Votos de alquiler

En el debate que se está produciendo sobre lo acertado o no de la medida que ha puesto en marcha el gobierno de subsidiar el alquiler, más allá del aspecto político o electoralista, la cuestión es clara desde el punto de vista económico. Me refiero a la clásica ley de la oferta y la demanda, que Zapatero ha decidido ignorar a pesar de las advertencias de su mejor ministro, el tito Pedro, como le llaman algunos de su compañeros de gabinete.

En España existe un problema importante de oferta de viviendas en alquiler que no niega nadie. Por otro lado, el stock de viviendas vacías que sus propietarios no ponen en alquiler es también muy alto. Las únicas explicaciones posibles a esa aparente contradicción, a esa situación en la que alguien renuncia a obtener una renta prefiriendo mantener vacía su vivienda, son que el precio que puede obtener por ella no le compensa el riesgo de ponerla en el mercado. La legislación, sobreprotectora con el arrendatario, y los procedimientos judiciales vigentes, excesivamente engorrosos, largos e injustos para el arrendador, desincentivan claramente la oferta.

En este escenario, parece claro que el mercado de viviendas de alquiler tiene un problema importante de oferta. Por el lado de la demanda, los altos precios que provoca la escasez de oferta dificultan el acceso de los ciudadanos a una vivienda de alquiler.

Así las cosas, si no se modifica la legislación derogando la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y mejorando los procedimientos de desahucio ante impagos y abusos de los arrendatarios, no se incrementará la oferta. Por otro lado, el subisidio permitirá acceder al mercado a aquellos que deseaban alquilar pero no disponían de suficientes recursos para hacerlo. Por tanto, la medida adoptada no incrementará la oferta en un primer momento, pero sí la demanda, lo que hará que suba el precio. Esa subida hará que a algunos propietarios, a pesar de no cambiar la legislación, les comience a compensar alquilar. De esta forma, se alcanzará un nuevo precio de equilibrio que será superior al actual y que absorberá una parte de la subvención.

Cuando en un mercado existe un problema por el lado de la oferta, las medidas correctas deberían ir dirigidas a dinamizar ésta y no a subsidiar la demanda. Si el Gobierno hubiese optado por modificar la legislación o incentivar fiscalmente a los propietarios, la oferta se incrementaría de manera sustancial, lo que haría bajar los precios y permitiría el acceso a una vivienda de alquiler a esa parte de la demanda expulsada por los altos precios. El resultado final en cuanto al volumen de viviendas puestas en alquiler sería similar e incluso más favorable, pero con un precio de equilibrio inferior al actual.

Pero claro, es menos vendible a la parroquia establecer medidas que favorezcan aparentemente a los propietarios de viviendas vacías, que medidas populistas consistentes en repartir dinero al personal, sobre todo si ese personal pertenece al colectivo que más votantes te aporta. Y lo más grave es que estas decisiones se toman a pesar de la evidencia de que las primeras ayudan a resolver el problema y las segundas no, como lo demuestra no sólo el análisis anterior, sino los resultados empíricos obtenidos por una medida muy similar puesta en marcha por la anterior ministra en 2.005.

Anteponer el interés propio al interés general a sabiendas tiene un nombre.