jueves, 17 de julio de 2014

De donde no hay... (LXIV)

Dice la ministra de Sanidad que el reparto de fondos para la pobreza entre las distintas Comunidades Autónomas es correcto porque es objetivo. Como si la objetividad garantizara la equidad o la justicia.

El método empleado se basa en un indicador europeo denominado AROPE, y que mide el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Cómo lo mide? Pues este indicador concluye que una persona está en riesgo cuando cumple una de tres condiciones. O cuando sus ingresos son inferiores a unos 650 € mensuales. O cuando sufre una carencia material severa, considerándose tal cuando carecen de al menos cuatro de los siguientes nueve indicadores: no tener retrasos en el alquiler; vivienda a temperatura adecuada en los meses fríos; hacer frente a gastos imprevistos; comida de carne, pollo o pescado cada dos días; irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; coche; lavadora; televisor en color; teléfono. O cuando viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo.

Resulta obvio que se trata de un indicador de riesgo relativo. Dicho de otra forma, una misma situación personal será considerada dentro o fuera del indicador dependiendo del nivel de renta mediana disponible del país en el que viva. También es obvio que se trata de un indicador para países ricos y que nada tiene que ver con el concepto de pobreza que cualquiera de nosotros tendría en mente. En cualquier caso, y al margen de la opinión que nos merezca ese indicador, admitamos que sea una forma razonable de medir el riesgo de pobreza en los países de nuestro entorno.

Bien, pues lo que dice el sentido común -o al menos el mío-, es que la forma más equitativa para repartir los fondos sería aplicar el indicador AROPE sobre la población de cada Comunidad Autónoma para calcular la población en riesgo, y posteriormente repartirlos proporcionalmente a la misma. Por ejemplo, si la población en Andalucía es de 8.390.000 habitantes y su índice AROPE del 38,7%, su población en riesgo sería de 3.247.000 habitantes. Se calcularía la población en riesgo de cada Comunidad Autónoma y se repartirían los fondos proporcionalmente. Incluso sería posible, tratándose de fondos cuya finalidad es el riesgo de pobreza infantil, tomar como referencia únicamente esa población en lugar de la población total. Sólo hay que acudir al INE para obtener fácilmente todos los datos

Si aplicamos ese criterio sobre la población total de cada Comunidad Autónoma, los porcentajes del fondo que corresponderían a cada una de ellas se muestran en la quinta y sexta columna de siguiente tabla (pulsar sobre ella para agrandar).


Elaboración propia (Fuente: INE y Mº de Sanidad)


También se muestra en la última columna de esa tabla el reparto realmente realizado por el Ministerio de Sanidad. Si aplicamos el criterio sobre la población de 0 a 12 años en lugar de sobre la población total, obtendríamos la siguiente tabla.


  Elaboración propia (Fuente: INE y Mº de Sanidad)


Pero entonces, ¿qué es lo que ha hecho la señora ministra? Ponderar el reparto en función del indicador y con independencia de la población. Así, le correspondería el mismo importe a una Comunidad con 100 habitantes que a otra con 10.000 habitantes si su indicador AROPE fuera igual, o el doble si el indicador es el doble. Pueden comprobarlo comparando lo que reciben dos Comunidades con un indicador similar o un indicador doble. ¿El sentido común? ¿Qué coño es eso?

Tiene absolutamente toda la razón el gobierno andaluz y los de otras Comunidades cuando se quejan del sistema de reparto realizado. Sólo hay que echar un vistazo para comprobar la aberración que supone el criterio seguido. Por ejemplo, si tomamos como referencia la población total en riesgo, en Andalucía tocan a 0,37 €/habitante, mientras que en la Rioja tocan a 9,91 €/habitante o en Melilla a 37,29 €/habitante. Si tomamos como referencia la población en riesgo de 0 a 12 años,  en Andalucía tocan a 2,58 €/habitante, mientras que en la Rioja tocan a 75,75 €/habitante o en Ceuta a 199,05 €/habitante.

A todo esto hay que añadir la absoluta desvergüenza que supone dedicar a este reparto sólo 16 millones de euros -sin contar la partida de 1,4 MM dedicadas específicamente a familias de etnia gitana-, mientras se despilfarra en subvenciones a empresas privadas, sindicatos, partidos políticos y televisiones públicas, en créditos fiscales al sector financiero, en coches oficiales... En lugar de pelearse por cómo hay que repartir el fondo, más les valdría pelearse sobre cuánto gasto superfluo se puede recortar para dedicar varios cientos de millones de euros a los niños más desfavorecidos, que son el futuro de este país, porque visto lo visto...

Como puede comprobarse, la ineptitud campa a sus anchas en el Ministerio de Sanidad y en el gobierno todo.


2 comentarios:

Dyhego dijo...

Don Tato:
Lo que confirma ese dicho tan popular: el sentido común es el menos común de los sentidos.
¡A los políticos qué más les da que haya niños hambrientos... con tal de tener uno a mano para hacerse una foto!
Salu2 porcentuales.

Er Tato dijo...

Pues yo creo que es simplemente ineptitud supina. Estoy convencido de que la gente, en general, tiene sentido común, pero le cuesta asumirlo... ;-P

Saludos