viernes, 5 de septiembre de 2014
De donde no hay... (LXVI)
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miércoles, 27 de agosto de 2014
De ahorcados a la fuerza y otros disimulos
Tras la publicación, el gobierno andaluz justifica esas exoneraciones argumentando que, como no habían recibido el dinero de las subvenciones por los recortes de Rajoy, no podían pedirles que justificaran esos gastos. A ver si lo entiendo.
Si no habían recibido las subvenciones, no podían justificar en qué se habían gastado esas subvenciones y, en tal caso, ¿por qué habrían de ser exonerarlos de justificar en qué se habían gastado unas subvenciones que no habían recibido?
También cabría preguntarse si los cursos fueron realmente impartidos por las empresas solicitantes de las subvenciones, a pesar de no haberlas recibido aún. Si la respuesta fuera afirmativa, no deberían haber tenido ningún problema en justificar todos los costes que pagaron de su propio bolsillo, con lo que exonerarlos de dicha justificación no hubiera sido necesario. Si la respuesta fuera negativa, es decir, si los cursos no se impartieron, no habría nada que justificar y, por tanto, de nada habría que exonerar.
En fin, que a mi límpida ingenuidad le cuesta entender eso de que se ocultara una resolución como la publicada ahora, que cuando salta un escándalo relacionado con ella la publiquen destrozándose el pecho a golpes de pura transparencia y que se diga que el culpable de lo que entonces se hizo y ahora creemos que sabemos vive más allá de Despeñaperros. Porque ya sabemos que la culpa nunca es de uno, siempre es del otro. Al contrario que la transparencia, que nunca es del otro, siempre es de uno.
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viernes, 15 de agosto de 2014
Desmemorias de un presidente...
¿Cómo vamos a confiar en su memoria cuando afirma que, en todo caso, la multitud de informes realizados por la Intervención denunciando las irregularidades no llegaron ni a la Comisión de Gobierno ni a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, si ni siquiera recuerda que él la presidía, tal y como disponen dos Decretos que él mismo firmó?
Allá por 1.994, cuando la Comisión Delegada de Asuntos Económicos se llamaba Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Económicos, el art. 1 del Decreto 419/1994 establecía que "la presidencia de la Comisión corresponde al Presidente de la Junta de Andalucía".
Y allá por 2.004, cuando la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Económicos pasa a denominarse Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el art. 2.2 del Decreto 480/2004 establecía que "la Presidencia de la Comisión Delegada corresponde a la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía".
Recordemos que el señor Chaves fue presidente de la Junta de Andalucía desde 1.990 hasta 2.009, seis legislaturas, seis. Por si también se le ha olvidado.
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jueves, 14 de agosto de 2014
¿Indefensos como pajarillos? ¡Menudos pájaros...!
Parece mentira que ambos sean juristas. Y que incluso el señor Griñan, cuando formaba parte del poder legislativo como diputado, votara a favor de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que añadió a la misma el art. 118bis -precisamente el que se vio obligada a aplicar la jueza Alaya para no crearles indefensión, ironías de la vida-, y que mejoraba las posibilidades de defensa de los aforados.
De ello ya se dió buena cuenta en esta taberna hace casi un año, cuando la jueza Alaya dictó un auto en el que les comunicaba la existencia de un procedimiento en el que podrían resultar afectados, en cumplimiento del art. 118bis LECrim que, recordémoslo de nuevo, le impone al juez la obligación de informarles, y a ello se limita en el citado auto. Ese auto fue recurrido por el fiscal anticorrupción, pero no porque un juez de instrucción no pueda aplicar el art. 118bis LECrim, sino porque, como el mismo recurso dice, de la lectura del auto "no se alcanza a conocer, por falta de individualización, cuáles sean los concretos hechos investigados que se pueden atribuir a cada uno de los denominados en el auto como imputados provisionales". El recurso fue admitido a trámite por la Audiencia Provincial, que anuló el auto recurrido, dando lugar a un nuevo auto en el que la jueza Alaya detallaba, ahora sí, los hechos que se le imputaban a los aforados, y que ya no es recurrido por la fiscalía.
Recordado de nuevo cuál es el objeto del polémico art. 118bis LECrim, creado por y para los propios aforados, hay que tener desparpajo y poca vergüenza para quejarser una y otra vez de la indefensión sufrida. Sobre todo teniendo en cuenta que el auto de la jueza Alaya en el que se les informaba de la existencia del procedimiento, les permitía personarse en la causa, acceder a las diligencias, proponer pruebas, participar en los interrogatorios o declarar voluntariamente ante la jueza instructora.
¿Por qué no lo hicieron? Ellos sabrán y en su derecho de no hacerlo estaban, pero que no pretendan aparecer como víctimas indefensas precisamente ellos y los suyos, que han entorpecido y siguen entorpeciendo cualquier investigación de corrupción en la que esté implicada su partido, que han buscado desesperadamente el aforamiento -por algo les gustará más el Tribunal Supremo que un humilde juzgado de instrucción...-, que tienen a toda una televisión autonómica al servicio de su propaganda, que son defendidos a ultranza por la nueva ejecutiva de su partido, ésa que, contra la corrupcción propia, siempre dice pero nunca hace.
¡Hombre, no nos toquen además los cojones...!
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lunes, 11 de agosto de 2014
¡Sí hombre, para que la dilapiden...!
Decía que la solución consiste en que el empresario que contratase a un trabajador, además de pagar las cotizaciones sociales, debería obligatoriamente aportar una cantidad mensual a una especie de caja, intocable por el trabajador, que complementase su pensión futura.
En ese momento, un contertulio, dizque liberal aunque sea a ratos, le interrumpe diciéndole que él preferiría que esa cantidad se la entregase el empresario al trabajador y que él decidiera libremente qué hacer con ella. La respuesta del economista, que le salió del alma, fue clarificadora: ¡sí hombre, para que la dilapide...!
Pues eso, que uno no termina de entender por qué, quienes no creen en el individuo, en su derecho a decidir y equivocarse, y en su obligación de asumir las consecuencias de esas decisiones, en cambio creen en la capacidad del Estado, gobernado también por individuos que deciden por los demás, aciertan y se equivocan por los demás, y trasladan siempre las consecuencias de sus decisiones, buenas o malas, a los demás, disfrutando del éxito de las primeras y protegidos del fracaso de las segundas.
Si piensan que el ciudadano no es suficientemente capaz de tomar decisiones acertadas que afectan a su bienestar futuro, ¿por qué deberíamos creer que esos mismos ciudadanos están capacitados para elegir acertadamente a quienes van a tomar las decisiones por ellos?
Escribiendo esta entrada me ha venido a la mente aquella otra en la que reflexionaba sobre la calidad del votante, reflexión que en alguna ocasión me ha hecho merecedor, a juicio de algunos, del calificativo de totalitario. Esa misma calidad que cuestionan rotunda e implícitamente los partidarios de ese Estado ultraprotector que aspira a anular al individuo incapaz, según ellos, de saber lo que le conviene, y aplaudidos, ellos sí, con entusiasmo por su pureza democrática, quizás por la refinada sutileza de su contradicción.
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viernes, 8 de agosto de 2014
La progresividad fiscal, ese camino de ida y vuelta...
Es lo que tiene esto de la progresividad del IRPF, que es un camino de ida y vuelta. Así, cuando suben los impuestos, le suben en valor absoluto mucho más a los que más ganan -no recuerdo al PSOE haberse quejado de ello-, pero cuando bajan, por pura equidad, también les debe bajar en valor absoluto mucho más.
¿Sabrán estos socialistas en qué consiste la progresividad de un impuesto? Seguro que sí, pero prefieren manipular. Y que conste que a mí, la reformilla esta que ha hecho Rajoy, me parece otra manipulación de tomo y lomo.
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sábado, 2 de agosto de 2014
Tan gregarios y adocenados, que siempre creeremos a los nuestros...
Primero, un ejemplo personal. Un familiar muy cercano, enfermo de Alzheimer y demencia senil, al que le habían concedido en Febrero de 2011 una ayuda a la dependencia con efectos retroactivos desde 2009, falleció en Diciembre de 2012. ¿Y qué pasó con los atrasos desde 2009 hasta Febrero de 2011, periodo en el que su esposa se gastaba más de la mitad de su pensión mínima en cuidar de él en casa, en comprar una grúa para poder bañarlo y una cama especial para que pudiera descansar? Pues que la Junta decidió unilateralmente y le comunicó en la misma resolución administrativa en la que le concedía la ayuda, que se los pagaría en cinco cómodos plazos, el primero en Marzo 2012 y el último en Marzo 2016. A fecha de hoy, casi dos años después de su fallecimiento, no han pagado ni el plazo de 2012, ni el de 2013, ni el de 2014. Por si alguien anda mal de memoria, en Febrero de 2011, cuando decidieron pagar en cómodos plazos el derecho reconocido por ellos mismos, gobernaba en Andalucía y en España el PSOE. Y Rajoy aún no les había recortado 114 millones de euros en atención a la dependencia.
Y ahora, algunos datos objetivos. Como ya se ha dicho en multitud de ocasiones en este blog, el reparto de los recortes impuestos por el gobierno central a cada Comunidad Autónoma es decidido por cada Comunidad Autónoma. Cada vez que un gobierno autonómico, sea del color que sea, dice que tal o cual servicio público de su competencia funciona mal, o que da menos becas o que despide a médicos o profesores, o que sube las tasas universitarias porque se lo ha impuesto el gobierno central, simplemente miente. Y lo que es peor, aprovecha la lógica indignación ciudadana para conseguir votos echando mierda interesada al adversario político en lugar de asumir sus propias responsabilidades.
Ya lo hizo en su momento el señor Griñán con la mayor desvergüenza. Y también tuvimos que recordarle a la señora Mar Moreno que ellos eran los que decidían en qué recortar y en qué no. Y que habían decidido que no iban a recortar en Canal Sur -138 millones al año, más que los 114 millones que le faltan al señor Vázquez para dependencia-, ni en las actividades de "Dirección de la información y divulgación de la acción institucional de la Administración de la Junta de Andalucía y de la identidad corporativa" -otros 151 millones-, ni en el entramado de Agencias de la Junta, ni en su Administración paralela.
El gobierno central ha impuesto recortes, sí. Y lo ha hecho, además, aumentando el gasto público y la deuda, que ya tiene mérito la cosa. Pero las Comunidades Autónomas tienen poderes ejecutivos y legislativos propios, y sus propias leyes de presupuestos que se elaboran en sus Parlamentos. Y pueden decidir en qué recortar y en qué no para cuadrar las cuentas que les impone el gobierno de la nación.
¿Se imaginan ustedes a Susana Díaz anunciando que cierra o vende Canal Sur para, con lo ahorrado, dar más becas o pagar la deuda que mantiene con los dependientes andaluces? ¿Y a Diego Valderas cerrando la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo para dar de comer a tanto niño andaluz en riesgo de exclusión social como dicen que hay o llenar las bibliotecas de los colegios de libros para que los profesores puedan recomendar su lectura sin que la Consejería de Educación les riña?
No, no se lo imaginan. Pero, al menos, sepan ustedes que podrían hacerlo. Y que si no lo hacen es porque no quieren. Y porque tienen fácil hacernos creer que la culpa es del gobierno central, que la culpa siempre es del otro. Y porque saben que nosotros, tan gregarios y adocenados, siempre creeremos a pies juntillas a los nuestros.
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jueves, 31 de julio de 2014
Dime con quien andas...
Los vecinos estabamos convocados por varias organizaciones vecinales a asistir a dicho pleno con objeto de plantear a la alcaldesa diversas quejas por la situación del pueblo, en especial por el atraco que supone la zona azul en la inmensa mayoría de las calles. Y un servidor pensaba asistir.
Pues bien, justo un día antes, y seguramente ante el temor de la presión vecinal por la nefasta gestión del equipo de gobierno, la alcaldesa suspendió el pleno. El argumento, como pueden leer, consistió en que el día 30 de Julio -día previsto para el pleno-, la alcaldesa debía asistir a una reunión de "la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en dónde se incluyen diferente asuntos de gran interés para nuestro municipio" (sic).
Primero, porque la convocatoria de la Comisión Provincial se produjo el día 23 de Julio, teniendo por tanto conocimiento la alcaldesa de dicha reunión, pero no es hasta el día 29 de Julio, un día antes de la celebración del pleno en el Ayuntamiento y ante las informaciones de movilización vecinal que llegan a oídos de la alcaldesa, cuando se comunica la suspensión de dicho pleno.
Y segundo, porque en el orden del día de la reunión de la Comisión no existe ningún punto que afecte al pueblo de Isla Cristina, desmintiendo claramente el argumento de que en tal reunión se iban a tratar "asuntos de gran interés para el pueblo".
¿Y quién es esa alcaldesa de Isla Cristina tan transparente, tan demócrata, tan respetuosa con sus vecinos? Pues nada menos que la señora Mª Luisa Faneca Pérez, miembro de la recién estrenada Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español elegida por Pedro Sánchez.
¿Será esta la renovación del partido, las nuevas formas, la regeneración que nos vende el nuevo Secretario General del Partido Socialista...?
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miércoles, 30 de julio de 2014
A lo mejor...
Quizás sea porque en mi calle hace ya tiempo que no funciona ninguna farola. O porque ha hecho todo lo posible para que sus magníficas playas perdieran la bandera azul que ondeaba años atrás. O porque ha subido los impuestos locales -IBI, basuras, tratamiento de residuos...-, una barbaridad. O porque ha puesto casi todas las calles del pueblo como zona azul, incluidas las calles cercanas a mi vivienda que está a las afueras del pueblo, obligándome no sólo a pagar más de cien euros al mes por aparcar en la calle, sino también a levantarme a la hora de la siesta para pagar el ticket o mover de sitio el coche. O porque ahora mismo, a las cuatro y media de la tarde, acaba de pasar el servicio municipal de limpieza con esos sopladores de hojas motorizados y un camión barredor justo a escasos dos metros de la mismísima puerta de casa para despertarme de la siesta con el corazón en un puño.
No sé. A lo mejor es que me he vuelto muy susceptible y la alcaldesa no tiene nada contra mí ni contra quienes habíamos decidido considerar su pueblo como nuestro segundo hogar. A lo mejor son sólo cosas mías. A lo mejor...
En fin, voy a intentar continuar la siesta ahora que el del soplador y el barrendero mecanizado han vuelto a pasar por mi puerta por segunda, y espero que última, vez.
¡Ah, el pueblo se llama Isla Cristina...!
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¡Impresionante...!
¡Impresionante! Ahora sólo faltaría saber en qué datos se basa para hacer esas afirmaciones...
Respecto de que haya provocado la desprotección absoluta de los trabajadores, podríamos emplear varias fuentes para demostrar que no ha sido así. Por ejemplo, si el trabajador estuviera más desprotegido tras la reforma, las resoluciones dictadas por la Jurisdicción de lo Social habrían evolucionado hacia un mayor porcentaje de sentencias desestimatorias o en contra del trabajador a partir de 2012, pero resulta claro de los cuadros mostrados que no sólo no ha sido así, sino que ha sido justo al contrario.
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sábado, 26 de julio de 2014
El hombre que amó a Bambi...
Respuesta de Zapatero: Es que el indulto al señor Sáenz no tuvo nada que ver con un delito económico ni contra la administración pública, era por una denuncia falsa. Y conllevaba dejar el primer banco por una pena de tres meses. Entiendo la crítica, por ser un banquero y tal, y después de lo que ha pasado, igual no lo volvería a hacer. Pero no dimos ni un indulto en delitos económicos o contra la administración.
Claro. Sólo era una denuncia falsa que esa amable criaturita llamada Alfredo Sáenz presentó contra unos empresarios, a sabiendas de que era falsa, para presionarles con objeto de que pagaran una deuda. Y esos empresarios pasaron una temporadita en la cárcel siendo inocentes y sabiendo el señor Sáenz que lo eran. Pero vamos, que sólo era una denuncia falsa. ¿Y por tres meses de nada iba a tener que dejar el primer banco? Venga hombre, eso Bambi jamás lo habría permitido...
En fin, que deben parecerle al señor Zapatero mucho más graves los delitos económicos o contra la administración pública, que al fin y al cabo no dejan de ser delitos sobre bienes materiales, que los delitos que provocan la privación de libertad -uno de los derechos fundamentales contenidos en nuestra Carta Magna-, de un ciudadano que es inocente. Curiosas prioridades las del hombre que ama a Bambi.
¡Ah! Y antes de que se me olvide, aquí les dejo un botón de muestra. En Febrero de 2011 indultó a Juan Hormaechea, condenado por un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación.
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viernes, 25 de julio de 2014
De Guindos y otros frutales...
La verdad es que me sorprende que eso pueda ser motivo de alegría para cualquiera que desee un país con una fuerza laboral bien cualificada y productiva. Ya me sorprende menos que, visto su curriculum, quien se alegre sea el señor de Guindos.
Ya explicamos por aquí -¿por qué será que me repito tanto?-, cuando la que decía las tonterías era la señora Salgado, que una mejora en la cualificación de los trabajadores y, por tanto en su productividad, implica que sea necesario un mayor crecimiento del PIB para crear puestos de trabajo. Y también lo contrario, que en aquellos sectores muy intensivos en mano de obra, basta un pequeño crecimiento del PIB para que crezca el empleo. Lo cual es de una lógica aplastante para cualquiera que sepa sumar y multiplicar.
De la afirmación anterior se deduce fácilmente que cuando se crea rápidamente empleo con un crecimiento muy bajo de la economía, o es porque se está creando en sectores muy intensivos en mano de obra, que es el modelo productivo clásico de nuestro país y típico de los países en vías de desarrollo, o es porque los puestos de trabajo creados son a tiempo parcial, y como a la hora de contar puestos de trabajo sólo contamos cabezas, pues pasa lo que pasa, que si, por ejemplo, un trabajador a jornada completa se va al paro y se contratan dos trabajadores a media jornada, el resultado es que se ha creado un puesto de trabajo sin que haya crecido un euro la economía.
¿De cuál de las dos causas que hacen que crezca el empleo con crecimiento muy bajo del PIB se alegra este gobierno en general, y el señor de Guindos en particular?
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jueves, 24 de julio de 2014
De donde no hay... (LXV)
Como no contemplo la posibilidad de que mienta sobre datos tan fácilmente comprobables, sólo cabe concluir que el error es resultado de la ineptitud. De la suya, de la de sus asesores, o de la de ambos. Hagamos unos números rápidos echando un simple vistazo a la EPA publicada en la página web del INE.
Y ahora los datos andaluces. Número de ocupados en el último trimestre de 2013: 2,571 millones. Número de ocupados en el segundo trimestre de 2014: 2,630 millones. Puestos de trabajo creados en el primer semestre de 2014: 59.000.
Por tanto, de los 218.000 puestos de trabajo creados en el primer semestre, 59.000 se han creado en Andalucía, es decir, aproximadamente uno de cada cuatro. Repito, uno de cada cuatro.
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miércoles, 23 de julio de 2014
Dime de qué presumes...
Como dijo ayer Carlos Martínez Gorriarán en el Congreso de los Diputados, se trata de una ley demasiado conservadora e intervencionista que renuncia a adaptar la legislación al mundo real, y que pretende privilegiar y mantener modelos de negocio que han preferido no adaptarse.
En fin, ellos sabrán.
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martes, 22 de julio de 2014
El síndrome del nido vacío...
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lunes, 21 de julio de 2014
Inventando problemas a los que buscar solución
La mayor parte de los que están a favor de la renta básica son partidarios, no sólo de la existencia de un salario mínimo, sino de que ese salario mínimo sea lo más alto posible.
Como ya se ha comentado más de una vez por aquí y cualquier economista no ideologizado reconoce, la imposición de un salario mínimo, como la imposición de un precio mínimo de cualquier bien o servicio, reduce la cantidad de ese factor de produción, bien o servicio que se intercambia en el mercado. Y esa reducción es tanto mayor cuanto más alto es ese precio mínimo obligatorio, además de generar normalmente un mercado negro e ilegal que pone de manifiesto la incoherencia de esas imposiciones. No hace falta ser economista para concluir que si un empresario no es capaz de vender lo que produce un trabajador porque el consumidor -usted o yo-, no está dispuesto a pagarle el coste del trabajador y, en su caso, los materiales consumidos más un margen de beneficio, ese empresario no comercializará ese bien o servicio y ese puesto de trabajo no se creará.
La cuestión no tendría mayor importancia si ese trabajador pudiera optar a un puesto de trabajo más cualificado para producir bienes y servicios que el mercado sí esté dispuesto a comprar. Pero resulta que hay un sector de la población que, bien porque está muy poco o nada cualificado, bien porque su cualificación no es demandada en el mercado -insisto, el mercado somos todos los consumidores que decidimos qué compramos y qué no, qué empresa tiene éxito y cuál no-, sólo puede acceder a determinados trabajos de escaso valor añadido.
¿Qué hacemos con ese sector de la población condenada al paro porque el Estado ha decidido que no puede cobrar menos de un cierto salario?
Fíjense que los partidarios de la imposición de un salario mínimo, lo que dicen es que se prohíba a determinado tipo de trabajador acceder a un puesto de trabajo y al empresario crearlo. Dicho de otra forma, el Estado estaría impidiendo trabajar a esos trabajadores y, según dicen, por su propio bien. Pero además, como quienes propugnan la existencia de ese salario mínimo -y cuanto más alto mejor-, exigen simultáneamente una renta básica, la conclusión es que el mismo Estado que impide a alguien trabajar y obtener una renta básica, tendría la obligación de entregarle esa renta básica que no puede obtener porque ese Estado se lo impide. Todo muy racional, como pueden ver.
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domingo, 20 de julio de 2014
De la economía ideológica y otras manipulaciones
Parece que después de afirmar una y otra vez en sus numerosos artículos que el austericidio (sic) de este gobierno no era el camino -¡Qué alguien nos rescate del austericio...!, suplicaba hace apenas año y medio-, y de los datos oficiales de Contabilidad Nacional que desmentían una y otra vez esa austeridad, ahora resulta que la austeridad no ha sido tal, que ha sido sólo ideológica, que los únicos recortes se han producido en servicios sociales e inversión, y que la deuda, junto con el gasto público, no ha hecho más que incrementarse. ¡Coño, lo que algunos llevamos años denunciando con datos objetivos y públicos...!
Si acaso un matiz, y no menor, señor Sevilla. Los recortes no han sido ideológicos, sino defensivos. Todos, absolutamente todos los gobiernos -el nacional, los autonómicos y los locales-, y de todos los colores, han recortado en educación, sanidad e inversiones antes que en subvenciones políticas, burocracia y mantenimiento de su propio andamiaje institucional, léase mamandurrias. Y si no se lo creen, ahí va una muestra de un gobierno del mismo color que el del señor Sevilla y sus prioridades.
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Revolcándose sin pudor en las mierdas propias...
Según su propia Fundación -porque el señor Rodríguez Ibarra tiene una Fundación-, el ex presidente extremeño sigue poniendo la mano en el fuego por la ex alcaldesa de Plasencia, condenada por los delitos de fraude y prevaricación continuados.
Que todo un miembro del Consejo de Estado piense que se debe seguir confiando para representar a los ciudadanos en una persona condenada por fraude y prevaricación, es un claro síntoma, otro más, de la podredumbre moral e institucional que reina en nuestro país.
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sábado, 19 de julio de 2014
Del comunismo liberal y otras modernidades...
No obstante, resulta llamativo que actúe como un vulgar liberal y que, en lugar de donar su dinero al Estado para que éste decida por ella en qué gastarse su dinero, sea ella misma la que decida libremente en qué gastarlo. Eso sí, discretamente, con sonrisa satisfecha, foto y la prensa convocada.
Desde luego, no se puede negar que es noticia ver a un comunista desconfiar del Estado.
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jueves, 17 de julio de 2014
De donde no hay... (LXIV)
El método empleado se basa en un indicador europeo denominado AROPE, y que mide el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Cómo lo mide? Pues este indicador concluye que una persona está en riesgo cuando cumple una de tres condiciones. O cuando sus ingresos son inferiores a unos 650 € mensuales. O cuando sufre una carencia material severa, considerándose tal cuando carecen de al menos cuatro de los siguientes nueve indicadores: no tener retrasos en el alquiler; vivienda a temperatura adecuada en los meses fríos; hacer frente a gastos imprevistos; comida de carne, pollo o pescado cada dos días; irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; coche; lavadora; televisor en color; teléfono. O cuando viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo.
Resulta obvio que se trata de un indicador de riesgo relativo. Dicho de otra forma, una misma situación personal será considerada dentro o fuera del indicador dependiendo del nivel de renta mediana disponible del país en el que viva. También es obvio que se trata de un indicador para países ricos y que nada tiene que ver con el concepto de pobreza que cualquiera de nosotros tendría en mente. En cualquier caso, y al margen de la opinión que nos merezca ese indicador, admitamos que sea una forma razonable de medir el riesgo de pobreza en los países de nuestro entorno.
Si aplicamos ese criterio sobre la población total de cada Comunidad Autónoma, los porcentajes del fondo que corresponderían a cada una de ellas se muestran en la quinta y sexta columna de siguiente tabla (pulsar sobre ella para agrandar).
Pero entonces, ¿qué es lo que ha hecho la señora ministra? Ponderar el reparto en función del indicador y con independencia de la población. Así, le correspondería el mismo importe a una Comunidad con 100 habitantes que a otra con 10.000 habitantes si su indicador AROPE fuera igual, o el doble si el indicador es el doble. Pueden comprobarlo comparando lo que reciben dos Comunidades con un indicador similar o un indicador doble. ¿El sentido común? ¿Qué coño es eso?
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miércoles, 16 de julio de 2014
Adelantando por la izquierda...
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martes, 15 de julio de 2014
En dos semanas y media...
Lo que no sabía es que su jefe de campaña 2.0 había sido el famoso alcalde de Jun. Y que va a publicar un libro explicando el éxito de la campaña de Pedro Sánchez en las redes sociales en apenas dos semanas y media. Y dice que para saber cómo se consigue eso, habrá que comprar su libro. Conociendo al personaje, me quedaré en la ignorancia.
Por cierto, que leyendo la noticia, uno se queda con la sensación de que a los votantes nos toman directamente por gilipollas con eso de que usando las redes sociales y en dos semanas se pueden ganar unas elecciones. Aunque puede que no les falte razón.
En fin, que ya podría explicarle a su nuevo jefe que censurar comentarios para evitar dar explicaciones incómodas no forma parte de las buenas prácticas virtuales.
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viernes, 11 de julio de 2014
Del embudo y otras leyes...
Para centrar un poco la cuestión, reproduzcamos el art. 315 del CP:
1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.
2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.
3. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.
Y añaden que "las actuaciones fiscales tienen todos los ingredientes de una acción coordinada, con instrucciones desde la Fiscalía, acompañada de un proceso involutivo que se traduce en la criminalización del sindicalismo y en una durísima ofensiva penal contra el derecho de huelga. Un hecho grave y preocupante que no permite el desarrollo de una democracia plena y que pone en evidencia el recorte de derechos y libertades sociales que desde hace tiempo se está produciendo en nuestro país".
Quizás sea conveniente recordar que al artículo del que se quejan no se le ha cambiado una sola coma desde la promulgación del actual Código Penal por parte del señor González, a la sazón, presidente del gobierno allá por 1.995, Y que la ley es aplicada por el poder judicial. Y que a lo mejor el personal está ya hasta los huevos de los abusos de algunos sindicalistas que se cagan en las libertades ajenas en nombre de las propias.
Resulta comprensible que con estos planteamientos los sindicatos tengan cada vez menos credibilidad y prestigio. Ellos solitos se pegan tiros en los pies. Después se quejarán de campañas contra ellos y tal...
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De su propia medicina...
La comisión de delitos en la red siempre ha chocado con la dificultad de la prueba. Una página web que resulta ser una estafa, pero que cuando se denuncia ya ha desaparecido. Mensajes en cualquier red social que manipulan e incitan a menores a realizar determinadas conductas, pero que son borrados antes de poder demostrar su existencia...
Según recoge la noticia, desde el portal del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil es posible denunciar un delito cometido en la red y, simultáneamente, garantizar que cualquier modificación o borrado que el delicuente haga posteriormente no altere la prueba. Así, el denunciante puede enviar a un correo electrónico la dirección de la página, que quedará automáticamente capturada, guardada en formato PDF y remitida al ciudadano de forma gratuita.
Quedan ustedes informados. Después no digan que la red es una mierda, porque la red -o mejor, sus contenidos-, la hacemos entre todos. Entre quienes la usan para abusar o delinquir, sí, pero también entre quienes la usan para ser mejores e intentar mejorar a los demás, para divertir o divertirse, y estos últimos tienen, tenemos, la obligación de contribuir a que aquéllos lo tengan un poco más difícil.
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miércoles, 9 de julio de 2014
Oler, lo que se dice oler, huele que apesta...
Porque si de cinco partidos, uno obtiene el 21 por ciento de los votos y los demás menos, ¿es irreprochablemente democrático que gobierne aquél, si el 79 por ciento de los votantes no desean que lo haga? ¿O lo irreprochablemente democrático es que, cuando no ha habido mayoría absoluta, los votantes decidan en segunda vuelta ?
Cuestión bien distinta es que sea el momento oportuno, porque de esto ya hablábamos por aquí hace más de siete años. Tiempo ha habido, pero allí seguimos siete años después.
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De urgencias y cagadas...
Dice el art. 86 de nuestra Constitución que esta técnica de elaboración de leyes sólo es admisible en casos de extraordinaria y urgente necesidad, vetándola además para regular determinados asuntos. Esa previsión constitucional es razonable. Si el poder legislativo, nuestras Cortes, es quien debe producir las leyes, permitir que el poder ejecutivo las produzca sólo debiera estar permitido para determinados supuestos muy tasados.
El Real Decreto de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia que se aprobó en el último Consejo de Ministros contiene medidas tan urgentes como el establecimiento de un gravamen del 0,03% a los depósitos bancarios que, no lo duden, lo terminaremos pagando quienes tengamos algún ahorrillo en el banco. ¡Coño, una subida de impuestos...! Y además, con carácter retroactivo desde el 1 de Enero de 2014. Y uno se pregunta, ¿ésta es una medida para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia? ¿por qué es urgente si tiene carácter retroactivo desde el 1 de Enero? ¿Acaso no daría lo mismo aprobarlo el 31 de Diciembre?
Menos mal que Rajoy vino a regenerar la democracia...
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martes, 8 de julio de 2014
Pasados unos días...
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miércoles, 2 de julio de 2014
Hechos son amores...
¿Recuerdan lo que comentábamos ayer sobre la honradez intelectual de Pedro Sánchez? Pues echando otro vistazo a su blog de campaña, además de comprobar que ya quitaron el enlace al fichero para que nadie apreciase la contradicción, me topé con un comentario del administrador en el que justificaba la modificación del texto con un simple "hemos cambiado la redacción para evitar las malas interpretaciones".
Este comentario quedó pendiente de moderación por parte del administrador a las 21:05 de ayer, lo cual parece razonable. Pero vistas las cosas tan extrañas que ocurren en esa página, y ante la posibilidad de que el comentario fuera finalmente censurado, hice una captura de la imagen del momento de publicación del mismo.
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Ni un solo español...
Debe ser que cuando uno se acostumbra a mentir, a no decir lo que piensa, termina por no pensar lo que dice. Manipular sobre asuntos opinables es relativamente cómodo porque siempre se podrá decir que es una cuestion de perspectiva. Pero mentir sobre asuntos absolutamente objetivos y comprobables es de estúpidos. O de gente que se sabe por encima del bien y del mal. Comprobemos la afirmación del presidente.
Cuando en 2015 haga la declaración de la renta correspondiente a 2014, arrojará el resultado que se refleja a continuación. Obviaremos las deducciones en los cálculos por simplicidad, aunque el resultado no variaría sustancialmente si las contemplásemos y, en cualquier caso, lo haría en perjuicio del contribuyente.
- Por la base liquidable general de 60.000 euros pagaría 20.231,19 €.
- Por la ganancia patrimonial procedente de la venta de la vivienda no tendría que tributar, pues al haberla adquirido en 1.986, esa ganancia patrimonial sería cero aplicando los coeficientes de actualización y abatimiento en vigor. Estos coeficientes pretenden eliminar el efecto de la inflación a lo largo de los años y que el contribuyente no tribute por ganancias ficticias resultado de una variación nominal y no real del patrimonio.
- Por los dividendos recibidos de la acciones no deberá tributar, pues los primeros 1.500 euros recibidos están exentos.
- Por el salario en especie que supone la entrega de acciones por parte de la empresa tampoco deberá tributar, pues hasta los 12.000 euros están exentos siempre que se mantengan al menos durante tres años.
Si aplicáramos a este mismo ejemplo el anteproyecto de ley, los cálculos serían los siguientes:
- Dado que se ha eliminado la exención de tributación de la entrega de acciones al trabajador, la base liquidable pasaría de 60.000 euros a 69.000 euros, al tener que contabilizar dicha entrega de acciones como rendimiento del trabajo. La cuota que correspondería a esa base liquidable asciende a 23.545 €.
- Por la ganancia patrimonial procedente de la venta de la vivienda deberá tributar, pues la reforma elimina los coeficientes de actualización y abatimiento. Así, el importe de esa ganancia, que se integra en la base del ahorro, ascendería a 62.000 euros, correspondiéndole una cuota de 13.760 €.
- Por los dividendos recibidos de la acciones deberá tributar, pues se ha eliminado la exención de los primeros 1.500 euros. Dado que este importe viene a incrementar la base del ahorro calculada en el punto anterior, tributará por el tipo marginal resultando una cuota de 240 €.
Sumando todos lo conceptos, la cuota ascendería a 37.545 €. Comparando lo que pagaría ese contribuyente antes de la reforma -20.231,19 €-, y después de la reforma, queda meridianamente claro que el presidente miente.
Alguien podría pensar que he elegido a un contribuyente con las condiciones necesarias para que mi tesis se corrobore. En primer lugar, aunque así fuera, lo cierto es que es una situación perfectamente posible y, por tanto, suficiente para que la rotunda afirmación del presidente quede desmentida. En segundo lugar, he elegido este supuesto porque me permite ilustrar fácilmente las modificaciones más importantes realizadas en el anteproyecto, y no sólo las que se ha encargado de airear el gobierno porque favorecen al contribuyente. Y en tercer lugar, existen realmente muchos contribuyentes que tienen sus pequeños ahorros en acciones, que perciben una parte de su salario en especie o que generan ganancias patrimoniales por venta de parte de su patrimonio. Porque si no existiera ese perfil de contribuyente, ¿para qué iban a realizar esas modificaciones en la ley?
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martes, 1 de julio de 2014
Por un puñado de votos...
"No tiene sentido que mientras una persona mayor sin recursos no tiene garantizada una endodoncia en la Seguridad Social, un ciudadano con seguro privado pueda hacerlo cuando quiera operándose en un hospital público. No tiene sentido que un estudiante universitario cuya familia tiene rentas superiores al millón de euros pague lo mismo en la Universidad Pública que una familia con rentas de 30.000 euros. Debemos introducir racionalidad en la prestación de los servicios de salud y educación introduciendo nuevos criterios de ciudadanía a quienes no puedan sufragarlos. Mi compromiso consiste en ajustar la prestación de los servicios sociales básicos en función de la renta de cada ciudadano, siguiendo el modelo de algunos países avanzados."
En román paladino, su propuesta consiste en que para poder recibir los servicios sociales básicos que ya pagamos entre todos -unos más que otros, como ya sabemos-, habrá que pagar. Más quienes más renta tengan. Más quienes más pagan para que no paguen los que menos renta tienen. Vamos, un copago modulado por la renta.
Bueno, cada cual tendrá su opinión al respecto. Pero no era exactamente sobre ese debate sobre el que hoy quería llamar la atención, sino sobre el hecho, que para la mayoría habrá pasado desapercibido, de que esta mañana, ese punto cuatro de su decálogo había sido sustituido por este otro:
"Debemos garantizar en primer lugar que los servicios básicos del Estado de bienestar sean universales y gratuitos para todos los ciudadanos. Pero, además, debemos avanzar en la prestación de nuevos servicios hasta ahora no incluidos y en la atención de los nuevos riesgos sociales. Es necesario eliminar los copagos y extender por ejemplo las coberturas en materia de salud y educación infantil. Por eso debemos introducir racionalidad en la prestación de los servicios públicos y aumentar los recursos destinados a sostener el Estado de bienestar, de manera que podamos ampliar el catálogo de prestaciones gratuitas a aquellos que no puedan sufragarlas y atender las nuevas necesidades surgidas como consecuencia de la crisis, la inmigración, las nuevas estructuras familiares o el envejecimiento."
Como se puede leer, consiste en una propuesta radicalmente opuesta a la inicial. Claro, que alguno podrá pensar que como no se puede comprobar lo que se decía en la página web antes del cambio, puedo estar manipulándolo. Si piensan eso tienen varias opciones.
La primera, ir al final de la página web de Pedro Sánchez, y del enlace que hay justo debajo de su firma, bajarse en formato PDF el decálogo. A esta hora todavía contiene el texto original.
La segunda, como yo ya me lo he bajado antes de que lo modifiquen, descargárselo de aquí. Les prometo que no lo he manipulado.
La tercera, comprobar en la caché de Google lo que había en esa página antes de su modificación. Esta opción dejará de mostrar la información antigua cuando se actualice la caché de Google, pero mientras tanto, conservará la información antigua de la página. Si usan el navegdor Firefox pueden hacerlo usando este enlace.
Y ahora que ya están convencidos de que no ha existido manipulación por mi parte, saquen ustedes sus propias conclusiones sobre la consistencia y honradez intelectual del candidato Pedro Sánchez. Consistencia y honradez intelectual que, por cierto, no es muy distinta de la de la mayoría de nuestros políticos.
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En la redacción actual se dice “Debemos garantizar en primer lugar que los servicios básicos del Estado de bienestar sean universales y gratuitos para todos los ciudadanos [...] Es necesario eliminar los copagos…”
Creo que hay un cambio radical de criterio y sería bueno que se explicase. No parece serio despacharlo con un “Hemos cambiado la redacción para evitar las malas interpretaciones”
Saludos"