Que cada vela aguante sus palos

Hace unos días me adherí en esta entrada a lo que un vecino de este barrio virtual escribió en su blog sobre la sanción, judicial y popular, al juez Tirado. Algún parroquiano discrepó entonces, enriqueciendo el debate. Es difícil saber si la sanción es o no justa y si se ajusta o no a la legalidad, que ambas cuestiones no siempre viajan de la mano. No conocemos, o al menos yo no he conseguido encontrarlo, el informe que el juez instructor elevó al CGPJ más allá de lo que dice y escribe la prensa. Tampoco el contenido detallado de la resolución de dicho Consejo.

Lo que se planteaba en aquel artículo no era si la sanción era o no adecuada, sino la desfachatez de nuestros políticos, responsables últimos de que la Justicia tenga los medios materiales adecuados. Lo que se reprochaba era el cinismo de quienes se ponen torticeramente detrás de la pancarta de unos padres destrozados por el dolor.

Nuestro sistema judicial es el resultado de la gestión de nuestros políticos. De los recursos que el Poder Ejecutivo proporcione a otro poder del Estado, el Poder Judicial, en forma de funcionarios, formación, instalaciones o tecnología. De las leyes que el Poder Legislativo ponga a disposición de los jueces y que les deja la capacidad de maniobra que esas mismas leyes contemplan.

Cuando se culpa al sistema, no se está culpando a un ente abstracto con vida propia al margen de la voluntad política, sino a un conjunto de elementos que son como han querido o permitido que sean quienes tienen el poder y los medios para cambiarlo o mantenerlo.

En la medida, mucha o poca, en la que el error del juez Tirado se haya debido al caos administrativo que impera en el sistema judicial, no parece justo que el único que pague sea el juez. Que sancionen al juez si cometió un error, sí. Pero pongamos todas las cartas sobre la mesa.

Argumentar que la sanción debiera ser ejemplar porque la consecuencia del error ha sido el asesinato de una niña, no es más que pura demagogia. Al margen de que para afirmar eso es imprescindible que condenen al presunto asesino, si se hubiese ejecutado la sentencia en tiempo y forma, éste hubiese estado probablemente en la calle en la fecha en que se cometió el asesinato. Y lo hubiese estado porque la ley, sancionada o ratificada implícitamente por nuestros políticos, los mismos que ahora se rasgan las vestiduras, así lo permitía. La Junta de Andalucía, junto con el Ministerio de Justicia, es la responsable del número, calidad, formación y eficacia de los funcionarios que trabajan con el juez. ¿Y sólo va a pagar el juez? ¿Y si su error era inevitable, provocado por la carencia de medios? ¿Qué hay de la responsabilidad de quienes permiten que los jueces trabajen en condiciones tan lamentables? ¿Y de quienes aprueban y permiten tal laxitud en las leyes?

Es una obscenidad que el gobierno, con el presidente a la cabeza, y la oposición, que gobernó este país durante ocho años y gobierna actualmente en varias comunidades autónomas con las competencias de justicia transferidas, pidan sanciones "infinitamente más graves", muestren su "disconformidad más profunda", "tiriten de dolor" o tachen de "humillante" la sanción. Es de un fariseísmo demoledor que quienes acaban de rematar a cara descubierta la ya moribunda independencia del Poder Judicial, señalen con el dedo acusador al juez Tirado. Ellos, que tienen una responsabilidad directa en el asunto, se parapetan cobardemente tras unos padres que, rotos de dolor, muestran su comprensible indignación contra el responsable más visible. Ellos, sabedores de que el crimen perfecto es aquél en el que condenan a un inocente, actúan en consecuencia.

Es todo tan grotesco que, cuando se apartan los visillos que apelan a los sentimientos y se abre la ventana para que entre el aire fresco, uno se pregunta si éste no habrá sido el último pago que el CGPJ saliente le ha hecho a nuestra clase política, atrayéndose las iras del respetable y proyectándolas multiplicadas sobre el menos culpable. Puestos a ser cínicos...