Si tú eres tú y yo soy yo, ¿quién es más tonto de los dos?

El Consejo Audiovisual Andaluz ha elevado a la fiscalía un informe por si lo que hacen los videntes en televisión pudiera ser constitutivo de un delito de estafa. Dejando al margen la cuestión de su emisión en horario infantil, que debe ser perseguida con contundencia -con una multa equivalente a los ingresos obtenidos durante un periodo y cerrando el canal ipso facto si se reincide, por ejemplo-, me sigue llamando la atención la vocación de pater familias de la que constantemente hace gala el Estado con la anuencia y hasta el aplauso de los ciudadanos.

En nuestro país, que en pleno siglo XXI alguien pueda considerar que una persona adulta que tiene acceso a un teléfono y a un televisor está siendo estafada cuando decide libremente llamar a la bruja Lola, sólo puede ser el resultado del entontecimiento colectivo. Aunque otra solución sería que alguien repartiera carnés de adultos responsables y que, quienes no pasen el examen, sólo puedan ver la tele en horario infantil. Claro, que no sé yo si ver la tele en horario infantil -y casi en cualquier horario-, iba a ser la solución para salir de ese atontamiento.

Otra vez. Y ya van...

"El líder de Unió Democràtica (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, se mostró ayer dispuesto a dimitir de su cargo si al final se demuestra que su partido se financió de forma irregular a través de los fondos de formación ocupacional." (El País, 22 de Noviembre de 2000)

"Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha consignado esta mañana 388.000 euros en los juzgados para hacer frente a las indemnizaciones por el caso Pallerols, de financiación irregular del partido democristiano. El caso se ha saldado hoy con un acuerdo entre la fiscalía y las defensas de los seis acusados, entre excargos de la Generalitat y de Unió. El pacto implica el reconocimiento de los hechos por los acusados, es decir, que se desviaron fondos de las subvenciones destinadas a formación de parados a las arcas del partido." (El País, 8 de Enero de 2013)

De todas formas, casi mejor que el gobierno haya ordenado al Ministro de Justicia que ordene al Fiscal General del Estado que le ordene al fiscal del caso que lleguen a un acuerdo, porque total, si son condenados, después se les indulta y encima no devuelven ni un pavo.

En fin, que tan corruptos son los corruptos como los que, por acción u omisión, amparan a los corruptos, empezando por el señor Rajoy. Después se quejarán de que las generalizaciones son injustas pero, ¿qué están haciendo los políticos que se lamentan amargamente de que los metamos a todos en el mismo saco para eliminar la corrupción? ¡Premio! O miran para otro lado o, cuando ya es demasiado evidente, dan órdenes a la fiscalía o los indultan.

La verdad es que no sé ni para qué pierdo el tiempo en escribir estas cosas... otra vez.

Dicen que la cosa va por barrios...

Fuente: El País

¿Qué les van a contestar a los vecinos de Pedralbes cuando se quejen de que su balanza fiscal es negativa respecto de los vecinos de Can Peguera?

De funcionarios y otras disfunciones

Una de las razones principales por la que se implantó a lo largo del XIX un modelo de función pública que implicaba un funcionariado inamovible, fue su capacidad para neutralizar políticamente a la Administración frente al riesgo de apropiación por los partidos. La burocracia profesional, políticamente neutra y basada en los principios de mérito y capacidad para asegurar la selección de los mejores, se mantenía así a salvo de las luchas políticas, evitando que los empleos públicos fueran la moneda con la que los ganadores de las elecciones recompensaban a los suyos en cada cambio de gobierno.

Los loables objetivos que perseguía la instauración de un modelo de función pública -eficiencia y neutralidad política de la administración-, se han ido desvirtuando con el paso del tiempo. La hipertrofia del Estado mediante la prestación directa de servicios que también son provistos, o pueden serlo, por el sector privado, la creación de numerosas empresas y organismos públicos en los que colocar arbitraria y discrecionalmente a los simpatizantes o militantes del partido que sustenta al gobierno de turno, el nepotismo y, en definitiva, el resurgimiento de todos los males que el sistema de función pública pretendía evitar, deberían invitar a una seria reflexión sobre cuál debiera ser el alcance de la función pública.

Parece evidente que determinados servicios -Hacienda, Defensa y Policía, Justicia, los mecanismos de control e inspección de los servicios públicos fundamentales como Sanidad y Educación...-, deberían ser prestados por funcionarios de carrera. Pero, ¿por qué el chófer del alcalde o los jardineros deberían ser funcionarios? ¿Y los maestros, los profesores o el personal sanitario? ¿Y qué hay del más del millón de empleados públicos que no son funcionarios o del casi medio millón adicional existente en empresas públicas y similares?

Que un determinado servicio deba ser público, universal y gratuito no quiere decir que deba ser prestado directamente por funcionarios, sino que debe ser financiado, controlado y fiscalizado por el Estado, por los impuestos de todos los ciudadanos. ¿Para cuándo una verdadera reforma de la función pública para recuperar su razón de ser original, señor Rajoy? ¿Y cuándo el Estado va a dejar de ejercer de mediocre empresario?

Algunos dirán que enviar al paro a más de un millón de empleados públicos sería una barbaridad. Comprobémoslo. Si el Estado dejara de realizar directamente los servicios que actualmente realizan esos empleados, y esos servicios fueran necesarios para el correcto funcionamiento del sector público, éste debería adquirirlos en el mercado, y la inmensa mayoría de esos trabajadores se recolocarían en el sector privado que debiera prestarlos. En cambio, si esas tareas fueran superfluas e innecesarias para el funcionamiento del Estado, significaría que con nuestros impuestos habríamos estado subvencionando a más de un millón de trabajadores, quitando el dinero a unos ciudadanos -los que pagamos impuestos-, para dárselo a otros que no aportan nada, y empobreciendo de paso al país, pero también significaría que podría devolverse a los ciudadanos el dinero con el que se pagaban esos salarios, se incrementaría el consumo o la inversión -y por ende, la demanda y la riqueza-, y se generarían nuevos puestos de trabajo para absorber a buena parte de esos trabajadores despedidos. En cualquiera de los dos supuestos, esos trabajadores no se quedarían en el paro, y el resultado sería una sector público más sano y un país más rico. Pero esto ya lo explicaba, y mucho mejor que yo, Frédéric Bastiat allá por el siglo XIX.

Dios los cría...

Ni un rato ha estado Rato en el paro. Su amigo del alma, el que lo puso al frente de Telefónica cuando era ministro a pesar de que ya había estafado a accionistas en Tabacalera, necesitaba un sueldecito, y ahí estaba Alierta para darle un carguito.

No ha esperado ni a que se despeje su situación judicial como imputado en el caso Bankia, que no creo yo que la cosa fuera tan apremiante. Les pierde la prepotencia. Claro, que después de lo de Urdangarín y de su propia experiencia, tener a un imputado en el Consejo Asesor de la multinacional es una minucia para César Alierta. Para chulo él. Y con la que está cayendo. Con dos cojones.

A ver si va a ser verdad que la mujer de César no sólo parece una puta, sino que lo es. Y quede claro que sólo estoy parafraseando a Cayo Julio César, no se me vayan por lo literal que les conozco...

Ya sé que soy un pesado, pero si no insisto, reviento...

Según un informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, las subvenciones al sector de los servicios de radio y televisión ascendieron en 2008 a 1.268 millones, en 2009 a 1.430 millones, en 2010 a 2.264 millones y en 2011 a 2.334 millones, ¡más de 388.000 millones de pesetas! Lamento decirlo -por aquello de no parecer un sectario-, pero esto lo hizo Zapatero mientras recortaba las pensiones. Con dos cojones.

Y ya veremos dentro de unos meses a cuánto ha ascendido el derroche en televisiones públicas durante 2012, con el PP en el gobierno de España y de la mayoría de las Comunidades Autónomas. Estaremos atentos al más que probable atentado al sentido común. ¡Que a estas alturas aún haya quienes no tengan claras las prioridades...!

¿Cuántas becas se podrían pagar con ese dinero? ¿Y cuántas ayudas a la dependencia? ¿Y cuántas pensiones? ¿Y cuántas...? Pues eso.

¿Brotes verdes o rubia de brote? Ya veremos...

Sin duda ha sido el mejor diciembre. Claro, que cuando se está tan mal, es complicado empeorar. Pero no imposible. En todo caso, alegrémonos. De momento.

¿Que por qué este país se está yendo al carajo? Para muestra un botón...

Cuando leí esta noticia me pareció tan increíble -la nómina de conductores y peones en Lipasam, no la noticia-, que me puse a buscar información. Primero se me ocurrió acudir a la página de Lipasam, la empresa municipal de limpieza de Sevilla, para ver su memoria anual. No existe memoria económica desde 2006, aunque de las páginas 12 y 17 de la memoria de RSC de 2011 pude extraer algún dato que servía para mi propósito: la pantilla media de 2011 fue de 1.571 trabajadores y la partida de personal ascendió a 67,6 millones de euros.

Con una simple división se concluye que el coste laboral medio anual por trabajador -incluyendo por tanto las cargas sociales-, ascendió a unos 43.000 euros. Si estimamos que las cargas sociales pueden suponer aproximadamente un 34% del coste salarial, el salario medio bruto por trabajador ascendió a unos 32.100 euros.

Aunque la cifra se aproxima bastante a la ofrecida en la noticia por el político de turno -en la que no se matizaba si los 30.885 euros incluían o no cargas sociales, aunque intuyo que sí-, quise echar un vistazo al Convenio Colectivo de Lipasam. Y es realmente alucinante.

Por ejemplo, haciendo algunos números para un peón -la categoría más baja-, recién incorporado a la empresa, sin antigüedad, sin prima de compensación de festivos, sin prima de prolongación, sin prima de rotación, sin premio extraordinario, sin plus nocturno, sin ayuda escolar y sin ayuda a familiares discapacitados -sí, créanselo, todo esto y algo más son los complementos de un trabajador normal en la empresa-, el salario bruto anual arroja un importe medio de 19.024 euros, unos 25.500 euros incluyendo cargas sociales. Y además, con una jornada laboral anual de 1.582 horas -la habitual en el sector privado es de unas 1.770-, 30 días laborales de vacaciones -lo habitual son 22-, 25 días naturales por boda, a disfrutar incluso con antelación -lo normal son 15 y a partir del día de la boda-, caseta en la Feria de Abril, complemento al 100% del salario en las bajas por enfermedad y otras nimiedades. Leánse, leánse el convenio colectivo y alucinen.

Todo un ejemplo, otro más, de buena gestión pública de los dineros de los ciudadanos. Y todo esto en un país que desde 2008 ha creado 100.000 puestos de trabajo en el sector público y ha destruido más de tres millones de puestos de trabajo en el sector privado. Y en el que el salario bruto medio anual para un peón -ocupación elemental lo denomina la Encuesta de Estructura Salarial del INE-, en el sector público es de 17.886 euros y en el sector privado de 13.276 euros.

Con estos datos, ¿alguien puede dudar de que el sector privado es más productivo que el sector público, aunque sólo sea porque trabajan más horas y cobran menos?

¡Qué jartura, padre cura...!

¿Que una empresa decide cobrar a cada aspirante a ser contratado una cantidad determinada de dinero? Allá que va el Estado y le abre un expediente informativo. Si uno quisiera ser un poco demagógico, haría cuentas de cuánto nos cuesta a cada uno de los que pagamos impuestos el proceso de selección de cada aspirante a trabajador que se apunta a las oficinas de empleo. Y de cuánto nos cuesta cada puesto de trabajo encontrado a través de ellas.

Pero como uno intenta huir de la demagogia siempre que puede, me conformaré con preguntarme qué coño le importa a la Junta de Andalucía si una empresa privada cobra o paga por leer el curriculum de un candidato. Si esa empresa -y sus propietarios, que son quienes se juegan los cuartos-, ha decidido que prefiere dejar fuera del proceso de selección a quienes no tengan el dinero, aunque estén más capacitados para el puesto, es su problema. 

 

¿Que suena mal intentar cobrar por una entrevista de trabajo en los tiempos que corren? Pues sí, pero el Estado no está -o no debiera estar-, para regular la ética de cada cual, sino para hacer cumplir las leyes e inmiscuirse lo menos posible en las libertades individuales. ¿Que abrirle un expediente a esa empresa aporta a la Junta de Andalucía un aparente barniz ético del que anda muy escasa? Pues también, porque después de robar parte del dinero de los parados para gastarlo en falsos ERE, ya me dirán ustedes qué lecciones puede darle a esta empresa privada que, además, no se esconde para ejercer su libertad y a la que, con toda seguridad, el libre mercado -si es que tal cosa existiera-, pondría automáticamente en su sitio, sea cual sea ése.

Un poquito de caña para empezar el año...

¿Recuerdan esta odisea? Pues diez días antes, en concreto el 16 de Noviembre, había puesto en marcha la contratación con una nueva operadora. A partir de ese momento comenzó el proceso de portabilidad, y unos 3 ó 4 días después Telefónica, operadora con quien tenía contratada hasta ese momento únicamente la línea física, recibió la solicitud de mi nueva operadora.

Como buen monopolio que es -no, no se me ha olvidado el ex-, y estando dirigido por un choricillo de cuello blanco que apenas sabe vocalizar sus diarreas mentales, nada bueno cabe esperar de su compromiso con los clientes. Nada nuevo bajo el sol de las operadoras de telecomunicaciones. 

Además, Telefónica tiene la fea costumbre de facturar el servicio de línea de dos en dos meses por adelantado, y con una celeridad que ya quisiéramos para nosotros, sus clientes, cuando de solucionarnos problemas se trata. Tal es la celeridad, que el importe ya está cargado en cuenta exactamente el mismo día en que empieza el periodo a facturar, lo que permite intuir que la factura está elaborada y enviada al banco muchos días antes de que comience ese periodo. Bonita forma de que sus clientes le financiemos su tesorería...

Pues bien, el día 22 de Noviembre se carga en cuenta el importe del periodo que termina el 21 de Enero de 2013, a pesar de que ya habían recibido de mi nueva operadora la solicitud de portabilidad y de saber que no va a prestarme ya ese servicio. En todo caso, entiendo que en una empresa tan grande, donde los procesos están tan mecanizados -tanto, que son incapaces de poner sentido común en ellos, como luego veremos-, existe una cierta inercia que impide que el elefante mueva el culo -sobre todo si esa inercia les favorece-, por lo que me pareció razonable esperar unos días a que hicieran el abono del importe indebidamente cobrado.

El 10 de Diciembre, transcurrido ya un tiempo más que prudencial para que el elefante se hubiera movido, y teniendo en cuenta que desde el 26 de Noviembre ya tenía servicio con mi nueva operadora, decido hacer una reclamación por escrito solicitando la devolución del importe correspondiente al servicio no prestado, que va desde el 26 de Noviembre hasta el 21 de Enero de 2013. Me acusan recibo de la reclamación y me asignan un numerito.

Ni puñetero caso, así que el 13 de Diciembre vuelvo a reclamar por escrito -otro acuse de recibo y otro numerito-, informándoles de que si en 48 horas no han realizado el abono, daré orden al banco de que devuelva el recibo completo. Como era de esperar, el elefante ni se inmutó ante la hormiguita y ofreció la callada por respuesta. Como lo prometido es deuda, el 15 de Diciembre devuelvo el recibo.

Silencio administrativo. Sin noticias, hasta que el 27 de Diciembre recibo una carta -por correo postal, nada de correo electrónico, que para eso es una empresa tecnológica-, que por supuesto no hace referencia alguna a las dos reclamaciones realizadas, informándome de que el recibo ha sido devuelto -¡como si yo no lo supiera...!-, y de que debo pagarlo, so pena de tener que pagar gastos de gestión de cobro y amenaza de comunicar el impago a las entidades dedicadas a la prestación de servicios de información sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, bonito eufemismo para referirse a las empresas que gestionan los conocidos registros de impagados.

Ese mismo día, nueva reclamación por escrito -y nuevo acuse de recibo con numerito-, en la que, con toda la elegancia de la que soy capaz, les insinúo que son un poco inútiles, les informo de que no pienso pagar ninguna factura que no corresponda a servicios efectivamente prestados y que, si quieren cobrar, que me envíen una factura correcta y el número de cuenta en la que hacer el ingreso de la misma. Bueno, también les informo de que me reservo el derecho a emprender las acciones legales oportunas en el caso de que procedan a comunicar a cualquier registro de impagados la devolución de una factura incorrecta.

¡Y justo al día siguiente recibo una respuesta por correo electrónico, haciendo referencia a las tres reclamaciones! Pero no se alegren, no. Después de un arranque ciertamente prometedor -"...tras leer su escrito, le pido disculpas en nombre de la compañía y en el mío propio por la falta de información proporcionada..."-, la misiva continúa con un "...al estar la factura devuelta, antes de que se le realice el abono tendrá usted que abonar la factura pendiente...", y finaliza de esta guisa: "...su opinión es importante para nosotros ya que nos ayuda a mejorar. Le agradeceríamos dedique un minuto a rellenar la encuesta de satisfacción que le mencionamos a continuación". Se podrán imaginar en los términos en los que contesté a la encuesta. ¿A quién se le ocurre adjuntar al final de un correo que va a cabrear a un cliente una invitación a cumplimentar una encuesta de satisfacción? Y todo esto un 28 de Diciembre.

Increíble, ¿no? O sea, están 20 días fraudulentamente con mi dinero en su cuenta, hacen caso omiso de dos reclamaciones previas a la devolución de la factura en las que le solicito que realicen el abono, y ahora me dicen que, para hacerme el abono, primero debo pagar la factura que devolví.

Obviamente les respondí que no pensaba pagarla y que, cuando quisieran, me enviaran la factura correcta y el número de cuenta para hacer el ingreso. O que me hicieran ellos primero el abono, que ya después, cuando me acordase, les pagaba yo la factura, que en definitiva era lo mismo que ellos me estaban pidiendo a mí. Pero no. Volvieron a contestarme diciéndome que no era posible anular la factura incorrecta y hacer otra correcta -éste, insistir a conciencia en las cosas mal hechas y no plantearse siquiera cambiarlas, es el mal endémico de nuestro país-, y que la única forma de resolver el problema es que la pagara y que posteriormente ellos me harían el abono. Tampoco me dijeron cuándo me harían ese abono, aunque intuyo la fecha: cuando les saliera de los huevos.

Bueno, pues no sé qué harán ellos finalmente, pero yo sí sé lo que voy a hacer: esperar sentado la factura correcta y, si la recibo, pagarla. Y sí, ya sé que estas cosas le habrán pasado, y le seguirán pasando, a mucha gente. Lo que no sé es si toda esa gente está dispuesta a complicarse un poquito la vida -y contarlo públicamente-, para que no le tomen el pelo, y así, que al siguiente ciudadano le resulte algo más fácil exigir sus derechos. O mejor, que ni siquiera tenga que exigirlos porque ya no sean vulnerados.

¡Ah, y feliz año a todos...!

Continuará... Supongo.

Poniendo el cazo... por si acaso

Si a usted no le gustan sus principios:

"Las economías con presupuestos equilibrados, impuestos reducidos, gasto público racionalizado y regidas por el principio de mínima intervención pública producen mejores resultados sociales y son más respetuosas con las libertades individuales." (Principios políticos de FAES)

...no se preocupen, a ellos tampoco:

"Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las subvenciones a fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales, para funcionamiento y actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, correspondientes a 2012  [...]  FAES FUNDACION PARA EL ANALISIS Y LOS ESTUDIOS SOCIALES, IMPORTE: 1.188.071,00 €" (BOE nº 306 de 21 de Diciembre de 2012)


Del dicho liberal a la mamandurria de hecho, sólo media un trecho: el que va de la coherencia a la prostitución intelectual. Que una cosa es predicar y otra dar trigo... Y así nos va.

Que no, que no es una inocentada, que sólo es otra sinvergonzonería más

Cuatrocientos catorce millones de euros. Sesenta y nueve mil millones de pesetas. Ésa es la cifra que el gobierno andaluz se ha comprometido a gastar en los próximos tres años en Canal Sur. Que después será la que tenga que ser para cuadrar las cuentas, la que haga falta para que "la Nostra" siga siendo.

Da igual que se recorte en dependencia, en sanidad o en educación porque, dicen, eso viene impuesto desde Moncloa. Que la culpa siempre es del otro. ¿Despertará algún día este pueblo al que algunos aduladores llaman sabio interesada e inmerecidamente?

Ya saben aquello que dicen de que cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Aunque también dicen que el amor es ciego... y tonto.

Por si alguien anda despistado...

"El Servicio Andaluz de Salud cuenta con 29 centros hospitalarios (10 de ellos, se encuentran integrados en las correspondientes Áreas de Gestión Sanitaria), distribuidos por toda la geografía andaluza. Los restantes 19 hospitales públicos del SSPA son cuatro centros hospitalarios gestionados por Empresas Públicas (H. Costa del Sol, H. Poniente, H. Montilla, H. Andujar); una red de Centros Hospitalarios de Alta Resolución (13 centros en 2011) en los que se realiza cirugía mayor ambulatoria, con aplicación de técnicas poco invasivas, y consultas por acto único que posibilitan que en una misma visita se le practiquen al paciente las pruebas necesarias y se le prescriba el tratamiento adecuado; un hospital psiquiátrico penitenciario; y un hospital Consorcio Sanitario Público (H. Bormujos - Aljarafe). A ello habría que añadir además los recursos ligados a los conciertos suscritos por la Consejería de Salud con 17 centros hospitalarios concertados, pertenecientes a distintas entidades privadas, para determinados servicios especializados, de carácter complementario a los servicios prestados por los centros hospitalarios de titularidad pública." (Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía)

Al margen de la patética redacción del párrafo -y de la página en general-, queda claro, si no mienten, que en Andalucía hay 29 centros hospitalarios públicos. También queda claro que existe un Consorcio Sanitario Público -en román paladino, un hospital de gestión privada pagado con recursos públicos, y a sus memorias económicas me remito-, y conciertos con otros 17 centros hospitalarios pertenecientes a distintas entidades privadas.

"Mientras sea presidente, la sanidad será pública, gratuita y al alcance de todos. Esas decisiones no las vamos a tomar nunca" (El señor Griñán, presidente andaluz y del PSOE, hace unos días)

Por lo que se ve, el PSOE sí considera -y yo también-, que la sanidad privada pagada con recursos públicos es sanidad pública, gratuita y al alcance de todos. Pero sólo si es en Andalucía, claro.

Por si alguien anda despistado...

De donde no hay... (XLIV)

Y Gallardón terminó de politizar definitivamente el CGPJ, hurtando a los jueces la ya de por sí escasa participación de éstos en la elección de su propio órgano de gobierno, el que decide, por ejemplo, quiénes llegan a presidentes de los altos tribunales o de las audiencias, o el que impone sanciones a los jueces. Así, los veinte vocales del CGPJ serán elegidos a partir de ahora por las Cortes, es decir, por PP y PSOE ¡A ver qué juez es el guapo que le toca las pelotas al PP o al PSOE si quiere llegar a ser algo en la carrera judicial...!

"Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías." (PP dixit, página 179 de su Panfleto Electoral, capítulo "Una democracia ejemplar", ¡con dos cojones!)

Y no, no es un incumplimiento más. Que se esté equivocando gravemente en las medidas económicas que está adoptando y en las prioridades de los recortes, aunque a mí me parezca evidente, entra dentro del terreno de lo opinable, sobre todo teniendo en cuenta que el país que ha heredado está hecho unos zorros, algo, por otra parte, a lo que también contribuyó el PP en algunas de la Cominudades Autónomas donde gobernaba. Pero que incumpla promesas que no están condicionadas por la situación económica, que son pura voluntad política, sólo tiene una explicación: a Rajoy tampoco le importa el interés público, sólo el poder por el poder.

Ya apuntaba maneras en su primer Consejo de Ministros. Algunos ya habíamos visto al burro esquinao asomando el hocico a los pocos días de su llegada al poder. Y a los pocos meses daba ya pruebas inequívocas de su concepto de regeneración democrática. Pero, con ser grave que tengamos a un inepto mentiroso en la presidencia del gobierno, lo verdaderamente catastrófico es que no exista alternativa creíble entre nuestra mediocre clase política.

Y si no queda satisfecho... le cobramos de nuevo

Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2011 el 64% de los recursos de apelación en la jurisdicción civil confirmaron la sentencia de primera instancia. O sea, que el 36% de las sentencias recurridas fueron revocadas total o parcialmente.

Si el ministro Gallardón quiere desincentivar que los ciudadanos recurran las sentencias, mejor haría en trabajar para que las sentencias en primera instancia sean de mayor calidad -que una de cada tres sentencias recurridas cambie el sentido de la misma no es precisamente un buen indicador de calidad-, que en implantar tasas para castigar a los que recurren. Una buena tasa de confirmación de sentencias en primera instancia es el mejor desincentivo a recurrir sentencias. Solucionar el fondo de los problemas suele ser más complicado que implantar mecanismos disuasorios del uso de los servicios públicos que no funcionan bien. También es más profesional, eficaz y eficiente, pero ¿para qué complicarse la vida si se puede solucionar con un tributo?

Dudas existenciales (XXXIV)

Si el gobierno quiere publicar una lista con los defraudadores es porque los tiene identificados. Y si los tiene identificados, ¿por qué no les cobra lo defraudado? Y si no tienen dinero para pagar, ¿por qué no les embarga sus bienes? Y si tampoco tienen bienes, ¿por qué no los mete en la cárcel? Y además -pero no en lugar de-, que publique sus nombres.

Qué más da, que da lo mismo, que igual da...

Tampoco es que se pueda esperar mucho de las Directivas europeas en favor de la libre competencia, sobre todo después de ver cómo se las gasta con la Política Agrícola Común y similares, o con los vaivenes de las ayudas a la industria, o a la banca, o a todo lo que se menea según sople el viento.

Algo parecido ocurre con el tan manoseado principio de igualdad en general, y de igualdad de sexo en particular, que no de género. Hombres y mujeres debemos ser iguales. Por cojones. Le pese a quien le pese. Y no hablamos de igualdad en la ley y en la aplicación de la ley, de derechos y obligaciones. No. Hablamos de igualar lo diferente.

Y puestos a igualar, igualemos aunque perjudique a la mujer. Que ya no se trata de discriminarla positivamente, de intentar compensar los injustos desequilibrios sociales de partida que han sufrido y sufren, algo razonable y de justicia en lo que, afortunadamente, se ha avanzado una barbaridad. No. Ahora se trata de cometer con las mujeres la misma injusticia que hasta ahora se estaban cometiendo en algunos casos con los hombres en nombre de un exagerado, perverso y malentendido principio de igualdad.

Conforme a una sentencia de Marzo de 2011 del Tribunal de Justicia europeo, desde el 21 de Diciembre de 2012 las compañías aseguradoras no podrán usar el sexo de la persona como factor actuarial -o sea, como una de las circunstancias que se tienen en cuenta para el cálculo estadístico de las indemnizaciones en cualquier siniestro-, y, por tanto, como elemento de cálculo en el coste de los seguros. Da igual que mujeres y hombres seamos distintos en la manera de afrontar nuestras vidas, en nuestros comportamientos sociales, en la forma en que afrontamos los riesgos. Y da igual que esa diferencia tenga un reflejo claro en los costes de operación de las aseguradoras. Y que éstas, con buen criterio, vinieran repercutiendo en forma de primas de seguro más baratas para las mujeres -o más caras para los hombres, plantéese como se quiera-, esos menores costes. En nombre de la sacrosanta igualdad, a partir de la próxima semana estará prohibido cobrar menos a las mujeres por sus seguros. Al menos por el hecho de ser mujer. Espero que pronto prohíban también los sablazos en los seguros de automóvil para los conductores menores de 25 años, que el de mi hijo me está costando un riñón...

Menos mal que el neoliberalismo, el libre mercado, la libre competencia, las libertades en definitiva, han sido los causantes de toda esta crisis que estamos padeciendo... Y lo peor es que la inmensa mayoría de los ciudadanos lo cree a pies juntillas. ¡Con dos cojones!     

De tertulias y otras pedorretas a la inteligencia

Esta tarde, mientras sudaba un rato en la bicicleta estática y buscaba algo que ver en la tele, se me ocurrió dejarla en un programa de tertulias vespertinas monocolor y progre, de estas que nunca puedo ver. Más que nada por curiosidad. Una presentadora algo tontorrona y de risa fácil, y seis tertulianos que no le iban a la zaga. Y cómo no, la tragedia del Madrid Arenas. Resulta que el empresario imputado ha organizado una macrofiesta en Leganés para año nuevo a sesenta eurazos la entrada. Entrevistan al alcalde de Leganés y manifiesta que se trata de un recinto privado y que, si cumple todas las normas, no puede hacer nada para impedirla. Lógico.

Los tertulianos, indignados, se echan las manos a la cabeza. Al unísono. Que cómo puede permitirse que la empresa de un señor que está imputado por las anomalías del Madrid Arena organice otra fiesta multitudinaria -al carajo la presunción de inocencia-, que seguro que el alcalde puede buscarse alguna triquiñuela para impedirlo -al carajo el principio de legalidad-, que hay que hacer lo que sea para que esa fiesta no se celebre...

Y digo yo. Si la fiesta de año nuevo cumple todos los requisitos legales y de seguridad exigidos por las normas, si las personas que han comprado o van a comprar las entradas son mayores de edad, si saben perfectamente que quien organiza la fiesta es la misma empresa que organizó la del Madrid Arenas, y si saben también que su propietario está imputado por los sucesos ocurridos, es decir, si a estas alturas de la película disponen de toda la información, ¿por qué esa manía paternalista y liberticida de pretender que el Estado proteja, aun contra su voluntad, a quienes han decidido libremente comprar las entradas para la fiesta a pesar de todo? ¿no sería más razonable y respetuoso con las libertades individuales que el Estado se dedicara a vigilar que se cumplan las normas y a proporcionar a los ciudadanos toda la información disponible sobre la empresa que organiza la fiesta, y después que cada cual decida si compra la entrada o no? ¿no es un insulto a los ciudadanos exigir al Estado que piense y decida por ellos?

País...

De burros esquinaos y otras intuiciones

Tal día como hoy de hace ya algunos años se escribían en la taberna cosas como éstas. No sé si conocen ustedes la teoría del burro esquinao, aquélla que afirma que cuando se ve aparecer por una esquina el morro y las orejas de un burro, no es necesario esperar a que aparezca todo el burro para saber que es un burro. Pues eso.

Ya se dijo también por aquí que el libre mercado necesita de un Estado que lo garantice porque hay empresarios sin escrúpulos. Y porque la cabra tira al monte.

De redundancias y otras chuminadas

Dijo ayer Rubalcaba, en un acto de exaltación del viejo felipismo, que el PSOE es hoy totalmente anticapitalista porque el capitalismo ya no crea riqueza sino que sólo especula. Y que él pretende abanderar un radicalismo reformista. Pues buena suerte.

Definirse como anticapitalista frente a la especulación es como afirmar ser antiabortista contra el aborto. Sobra el matiz en el pleonasmo. 

La naranja mecánica (II)...Escuchen, escuchen

Es posible, aunque me temo que improbable, que los viejos del lugar recuerden esta odisea. Pues bien, apenas unos meses después me marché a otra operadora de telecomunicaciones en la que he estado los últimos cuatro años sin problema alguno. Pero hete aquí que, siendo hermanas de padre, deciden hace unos meses irse a vivir bajo el mismo techo, ¡encontrándome de nuevo como cliente de mi antigua operadora sin comerlo ni beberlo!.

Y, curiosamente, empiezan de nuevo los problemas. Facturas que no pasan al cobro, envíos de SMS llamándome sutilmente moroso, transferencias para pagar los recibos que no han pasado al cobro, reclamaciones múltiples al departamento de facturación, cargos por gastos de devolución de recibos -que por supuesto he devuelto-, compromisos de permanencia que han surgido de la nada... En definitiva, que ha quedado claro cuál de las dos hermanas era la inútil. Y no es precisamente la que ha desaparecido. Curioso.

Pues bien, a la vista de lo que me espera, decido salir corriendo, darme de baja y contratar con otro proveedor. Llamo al 900 901 300 e informo a la operadora de que quiero darme de baja. Intenta convencerme con tentadoras ofertas de que me quede -un 30% de descuento, minutos gratis a móviles...- y cuando insisto en que no llamo para negociar sino para hacer efectiva la baja, me pide todos los datos. Termino de dárselos y me dice que tiene que pasarme con otro compañero para realizar la baja. Tras diez minutos de espera escuchando una música horrenda a todo volumen -¿por qué apenas escuchaba la voz de la operadora y ahora tengo que retirarme el auricular de la oreja para no quedarme sordo?-, otra voz me pregunta que en qué puede ayudarme -¿no le ha contado nada su compañera?-, intenta de nuevo convencerme para que me quede, le corto en seco y ¡me vuelve a solicitar todos los datos! Me indica que me mantenga a la espera, y cuando retoma la conversación me dice que para darme de baja tengo que llamar al 902 877 572 y marcar las opciones 4 y 2. ¿Y eso no me lo podía haber dicho la primera operadora? O mejor, ¿no podrían decirlo directamente en la locución inicial? Pues no. Es mejor intentar que el cliente vaya cabreándose poco a poco. A lo mejor es que me estaban sometiendo a algún test de estrés de esos que se llevan tanto ahora.

Bueno, pues como a la fuerza ahorcan, cuento hasta diez y marco ese número. Tras cortarse varias veces, por fin me atiende una señorita muy amable. Escuchen, escuchen...

Cuando le digo que quiero darme de baja, comienzan de nuevo los ofrecimientos de descuentos y otros cuentos, le vuelvo a decir que sólo quiero darme de baja y que ya no es momento de regalos a destiempo, que tengo ya el servicio operativo con otro operador desde hoy y que lo único que quiero es darme de baja. Tras diez minutos de conversación agotadores y dar de nuevo los datos, me facilita el número de referencia del trámite y me informa de que debo enviar una carta confirmando que quiero darme de baja. Le respondo que no es necesario y que tengo derecho a dar de baja el servicio telefónicamente sin ninguna gestión adicional. Escuchen, escuchen...

Me pide que me mantenga a la espera... y diez minutos después de haberme separado el auricular de la oreja, magia potagia, ya no es necesario enviar una carta sino que podemos hacer la baja on line mediante la grabación de la conversación. ¿Pero la conversación no se estaba grabando ya? Escuchen, escuchen...

Tras dar de nuevo todos los datos (¡¡!!) e ir contestando a cada una de las preguntas, me indica que la baja se hará efectiva en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de hoy y que me tengo que hacer cargo de todas las facturas hasta esa fecha. Cuando le indico que eso es ilegal y que, conforme al RD 899/2009... Bueno, mejor escúchenlo ustedes mismos.

En resumen, que deben saber ustedes que si en el contrato que tienen con su operador se les permite la baja telefónica, no tienen por qué enviar ninguna carta posterior, pues lo único que persiguen con ello es seguir facturándoles hasta que ellos hayan decidido que han recibido la carta, si es que deciden haberla recibido. Así, por ejemplo, en la cláusula 17 de las Condiciones Generales de Contratación de Orange se indica lo siguiente:

"...el Cliente podrá resolver en cualquier momento el contrato, de manera unilateral, con una antelación mínima en cualquier caso de dos días hábiles al momento en que la baja hubiere de surtir efectos, poniéndose en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Orange bien:

- Por vía teléfono llamando a los números gratuitos: 470 para Clientes de móviles residenciales; 471 para Clientes de móvil empresa; 1516 para Clientes que sólo dispongan del servicio de datos móvil; 900901300 para Clientes de telefonía fija residenciales o 902 053 034 para Clientes de fijo empresas. Se facilitará al Cliente el número de referencia de su baja.

- Por escrito, mediante solicitud escrita acompañada de fotocopia del DNI del titular del contrato, los números que desea dar de baja y el número de referencia de la baja facilitado por Orange al Apdo. de Correos 50618. 28080 de Madrid. Ref.: BAJAS."


De una o de otra forma, pero no de ambas. Esta cláusula contractual, en relación con el art. 7 del RD 899/2009:

"El contrato se extinguirá por las causas generales de extinción de los contratos y, especialmente, por voluntad del abonado, comunicándolo previamente al operador con una antelación mínima de dos días hábiles al momento en que ha de surtir efectos.

El operador se abstendrá de facturar y cobrar cualquier cantidad que se haya podido devengar, por causa no imputable al usuario final, con posterioridad al plazo de dos días en que debió surtir efectos la baja."


y el art. 26.2 de la misma disposición normativa:

"El servicio de atención al cliente del operador, de carácter gratuito, deberá prestarse de manera tal que el usuario final tenga constancia de las reclamaciones, quejas y, en general, de todas las gestiones con incidencia contractual que realice el abonado. A dichos efectos, el operador estará obligado a comunicar al abonado el número de referencia de las reclamaciones, quejas, peticiones o gestiones. El operador deberá admitir, en todo caso la vía telefónica para la presentación de reclamaciones.

Si el medio habilitado por el operador para la atención de reclamaciones, incidencias o gestiones con incidencia contractual es telefónico, éste estará obligado a informar al consumidor de su derecho a solicitar un documento que acredite la presentación y contenido de la reclamación, incidencia o gestión mediante cualquier soporte que permita tal acreditación."


permiten al cliente, no sólo exigir que se pueda dar de baja mediante comunicación telefónica, que le sea facilitado un número de referencia de dicho trámite y que la baja sea efectiva 2 días hábiles después de solicitada si así lo exige el cliente, sino también que le informen de su derecho de que le remitan un documento que acredite el contenido de la reclamación, no vaya a ser que a alguien se le borre accidentalmente de sus sistemas. ¿A que nunca le han informado de ese derecho cuando han comunicado una incidencia a su proveedor de telecomunicaciones? Pues a mí tampoco.

Lógicamente, he grabado toda la conversación -24 minutos y 8 segundos-, más que nada por si se les pierde la suya y les hiciera falta para acreditar que no finalicé el proceso de baja.

Por último, quisiera dejar constancia, como ya hice hace algunos años en aquella entrada, de que no considero culpables de estos abusos a los operadores -entre ellos habrá de todo, como en botica-, sino a los responsables de la empresa que les obligan a actuar de forma abusiva pisoteando los derechos de los consumidores. Vayan pues desde aquí mis disculpas a la operadora, a la que probablemente he hecho pasar un mal rato, y mi más profundo rechazo al comportamiento de la empresa para con sus clientes. Todos debiéramos conocer nuestros derechos -también nuestras obligaciones-, y exigirlos sin desmayo cuando pretenden hacernos comulgar con ruedas de molino.

Pues eso...

Apenas un 31% de los catalanes con derecho a votar quieren la independencia de Cataluña. Y eso asumiendo que todos los que han votado a CIU son independentistas, lo que es mucho suponer.

Dame PAC y llámame tonto...

Leyendo ayer esta entrevista al presidente de ASAJA en la que afirmaba ser una persona muy liberal y que no le daba miedo ni competir ni el libre mercado, me acordé de esta entrada de la taberna de hace ya casi tres años.

Probablemente la Política Agraria Común (PAC), junto con la arancelaria, sea una de las políticas más intervencionistas de las que existen en el mundo. Quizás sea por eso que Mariano Rajoy, ese liberal de verdad, está que trina porque quieren reducir el presupuesto europeo. Y quizás sea por eso también que las organizaciones agrícolas -y también las ganaderas-, incluida ASAJA con su liberal presidente a la cabeza, consideran inadmisible un recorte en el presupuesto de la PAC. Dame PAC y llámame liberal. O como diría un castizo, dame pan y llámame tonto.

Cuando un producto es demandado por los consumidores no necesita subvenciones para subsistir. Y si los consumidores no lo demandan, ¿qué sentido tiene subvencionarlo? Estos liberales de quita y pon argumentan que la subvención es para pagar las exigencias laborales, de calidad y medioambientales de Europa, que harían a nuestros productos poco competitivos respecto de los de otros países no europeos que no están sometidos a esos costes.

Pero si el consumidor estuviera dispuesto a pagar ese sobrecoste para garantizarse la calidad de esos productos, no tendrían sentido esas subvenciones. Y si no estuviera dispuesto a pagarlo, tampoco. Sin embargo, nuestros políticos han decidido, unilateralmente y al margen de los ciudadanos, que éstos sí están dispuestos a pagar ese sobrecoste, y se lo imponen coactivamente a través de los impuestos que financian esas subvenciones.

Divinas palabras y otros esperpentos

Resulta que el dictamen del Paripé de Investigación de los ERE -el primero de nuestro Parlamento en los últimos dieciocho años-, señala únicamente como responsables del choriceo institucional al ex director general Javier Guerrero y al ex interventor Manuel Gómez. Y éste último se ha despachado a gusto en una carta entregada ayer mismo en el Parlamento de Andalucía y dirigida a su Presidente. La carta, que pueden leer íntegra aquí, dice cosas como éstas:

"Señor presidente, el dictamen de la comisión de investigación ha unido mi nombre al caso de corrupción más importante de la historia de España, en términos económicos. Y lo ha hecho ocultando deliberadamente los datos, testimonios e informes más relevantes y pertinentes de los que disponía la comisión, todos ellos, sin excepción, opuestos al contenido de las conclusiones aprobadas por mayoría. Se trata, por tanto, de un resultado fraudulento, que se une al inmenso fraude de los ERE"

"En las sociedades primitivas el poder se valía de ordalías y otros sortilegios pafra controlar y dominar al pueblo y evitar que se precipitara hacia conductas peligrosas para los intereses de los poderosos. Estos resabios no han desaparecido por completo en las sociedades contemporáneas y tengo la impresión de que algo de eso puede haber en este complot del informe de actuación. En este caso, políticos de ínfima categoría llevan meses (años ya) tratando de engañar a los ciudadanos..."

"Ahora ya saben los interventores, y casi me atrevería a afirmar que todos los empleados de la Junta, cómo se las gasta una comisión de investigación, cuya mayoría no ha dudado en utilizarlos como pantalla tras la que esconder las vergüenzas de políticos corruptos de la peor especie"

"Ni me callé ni me aguanté entonces, ni lo hago ahora ni, desde luego, lo haré después. Es la única conducta decente cuando un profesional del servicio público es agredido por una caterva de políticos cobardes y sin honor, quienes para esquivar o encubrir las responsabilidades políticas, contables y penales derivadas del fraude de los ERE, no han dudado en manchar el crédito de los profesionales que han trabajado a su servicio"

"Sería un sarcasmo que difícilmente entenderían los ciudadanos persistir en el reproche al interventor, con el desatinado, falsario y amortizado asunto del informe de actuación, mientras se ignora clamorosamente la incuria decenal de los sucesivos miembros del Gobierno de la Junta que con tan poco provecho e interés recibieron las auditorías, verdaderos responsables, por acción u omisión, del más vergonzoso caso de corrupción de nuestra historia"

¡Con dos cojones!

Parecidos razonables... o no

Parece razonable que en un Estado civilizado, democrático y de Derecho, el monopolio de la violencia y la justicia lo ostente el Estado, impidiendo así a los ciudadanos que solucionen sus conflictos a mamporros.

Lo que ya no parece tan razonable, al menos para un liberal, es que ese mismo Estado obligue al ciudadano -salvo en contadísimas excepciones-, a defenderse gastándose un dineral en contratar a un abogado y a un procurador en nombre de un paternalismo infantiloide -o quién sabe si por otras oscuras razones-, en lugar de permitirle decidir si prefiere representarse a sí mismo o no cuando lo único que está en juego son intereses particulares.

Y menos razonable aún parece que este gobierno, dizque liberal, haya implantado una nueva tasa que deberán pagar la mayoría de los que decidan defender sus derechos a través del sistema judicial, haciendo aún más gravoso ese servicio público para la parte más débil.

¿Cómo puede el mismo gobierno que afirma estar en contra del euro por receta porque no se puede pagar dos veces por lo mismo, imponer unas tasas para volver a financiar un servicio que ya pagamos con nuestros impuestos? No se preocupen, es una pregunta retórica...

Manipula, que algo queda...

Y sigue habiendo quienes confunden privatización con gestión privada de los servicios públicos. Algunos lo hacen por ignorancia o temor. Otros, a sabiendas de que mienten, a sabiendas de que inspiran el temor de aquéllos. Hace ya muchos lustros, y con gobiernos de todos los colores, que existen colegios, hospitales o líneas de autobuses concertados, un eufemismo como otro cualquiera para referirse a la gestión privada de los servicios públicos.

Cuestión bien distinta es manifestarse o protestar por la posible pérdida de puestos de trabajo o de privilegios laborales cuando un gobierno encarga al sector privado que gestione un servicio público. Esa protesta es legítima, faltaría más. Siempre que no se manipule y se mienta, claro.

De holganzas y otras chanzas

Hay quienes se dedican a argumentar que no ir a la huelga es sinónimo de estar a favor de los recortes, en contra del Estado del Bienestar. Desde luego no es mi caso. Estoy en contra de los recortes, pero por escasos y errados.

Invita la casa. Hoy: para desayunar, Economía

Como ya sabrán algunos, soy un asiduo visitante del blog "Nada es gratis" que pueden encontrar aquí a la izquierda, en la pizarra de la taberna. Se trata de un blog que habla -y muy bien, por cierto-, de economía y que se mantiene gracias al apoyo de Fedea. Pues bien, ha caído en mis manos una conferencia dictada por uno de sus miembros, Jesús Fernández-Villaverde, titulada "La salida de la crisis: cómo y cuándo", y que dice cosas como ésta:

"...no es una casualidad que nos hayan tocado los Presidentes de Gobierno que hemos tenido. Es una consecuencia del proceso de selección de las élites políticas y sociales que es horrendo, que hay que cambiar. Es un proceso de selección en el cual tenemos unos partidos políticos muy cerrados, en los que lo que importa es la lealtad a los jefes y no el haber demostrado en algún momento una capacidad intelectual o profesional. Tenemos una Alta Administración del Estado (y lo siento por aquellos de ustedes que sean funcionarios) que tiene un sistema de selección de personas que no es el que España necesita en el 2012. Y tenemos una estructura en la vida social y económica que ha sido capturada por los partidos políticos y que ha destrozado por completo nuestra capacidad de reaccionar ante nuestros problemas."

O esta otra:

"...tenemos un sistema laboral dualista, donde un tercio de los trabajadores tienen un contrato temporal, donde los otros dos tercios tiene un contrato permanente y donde los sindicatos responden única y exclusivamente a los intereses de sus votantes medianos, que es “un trabajador con contrato permanente, de unos 55 años, varón y de baja cualificación”. Y esto es lo que exactamente son los sindicalistas que ustedes ven por la tele y eso es lo que quieren ellos. El empleo les trae al fresco."

Les invito a leerla entera. O a escucharla. O a ambas cosas. Si les apetece, claro.

¿Y quién nos protege de este Estado de idiotez?

Llevo mucho tiempo escuchando que debería prohibirse por ley que la gente se pueda endeudar más allá de un determinado porcentaje de sus ingresos, o que el plazo para devolver la hipoteca no pueda exceder de un determinado número de años, o que la cuantía del préstamo no pueda superar un determinado porcentaje del valor del bien a hipotecar. Y no lo dice sólo el PSOE, sino también los socialistas del resto de partidos políticos.

Si se piensa que esas prohibiciones son necesarias es porque se piensa también que el ciudadano es un irresponsable que necesita la tutela del Estado para tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. Y a lo peor tienen razón.

Ahora, después de algunos suicidios -aunque el último, el de Amaia Egaña, tiene poco que ver con el desahucio como tal-, han decidido sentarse PSOE y PP para legislar sobre el asunto. Pero, ¿no eran estos mismos los que siempre dicen que no hay que legislar en caliente? 

En el asunto de los desahucios es preciso no dejarse llevar por las tripas e introducir algo de objetividad y serenidad. ¿Qué menos cabría esperar de estos políticos, tan sabios, que aspiran a decidir por nosotros lo que nos conviene y lo que no? Según la página 24 del Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España de Noviembre de 2012, la ratio de morosidad en el crédito a las personas físicas para la adquisición de vivienda era en Junio de 2012 del 3,1% -el de los créditos para fines distintos de la adquisición de vivienda era del 7,5%-, lo que significa que el 97% de los hipotecados de este país paga religiosamente su hipoteca.

Si se cambia la ley para permitir que la vivienda ya no sea una garantía fiable para recuperar una deuda, se dificultará y encarecerá el crédito hipotecario. Así, se beneficiará a un 3% de los deudores -como diría Bastiat, eso es lo que se ve- mientras que se perjudicará al 97% restante -eso es lo que no se ve-, y a la actividad económica del país, lo que, probablemente, generará más paro.

A quienes no pueden pagar no se les debe perdonar la deuda. El problema de quienes estén en dificultades no se soluciona perjudicando a la mayoría, sino echando mano de los necesarios mecanismos de asistencia social pagados con nuestros impuestos, que para eso debieran estar.

Y a quienes no pueden recuperar lo prestado, hay que dejarlos quebrar. Habría que haberlos dejado quebrar hace ya mucho tiempo.

Libertad y responsabilidad sí, pero para todos.

De independencias y otras parodias

La vida de Jordi... Bryan

P.S.: Que conste que este tabernero no está en contra de la independencia. Tampoco a favor. Es sólo que le parece una soberana majadería. Opiniones aparte, también cree que los pueblos tienen derecho a decidir.