Verdades a medias, mentiras completas

Un cliente asiduo de esta taberna preguntaba el otro día que si Andalucía era la región que más inversiones públicas ha recibido en lo que va de década, cómo es que estábamos a la cola, sólo por encima de Extremadura, en cuanto a capacidad de generar renta y riqueza. Lo que vulgarmente se conoce como renta o PIB per cápita.

Se refería al titular de un periódico recién nacido que rezaba así "Andalucía es la comunidad que más inversión ha recibido desde 2000". En el interior se daban datos que mostraban que en Andalucía se habían invertido en ese periodo 19.101 millones de euros (doy por buena la cifra, aunque no la he verificado) comparándola con otras comunidades que habían recibido menos, pero nada se decía sobre otras variables necesarias para evaluar si ese hecho por sí sólo constituye o no un agravio comparativo respecto de otras regiones.

El titular podría interpretarse como una palmadita en la espalda a los distintos gobiernos de ese periodo por su sensibilidad con nuestra región, o como una bofetada al resto de autonomías al recordarles que quien más dinero público se ha llevado en inversiones reales ha sido Andalucía. Si a eso añadimos que somos la segunda por la cola en aportación por habitante a la economía nacional, los argumentos para alimentar el tópico de la Andalucía subsidiada de guitarra y pandereta están servidos. Ahora bien, siendo grave el daño que está haciendo la cultura del subsidio al país en general, y a nuestra tierra en particular, no hay que confundir churras con merinas. Cuando se habla de inversiones del Estado y de su reparto entre comunidades, no se debe obviar para evaluar su equidad, ni la superficie geográfica, ni el tamaño de su población, ni la dotación de capital de la que se parte, su stock inicial.

Para entendernos, la dotación o stock de capital de un país es más o menos equivalente a los activos físicos (viviendas, infraestructuras, maquinaria, etc...) que le permiten generar riqueza. A su vez, estos activos han podido ser producidos por el sector público o por el sector privado. Para hacernos una idea, el stock de capital de la economía española en 2.006 tenía un valor de 4,3 billones de euros (como referencia, nuestro PIB asciende a 1 billón de euros), correspondiendo la mitad a capital residencial (viviendas), el 39% a capital privado no residencial y el 11% a capital público no residencial.

Si decimos que en Andalucía está el 13,83 % de ese stock, siendo la tercera por detrás de Cataluña (18,22 %) y la Comunidad de Madrid (16,16%) podríamos quedarnos sorprendidos. Pero decir eso así, sin mencionar su tamaño o su población, es engañoso. No tiene ningún mérito ser la tercera en capital físico siendo la primera en tamaño geográfico y habitantes. Por ello, si decimos que su stock por habitante es el quinto por la cola (62.800 euros/habitante) a gran distancia de Cataluña (93.100 euros/habitante) o Madrid (97.800 euros/habitante), todo encaja.

Cierto es que las inversiones públicas del Estado en la última década en Andalucía han sido superiores al resto, pero ¿en qué nivel estaríamos antes para que, a pesar del esfuerzo realizado, sigamos estando a la cola en stock de capital por habitante? Ello explica, aunque sólo en parte, que las mayores inversiones del Estado en nuestra comunidad no hayan sido suficientes para acercarnos a los vagones de cabeza. A ello hay que añadir que la inversión privada no residencial (activos distintos de viviendas pagados por el sector privado; supone más del 39% del stock total) brilla por su ausencia en Andalucía.

Este asunto daría para mucho más, pero probablemente interese a pocos y aburra a muchos, así que no profundizaré más en el asunto. Sólo quería ilustrar el hecho de que es imprudente sacar conclusiones precipitadas cuando de datos económicos se trata.