Del embudo y otras leyes...

Los sindicatos UGT y CCOO se han reunido con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para solicitarles que sea modificado el art. 315.3 del Código Penal. Dicen que "esta ronda parlamentaria forma parte de una amplia campaña sindical en defensa del derecho de huelga y para evitar que ninguna persona, por ejercer este derecho constitucional, entre en prisión".

Para centrar un poco la cuestión, reproduzcamos el art. 315 del CP:


1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.

3. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.

Según dicen, no están de acuerdo con el apartado tercero de dicho artículo por lo que, a sensu contrario, cabe deducir que sí lo están con el resto. Dicho en román paladino, tanto UGT como CCOO están de acuerdo con que se condene a prisión de seis meses a tres años a quienes impidan o limiten el ejercicio del derecho de huelga, y si además lo hacen con fuerza, violencia o intimidación, que esa condena sea de tres años y un día a cuatro años y seis meses. Sin embargo, les parecen inaceptables esas mismas penas para quienes impongan el ejercicio del derecho de huelga e impidan el ejercicio del derecho al trabajo y a la libre circulación mediante fuerza, violencia o intimidación.

Y añaden que "las actuaciones fiscales tienen todos los ingredientes de una acción coordinada, con instrucciones desde la Fiscalía, acompañada de un proceso involutivo que se traduce en la criminalización del sindicalismo y en una durísima ofensiva penal contra el derecho de huelga. Un hecho grave y preocupante que no permite el desarrollo de una democracia plena y que pone en evidencia el recorte de derechos y libertades sociales que desde hace tiempo se está produciendo en nuestro país".

Quizás sea conveniente recordar que al artículo del que se quejan no se le ha cambiado una sola coma desde la promulgación del actual Código Penal por parte del señor González, a la sazón, presidente del gobierno allá por 1.995,  Y que la ley es aplicada por el poder judicial. Y que a lo mejor el personal está ya hasta los huevos de los abusos de algunos sindicalistas que se cagan en las libertades ajenas en nombre de las propias.

Resulta comprensible que con estos planteamientos los sindicatos tengan cada vez menos credibilidad y prestigio. Ellos solitos se pegan tiros en los pies. Después se quejarán de campañas contra ellos y tal...