aunque en aquella ocasión la barbaridad la soltó un periodista. Ahora, visto que ninguno de los españolitos que firmó una cláusula suelo entendió lo que firmaba, tampoco resulta extraño que un Ministro de Hacienda y experto en la materia no entienda un informe que redacta su propio Ministerio.

No voy a explicar aquí de nuevo la aberración que supone hablar de tipo efectivo de tributación en referencia al resultado contable de una empresa, más aberración cuanto más sea el peso de la actividad internacional de la misma -para no repetirme, quien tenga interés en la explicación, puede echar un vistazo a esta entrada-, tan sólo subrayaré que las ratios que cita el señor Montoro, y a las que denomina inexplicablemente tipo efectivo del impuesto, se refieren al Impuesto de Sociedades devengado por las empresas en relación al resultado contable y no a la base imponible, tal y como pueden comprobar en el cuadro 3.6 de la página 45 del "Informe Anual de Recaudación Tributaria 2015" elaborado por la propia Agencia Tributaria.

A eso cabría añadir que, cuando compara la tributación de sociedades con la de las rentas del trabajo, olvida que los beneficios empresariales son gravados dos veces, una en el Impuesto de Sociedades, y otra cuando se distribuyen beneficios en forma de dividendos, lo que hace que alcancen un tipo aproximado del 40%.

Si el señor Montoro no distingue conceptos tributarios y fiscales tan básicos, deberían expulsarle de la cátedra de la que es titular. Y si los distingue, debiera dimitir por mentiroso y manipulador. Como no va a ocurrir ni lo uno ni lo otro, me conformaré con tildarle de sinvergüenza.

domingo, 22 de enero de 2017

La brocha gorda como herramienta intelectual...

En estos días de manifestaciones mundiales y sesudas tertulias poniendo a parir al nuevo presidente de los EEUU y, de paso, a los irresponsables que lo han colocado ahí con sus votos, me he topado con un tuit de alguien a quien sigo en Twitter porque sus opiniones, unas veces compartidas y otras no, son siempre interesantes. En ese tuit señalaba una entrada de su blog en el que llamaba imbéciles a cualquiera que se atreviese a cuestionar esa máxima de un ciudadano un voto. Y claro, como me estaba llamando imbécil a mí, me di por aludido y le respondí que la brocha gorda no suele ser una buena herramienta para el intelecto. No debió darse por aludido.

Quienes me siguen desde hace tiempo recordarán alguna que otra entrada a este respecto. Como puede deducirse fácilmente, a mí no me parece una imbecilidad plantear una reflexión sobre la calidad del voto, entendida no como la calidad de la opción elegida por el votante, sino como el grado de comprensión de dicha opción y de las reglas de juego del sistema político en el que se enmarca esa elección.

Cuando se plantean estas reflexiones, la mayoría -y particularmente la izquierda oficial-, te mira como con desprecio y lástima, retirándote automáticamente el carné de demócrata. Son los mismos que ahora cuestionan implícitamente -y algunos incluso explícitamente-, esa máxima de un ciudadano un voto cuando el resultado de ese voto es un engendro llamado Trump. Son los mismos que piensan que el consumidor, en general, no está capacitado para entender las consecuencias de una cláusula suelo o de la responsabilidad patrimonial universal aunque se la pongan en mayúsculas y en negrita, pero que sí es capaz de entender -menuda contradicción-, los efectos de su elección política. Son los mismos que llaman imbéciles a quienes pensamos que hay que hacer una seria reflexión sobre la calidad del voto, en el sentido antes señalado, y nos meten en el mismo saco que a los imbéciles, estos sí, que piensan que la calidad del voto tiene que ver con pertenecer a la élite del país, con ser el más inteligente o con tener un título universitario.

En fin, la brocha gorda como herramienta intelectual...

jueves, 12 de enero de 2017

De cuando hacerse el imbécil resulta rentable...

¿Estarían ustedes dispuestos a asumir públicamente que son imbéciles a cambio de un precio? Porque a eso es a lo que están dispuestos una inmensa mayoría de los que van a reclamar que le devuelvan lo pagado por aplicación de la claúsula suelo que tienen en las hipotecas que firmaron.

Recordemos que lo que dice la justicia respecto de las cláusulas suelo no es que sean abusivas en sí mismas, pues las considera perfectamente válidas, sino que son abusivas por poco transparentes. Viene a decir que, quien firmaba una hipoteca y leía que el tipo de interés era variable pero que, en ningún caso, podía bajar de una determinada cuantía, no entendía lo que leía ni era consciente de lo que eso le iba a suponer. Vamos, que era literalmente imbécil. Al menos durante los cinco minutos que duraba la firma.

No digo yo que no existan casos reales de falta de transparencia -claúsulas escondidas entre la enorme literatura jurídica de una escritura, defectuosa redacción que lleva a confusión...-, y precisamente por ello hay que ir caso por caso, porque hay contratos donde esa cláusula incluso figura en negrita y destacada o que fueron firmados por profesionales del Derecho o de las finanzas respecto de los que cabe presumir que no eran imbéciles, al menos a estos efectos. No se entiende bien que nuestro Tribunal Supremo haya optado por asumir la máxima de que, en todos los casos, el consumidor desconocía o no podía comprender el contenido y consecuencias de dicha cláusula. 

Líbreme Dios de defender a los Bancos, que eso y abusar ya lo hacen ellos solitos con bastante empeño, pero el más mínimo sentido de la equidad y de la justicia material debería impedir esa interpretación de brocha gorda. Porque no olvidemos que es razonable pensar que, sin la existencia de esa claúsula suelo, es más que probable que el préstamo hipotecario le hubiera resultado más oneroso al prestatario, posiblemente en forma de un mayor diferencial sobre el tipo de referencia o de más comisiones. Por tanto, el consumidor se benefició de unos menores tipos mientras éste estuviera por encima del suelo estipulado a cambio de asumir la cláusula suelo, pero ahora obligan al banco a devolver lo cobrado de más como si dicha cláusula no hubiera existido, sin que el banco pueda variar el resto de las condiciones, que se pactaron en aquellos términos, precisamente, porque existía esa cláusula suelo.

Por otro lado, y al hilo de todo este asunto, se ha producido hace pocos días otra sentencia de un Juzgado de lo Mercantil en la que declara abusiva y, por tanto nula, la cláusula de un préstamo hipotecario en la que se establecía la responsabilidad patrimonial universal del deudor. Si tenemos en cuenta que dicha responsabilidad está establecida en el art. 1.911 de nuestro Código Civil y que dicha cláusula se limitaba a subrayar, de manera redundante, lo que el propio precepto legal establece, ¿debemos entender que si no se hubiera incluido esa cláusula, no hubiera podido ser declarada nula y que, por simple aplicación de la Ley, el deudor seguiría respondiendo de la deuda hipotecaria con todo su patrimonio presente y futuro? ¿o debemos entender que dicho precepto nunca será aplicable por falta de transparencia? ¿o qué debemos entender de esa absurda sentencia?

Que, en términos generales, el consumidor es la parte débil en materia de contratación, que debe ser protegido con determinadas presunciones favorables a él y que hay que poner coto a los abusos contra el ciudadano en tanto actúe como consumidor, me parece justo e imprescindible. Pero de ahí a que entremos en una dinámica en la que desvistamos al consumidor de toda responsabilidad por sus decisiones, dictando sentencias que afirman implícitamente que es tonto de baba, media un abismo. Eso sólo conseguirá infantilizar -¿aún más?- el comportamiento del consumidor, fabricar consumidores irresponsables y poco exigentes con sus derechos y que la otra parte contratante se sobreproteja a partir de ahora, de tal forma que pagaremos todos los consumidores nuestra presunción de imbecilidad por la imbecilidad real de unos pocos.


miércoles, 11 de enero de 2017

Otra socialdemócrata en el gobierno...

Actualmente, los pensionistas que tienen pensiones mínimas o no contributivas no pagan nada por los medicamentos, los que, fuera de esos supuestos, tienen unos ingresos de hasta 18.000 € pagan el 10% del precio de los medicamentos con un tope de 8,23 € al mes, los que tienen ingresos desde 18.000 € hasta 100.000 € pagan el 10% con un tope de 18,52 euros al mes y los que ingresan más de 100.000 € al año, pagan el 60% con un tope mensual de 61,75.

Ése es el cuadro del copago para los pensionistas en nuestro país. Y a la nueva ministra se le ha ocurrido abrir el melón de la reflexión sobre si es o no razonable esa situación. Y claro, le han llovido hostias como panes. De los suyos, de los de enfrente y de los de al lado. Tantas y tan sonoras han sido las hostias, que la pobre mujer no acierta a quedarse quieta en un argumento y va de uno a otro dando saltitos nerviosos al estilo Chiquito para ver si consigue acertar con lo que los demás desean escuchar y se hace el silencio. Pobre mujer, ¡qué poca personalidad!

¿Y qué dice al respecto, por ejemplo, el PSOE? Pues que "no va a haber incremento de los copagos farmacéuticos a pensionistas porque el PSOE va a votar en contra de esa medida y eso tiene que pasar por el Congreso de los Diputados". Y también "que en España es necesaria una reforma fiscal en profundidad para gravar las grandes fortunas y rentas más altas, ahí es donde se puede introducir la progresividad del contribuyente de las personas jubiladas que cobran rentas más altas"

En román paladino, al partido socialdemócrata por excelencia -o eso dicen ellos-, de este bendito país le parece bien que quien ingresa 80.000 € al año pague lo mismo por los medicamentos que quien ingresa 19.000 €. O que quien ingresa 130.000 € pague como máximo al año el 0,57% de su renta mientras que el que ingresa 18.000 € paga el 1,23% de su renta.

La idea de la progresividad en la contribución de los ciudadanos al bien común que se maneja en ese partido -y en otros muchos de más a la izquierda-, resulta, como poco, incoherente. Parece como si la progresividad -que, por cierto, en nuestro país es ya escandalosamente progresiva, valga la redundancia-, sólo pudiera conseguirse por la vía de los impuestos y no por la vía de lo que el Estado le devuelve después en forma de bienes y servicios al ciudadano.

A apostillar esa idea sobre cómo se entienden estas cuestiones en ese partido viene, por ejemplo, la famosa y mal llamada gratuidad de los libros de texto en Andalucía, de la que ya hablábamos por aquí hace nada menos que nueve años, y que, por supuesto, ahí sigue, en la propaganda anual de Susana Díaz.

En fin, que a ver si va a resultar que, junto con Montoro -socialdemócrata por el lado de los ingresos-, se le ha colado a Rajoy en el gobierno otra socialdemócrata por el lado del gasto.



sábado, 7 de enero de 2017

Otro déjà vu...

Bueno, lo que le está pasando a Antonio Salas, magistrado del Tribunal Supremo, es lo de siempre. Alguien tiene una opinión, la manifiesta públicamente con argumentos que pueden o no ser compartidos, y le cae la del pulpo por ser un elemento políticamente incorrecto cuando no directamene un retrógrado. Nada nuevo bajo el sol. Salvo la valentía de muy pocos y la cobardía de muchos.

En fin, otro déjà vu...

lunes, 2 de enero de 2017

De titulares, realidades, manipulaciones... y felicidad

Leía hace unos días un artículo en un periódico digital de los considerados serios que me dejó preocupado. "¿Es la deuda de España el 100% del PIB? No. Es el 140%", es el aperitivo con el que abre boca en negrita y a quemarropa. Era tan increíble lo que se decía en él, que al principio pensé que era una inocentada dada la fecha. Pero no, el propio autor se preocupaba de negar al final del artículo que lo fuera.

El artículo es una muestra clara de la ligereza con la que cualquiera, sin la debida cualificación -o, al menos, sin demostrarla-, se atreve a exponer en un medio público, no una opinión, que siempre sería un ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, sino una información manipulada, creando opinión y desinformación en los ciudadanos que asumen -sin duda erróneamente- que, quien tiene acceso a escribir en un medio de comunicación o a hablar en una tertulia de radio o televisión, no puede ser un profano en la materia sobre la que escribe o habla y que quien le deja escribir o hablar en él -los propietarios del medio-, no serían tan irresponsables como para permitirlo.

Tan grave me pareció la manipulación y tan evidente la metedura de pata, que decidí hacerle un comentario a su autor para advertirle de su error. En él (comentario #8) le advertía, apoyándome precisamente en uno de los enlaces que el propio artículo aportaba, que estaba cometiendo un error de bulto al asimilar pasivos totales con deuda pública del Estado. El Banco de España (BdE) publica regularmente este informe -también aportado en el artículo-, en el que muestra, por un lado, el total de los pasivos en circulación de las Administraciones Públicas (AAPP) y por otro la deuda pública de esas mismas AAPP calculado según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), cuya metodología también es explicada por el propio BdE. Resulta llamativo que el propio artículo aporte, para apoyar su tesis, documentos que la refutan.

¿Y qué es eso de los pasivos, la deuda y el protocolo? Se lo explicaré a ustedes con un ejemplo. Las AAPP consiguen dinero para pagar todos los servicios públicos por dos vías fundamentalmente: impuestos y, cuando gastan más de lo que ingresan, pidiendo prestado. Lo habitual es que pidan prestado emitiendo títulos de deuda pública -letras, bonos, pagarés...-, que compran los ciudadanos, las empresas, los fondos de inversión... Por otro lado, del efectivo que posee el Estado conseguido por cualquiera de esas dos vías, concede préstamos a las Comunidades Autónomas (CCAA) y a otros organismos públicos. Además de todo eso, los distintos organismos públicos del Estado suelen hacer operaciones entre ellos, por ejemplo, un organismo determinado que requiere un servicio de otro, tiene que pagárselo, y como no se hace en efectivo, se genera un crédito a favor de quien presta el servicio y una deuda -pasivo-, para quien debe pagarlo.

Pues bien, si calculásemos los pasivos totales del Estado, habría que sumar todas y cada una de las deudas que cada organismo o institución pública tiene, con independencia de a quién se lo deba. Imaginemos que el Estado es una familia y, por ejemplo, las CCAA son los miembros de esa familia. Sigamos imaginando que uno de ellos -pongamos que el padre y así parezco un machista redomado-, pide un préstamo o acepta letras de cambio por 50.000 € a una entidad financiera para mantener el tren de vida de la familia. Imaginemos también que con el dinero obtenido, además de ir pagando la luz, el agua, la comida, etc., hace un préstamo a uno de sus hijos de 10.000 € a devolver en un año. Además, otro de los hijos es carpintero y el padre le encarga que renueve todos los muebles de la vivienda familiar por 7.000 € que le pagarán dentro de seis meses. Finalmente, imaginemos que al padre le tocan 5.000 € en la lotería y decide recomprar a la entidad financiera parte de las letras de cambio que aceptó y guardarlas por si, antes de su vencimiento, tiene que volver a ponerlas en circulación para recuperar efectivo. En ese ejemplo, los pasivos totales de la familia serían la suma de todas las deudas que cada uno de los miembros tiene, con independencia de que se lo deban a miembros de la familia o a terceros, es decir, 67.000 €, resultado de sumar los 50.000 € que debe el padre a los tenedores de las letras, los 7.000 € que le debe el padre a su hijo carpintero y los 10.000 € que le debe su otro hijo al padre. Pero ¿cuál sería la deuda real de la familia, lo que la familia debe? Obviamente, la familia, como conjunto, sólo debe los 50.000 € menos los 5.000 € de las letras que recompró porque se las debe a sí mismo, es decir, 45.000 €. En resumen, los pasivos totales en circulación ascienden a 67.000 €, pero la deuda a 45.000 €.

Se entiende la diferencia, ¿verdad? Pues lo que hace el PDE básicamente -hay algunos matices adicionales pero que no son significativos a efectos del asunto que estamos analizando-, es ajustar el total de los pasivos totales de las AAPP a la deuda real de esas mismas AAPP. Y todo está documentado y es público.  Y lo que hace el señor Bermejo es afirmar que lo que debe España son los pasivos en circulación y no la deuda neta.

Volviendo de nuevo al cruce de comentarios, el autor del artículo me contesta (comentario #83) que las cuentas no las ha hecho él, sino el BdE y que él sólo ha transcrito los datos, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque en su transcripción, conscientemente o no, ha manipulado lo que dice el BdE cuando afirma en su artículo que "La deuda total de España (pasivos en circulación) la publica el Banco de España...". En su informe, el BdE distingue claramente los conceptos "pasivos en circulación" y "deuda", mientras que el autor en su artículo los identifica, tal y como le indico en mi respuesta a su comentario (comentario #107). Pero el señor Bermejo insiste (comentario #116) y por supuesto yo también (comentario #121).

Y ahí se quedó la cosa respecto del contenido del artículo. Pero hete aquí que en un intercambio de opiniones que mantiene con otro lector afirma lo siguiente (comentario #140) respecto de lo innecesario del rescate bancario: "Los depositantes tenían garantizados sobradamente sus pasivos con los fondos propios de las entidades. Las rescataron para que los bonistas, accionistas y fondos no perdieran, o minimizaran sus pérdidas de inversión. Fue un espolio en toda regla." Y a continuación esto otro (comentario #149): "Hace tiempo hice un estudio sobre el balance de Bankia 2011 y había de sobra. Lo expliqué en un programa de economía directa. No recuerdo el día. A ver si lo encuentro y se lo enlazo." Y claro, llovía sobre mojado e intervine de nuevo (comentarios #153 y #155 respectivamente).

Como suele ocurrir cuando uno se queda sin argumentos, el intento de debate terminó de un modo algo abrupto por su parte (comentario #160) y yo zanjé la cuestión reafirmándome en mis argumentos y pidiéndole disculpas si en algún momento se había sentido ofendido por mis formas (comentario #169).

Y si todo quedó zanjado, ¿a qué viene esta entrada? Pues viene a que el citado artículo sigue divulgándose en la red como cierto, como sólido, como riguroso. Incluso el propio autor, que parece dispuesto a que la realidad no le estropee un titular populista y dañino, sigue retuiteándolo. Y viene también a que es necesario desenmascarar a quienes hacen afirmaciones gratuitas que, siendo manifiestamente falsas, manipuladas y poco rigurosas, pueden provocar mucho daño si en algún momento son asumidas como ciertas en determinados círculos, desde instituciones europeas hasta fondos de inversión que financian nuestro Estado del Bienestar.

Que conste que no conozco de nada a este señor y que nada personal tengo contra él. Ni siquiera pretendo hacer juicios de valor sobre sus intenciones, tanto en el artículo objeto de esta entrada como en otro que escribió con otros tres colegas en el que se autodenominaban "grupo de profesores y economistas independientes". Simplemente me limito a exponer el debate que tuvo lugar a raíz de aquel artículo para que cada cual, si le apetece, extraiga sus propias conclusiones sobre la credibilidad que le deben merecer los análisis del señor Bermejo cuando de cuestiones económicas se trate. Y no olviden que hay muchos señores Bermejo en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Y después de este ladrillo, les deseo que el próximo año sean ustedes capaces de ser un poquito más críticos con todo lo que leen. Si lo consiguen, seguramente serán menos felices, pero algo más libres. Ustedes eligen.

¡Feliz 2017!


viernes, 23 de diciembre de 2016

Así se construye la credibilidad perdida...

Esto de desmontar los mantras y titulares de nuestros ínclitos políticos resultaría divertido si no fuera peligroso.

Por ejemplo, el pasado día 20, el Congreso aprobó la toma en consideración de una propuesta legislativa del Grupo Socialista para modificar el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores. Al margen de la opinión que me merezca el fondo de dicha iniciativa -de eso hablaremos en otra ocasión-, me sorprendió leer en la mayoría de la prensa "seria" titulares del tipo "PSOE inicia una estrategia para "atacar" por partes la reforma laboral..." o "El Congreso inicia el camino legal para tumbar la reforma laboral...". Como no me fío mucho de los hacedores de titulares, fiel a mi costumbre, acudí a la fuente protagonista de la noticia. Y en su página web se dice:



 
Es decir, "el Grupo Socialista pide el respaldo del Congreso para frenar la precariedad laboral, el empleo temporal y la inseguridad de la reforma laboral del PP", modificando un artículo del Estatuto de los Trabajadores que no ha sido reformado por la reforma laboral del PP y cuya redacción ha permanecido intacta desde el año 2001.

En fin...


lunes, 19 de diciembre de 2016

A mí que me registren...

Pregunta: ¿Se puede ser prostituta y feminista?

Respuesta: Claro que se puede, ¿por qué no?

Pregunta: Bueno hay quien considera que la prostitución es sólo esclavitud: también desde el feminismo.

Respuesta: Esa visión en blanco y negro forma parte de los esquemas patriarcales. Con el feminismo pasa como con la izquierda: hay muchos feminismos y no se debe confundir el género con los órganos genitales. El patriarcado es muy redentor, quiere salvar a los demás: y, oiga, no me salve usted de nada, sólo permítame emanciparme. Hay asociaciones de prostitutas, como Hetaira, que plantean cuestiones muy interesantes. El redencionismo es despótico, pero no se puede hacer la revolución sin ellas. Yo no me atrevo a decirle a una mujer prostituta qué tiene qué hacer sin preguntarle qué quiere hacer. Lo que hay que conseguir es que ninguna mujer se prostituya sin su voluntad o se vea abocada a la prostitución por necesidad. Hay mujeres que prefieren prostituirse a limpiar pisos y hay que respetarlo.


Pues eso, más o menos lo que yo vengo diciendo. ¿La novedad? Que lo afirma una mujer que, además, dice ser muy de izquierdas. Y sus votantes también. A mí que me registren.

sábado, 3 de diciembre de 2016

Dos caras de una misma moneda...

Cuando hablamos de los efectos que sobre el empleo o los salarios tiene la existencia de un salario mínimo por ley hay que ser prudente. Hay evidencias empíricas para casi todos los gustos. Unos estudios han comprobado que se produce un aumento del paro en determinados sectores de la población. Otros, que se produce un aumento del salario medio. Otros no han detectado efecto apreciable alguno en ninguna de las dos variables...

¿Significa eso que tales estudios son erróneos o están faltos de rigor? No necesariamente. Lo más probable es que se hayan realizado en escenarios económicos y laborales dispares. Porque el efecto de una salario mínimo impuesto por ley no será el mismo cuando su cuantía esté por debajo del salario que cobra el 99% de los trabajadores que cuando se sitúe en el salario medio. O cuando se trate de una economía con abundancia de trabajadores cualificados frente a otra donde abunden los trabajadores poco cualificados. O cuando exista un mercado laboral rígido frente a otro más flexible.

Así, situar el SMI por encima del valor que produce con su trabajo un determinado trabajador puede tener varios posibles efectos. O bien ese trabajador no es contratado. O bien el empresario tenderá a sustituir mano de obra por capital, por ejemplo mecanizando las tareas si ello es posible. O bien esa actividad terminará realizándose en la economía sumergida. O, simplemente, si el consumidor no está dispuesto a pagar ese servicio o producto al coste que supone su producción, dejará de crearse esa empresa o desaparecerá si ya está creada. Como se ve, en tal supuesto, o se destruyen puestos de trabajo, o no se crean, o se hacen invisibles. En cualquier caso, nada bueno ocurre.

Si, por el contrario, situamos el SMI en niveles por debajo del valor que produce el factor trabajo, el efecto será inocuo o, incluso, podría tener algún efecto positivo, como el aumento de los salarios a costa de margen empresarial. Tal efecto se produciría en el caso de que el empresario estuviera dispuesto a pagar, por ejemplo, 1.000 euros al mes, y el trabajador estuviera dispuesto a trabajar por 700 euros al mes. En tal supuesto, sin la existencia de un salario minimo obligatorio, lo más probable es que el salario se situara más cerca de los 700 euros que de los 1.000 euros. Pero un salario mínimo situado entre esas dos cantidades haría subir el salario a costa del margen empresarial, pues el empresario seguirá obteniendo la rentabilidad mínima necesaria del factor trabajo mientras el salario se mantenga por debajo de los 1.000 euros mensuales.

Obviamente, entre esas dos situaciones existen multitud de escenarios intermedios que producirán, también, efectos muy variados. Y también existen otras formas de implementar un salario mínimo que intente, en la medida de lo posible, paliar los efectos negativos que puede producir, estableciendo, por ejemplo, distintos SMI en función de la edad, el sector productivo, etc.

En cualquier caso, lo que no debe olvidarse es que el SMI no es sólo una prohibición jurídica al empresario de remunerar el trabajo por debajo de un determinado salario, sino que también impide al trabajador prestar sus servicios por debajo de dicho salario, aunque estuviera dispuesto a hacerlo. Dos caras de una misma moneda. 



Mi amigo Manué y sus realidades

Bueno, pues ya tenemos otra subida de impuestos sobre la mesa. Y si se creen ustedes que la van a pagar las empresas porque afecta, fundamentalmente, al Impuesto de Sociedades, van listos. Porque además de que las subidas de impuestos no son neutras para la actividad económica y, por tanto, para los ciudadanos, ésta incluye otro catastrazo, subida de impuestos especiales -menos mal que el vino y la Cruzcampo se libran-, incremento de las bases máximas de cotización, mantenimiento del atraco a mano armada que supone el Impuesto sobre el Patrimonio...

Y claro, todo ello porque hay que reducir el déficit. Que digo yo, que alguna vez tendrán que probar a reducirlo por la vía del gasto. ¿Más recortes? ¡Te quieiyarcarajo, picha!, que diría mi amigo Manué. Y es que Manué, aunque le enseñe los números, dice que vale, que mucho gráfico, que muchos colorines, pero que él no llega a fin de mes, que lleva 8 años en el paro, que los vecinos de su barrio andan más o menos igual de tiesos y que la culpa de todo es del austericidio ese. Sin duda, un magnífico caldo de cultivo para el populismo y un freno para que políticos mediocres y cortoplacistas tomen decisiones valientes.

Porque es innegable que la realidad de Manué y sus vecinos del barrio es la que es y esa realidad no la cambia un gráfico por muy verdad que sea. Pero también lo es que lo suyo no es culpa de que el Estado haya recortado el gasto corriente, el que afecta a los ciudadanos en el corto plazo. Y no lo es porque ese gasto no se ha recortado. No lo digo yo, lo dice el propio Estado.






Como puede observarse en el gráfico, el gasto corriente, el que se emplea para el funcionamiento diario del Estado, los servicios y las prestaciones al ciudadano, lejos de disminuir, se ha casi duplicado desde 2001 y se ha mantenido durante los años de la crisis, siendo además el de 2015 el más alto en términos nominales de la historia de nuestro país. El recorte brutal durante la crisis, casi de un 50% respecto del principio de la misma, se ha producido en las inversiones públicas, ésas que el ciudadano no percibe en el corto plazo, pero que reducen la competitividad del país en el medio y largo plazo, con las consecuencias que ello tiene para el crecimiento economico y el empleo futuros. Pan y votos para hoy, hambre y reproches para mañana.

Sí, ya sé que esto, a Manué, se la trae floja mientras siga sin poder pagar la luz, pero yo se lo cuento. Lo que haga con esa información ya es asunto suyo.


domingo, 27 de noviembre de 2016

Escéptico que es uno...

Por principio, no suelo creerme a los empresarios que dicen asumir su responsabilidad social y pagan más que su competencia por sus factores productivos. Ya me gustaría hacerlo -creérmelos quiero decir-, pero mi experiencia personal y profesional me lo impide. Cuando alguien sale a la palestra diciendo públicamente las cosas que ha dicho Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles, a uno le encantaría aplaudirle, pero es que no termino de creérmelo del todo. Démosle en todo caso el beneficio de la duda y un aplauso provisional.

En lo que no puedo ni debo aplaudirle es en la mentira objetiva que vierte cuando afirma que, gracias a la última reforma laboral, puede despedir pagando 20 días por año. No es la nueva reforma laboral la que le permite ese tipo de despidos. Ni siquiera la anterior o la anterior. El despido objetivo con 20 días de indemnización por año existe en nuestro Estatuto de los Trabajadores desde su promulgación allá por 1.995. No sé por qué estas cantinelas de mentiras interesadas me suenan tanto.


lunes, 21 de noviembre de 2016

De donde no hay... (LXXI)

Cuando me lo contaron creí que me estaban tomando el pelo. Fiel a mi costumbre de acudir a la fuente original, busqué en la página web de la Asamblea de Extremadura el vídeo del pleno del 17 de Noviembre. 

Y allí estaba. La presidenta de la Asamblea, tras una votación con 6 síes, 29 noes y 29 abstenciones, ordenaba repetir la votación por empate. Sí, han leído bien, por empate. Pero ahí no queda la cosa. En la segunda votación el resultado fue el mismo. Y sí, ordena de nuevo repetir la votación por empate, aunque esta vez decide dejarla para el final de la sesión plenaria. Y al final de la sesión se repite la votación, no sin que antes pidan la palabra dos diputados -imagino que chorreando vergüenza ajena-, para hacerle ver a la presidenta lo aburdo del asunto. La presidenta, encantada de haberse conocido, dice que el Reglamento de la Cámara lo interpreta ella y que se repite la votación. Esta vez sí la da por buena, seguramente porque, al haber 27 noes y 29 abstenciones, considera que ya no hay empate. Se ve que algún diputado debió apiadarse de la criatura y se marcho de la cámara para deshacer el empate y no ir a una cuarta, quinta o sexta votación. De todas formas, incluso en esta última votación sucede algo extraño. Hay 62 presentes, pero los síes, los noes y las abstenciones suman 61. Menos mal que no se percató la presidenta, que si no, tira de Reglamento y la lía parda otra vez.

¿Que no se lo creen? Pues vean el vídeo que he editado a partir del original. ¿Que piensan que lo he manipulado? Pues véanlo en la web de la Asamblea de Extremadura, en los puntos 3h 21' y 3 h 50'.