Por fin estamos de acuerdo en algo

Como ya sabrán ustedes, y si no ya se lo cuento, existen tres sectores productivos fundamentales en la economía. El sector primario, que es el encargado de transformar los recursos naturales en productos primarios o materias primas (agricultura, minería, ganadería...). El sector secundario, que se refiere a las actividades que implican la transformación de los productos primarios (siderurgia, energía, fábricas...). Y el sector terciario o de servicios que agrupa aquellas actividades que no producen bienes materiales (comercio, transporte, turismo, finanzas...).

Pues bien, el sector servicios en España supone aproximadamente dos tercios del PIB y del empleo, lo que da idea de su importancia. Además, hoy me he topado con un documento que afirma que, a pesar de la importancia del sector terciario en nuestro país, su marco regulatorio se caracteriza por ser ineficiente, restrictivo y poco transparente, lo que da como resultado que (transcribo literalmente):

• En los últimos años, la productividad de los servicios en España decrece mientras que en la UE15 crece.
• No hay un aprovechamiento pleno de su crecimiento potencial, pues la participación del sector en el PIB en España es notablemente inferior que en la UE15.
• Los servicios contribuyen en un 59% al persistente diferencial de inflación con el área euro.
• Sufrimos una pérdida de competitividad con respecto a nuestros socios comerciales

¿Adivinan quién dice todas estas cosas? No se lo van creer, pero lo dijo allá por Octubre de 2008 -hace dos días, vamos-, el Gobierno de España en la página 3 de la presentación de un Anteproyecto de Ley para la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva Comunitaria 2006/123/CE, conocida como Directiva de Servicios. Y conste que no lo traigo aquí porque esté en desacuerdo con ese análisis, sino para subrayar una vez más las contradicciones del propio gobierno.

Pero aún hay más. Se conoce desde hace mucho tiempo que aquellas medidas tendentes a la unificación de mercados (infraestructuras de comunicaciones, eliminación de fronteras físicas y jurídicas...) en un área económica determinada, contribuye claramente a la creación de riqueza. Así nos lo enseña cualquier manual de Historia Económica y justo en sentido contrario, la destrucción del mercado único interior, camina nuestro Estado de las Autonomías.

¿Y qué tiene que ver esta reflexión con la directiva comunitaria mencionada? Para encontrar la respuesta en forma de botón de muestra, sólo hay que acudir a la página 40 y siguientes de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo de la trasposición de la directiva, también elaborada por el Gobierno de España. Allí se dice que la implantación de la directiva obligaría a modificar alrededor de 7.000 normas o procedimientos, de las cuales sólo el 15% corresponde a la Administración General del Estado y el resto, unas 6.000, a las distintas Administraciones Autonómicas ¿cabe más disparidad jurídica en la normativa que regula la prestación de servicios dentro de un mismo país? La respuesta es que sí, puesto que aún no se ha evaluado el impacto en la normativa de las Entidades Locales.

Y para terminar de rematar el cuadro de la progresiva destrucción del mercado único interior, a lo aquí dicho habría que sumar otras cuestiones por todos conocidas, como las relativas a la fiscalidad o el idioma.