De poderes sin quereres

Uno tiene derecho a no declarar contra sí mismo. Y es legítimo, además de legal. Que los ciudadanos piensen que quien actúa así tiene algo que ocultar, también es legítimo. Darse golpes de pecho indignados porque los ciudadanos pensemos así sólo puede ser producto de la falta de escrúpulos o la idiocia.

Una juez solicita a la Junta de Andalucía, que además es parte en el procedimiento -para defender, o eso dicen, el interés de lo público-, las actas de las reuniones de la Junta de Gobierno. La Junta dice que son secretas. Miente. Nada dice de su carácter secreto el art. 30 que regula el funcionamiento del Consejo de Gobierno. Pero aunque quisieran forzar ese carácter de materia reservada por aplicación extensiva de lo dispuesto en el art. 31 -que ni menciona las actas-, nadie les impide levantar el velo de dicha reserva a ellos mismos según ese mismo art. 31.

O sea. Las actas no son secretas, pero si se forzara la interpretación legal del precepto, podrían considerarse así. Por otro lado, esa naturaleza secreta sólo depende de la voluntad de quien se niega a entregarlas con el peregrino argumento de que cometería una ilegalidad porque son secretas. ¿Lo pillan? Conclusión: pueden pero no quieren poder, salvo el suyo, claro.

Ni comisiones de investigación en el Parlamento, ni colaboración con la justicia, ni destituciones, ni dimisiones. Está claro que la transparencia brilla por su ausencia, pero también que todo está claro, muy claro, casi transparente. Después nos llamarán extremistas y antidemócratas a quienes pensamos que la presunción de culpabilidad es la única postura que nos queda a los ciudadanos honrados.