Explicando lo inexplicado

Tanto PP como PSOE defendieron que no era conveniente que la última reforma constitucional se sometiera a referéndum debido, entre otras cuestiones, al carácter técnico de la misma. En otras palabras, que como nadie se iba a enterar del asunto sobre el que había que votar, decidieron que ni siquiera merecía la pena hacer un esfuerzo para explicarlo, no fuera a ser que encima termináramos entendiéndolo.

Así, la mayoría de los ciudadanos han acabado convencidos de que esa reforma es injusta porque es sinónimo de desmantelamiento del Estado del Bienestar. Y claro, entre la negativa de nuestros políticos a consultar al pueblo y que nadie la ha explicado decentemente, la conclusión más fácil era pensar que aquí había gato encerrado. Pero no. Lo que dice la reforma constitucional sancionada esta misma semana por el Rey es que se establecerá un límite al déficit estructural. Repito, estructural.

Supongamos que la familia Pérez tiene unos ingresos, en circunstancias normales, de 2.000 euros al mes, compuesto por un salario fijo y unos incentivos variables que, también en circunstancias normales, son bastante estables. Si considera que esos ingresos son prácticamente seguros y la propensión al ahorro de la familia Pérez es nula -no tiene ninguna motivación para ahorrar-, elaborará un presupuesto de gasto familiar de 2.000 euros.

Imaginemos que en los años siguientes obtienen unos ingresos extra inesperados, pongamos unos 200 euros al mes, y que esos ingresos, a diferencia de los 2.000 euros mensuales, son coyunturales por unas comisiones de ventas extraordinarias dada la expansión del sector en el que trabaja la familia Pérez. Lo prudente sería que durante esos años no incrementara el presupuesto de gastos familiar y que ahorrara esos 200 euros mensuales, pues cuando desaparezcan esos ingresos extra no podría mantener el pago de los compromisos de gasto adicionales que adquiriese y, además, hay que suponer que en algún momento pueden venir mal dadas.

Imaginemos que tras ese periodo de bonanza sobreviene una crisis en el sector en el que trabaja la familia Pérez, y no sólo desaparecen los ingresos extra, sino también los incentivos variables, pasando a ingresar la familia 1.600 euros al mes. Durante un tiempo podrán seguir mantenimiento el presupuesto de gasto inicial de 2.000 euros mensuales, incurriendo por tanto en un déficit de 400 euros mensuales, hasta que se les acaben los ahorros de la etapa expansiva anterior.

Pues bien, el déficit estructural es aquél en el que se incurre eliminando el efecto de los ciclos expansivos y contractivos. En el ejemplo, el déficit estructural de la familia Pérez es cero -ingresa y se gasta 2.000 euros al mes en circunstancias normales-, aunque en el acuerdo al que han llegado PP y PSOE, y que deberá ser desarrollado mediante Ley Orgánica, se admite un déficit estructural del 0,4%, es decir, que en ese supuesto, la familia Pérez podría gastar al mes 8 euros más de los 2.000 que ingresa. Es importante subrayar que en las recesiones, la familia Pérez ha podido incurrir en un déficit del ¡¡25%!! -gastar 2.000 euros ingresando 1.600 euros-, a cambio de obtener un superávit en las épocas de expansión del 10%, sin empeorar su calidad de vida. Por tanto, es absolutamente falso que la reforma constitucional prohíba situaciones de déficit por encima del 0,4% en las recesiones.

Obviamente, el cálculo del déficit estructural, que en el mundo real no es una variable observable, debe hacerse de manera indirecta como diferencia entre el déficit real observado en cada ejercicio presupuestario y el déficit cíclico, que también debe ser estimado mediante una metodología más o menos compleja. No obstante, valga la simplificación que supone el ejemplo de la familia Pérez para, al menos, dejar claras las diferencias entre los conceptos de déficit o superávit estructural y cíclico, y lo que implica realmente la reforma constitucional a falta, eso sí, del contenido definitivo de la Ley Orgánica que debe desarrollar el nuevo principio constitucional.

A este respecto, en el último boletín del Banco de España se publica un interesante trabajo de simulación que compara la situación real de las cuentas públicas en el periodo 1998-2010 con la que hubiera resultado de la aplicación de la regla de gasto pactada en la reforma constitucional bajo el supuesto de que hubiera estado en vigor durante ese periodo. Para que resulte más fácil de ver, he elaborado el siguiente gráfico -pulsar en él para ampliar-, a partir de los datos que figuran en el cuadro 4 de dicho boletín.

En él puede observarse cómo, en los periodos de expansión -de 1999 a 2004-, se hubiera obtenido superávit con la regla en vigor, mientras que en realidad se produjo déficit, y en los años más duros de la recesión se hubiera producido un déficit del 3,2%.

A mí me parece que no era tan difícil de explicar ni de entender, ¿no?

De donde no hay... (XXVII)

El Gobierno, una vez más, ha decidido que los ciudadanos no paguen la energía según lo que cuesta, y el PP, otra vez más, toca las palmas con las orejas.

¡Qué triste...!

Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga...

Lo que indigna a Pepe Blanco es lo que se conoce como "sale and leaseback", que consiste en que el propietario de un activo, normalmente inmobiliario, lo vende a un tercero con el compromiso de alquilárselo posteriormente en unas determinadas condiciones pactadas de antemano. Las razones que suelen motivar ese tipo de operaciones suelen ser la falta de liquidez y, más allá de cuestiones ideológicas, desde un punto de vista económico no se trata de un mecanismo ni malo ni bueno en sí mismo, salvo por el síntoma que supone su uso.

En todo caso, lo que llama poderosamente la atención es que este tipo de decisiones escandalicen, se supone que por pura ideología, a los mismos que las toman. ¡Hombre...! Y por supuesto, no perdió ocasión de recordar en la entrevista la herencia envenenada del PP, la Ley del Suelo y bla, bla, bla... 

De la multiplicación de los panes y los peces y otros recordatorios

Lo decíamos allá por 2009, pero no está de más recordarlo ahora, cuando los conversos que por aquel entonces nos llamaban antipatriotas afirman, sin sonrojarse y con el aplomo de quien ha resuelto él solito el jeroglífico, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ya sólo queda que empiecen a entender que aún seguimos haciéndolo.

Confesiones de un papagayo en campaña electoral

¿Cuánto dinero nos cuesta a los ciudadanos la ineptitud de nuestros gobernantes? Leo hoy en la prensa a un ministro que afirma que "...si yo hubiese hecho la planificación de las infraestructuras con el conocimiento que tengo del país en este momento, muchas no tendría sentido hacerlas". ¿Y por qué no se puso al frente de ese ministerio a alguien que viniera ya con el conocimiento del país de serie? Pues eso.

Y por cierto, en esa misma entrevista afirma que "en ese periodo [los gobiernos de Aznar], la única reforma de verdad que se hizo en España fue la Ley del Suelo. Como consecuencia de ello vino el crédito fácil, toda España convertida en un solar, un endeudamiento masivo de empresas para hacer viviendas y de ciudadanos para comprarlas [...] Había una regulación - La Ley del Suelo de 1.998- que permitió muchos abusos". En fin, si miran ustedes para abajo dirán que me repito, pero que conste que el papagayo es otro.

Menos mal que ni siquiera llegó a terminar primero de Derecho y que, como dijo Zapatero, en este país puede llegar a ser presidente cualquiera -un cualquiera añadiría yo-, pues si hubiera terminado sus estudios universitarios, probablemente ahora sería un mileurista o un parado más. ¡Qué suerte la suya...!

Y la culpa es del maestro armero

No paro de escuchar, cada vez con más frecuencia conforme más nos aproximamos a las elecciones, que la culpa de nuestra situación actual la tiene Aznar y su herencia envenenada, ésa de la que tanto presumió Zapatero durante su primera legislatura con aquellos fantásticos crecimientos del PIB y del empleo.

El último ha sido Pepe Blanco, que ha colgado en su blog la entrevista que le han hecho esta semana y de la que he extraído el siguiente fragmento:

Como ven, la Ley del Suelo de 1.998 es la culpable de que la crisis haya afectado más a nuestro país que al resto del mundo. Y todo porque, según ellos, -que con toda seguridad ni se han leído la ley, ni la sentencia del Tribunal Constitucional que la derogó parcialmente apenas tres años después de su promulgación-, esta ley liberalizó el suelo. No sé de dónde sacan que Aznar es un liberal. Tampoco sé cómo, suponiendo que esa ley hubiera liberalizado el suelo, se puede afirmar que de tal decisión se derive un encarecimiento artificial y exagerado de la vivienda. De algo de esto ya hablé allá por febrero del año pasado, cuando empezaban a entrenarse en este discurso de echarle la culpa al maestro armero.

Por último, resulta insultante que alguien nos quiera hacer creer que nuestro país, la configuración política, territorial y económica de nuestro Estado, es como es a causa fundamentalmente de la gestión de un partido político que ha gobernado únicamente ocho de los últimos treinta años. Al menos tengan algo de dignidad y de vergüenza. Aunque sólo sea por respeto a los más de cinco millones de ciudadanos que están en el paro.

PP Blanco y el sudor de la frente

El portavoz del Gobierno, Pepe Blanco, ha juzgado relevante que el Gobierno haya tomado la decisión de reponer un impuesto al que el PP "se opone porque Rajoy está más decidido a apoyar a su amigo rentista" que a evitar recortes de profesores en las comunidades autónomas.

Resulta bastante cínico que acusen al PP de proteger a los rentistas cuando es el PSOE quien mantiene la fiscalidad de las rentas del capital mucho más baja que la de las rentas del trabajo. Por ejemplo, grosso modo, alguien que ingrese 80.000 euros procedentes de intereses y dividendos pagará a Hacienda 16.680 euros, aproximadamente un 21% de su renta, pero quien ingrese esos mismos 80.000 euros con el sudor de su frente, pagará 27.516 euros, más del 34% de su renta. ¿Y ahora qué, don José? ¡Qué atrevida es la ignorancia...!

Con la indiferencia de una berenjena...

"Los socialistas queremos que el sistema de poder burocrático, centralizado y opaco, desarrollado por la derecha, se convierta en otro muy diferente que esté caracterizado por la cultura del control y la responsabilidad de los poderes públicos, por la transparencia de la vida pública y por la libre información a los ciudadanos." (Programa electoral PSOE 2004, página 37)

"Los socialistas creemos que una democracia sólo puede fundamentarse en la transparencia en la acción pública, y por tanto en el libre acceso a la información por parte de los ciudadanos. Por eso, desde un gobierno socialista: impulsaremos una Ley sobre el derecho al libre acceso a la Información, que garantice que todos los poderes, autoridades públicas y entidades sostenidas con fondos públicos, faciliten, en tiempo útil, el libre acceso a toda información o documento oficial, con la única excepción de lo que atente a la legislación de protección de datos o de secretos oficiales..." (Programa electoral PSOE 2004, página 41)

Sí, ya sé que no hay político que resista el espejo de hemerotecas ni viejos programas electorales. Y también sé que la mayoría de nuestros políticos afrontan ese trance con la naturalidad e indiferencia de una berenjena. Pero no he podido resistirme.

El Tribunal de Conflictos ha dicho lo que por otra parte resultaba obvio, que las actas de  los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía no tienen carácter reservado. Pero aunque lo hubieran tenido, para negarse a entregarlas y presumir simultáneamente de honradez y colaboración con la justicia hay que estar emparentado con una berenjena.   

Del ratoncito Pérez y otros malditos roedores

El inefable Rubalcaba ha dicho en Cataluña -¿dónde si no?-, que va a proponer cambios legislativos para impedir que el Tribunal Constitucional pueda corregir un Estatuto que haya sido avalado en referéndum.

Lo que propone sería preocupante si no fuera porque el propio Tribunal Constitucional se ha encargado de arrastrar por el estiércol su independencia durante los últimos lustros. Sin embargo, no deja de causar vergüenza ajena, sobre todo por el desparpajo con el que se plantean ya estas cuestiones, que el poder ejecutivo quiera maniatar aún más a este órgano constitucional. Si lo que se apruebe en un referéndum no va a poder ser controlado por quien tiene la misión de verificar que las leyes se adecuen a nuestra Constitución, que Dios nos coja confesados.

No debe olvidarse que a la Constitución estamos sometidos todos, los ciudadanos y los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, y que el órgano encargado de que ello sea así es nuestro Tribunal Constitucional. Si empezamos por la exclusión del pueblo a ese sometimiento, ¿cuánto van a tardar nuestros políticos en legitimar también la suya?

Sería bueno que Rubalcaba explicara cómo va a modificar el Título IX de nuestra Ley de leyes para llevar a cabo su propuesta. Si va a consultar al pueblo, o si la va a hacer como la última reforma constitucional, marginando a ese pueblo cuya opinión le parece ahora tan sagrada como para que no sea sometida a la propia Constitución.

Y por cierto, ¿qué ocurriría si, hecha la reforma que plantea Rubalcaba, un Estatuto de Autonomía proclamara la independencia de su territorio y fuera aprobado por los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma en referéndum?

¡Menudo trilero está hecho el señor Rubalcaba...!

De sindicatos y otros mamones

Un sindicalista, y sin embargo amigo, me ha hecho llegar este video realizado por CCOO. Un video sobre mentiras que apenas contiene medias verdades, y anda sobrado de embustes y contradicciones. Vaya por delante que, conceptualmente, las organizaciones sindicales me parecen imprescindibles y que si fueran algo más rigurosas e independientes y menos sectarias, no necesitarían hacer el ridículo con videos como éste.

Hagamos algunas consideraciones sobre tales mentiras:

1-. Los sindicatos tienen cada vez menos apoyos

Dando por ciertos esos datos -no he encontrado fuentes independientes que los corroboren o desmientan-, no parece que sean como para tirar cohetes. Si tenemos en cuenta que según la EPA el número de ocupados se ha duplicado desde 1.980, en plena transición democrática, con algo más de once millones de trabajadores, hasta 2.008 con más de veinte millones, y que esos tres millones de afiliados suponen un 15% de los ocupados, no parece que los sindicatos puedan sentirse muy orgullosos del apoyo que reciben de sus potenciales representados. En todo caso, esto es lo que hay.

2-. Los sindicatos no nos representan

¿Los sindicatos tienen más representatividad que los alcaldes y los diputados? Los datos son escasos, pero por ejemplo, en Andalucía, la participación en los últimos años no ha pasado del 70% de media y en 2010 ha sido del 64%, cifras bastante alejadas del 90%. Además, no todos los trabajadores pueden votar -en los centros de trabajo con menos de 6 trabajadores no existen elecciones-, por lo que, en todo caso, ese hipotético 90% no lo sería sobre el total de trabajadores. Y por último, comparar la representatividad de los sindicatos con la de alcaldes o diputados resulta cuando menos equívoco. Si mis cinco vecinos me eligen presidente de la comunidad por unanimidad, ¿tengo más representatividad que los sindicatos, los alcaldes o los diputados? Pues eso.

3-. Los sindicatos viven del dinero del gobierno

Imagino que querrían decir del dinero del Estado y no del gobierno, pero tampoco resultaría extraño que quisieran decir lo que han dicho.

Por otro lado, se afirma en el video que las cuotas de los afiliados, que ascienden a 250 millones de euros, suponen el 60% de sus ingresos totales -que ascienden por tanto a unos 410 millones-, luego el 40% restante procede del Estado y no el 4%. ¿O es que acaso el 36% de los ingresos por formación no lo aporta el Estado, es decir, los ciudadanos? Además, dicen que "el gobierno -¿el gobierno?-, aporta a los sindicatos 16 millones de euros", pero ¿cuánto aportan las Comunidades Autónomas? Pues ni lo dicen, ni lo sé, pero seguro que bastante.

Asimismo, hacen un relato de todos los que chupan del bote -la patronal, los partidos políticos, la casa real, la Iglesia católica, la Federación española de fútbol, el cine español, las empresas privadas de prensa y televisión...- para reprochar a continuación que sólo se cuestionen las subvenciones de los sindicatos pero no las de aquéllos. ¡Como si la abundancia de mamones le hiciera a uno menos mamón!

Finalmente, olvidan valorar en euros contantes y sonantes la mano de obra gratuita que suponen los liberados y delegados sindicales que, en un cálculo aproximado, equivale a ¡¡mil cuatrocientos treinta y un millones de euros!!, a sumar a los 410 millones que reconocen explícitamente como ingresos.

4-. Los sindicatos se lucran con las ayudas para formación.

Si en la mentira número tres se dice que los 150 millones de formación forman parte de sus ingresos y, por tanto, de la financiación de los sindicatos ¿cómo puede negarse un minuto después que los sindicatos usen estos ingresos para cubrir una parte de sus gastos de funcionamiento? ¿Acaso no cobran por gestionar y a veces impartir esos cursos? Desde luego, la afirmación de que no se lucran con las ayudas para formación sería más creíble si los sindicatos publicaran anualmente sus cuentas de pérdidas y ganancias y sus balances debidamente auditados. No estaría mal que hicieran un video igual de didáctico, aunque algo más serio, con esa información.

5-. Los sindicatos no sirven para nada

Analicemos algunos de los datos que se exponen en este apartado.

Se dice que en nuestro país existen 300.000 delegados, curiosamente la misma cifra que calculé hace ya casi dos años. En aquel ejercicio estimé unas 25 horas mensuales por delegado, puesto que conforme al Estatuto de los Trabajadores la banda de crédito horario va desde las 15 horas hasta las 40 en función del tamaño del centro de trabajo. Si ahora hacemos el cálculo más conservador posible utilizando las 15 horas/mes, los 300.000 delegados suponen 49,5 millones de horas/año, que a razón de unas 1.650 horas/año de jornada media anual arroja un resultado equivalente a 30.000 trabajadores. Si el coste salarial anual medio por trabajador asciende a unos 28.000 euros, los sindicatos obtienen una mano obra gratuita por valor de 840 millones de euros en el escenario más conservador. ¿En qué parte del video se habla de estos ingresos en especie?

También se afirma que en España hay 4.000 liberados sindicales. Si sólo en Castilla-La Mancha hay 785 liberados en el sector público -cifra que figura en el plan de ahorro de este gobierno autonómico y que no ha sido desmentida por ningún sindicato-, ¿cómo puede haber sólo 4.000 para todo el Estado y todos los sectores?

Por otro lado, si como se afirma en el video, en nuestro país sólo se dedicara una de cada mil horas trabajadas a realizar tareas sindicales, con 18.300.000 ocupados a 1.650 horas/año, se dedicarían poco más de 30 millones de horas, muy lejos de los casi 50 millones de horas que arrojaría el cálculo más conservador correspondiente a los 300.000 delegados, luego resulta obvio que aquella afirmación es falsa.

Por último, se afirma que gracias a los sindicatos, el salario de los trabajadores se eleva anualmente en 1,2 millones de euros, "una cifra muy superior al coste de las horas sindicales". ¿Cómo se puede afirmar tal cosa si sólo los 4.000 liberados reconocidos en el video tendrían un coste anual de 112 millones euros?

A dos horas de ninguna parte

No parece que la calidad de la enseñanza sea realmente el motor de las últimas movilizaciones de los docentes. Y no lo parece porque si así fuera, hace ya años que tendrían que estar movilizados, cuando atábamos a los perros con longanizas. No sé si mi apreciación es la correcta, pero es la que es.

En el colectivo de docentes de la enseñanza pública, como en todas las profesiones, habrá vagos y gente especialmente brillante y laboriosa, extremos ambos que probablemente sean minoría, y junto a ellos, una amplia mayoría que cumple dignamente con su tarea. Obviando esos extremos y centrándonos en esa mayoría, es objetivamente incontestable que su jornada laboral es privilegiada, incluso en comparación con el resto del funcionariado: entre 1.200 y 1.300 horas anuales. Una jornada semanal de 37 horas y media -de 35 horas en Andalucía-, de las que unas 18 horas son lectivas y el resto -algunas incluso que no requieren presencia en el centro educativo-, dedicadas a otras tareas tales como tutorías, preparación de clases, corrección de exámenes... Hagamos algunos números.

Si en la Comunidad de Madrid hay unos 25.000 funcionarios docentes en la enseñanza pública no universitaria, y trabaja cada uno 37 horas y media a la semana de las que 18 son lectivas, entre todos trabajan 937.500 horas a la semana, de las cuales 450.000 son lectivas. Si además hay unos 2.800 interinos, éstos trabajarán a la semana 105.000 horas, de la cuales 50.400 son lectivas. Si se incrementan las horas lectivas de los docentes que son funcionarios en dos horas a la semana a costa de las horas que no son lectivas, se cubrirían las horas lectivas de los interinos.

Es cierto que las horas no lectivas de los interinos -54.600 horas a la semana-, no las cubriría nadie pero, ¿hasta qué punto afectan a la calidad de la enseñanza esas tareas? También se argumenta que habrá profesores que tendrán que impartir clase sobre materias para las que ni están capacitados, ni tienen por qué estarlo. En este caso lo tienen fácil: niéguense a hacerlo y denúncienlo. Encontrarán el apoyo de todos nosotros.

Seguro que mi análisis es simplón y que le faltan matices. Seguro.

De despelotados y otros pelotudos

El problema del despelote patrimonial de nuestra clase política es que llega en un momento en el que parece obsceno. Pero sólo lo parece. Porque lo realmente obsceno no es su patrimonio actual, sino imaginarse cuál hubiera sido ese patrimonio si, con el mismo equipaje intelectual, hubieran decidido ganarse la vida en el mundo privado.

A mí siempre me ha parecido objetivamente ridículo el sueldo del Presidente del Gobierno o el de un Ministro, incluso el de un diputado. Claro, que si empezamos a introducir elementos subjetivos, la cosa cambia.

De cuando la libertad agrede y otras coartadas

Decir que garantizar a los ciudadanos la libre elección de una de las dos lenguas oficiales de un territorio como lengua vehicular para la enseñanza supone un ataque a una de esas dos lenguas es, como poco, una imbecilidad, amén de alucinante.

Y lo peor no es que lo digan, sino que se lo crean y les crean. ¿De verdad el pueblo catalán se siente atacado por que se garantice a una parte de sus ciudadanos el ejercicio de una libertad individual que no afecta a la del resto? ¿O son sólo sus políticos los imbéciles?

Defenderse de quien no te ataca es la más infame de las agresiones.

¿Pro Bono público?

Otro porrazo desde el guindo. Al final he tenido que crear una nueva etiqueta porque no doy abasto con tanta reconversión. Cuando uno -o sea, yo-, decía cosas parecidas hace algunos años mientras afirmaba simultáneamente que profesaba una ideología de izquierdas -lo que uno, o sea yo, entiende por ser de izquierdas, claro...-, le miraban a uno con cara de guasa y de pensamiento único.

Éstas son las perlas de una entrevista al presidente del Congreso, José Bono, que hoy publica un periódico:

"Las administraciones públicas españolas piden prestados 600 millones de euros para financiarse. ¡Cada día! ¡100.000 millones de pesetas cada día! Eso no hay país que lo soporte. Podemos esconder la cabeza como el avestruz y hacernos trampas en el solitario o, al contrario, tomar decisiones firmes y gastar menos, mucho menos."

"El gasto debe ajustarse a los recursos más que a las aspiraciones. ¿Hacen falta tantas televisiones locales, provinciales, regionales, pagadas con los impuestos? ¿Qué problemas tienen los riojanos, asturianos o murcianos por no tener Diputación? ¿Tienen razón de ser miles de municipios con menos de 500 habitantes y con secretario, auxiliar, Policía…?"

"...si tienes que pedir prestado, debes garantizar que puedes devolverlo. En caso contrario, no te prestan y te mueres. Hay que poner límite a la capacidad de disponer de lo que no se tiene. Ni una persona, ni una familia, ni un pueblo pueden permanentemente pedir prestado por encima de sus posibilidades."

"Lo progresista es que haya servicios públicos eficientes. ¿Por qué es progresista que los cocineros de un centro sanitario sean funcionarios, si se puede prestar el servicio de cocina al mismo nivel y con menos coste contratando a una empresa?"

"A todos los ciudadanos se les debe escuchar, pero gobernar no es tarea ni de los sindicatos ni de quienes protestan en una plaza."

"Que pague más quien más tiene es de izquierdas, pero perseguir al que crea riqueza es de torpes o de comunistas del Paleolítico, que alguno queda."

Pues eso, pro bono publico.

Se nota que andan ya preparando la mudanza...

No dan el dato desestacionalizado ni cuando les favorece. Si es que...