domingo, 21 de agosto de 2016

¿Qué tal si les metemos el matasuegras por el callejón de la peste?

Anda el personal preocupado por que la fecha de las terceras elecciones, si es que llegamos a tal despropósito, sea el 25 de Diciembre. Unos, los de enfrente de Rajoy, dicen que lo ha hecho a propósito para meter presión, que ha impuesto la investidura el 30 de Agosto para que las cuentas sitúen las urnas en Navidad si no sale investido. Otros, los de Rajoy, no dicen nada pero se les entiende todo. Un servidor también piensa que Rajoy ha fijado primero el día en que preferiría amenazar con las terceras elecciones y ha hecho las cuentas para atrás. Es tan obvio y tan gallego...

Ahora bien, lo preocupante no es tanto el vergonzoso tacticismo de unos políticos que hemos elegido sufrir, como el bajo concepto que tienen de nosotros, los ciudadanos. Que unos pretendan meter presión y otros se quejen de sentirse presionados por que las posibles elecciones caigan en una u otra fecha, supone que ambos dan por hecho que votar es algo tan secundario para el ciudadano como para que ejercer tal derecho dependa de si le viene bien o no ejercerlo el día en que toque. Triste, muy triste. Aunque no tanto como constatar que es muy probable que tengan razón.

Pero, ¿qué tal si, llegado el caso, los dejamos descolocados yendo masivamente a votar? Al menos nos echaríamos unas risas y de paso, terminamos de cargarnos a las empresas demoscópicas.


jueves, 18 de agosto de 2016

De buenismos y otras torpezas

Dice el gobierno francés que el burkini no es compatible con los valores de Francia y de la República. Si mal no recuerdo, uno de esos valores es la Libertad.

Es éste un debate recurrente -ya reflexionábamos por aquí hace años sobre el velo o el burka-, y ciertamente polémico. No voy a repetir los argumentos que ya expuse en su momento en aquellas entradas o en los interesantes comentarios que suscitaron, pero sí me gustaría añadir alguna reflexión respecto del burkini, no muy distinta ni distante de las que vertí por aquel entonces.

Al parecer -y digo al parecer porque no me queda demasiado claro-, lo que se pretende con su prohibición es proteger la libertad individual de las mujeres. Veamos. Si la mujer afectada por la prohibición usa el burkini por convicción personal, por recato, por respeto a sus creencias, en definitiva, porque le da la gana, tal prohibición conculcará de manera inadmisible su libertad individual. Si usa el burkini por imposición de un tercero, lo que se conseguirá es que esa mujer no pueda ir a la playa y, además, no evitará que ese tercero siga vulnerando su libertad individual.

En definitiva, la prohibición del burkini empeorará la situación de todas las mujeres, tanto de las que lo usan voluntariamente, que haberlas haylas, como de las que no. Las primeras verán limitada su libertad individual. Las segundas, no sólo continuarán oprimidas por sus maridos o su entorno, sino que además tendrán que dejar de ir a la playa.

¿De verdad puede defenderse una prohibición que perjudica a todas las personas a las que pretende beneficiar? Como dice el refrán, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.


miércoles, 17 de agosto de 2016

De Diarios de Sesiones y otras putadas...

"Llamo la atención de Sus Señorías, y sobre todo también respecto de las personas que se puedan sentir hoy interesadas en la  administración de la cosa pública, que tras la votación se deben comprobar los votos de los Diputados que aprueben, o rechacen, o se abstienen en  la  moción de  censura, y  también se  deben comprobar los votos populares que hay detrás de esos Diputados que se pronuncien por una u otra opción. Porque, como saben Sus Señorías, hay una cierta disfunción entre los votos en la Cámara y los votos populares, por una Ley Electoral injusta y discriminatoria." (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados)

La cita la encuentro hoy en el magnífico artículo con el que Javier Caraballo le pone el espejo del Felipe de los 80 al Felipe de hoy. Pero no, la cita no es de Felipe, sino que corresponde a la intervención de Alfonso Guerra en el pleno del 28 de Mayo de 1980 en el que se debatía y votaba la moción de censura al Gobierno de entonces, tal y como quedó recogida en el Diario de Sesiones. Allí, ante el pleno, puso en duda la representatividad de sus señorías invitándoles a hacer las cuentas sobre el respaldo en voto ciudadadano con el que contaba el voto de cada diputado. Cuestionó, sin inmutarse ni él, ni el resto de los Diputados -como pueden comprobar en el audio de su intervención-, la calidad democrática de aquella Cámara.

Resulta cuando menos curioso que, opinando lo que opinaban, los socialistas no hayan reformado el sistema electoral tras haber estado más de dos décadas en el gobierno apoyados por una Cámara que ha sido siempre el resultado de "una Ley Electoral injusta y discriminatoria". Quizás sea porque esa injusticia y discriminación de la que con razón se lamentaban, les permitió, apenas dos años después, gobernar durante mucho tiempo.


martes, 2 de agosto de 2016

A contracorriente

Nunca habían salido tantos catedráticos de Derecho Constitucional en las tertulias políticas de televisión o radio. A este paso, nos vamos a terminar aprendiendo de memoria el Título IV de nuestra Carta Magna. No está mal que la ciudadanía empiece a conocer la Constitución, aunque sólo sea para poder discutir en la barra del bar o bajo la sombrilla sobre la inédita situación política que desde hace meses habita nuestro país.

En cuanto al fondo, todos los catedráticos que he escuchado afirman que Rajoy tiene la obligación jurídica de acudir a la investidura. Con permiso de todos ellos, y desde la humildad, yo disiento.

Si uno se lee y relee el art. 99 CE, resulta patente que se trata más de la descripción de un procedimiento que de una enumeración de obligaciones jurídicas. Quien desee ser Presidente del Gobierno, primero deberá ser propuesto por el Rey y luego presentar su programa político al Congreso de los Diputados para conseguir la confianza de la Cámara. Es decir, se trata de una serie de requisitos que debe cumplir el candidato -ser propuesto por el Rey y convencer a los diputados  de que le voten-, si desea ser Presidente del Gobierno. Si no los cumple, voluntaria o involuntariamente, no comete infracción jurídica alguna, simplemente no podrá optar a ser Presidente por no cumplir el procedimiento constitucional necesario para ello. No se deben confundir los requisitos impuestos por una norma que describe un procedimiento, que serán obligatorios en la medida en que se pretenda obtener el resultado de dicho procedimiento, con una obligación jurídica absoluta, exigible en cualquier caso.

Cuando el Rey no propuso candidato en la pasada legislatura, ninguno de estos catedráticos planteó que el Rey estuviera cometiendo una infracción jurídica por incumplir el art. 99.1 CE. ¿Por qué ahora lo plantean si el candidato propuesto se niega a presentarse a la investidura? Acudir al Congreso es sólo un requisito que debe cumplir el candidato si pretende ser Presidente del Gobierno, requisito que no tiene obligación alguna de cumplir si renuncia a tal pretensión. 

Cuestión bien distinta es si el candidato propuesto tiene la obligación política, e incluso moral, de acudir a la investidura.


domingo, 24 de julio de 2016

De donde no hay... (LXX)

Anoche le preguntaban en un programa de televisión a José Bono, ex diputado autonómico y nacional, ex presidente de Comunidad durante seis legistaturas consecutivas, ex presidente del Congreso, ex ministro -vamos, que no se puede decir que no haya tocado poder para cambiar las cosas-, por qué debía haber un gobierno cuanto antes.

Y tiró de demagogia. Por un compromiso ético, dijo. Porque a un gobierno débil, las farmacéuticas le chulean queriendo cobrar 22.000 euros por un tratamiento contra la hepatitis C, cuando su coste de producción es de 300 euros. Porque un medicamento es un bien social y como tal, no puede hacerse negocio con él.

Y quedó como Dios. Sólo hay un pequeño problemilla. Si quien puede decidir qué es un bien social -fundamentalmente quien tiene el poder político para hacerlo-, no invierte un duro en obtenerlo, es algo tramposo que cuando compañías privadas se juegan sus cuartos en investigación y tienen éxito, se las llame inmorales por pretender obtener el retorno de sus inversiones. Es obvio que producir ese medicamento no cuesta 300 euros, porque para producirlo, antes hubo que invertir mucho dinero en desarrollarlo, dinero que los accionistas de esas empresas quieren, legítimamente, recuperar.

En cualquier caso, la solución es bien sencilla. O se invierten parte de nuestros impuestos en investigación médica que después revertirá "gratuitamente" en los ciudadanos, o nos ahorramos esas inversiones y se las pagamos posteriormente a las empresas privadas que asumen esos riesgos en cómodos plazos en forma de precios que deberán cubrir, no sólo el coste real de producción, sino también las inversiones realizadas hasta obtener un producto que fabricar. Lo que es poco ético es manipular a los ciudadanos demonizando a las empresas con cuestiones tan sensibles -y tan idóneas para la demagogia-, como la salud y la vida de las personas. Porque si el Estado no invierte en investigación ni quiere permitir que las empresas que lo hacen ganen dinero con ella, dejará de haber investigación. Y seguramente también medicamentos que salven vidas. No se puede estar en misa y repicando.

Se ve que Bono se traía preparada la cuestión para soltarla en cuanto tuviera oportunidad y al ver se le acababa la entrevista sin poder colocar la mercancía, aprovechó la pregunta de por qué España necesitaba un gobierno cuanto antes. Y claro, lo necesita para que las empresas farmacéuticas no se aprovechen de un gobierno débil. ¡Acabáramos...!

Y hablando de demagogia, otra cuestión que se planteó en ese mismo programa por parte de uno de esos economistas mediáticos y verborréicos es la eterna canción de que las rentas del trabajo pagan muchos más impuestos que las rentas del capital. Para no aburrir al personal, que puede leer la entrada completa aquí, me limitaré a reproducir un párrafo de la misma:

"Imaginemos una pequeña empresa que facture 500.000 euros al año con un beneficio neto antes de impuestos de 25.000 euros. Esa empresa pagará por impuesto de sociedades 6.250 euros, suponiendo un tipo nominal del 25% y sin otras deducciones. Si los accionistas quieren retirar esos beneficios, pagarán a su vez por IRPF un 21% de los 18.750 euros restantes, es decir, otros 3.937,5 euros. El resultado es que el empresario ha pagado por las rentas empresariales obtenidas un 40,75%. ¿Algún asalariado con unos ingresos brutos de 25.000 euros al año paga un 40,75% de IRPF?


viernes, 8 de julio de 2016

Pedir con ton pero sin son...

Ha llegado a mi correo una solicitud de Change.org que, como tantas otras, son fruto de situaciones particulares que sufre el propio impulsor de la iniciativa. En muchos de los casos -y éste es uno de ellos- plantean cuestiones que tocan la fibra y con las que es difícil no estar de acuerdo, pero que apuntan a culpables equivocados y hacen un análisis del problema sesgado e interesado.

En este caso, me solicitaban que firmase a favor de una iniciativa para que los padres tengan derecho a estar con sus hijos mientras están ingresados en un hospital ¡Cómo no estar de acuerdo con eso! ¡Qué insensible podría rechazar sumarse a tal iniciativa! Los que me conocen ya intuirán que si pongo este asunto sobre el mostrador es porque no la he firmado. Analicemos con atención la propuesta.

La propia impulsora de la reivindicación reconoce implícitamente que ese derecho que reclama existe. Por ejemplo, se puede solicitar una excedencia -art. 46.3 del Estatuto de los Trabajadores-, teniendo derecho a la reserva del puesto de trabajo durante un año. Bien es cierto que durante esa excedencia el trabajador no cobra ni trabaja. Debe ser por esto por lo que, al parecer, ésta no es una solución válida para la promotora de la iniciativa. ¿Qué derecho es ése si no se recibe una remuneración aunque el empresario tenga la obligación de reservarle su puesto de trabajo? Entonces, ¿qué se plantea en la petición a ese respecto? ¿Quién debería pagar al progenitor que cuida del hijo enfermo? Se solicita la creación de un derecho, pero no se dice cómo debiera implementarse desde el punto de vista económico. Así, quien firme la petición, no sabe si deberá ser el Estado con nuestros impuestos o el empresario con su dinero quien pague ese salario.

Pero no se preocupen que, aunque no se dice expresamente, en la petición se apunta con precisión de francotirador al pagano cuando se califica de falto de humanidad al mundo empresarial. ¡Acabáramos! Ya sabemos quién es el culpable del problema, quién debería pagar ese salario: el empresario.

En fin, que como ya reflexionamos por aquí hace algún tiempo sobre los problemas de hacer recaer sobre los empresarios una carga que debiera corresponder al conjunto de la sociedad si ésta así lo decidiera, no me voy a repetir.


jueves, 7 de julio de 2016

De bares y otras bibliotecas

Según el barómetro del CIS publicado ayer, dos de cada tres españoles no leen un libro nunca, pero van todas las semanas al bar.

Que conste que uno, como tabernero, está encantado, pero después nos quejaremos de todo lo que nos pasa como sociedad... Porque digo yo, leer y cervecear no es incompatible, ¿no?


miércoles, 6 de julio de 2016

De encuestazos y otras paranoias

Afirmaba el otro día Pedro Jose que en las pasadas elecciones generales los españoles acudieron a votar bajo la coacción -¡toma ya!-, de unas inquietantes encuestas y que, aunque no ha habido pucherazo, sí ha habido encuestazo. Enmierda, que algo queda.

Si no he entendido mal el argumento central de aquel artículo, el encuestazo no deja de ser una especie de refinamiento del clásico pucherazo en el que, en lugar de meter con descaro la mano en la urna, se usa la mano invisible de la desinformación para manipular al electorado con objeto de que vote en un determinado sentido que, lógicamente, no es el que realmente desea.

Se pregunta el visionario Pedro José que cuántos votantes cambiaron su voto a causa del inminente peligro de que Pablo Iglesias se convirtiera en presidente y de que el país se fuera al carajo. A poco que se analice el argumento empleado para justificar que las elecciones han sido manipuladas, se llegará a la conclusión de que es una absoluta memez.

El aparente razonamiento por el que Pedro José llega a su conclusión es que, si al votante se le informa falsamente de que la opción A es la que va a ganar y decide dejar de votar a la opción A debido a esa información, entonces el votante ha sido manipulado. Pero para que tal silogismo sea consistente, debería cumplirse que el votante, antes de disponer de esa información supuestamente manipulada, tuviera la intención de votar la opción A y que la información de que dicha opción sería ganadora le indujera a votar a otra opción distinta. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que resulta concluir que quien tenga la intención de votar la opción A -obviamente, porque quiere que gane-, cambiará su voto cuando le informen de que va a ganar la opción que desea que gane? 

Vale, vale, ya sé que Pedro José pretende hilar más fino en su argumento. En concreto, se pregunta sin preguntárselo, cuántos votantes dejaron de votar a Ciudadadnos para hacerlo al PP debido a esa supuesta manipulación de las encuestas, orquestada, cómo no, por el PP. La respuesta a esa pregunta se la dejo a aquellos de ustedes que dispongan de bola de cristal. Porque, ¿de verdad hay argumentos para concluir que el PP se garantizaba más votos procedentes de Ciudadanos o del PSOE haciendo correr el bulo de que ganaría Pablo Iglesias?

En definitiva, si la supuesta desinformación manipuladora no ha hecho que dejen de votar a Pablo quienes deseaban hacerlo, ni parece justificado pensar que haya trasvasado un número significativo de votos de Ciudadanos al PP, ¿dónde está la coacción y el encuestazo? 

En fin, que de alguna forma hay que justificar el descenso de Ciudadanos. Ya sabemos que el chivo expiatorio es el mejor amigo del hombre.


domingo, 3 de julio de 2016

De preguntas retóricas y otras insolaciones

Cuando ayer me topé con esta noticia, no podía salir de mi asombro. Un ciudadano de a pie consiguiendo su minuto de gloria por unos 300 euros. Un periodista escribiendo un artículo en el que afirma, entre otras sandeces, que el RD de autoconsumo obliga a los hogares que produzcan su propia electricidad a pagar ese peaje de respaldo o impuesto al sol por una red que no pueden usar. Y unos europarlamentarios que, según cuenta el periodista, se quedaron admirados con la exposición de este ciudadano.

Sin entrar en las cuestiones puramente políticas, como el asunto de las puertas giratorias, y centrándonos en el meollo, ni este ciudadano, ni los 250.000 que firmaron su petición en la plataforma Change.org, ni los europarlamentarios boquiabiertos por su discurso han entendido nada de nada. Sí, sí, el Tato contra el mundo. Ya sé que suena pretencioso, pero ya saben, pocos tan sabihondos como un tabernero.

A ver si aprovechando el falaz símil que este ciudadano ha usado para ilustrar su petición consigo explicarlo una vez más. Decía ese ciudadano en su intervención en el Parlamento Europeo: "Es como si planto un manzano en mi jardín, cojo una manzana y el frutero se enfada porque no recibe los 50 céntimos que cuesta la manzana. Y entonces decide pedirme 10 céntimos por cada manzana que me coma del árbol que yo he plantado y regado en mi jardín"

¿En que consiste la falacia? En que si tú decides plantar un manzano en tu jardín -instalar placas fotovoltaicas en tu tejado-, nadie te va a pedir que pagues ni un céntimo por cada manzana -por cada kilovatio/hora- que te comas. El RD no dice eso.

¿Y qué dice el RD? Pues que si tú plantas un manzano en tu jardín y obligas al frutero a tener a tu disposición durante todo el año manzanas para que las puedas consumir cuando tu manzano no te  surta de ellas, deberás pagar algo por esa disponibilidad, ya que el frutero tendrá unos costes  determinados con independencia de que finalmente le compres o no manzanas. Si no le pagas nada al frutero por esa obligación, parece obvio que tanto sus costes fijos -por ejemplo, tener abiertas fruterías por toda la geografía, tenga o no clientes-, como la merma del género que debía tener disponible pero que no vendió a los plantadores de manzanos y otros costes impuestos por el gobierno, deberá repercutirlos en el precio de cada una de las manzanas que venda, aumentando lógicamente el precio de éstas.

En definitiva, lo que está pidiendo este ciudadano, sus 250.000 seguidores y los ojipláticos europarlamentarios es que los clientes del frutero que decidieron no plantar su manzano -porque no les apetece, porque no tienen jardín o porque no les da la gana-, paguen más caras sus manzanas para que quien plantó su manzano pueda exigirle al frutero que tenga manzanas disponibles para él en cualquier momento.

Se podrá discutir si el importe que deben pagar por garantizarse el suministro -repito, garantizarse-, de manzanas debe ser de 10 o de 8 céntimos, si debe ser un importe fijo o variable, si debe estar en función de las manzanas consumidas del propio manzano o de las manzanas adquiridas al frutero o si debe pagarse mensual o anualmente, pero el fondo del asunto, a saber, que quien desee tener garantizado el suministro de cualquier producto o servicio -repito, tener garantizado-, debe pagar por el coste que le supone al proveedor dar esa garantía, es, en mi opinión, indiscutible por obvio.

¿Son conscientes cada uno de esos 250.000 firmantes de que, si quienes plantasen manzanos en su jardín para autoconsumo no pagaran nada por que se mantuviera una frutería abierta a su disposición, vendiera o no las manzanas de su estantería, aumentaría considerablemente el precio de las manzanas que ellos compran, tanto más cuanto más autoconsumidores surgieran?


sábado, 11 de junio de 2016

Estoy pensando...

Estoy pensando que a lo mejor voto a Unidos Podemos. Que como nadie escarmienta por cabeza ajena, quizás una inmersión de este bendito país en esas ideas comunitaristas termine definitivamente con la especulación sobre lo evidente. Que cuanto antes toquemos fondo, antes nos desengañaremos de la perversidad del colectivismo y de su ropaje demagógico.

Estoy pensando que si la razón práctica y la historia no son ya argumentos suficientes, entonces ha llegado la hora de facilitar el suicidio colectivo como estrategia, como argumento. 

Y ahora que lo pienso...


viernes, 29 de abril de 2016

El poder de la imaginación o la imaginación al poder

Ya lo conté hace algunos años, pero como hoy me he encontrado una infografía que dice más o menos lo mismo con unos colorines muy chulos, pues la pongo aquí. A eso hay que añadir los impuestos indirectos, tanto "normales" -IVA, IBI, etc...-, como especiales -gasolina, alcohol, tabaco...-, que pueden aumentar la confiscación fácilmente al 50%-60%. Porque no me dirán ustedes que un 60% de la retribución de un puesto de trabajo no es confiscatorio...


Fuente: Wolters Kluwer


Hagamos ahora un pequeño ejercicio de imaginación. Imaginen que no reciben ni pagan servicios públicos y que, por tanto, su nómina neta se duplica como mínimo. Imaginen después que para recibir los servicios públicos que actualmente reciben tienen que ir todos los meses a ingresar en una cuenta del Estado la misma cantidad que ahora pagan de impuestos, pero con el dinero contante y sonante sacado de sus cuentas corrientes. Parece lo mismo, pero no lo es. Ahora, usted recibe su nómina neta, con los descuentos realizados y los impuestos indirectos los paga casi sin darse cuenta porque los tiene asumidos como parte del precio de venta. Si tuviera que hacerlo de aquella otra forma, usted haría visible el enorme esfuerzo que le supone pagar el actual Estado de Bienestar y sería más crítico y exigente con nuestros políticos. Intenten hacer de vez en cuando ese sano ejercicio mental y a lo mejor se convierten, nos convertimos, en mejores ciudadanos.

En fin, que me repito una vez más por si alguien sigue pensando que la educación, la sanidad o las pensiones son gratis. O que el dinero público no es de nadie, como ya dijo una célebre ministra socialista. O que la corrupción no va con él y por eso siguen votando a quienes se quedan con nuestros dineros o los malgastan en trapicheos de amiguetes. 


jueves, 31 de marzo de 2016

De donde no hay... (LXIX)



domingo, 27 de marzo de 2016

De leyendas urbanas y otras ignorancias

Ayer escuché varias veces en una tertulia televisiva a un miembro de Podemos, el señor Ramón Espinar para más señas, afirmar que más de la mitad del PIB corresponde a rentas del capital y que, sin embargo, tres de cada cuatro euros de ingresos públicos proceden de las rentas del trabajo. Lo dijo Espinar como lo podía haber dicho, y de hecho lo dicen, Pedro Sánchez el intermitente, alguno de los hermanos Garzón o cualquier sesudo informe de CCOO o UGT.

Ya sabemos que usar la Contabilidad Nacional para apuntalar la clásica cantinela marxista de la explotación del trabajador a manos del malvado empresario vende mogollón, pero de quienes llegan a la política pretendiendo exhibir decencia, transparencia y rigor cabría esperar algo más de todo eso de lo que presumen. O al menos de aquello último.

Empecemos con un poco de culturilla macroeconómica en la que intentaré no ser demasiado técnico ni aburrir en exceso al personal, pero que es imprescindible para entender la falsedad de esa afirmación sobre el reparto de la tarta del PIB entre asalariados y propietarios del capital. El PIB es el valor final de todos los productos y servicios que se producen en un país por sus residentes en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Puede expresarse en diversas unidades, aunque lo normal es que se haga a precios de mercado, y puede calcularse por distintas vías.

Por la vía de la demanda, sumando el consumo privado, las inversiones, el gasto público, las exportaciones y restando las importaciones. De esta forma, todo lo que se haya producido en el país, o lo han comprado los consumidores finales -familias, administraciones públicas...-, o lo han comprado las empresas -inversiones en equipamiento, bienes inmuebles, existencias no vendidas...-, o lo hemos exportado a otros países. Pero como también hemos comprado bienes y servicios no producidos en el país, para el cálculo final debemos restar del consumo total esos bienes y servicios, es decir, las importaciones.

Por la vía de la oferta, es decir, calculando el valor final de lo que se ha producido en cada uno de los sectores productivos.

Y finalmente, por la vía de la distribución de rentas, es decir, comprobando a quiénes han ido a parar los ingresos procedentes de la venta de esos bienes y servicios: asalariados, empresas e impuestos netos indirectos.

Obviamente, el resultado final debe ser el mismo con independencia del método que empleemos, pues la diferencia entre usar uno u otro radica únicamente en que se nos muestra una fotografía del mismo objeto tomada desde distintos ángulos.

La afirmación que hacía el señor Espinar en ese debate se refería precisamente a esta última forma de presentar el PIB, que para 2014 arrojó los valores del cuadro. Pueden consultar el PIB, calculado por los tres métodos y para varios años aquí.




Como se puede ver, lo que el señor Espinar denomina rentas del capital o beneficios -después veremos que el excedente de explotación bruto no se corresponde con las rentas del capital-, no sólo no supone más de la mitad del PIB, sino que ni siquiera llega al 43%. Ojalá fuera ese el único error cometido, pues en tal caso no pasaría de ser un pequeño error de cálculo que no invalidaría sus conclusiones de que las rentas del capital no pagan suficientes impuestos. Pero no, su error va más allá porque es un error de fondo, de concepto, de ignorancia o, en su defecto, de indecencia y deshonestidad intelectual.

¿Y por qué? Porque las rentas del capital, los beneficios de las empresas, no coinciden ni de lejos con el excedente bruto de explotación. Lo que en la Contabilidad Nacional se denomina "Excedente de explotación bruto/Renta mixta bruta" es la suma, entre otros conceptos, de los beneficios de las empresas -que es la magnitud a la que se pretendía referir el señor Espinar y todos los que, como él, ignoran o manipulan los datos-, más los intereses que deben pagar los empresarios por los préstamos recibidos, más las amortizaciones de sus bienes de equipo o consumo de capital fijo, más los beneficios de las empresas públicas, más las rentas imputadas a los propietarios de viviendas -sí, han leído bien, el PIB incluye el valor teórico de autoalquilarse la propia vivienda-, más los ingresos de los autónomos...

Por tanto, si queremos comparar renta de los asalariados y renta de los empresarios, no podemos usar directamente la magnitud que figura en la Contabilidad Nacional como "Excedente de explotación bruto/Renta mixta bruta", en adelante EBE, sino que habrá que corregirla restando todo lo que no es renta empresarial.

¿Y eso cómo se hace? Buen pregunta. Sobre todo teniendo en cuenta que el EBE no se calcula midiendo cada uno de sus componentes por las dificultades de su medición, sino por diferencia entre el PIB y las otras dos magnitudes -remuneración de asalariados e impuestos netos sobre la producción-, que sí son fácilmente medibles. Hay quienes estiman el consumo de capital fijo en unos 200.000 millones y las rentas de alquiler imputadas en unos 100.000 millones, lo que arrojaría una cifra de unos 146.000 millones, más próxima ya a los beneficios empresariales, pero de la que habría que restar aún las rentas de los autónomos, los beneficios de las empresas públicas y últimamente las actividades de prostitución o drogas, entre otras magnitudes.

Podríamos realizar otros ejercicios teóricos para aproximarnos al cálculo de los beneficios empresariales partiendo de otras fuentes de datos, como la Central de Balances del Banco de España, la Agencia Tributaria o multitud de trabajos de investigación de especialistas en la materia, pero uno de los objetivos de este artículo -demostrar que los beneficios empresariales están muy lejos de suponer más del 50% del PIB-, ya se ha cumplido con creces, así que no merece la pena seguir aburriendo al personal con más datos.

Otra de las leyendas urbanas que también conviene desmentir es que las rentas del capital están sometidas a un tipo impositivo menor que las rentas del trabajo, afirmación que casi siempre acompaña al discurso anterior con la intención de demonizar al empresario y santificar al trabajador. Esta leyenda se alimenta del erróneo y permanente runrún de que los beneficios empresariales sólo son gravados por el Impuesto de Sociedades, olvidando que tales beneficios son gravados dos veces, una con el citado impuesto, y otra con el IRPF, cuando los beneficios que restan tras el pago del Impuesto de Sociedades son repartidos a los accionistas. Ilustrémoslo con un sencillo ejemplo.

Imaginemos una pequeña empresa que facture 500.000 euros al año con un beneficio neto antes de impuestos de 25.000 euros. Esa empresa pagará por impuesto de sociedades 6.250 euros, suponiendo un tipo nominal del 25% y sin otras deducciones. Si los accionistas quieren retirar esos beneficios, pagarán a su vez por IRPF un 21% de los 18.750 euros restantes, es decir, otros 3.937,5 euros. El resultado es que el empresario ha pagado por las rentas empresariales obtenidas un 40,75%. ¿Algún asalariado con unos ingresos brutos de 25.000 euros al año paga un 40,75% de IRPF?

No sé cuántos habrán llegado hasta aquí y lamento realmente que sean necesarios tantos párrafos, tantas palabras y tantos datos para desmentir lo que con tanta facilidad, apenas dos frases, cala en el imaginario colectivo.

La culpa no es el ciudadano, que no tiene por qué convertirse en un especialista en Economía o en Derecho, sino de la indecencia intelectual de nuestros políticos. Ayer era el señor Garicano, hoy el señor Espinar y mañana será cualquier otro.

En cualquier caso, me conformo con que este tipo de entradas consigan que algunos de los parroquianos que me leen sean críticos por principio con las cosas que les escuchan a nuestros políticos, que no se las traguen sin contrastarlas con otras fuentes, porque el sectarismo es una de las peores enfermedades de nuestra democracia.


miércoles, 9 de marzo de 2016

De la política y otras enfermedades de transmisión intelectual

Cuando uno escucha a un economista que echó los dientes en un determinado partido, léase los hermanos Garzón sin ir más lejos, uno sabe ya a qué atenerse. Pero cuando un economista, hasta hace bien poco brillante e independiente, se pone al servicio de una ideología y está dispuesto a manipular la realidad para defenderla, uno empieza a pensar que para entrar en política debe ser requisito indispensable dejarse la honestidad intelectual colgada del perchero antes de salir de casa.

Que conste que no se es peor ni mejor economista por defender que se deben subir o bajar los impuestos. No, no es eso lo que me parece indecente, sino mentir para justificar una u otra postura. Y hacerlo a sabiendas. Porque quien ha dicho lo que ha dicho sabe perfectamente que es mentira que las empresas que hacen operaciones internacionales estén pagando un 5% de impuestos. Hasta tal punto lo sabe, que ha matizado, como quien no quiere la cosa, que las que pagan eso son aquellas que hacen operaciones internacionales.

"Los impuestos españoles son unos impuestos con unos tipos muy elevados pero con muchísimos agujeros. Son como un queso gruyer en los que al final termina pagando una empresa grande con operaciones internacionales un 5% cuando el tipo es cinco veces mayor". Eso dijo ayer el señor Garicano en una entrevista radiofónica que pueden escuchar entera aquí.

Pues no, señor Garicano, usted sabe perfectamente que las grandes empresas internacionales no pagan un 5% en el Impuesto de Sociedades. Y además, no es necesario mentir para defender una subida del tipo efectivo, que yo no comparto, pero cuyo planteamiento es legítimo. Claro, que es posible que la política le fría a uno las neuronas e incluso la honestidad. A lo mejor no le vendría mal echarle un vistacillo a lo que contábamos por la taberna el verano pasado. Que uno no da clases en la London School of Economics, pero tiene su puntito...