El primero de ellos lo escribe el Secretario General de UGT en Cataluña, Josep María Álvarez, en la página 8 del mencionado diario. Se titula 23 euros. Al salario medio de un extremeño, al que denomina capacidad económica directa, le aplica el Índice Regional de Precios Relativos -algo así como un corrector de la carestía de vida en cada comunidad, calculado por el Instituto de Estadística de Cataluña ¿por quién si no?-, y le suma lo que él llama capacidad económica indirecta, obtenida, según he podido leer entre líneas, de dividir el Fondo de Suficiencia (lo que aquí llamé "bolsa común") entre el número de habitantes de Extremadura. Realizando ese mismo cálculo para Cataluña, el resultado es que cada extremeño recibe 23 euros más que cada catalán. ¡Non fotis, nen! Pues sí. Ni he encontrado ese dichoso índice -en la página del IDESCAT me dicen que debo solicitarlo bajo pedido-, ni me apetece revisar sus cálculos, así que digamos que son correctos. Pues bien, aunque sean aritméticamente correctos, el autor incurre en al menos dos errores graves.
En primer lugar, ni el Fondo de Suficiencia supone necesariamente un salario indirecto para el ciudadano, porque no tiene un carácter finalista -lo mismo financia ayudas sociales, que carreteras, que gasto corriente-, ni el coste de los servicios es el mismo en unas comunidades que en otras, sino que son función de variables tales como la densidad de población, la extensión geográfica, la orografía....
En segundo lugar, un error muy común cuando quien habla pertenece a una autonomía rica. Olvidan que no son las comunidades las que pagan y disfrutan de los impuestos en forma de inversiones y servicios, sino los ciudadanos. Quienes emplean tal falacia, terminarán exigiendo que a aquellas zonas más pobres de Cataluña no les lleguen transferencias de las más ricas. Si no, tiempo al tiempo.
Otra cuestión bien distinta es que regiones como Extremadura o Andalucía sigan a la cola a pesar de la enorme transferencia de recursos recibidos de Europa y de las comunidades ricas. Tiene razón el autor cuando critica la gratuidad de las ortodoncias infantiles o el despliegue informático en las escuelas o, añado yo, el irracional tamaño y despilfarro de nuestra administración autónoma.
El segundo de los artículos lo escribe en la página 26 del periódico un tal Alfonso López Tena -disculpen la falta de respeto intencionada-, miembro del CGPJ. Sólo voy a reproducir la penúltima frase: ¿Para cuando la ilegalización del PP por complicidad con el terrorismo?. El resto se lo leen ustedes si quieren. Para que después digan que el prestigio de nuestra Justicia está por los suelos. Si un miembro del órgano de gobierno de los jueces es capaz de escribir estas cosas.... Ahora me explico por qué llaman fallos a las sentencias judiciales.