Dime con quien andas...

En el día de ayer, 30 de Julio, había convocado un pleno en el Ayuntamiento de Isla Cristina en el que se iban a tratar algunas cuestiones importantes para el pueblo.

Los vecinos estabamos convocados por varias organizaciones vecinales a asistir a dicho pleno con objeto de plantear a la alcaldesa diversas quejas por la situación del pueblo, en especial por el atraco que supone la zona azul en la inmensa mayoría de las calles. Y un servidor pensaba asistir.

Pues bien, justo un día antes, y seguramente ante el temor de la presión vecinal por la nefasta gestión del equipo de gobierno, la alcaldesa suspendió el pleno. El argumento, como pueden leer, consistió en que el día 30 de Julio -día previsto para el pleno-, la alcaldesa debía asistir a una reunión de "la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en dónde se incluyen diferente asuntos de gran interés para nuestro municipio" (sic).

En principio, parecería una causa más que razonable para suspender un pleno. El problema es que, a la vista del documento que contiene la convocatoria de dicha Comisión Provincial de Urbanismo, es posible comprobar lo indefendible de dicha suspensión, quedando en evidencia la cobardía política de la alcaldesa y su falta de respeto por los ciudadanos.

Primero, porque la convocatoria de la Comisión Provincial se produjo el día 23 de Julio, teniendo por tanto conocimiento la alcaldesa de dicha reunión, pero no es hasta el día 29 de Julio, un día antes de la celebración del pleno en el Ayuntamiento y ante las informaciones de movilización vecinal que llegan a oídos de la alcaldesa, cuando se comunica la suspensión de dicho pleno.

Y segundo, porque en el orden del día de la reunión de la Comisión no existe ningún punto que afecte al pueblo de Isla Cristina, desmintiendo claramente el argumento de que en tal reunión se iban a tratar "asuntos de gran interés para el pueblo".

 

¿Y quién es esa alcaldesa de Isla Cristina tan transparente, tan demócrata, tan respetuosa con sus vecinos? Pues nada menos que la señora Mª Luisa Faneca Pérez, miembro de la recién estrenada Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español elegida por Pedro Sánchez.

¿Será esta la renovación del partido, las nuevas formas, la regeneración que nos vende el nuevo Secretario General del Partido Socialista...?

En fin, él sabrá de quiénes se acompaña en su futura carrera política, pero no debiera olvidar aquello de dime con quién andas...

A lo mejor...

No sé por qué tengo la sensación de que la alcaldesa del pueblo en el que hace años decidí pasar con mi familia el verano, algunos fines de semana y otros periodos vacacionales, está deseando que venda la casa que compramos con nuestros ahorros hace casi quince años, recoja los bártulos y me mude a otro municipio donde vean con mejores ojos a quienes llegamos de la ciudad para descansar y gastar nuestros dineros en disfrutar, pero también en crear riqueza y puestos de trabajo en el pueblo.

Quizás sea porque en mi calle hace ya tiempo que no funciona ninguna farola. O porque ha hecho todo lo posible para que sus magníficas playas perdieran la bandera azul que ondeaba años atrás. O porque ha subido los impuestos locales -IBI, basuras, tratamiento de residuos...-, una barbaridad. O porque ha puesto casi todas las calles del pueblo como zona azul, incluidas las calles cercanas a mi vivienda que está a las afueras del pueblo, obligándome no sólo a pagar más de cien euros al mes por aparcar en la calle, sino también a levantarme a la hora de la siesta para pagar el ticket o mover de sitio el coche. O porque ahora mismo, a las cuatro y media de la tarde, acaba de pasar el servicio municipal de limpieza con esos sopladores de hojas motorizados y un camión barredor justo a escasos dos metros de la mismísima puerta de casa para despertarme de la siesta con el corazón en un puño.

No sé. A lo mejor es que me he vuelto muy susceptible y la alcaldesa no tiene nada contra mí ni contra quienes habíamos decidido considerar su pueblo como nuestro segundo hogar. A lo mejor son sólo cosas mías. A lo mejor...

En fin, voy a intentar continuar la siesta ahora que el del soplador y el barrendero mecanizado han vuelto a pasar por mi puerta por segunda, y espero que última, vez.

¡Ah, el pueblo se llama Isla Cristina...!

¡Impresionante...!

Dice Pedro Sánchez que lo primero que haría si llega al gobierno es "la derogación de la reforma laboral, que ha provocado que haya más parados que al inicio de la legislatura, la desprotección absoluta, la devaluación de los salarios de los trabajadores y frenado la recuperación económica."

¡Impresionante! Ahora sólo faltaría saber en qué datos se basa para hacer esas afirmaciones...

Esto ya lo decían Rubalcaba y Susana Díaz, la mentora de Pedro Sánchez. Toda una garantía. Sobre todo por el rigor de sus análisis.

Así, en cuanto a que la reforma laboral haya provocado más parados, o haya devaluado los salarios o frenado la recuperación, ni siquiera dos expertos en la materia se atreven a afirmarlo.

Respecto de que haya provocado la desprotección absoluta de los trabajadores, podríamos emplear varias fuentes para demostrar que no ha sido así. Por ejemplo, si el trabajador estuviera más desprotegido tras la reforma, las resoluciones dictadas por la Jurisdicción de lo Social habrían evolucionado hacia un mayor porcentaje de sentencias desestimatorias o en contra del trabajador a partir de 2012, pero resulta claro de los cuadros mostrados que no sólo no ha sido así, sino que ha sido justo al contrario.

Elaboración propia (Fuente: CGPJ)

El hombre que amó a Bambi...

Pregunta del periodista: ¿Usted se perdona haber indultado a un banquero?

Respuesta de Zapatero: Es que el indulto al señor Sáenz no tuvo nada que ver con un delito económico ni contra la administración pública, era por una denuncia falsa. Y conllevaba dejar el primer banco por una pena de tres meses. Entiendo la crítica, por ser un banquero y tal, y después de lo que ha pasado, igual no lo volvería a hacer. Pero no dimos ni un indulto en delitos económicos o contra la administración.

Claro. Sólo era una denuncia falsa que esa amable criaturita llamada Alfredo Sáenz presentó contra unos empresarios, a sabiendas de que era falsa, para presionarles con objeto de que pagaran una deuda. Y esos empresarios pasaron una temporadita en la cárcel siendo inocentes y sabiendo el señor Sáenz que lo eran. Pero vamos, que sólo era una denuncia falsa. ¿Y por tres meses de nada iba a tener que dejar el primer banco? Venga hombre, eso Bambi jamás lo habría permitido...

En fin, que deben parecerle al señor Zapatero mucho más graves los delitos económicos o contra la administración pública, que al fin y al cabo no dejan de ser delitos sobre bienes materiales, que los delitos que provocan la privación de libertad -uno de los derechos fundamentales contenidos en nuestra Carta Magna-, de un ciudadano que es inocente. Curiosas prioridades las del hombre que ama a Bambi.

¡Ah! Y antes de que se me olvide, aquí les dejo un botón de muestra. En Febrero de 2011 indultó a Juan Hormaechea, condenado por un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación. 

Pero vamos, que no, que ellos no dieron ni un indulto en delitos económicos o contra la administración.

De Guindos y otros frutales...

"Nunca con un crecimiento tan reducido se ha creado tanto empleo y tan rápido". Lo dice el señor de Guindos con alegría, como celebrando el feliz acontecimiento.

La verdad es que me sorprende que eso pueda ser motivo de alegría para cualquiera que desee un país con una fuerza laboral bien cualificada y productiva. Ya me sorprende menos que, visto su curriculum, quien se alegre sea el señor de Guindos.

Ya explicamos por aquí -¿por qué será que me repito tanto?-, cuando la que decía las tonterías era la señora Salgado, que una mejora en la cualificación de los trabajadores y, por tanto en su productividad, implica que sea necesario un mayor crecimiento del PIB para crear puestos de trabajo. Y también lo contrario, que en aquellos sectores muy intensivos en mano de obra, basta un pequeño crecimiento del PIB para que crezca el empleo. Lo cual es de una lógica aplastante para cualquiera que sepa sumar y multiplicar.

De la afirmación anterior se deduce fácilmente que cuando se crea rápidamente empleo con un crecimiento muy bajo de la economía, o es porque se está creando en sectores muy intensivos en mano de obra, que es el modelo productivo clásico de nuestro país y típico de los países en vías de desarrollo, o es porque los puestos de trabajo creados son a tiempo parcial, y como a la hora de contar puestos de trabajo sólo contamos cabezas, pues pasa lo que pasa, que si, por ejemplo, un trabajador a jornada completa se va al paro y se contratan dos trabajadores a media jornada, el resultado es que se ha creado un puesto de trabajo sin que haya crecido un euro la economía.

¿De cuál de las dos causas que hacen que crezca el empleo con crecimiento muy bajo del PIB se alegra este gobierno en general, y el señor de Guindos en particular?

De donde no hay... (LXV)

Según la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,  y conforme a los datos de la EPA, en el primer semestre "se generó en la comunidad tres de cada cuatro nuevos puestos de trabajo".

Como no contemplo la posibilidad de que mienta sobre datos tan fácilmente comprobables, sólo cabe concluir que el error es resultado de la ineptitud. De la suya, de la de sus asesores, o de la de ambos. Hagamos unos números rápidos echando un simple vistazo a la EPA publicada en la página web del INE. 

Primero los datos nacionales. Número de ocupados en el último trimestre de 2013: 17,135 millones. Número de ocupados en el segundo trimestre de 2014: 17,353 millones. Puestos de trabajo creados en el primer semestre de 2014: 218.000.

Y ahora los datos andaluces. Número de ocupados en el último trimestre de 2013: 2,571 millones. Número de ocupados en el segundo trimestre de 2014: 2,630 millones. Puestos de trabajo creados en el primer semestre de 2014: 59.000.

Por tanto, de los 218.000 puestos de trabajo creados en el primer semestre, 59.000 se han creado en Andalucía, es decir, aproximadamente uno de cada cuatro. Repito, uno de cada cuatro.

Dime de qué presumes...

Al final lo consiguieron. Con la inestimable ayuda de un gobierno liberticida presidido por un presuntuoso liberal de fachada. La alegría les durará poco a los supuestos beneficiarios. Seguro. Porque las puertas al campo nunca dan abasto. Y porque terminarán pagando su falta de imaginación, su soberbia, su exigencia de que la realidad se amolde a sus culos.

Como dijo ayer Carlos Martínez Gorriarán en el Congreso de los Diputados, se trata de una ley demasiado conservadora e intervencionista que renuncia a adaptar la legislación al mundo real, y que pretende privilegiar y mantener modelos de negocio que han preferido no adaptarse.

En fin, ellos sabrán.

El síndrome del nido vacío...

¿Recuerdan ustedes a estos dos artistas? Pues ahí tienen a uno de ellos correteando ya por el jardín. Y dentro de nada, se irán, como si nada hubiera pasado. Pero ha pasado.

Inventando problemas a los que buscar solución

Ahora está de moda eso de la renta básica para todos. Desde Podemos hasta el PP andaluz, pasando por Izquierda Unida. Como ven, el populismo es contagioso.

La mayor parte de los que están a favor de la renta básica son partidarios, no sólo de la existencia de un salario mínimo, sino de que ese salario mínimo sea lo más alto posible.

Como ya se ha comentado más de una vez por aquí y cualquier economista no ideologizado reconoce, la imposición de un salario mínimo, como la imposición de un precio mínimo de cualquier bien o servicio, reduce la cantidad de ese factor de produción, bien o servicio que se intercambia en el mercado. Y esa reducción es tanto mayor cuanto más alto es ese precio mínimo obligatorio, además de generar normalmente un mercado negro e ilegal que pone de manifiesto la incoherencia de esas imposiciones. No hace falta ser economista para concluir que si un empresario no es capaz de vender lo que produce un trabajador porque el consumidor -usted o yo-, no está dispuesto a pagarle el coste del trabajador y, en su caso, los materiales consumidos más un margen de beneficio, ese empresario no comercializará ese bien o servicio y ese puesto de trabajo no se creará.

La cuestión no tendría mayor importancia si ese trabajador pudiera optar a un puesto de trabajo más cualificado para producir bienes y servicios que el mercado sí esté dispuesto a comprar. Pero resulta que hay un sector de la población que, bien porque está muy poco o nada cualificado, bien porque su cualificación no es demandada en el mercado -insisto, el mercado somos todos los consumidores que decidimos qué compramos y qué no, qué empresa tiene éxito y cuál no-, sólo puede acceder a determinados trabajos de escaso valor añadido.

¿Qué hacemos con ese sector de la población condenada al paro porque el Estado ha decidido que no puede cobrar menos de un cierto salario?    

Fíjense que los partidarios de la imposición de un salario mínimo, lo que dicen es que se prohíba a determinado tipo de trabajador acceder a un puesto de trabajo y al empresario crearlo. Dicho de otra forma, el Estado estaría impidiendo trabajar a esos trabajadores y, según dicen, por su propio bien. Pero además, como quienes propugnan la existencia de ese salario mínimo -y cuanto más alto mejor-, exigen simultáneamente una renta básica, la conclusión es que el mismo Estado que impide a alguien trabajar y obtener una renta básica, tendría la obligación de entregarle esa renta básica que no puede obtener porque ese Estado se lo impide. Todo muy racional, como pueden ver.

De la economía ideológica y otras manipulaciones

"Sin embargo, la solución a la crisis parecía estar en controlar el déficit público mediante severos recortes en los gastos públicos. Y así se hizo. O mejor, así se dijo que se hacía porque si analizamos lo ocurrido es que sólo ha habido un año de recorte del gasto público, 2010, coincidiendo con lo peor de la crisis. A partir de ahí, ha habido recortes selectivos en gastos autonómicos, pero el conjunto del gasto público no se ha reducido en el Estado central. Tenemos un déficit cercano al que había hace dos años, pero la deuda pública ha aumentado de forma espectacular. Dicho de otra forma, la austeridad en el sector público ha sido ideológica (recortes sociales), recesiva (caída en la inversión pública) y aparente (incremento de la deuda pública)." (Jordi Sevilla, ex ministro de Zapatero, en la prensa de hoy, cayéndose del guindo)

Parece que después de afirmar una y otra vez en sus numerosos artículos que el austericidio (sic) de este gobierno no era el camino -¡Qué alguien nos rescate del austericio...!, suplicaba hace apenas año y medio-, y de los datos oficiales de Contabilidad Nacional que desmentían una y otra vez esa austeridad, ahora resulta que la austeridad no ha sido tal, que ha sido sólo ideológica, que los únicos recortes se han producido en servicios sociales e inversión, y que la deuda, junto con el gasto público, no ha hecho más que incrementarse. ¡Coño, lo que algunos llevamos años denunciando con datos objetivos y públicos...!

Si acaso un matiz, y no menor, señor Sevilla. Los recortes no han sido ideológicos, sino defensivos. Todos, absolutamente todos los gobiernos -el nacional, los autonómicos y los locales-, y de todos los colores, han recortado en educación, sanidad e inversiones antes que en subvenciones políticas, burocracia y mantenimiento de su propio andamiaje institucional, léase mamandurrias. Y si no se lo creen, ahí va una muestra de un gobierno del mismo color que el del señor Sevilla y sus prioridades.

Revolcándose sin pudor en las mierdas propias...

Primero dicen que no deben dimitir mientras no estén imputados. Después, cuando los imputan, que no deben hacerlo porque una imputación no equivale a una condena y debe prevalecer la presunción de inocencia. Más tarde, cuando los condenan, que siguen poniendo la mano en el fuego por ellos.

Según su propia Fundación -porque el señor Rodríguez Ibarra tiene una Fundación-, el ex presidente extremeño sigue poniendo la mano en el fuego por la ex alcaldesa de Plasencia, condenada por los delitos de fraude y prevaricación continuados.

Que todo un miembro del Consejo de Estado piense que se debe seguir confiando para representar a los ciudadanos en una persona condenada por fraude y prevaricación, es un claro síntoma, otro más, de la podredumbre moral e institucional que reina en nuestro país.

Del comunismo liberal y otras modernidades...

Tropiezo hoy en el periódico con la foto de una eurodiputada de Podemos, Teresa Rodríguez, mostrando sonriente a la cámara el recibo de la transferencia de una donación de 4.522 euros que ha realizado a una asociación de mujeres. Ha decidido donar una parte de su salario público a quien a ella le ha parecido bien. Nada que objetar.

No obstante, resulta llamativo que actúe como un vulgar liberal y que, en lugar de donar su dinero al Estado para que éste decida por ella en qué gastarse su dinero, sea ella misma la que decida libremente en qué gastarlo. Eso sí, discretamente, con sonrisa satisfecha, foto y la prensa convocada.

Desde luego, no se puede negar que es noticia ver a un comunista desconfiar del Estado.

De donde no hay... (LXIV)

Dice la ministra de Sanidad que el reparto de fondos para la pobreza entre las distintas Comunidades Autónomas es correcto porque es objetivo. Como si la objetividad garantizara la equidad o la justicia.

El método empleado se basa en un indicador europeo denominado AROPE, y que mide el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Cómo lo mide? Pues este indicador concluye que una persona está en riesgo cuando cumple una de tres condiciones. O cuando sus ingresos son inferiores a unos 650 € mensuales. O cuando sufre una carencia material severa, considerándose tal cuando carecen de al menos cuatro de los siguientes nueve indicadores: no tener retrasos en el alquiler; vivienda a temperatura adecuada en los meses fríos; hacer frente a gastos imprevistos; comida de carne, pollo o pescado cada dos días; irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; coche; lavadora; televisor en color; teléfono. O cuando viven en hogares con muy baja intensidad de trabajo.

Resulta obvio que se trata de un indicador de riesgo relativo. Dicho de otra forma, una misma situación personal será considerada dentro o fuera del indicador dependiendo del nivel de renta mediana disponible del país en el que viva. También es obvio que se trata de un indicador para países ricos y que nada tiene que ver con el concepto de pobreza que cualquiera de nosotros tendría en mente. En cualquier caso, y al margen de la opinión que nos merezca ese indicador, admitamos que sea una forma razonable de medir el riesgo de pobreza en los países de nuestro entorno.

Bien, pues lo que dice el sentido común -o al menos el mío-, es que la forma más equitativa para repartir los fondos sería aplicar el indicador AROPE sobre la población de cada Comunidad Autónoma para calcular la población en riesgo, y posteriormente repartirlos proporcionalmente a la misma. Por ejemplo, si la población en Andalucía es de 8.390.000 habitantes y su índice AROPE del 38,7%, su población en riesgo sería de 3.247.000 habitantes. Se calcularía la población en riesgo de cada Comunidad Autónoma y se repartirían los fondos proporcionalmente. Incluso sería posible, tratándose de fondos cuya finalidad es el riesgo de pobreza infantil, tomar como referencia únicamente esa población en lugar de la población total. Sólo hay que acudir al INE para obtener fácilmente todos los datos. 

Si aplicamos ese criterio sobre la población total de cada Comunidad Autónoma, los porcentajes del fondo que corresponderían a cada una de ellas se muestran en la quinta y sexta columna de siguiente tabla (pulsar sobre ella para agrandar).

Elaboración propia (Fuente: INE y Mº de Sanidad)

También se muestra en la última columna de esa tabla el reparto realmente realizado por el Ministerio de Sanidad. Si aplicamos el criterio sobre la población de 0 a 12 años en lugar de sobre la población total, obtendríamos la siguiente tabla.

  Elaboración propia (Fuente: INE y Mº de Sanidad)

Pero entonces, ¿qué es lo que ha hecho la señora ministra? Ponderar el reparto en función del indicador y con independencia de la población. Así, le correspondería el mismo importe a una Comunidad con 100 habitantes que a otra con 10.000 habitantes si su indicador AROPE fuera igual, o el doble si el indicador es el doble. Pueden comprobarlo comparando lo que reciben dos Comunidades con un indicador similar o un indicador doble. ¿El sentido común? ¿Qué coño es eso?

Tiene absolutamente toda la razón el gobierno andaluz y los de otras Comunidades cuando se quejan del sistema de reparto realizado. Sólo hay que echar un vistazo para comprobar la aberración que supone el criterio seguido. Por ejemplo, si tomamos como referencia la población total en riesgo, en Andalucía tocan a 0,37 €/habitante, mientras que en la Rioja tocan a 9,91 €/habitante o en Melilla a 37,29 €/habitante. Si tomamos como referencia la población en riesgo de 0 a 12 años,  en Andalucía tocan a 2,58 €/habitante, mientras que en la Rioja tocan a 75,75 €/habitante o en Ceuta a 199,05 €/habitante.

A todo esto hay que añadir la absoluta desvergüenza que supone dedicar a este reparto sólo 16 millones de euros -sin contar la partida de 1,4 MM dedicadas específicamente a familias de etnia gitana-, mientras se despilfarra en subvenciones a empresas privadas, sindicatos, partidos políticos y televisiones públicas, en créditos fiscales al sector financiero, en coches oficiales... En lugar de pelearse por cómo hay que repartir el fondo, más les valdría pelearse sobre cuánto gasto superfluo se puede recortar para dedicar varios cientos de millones de euros a los niños más desfavorecidos, que son el futuro de este país, porque visto lo visto...

Como puede comprobarse, la ineptitud campa a sus anchas en el Ministerio de Sanidad y en el gobierno todo.

Adelantando por la izquierda...

Dice el PP andaluz, por boca de su jefe, que va a llevar al Parlamento la Ley de Inclusión Social, que incorporará la Renta Básica. Porque es una promesa que el gobierno andaluz lleva incumpliendo desde hace años. ¡Toma ya...!

En dos semanas y media...

Bueno, pues parece que ganó el menos malo. Y también el menos socialista. Ya veremos.

Lo que no sabía es que su jefe de campaña 2.0 había sido el famoso alcalde de Jun. Y que va a publicar un libro explicando el éxito de la campaña de Pedro Sánchez en las redes sociales en apenas dos semanas y media. Y dice que para saber cómo se consigue eso, habrá que comprar su libro. Conociendo al personaje, me quedaré en la ignorancia.

Por cierto, que leyendo la noticia, uno se queda con la sensación de que a los votantes nos toman directamente por gilipollas con eso de que usando las redes sociales y en dos semanas se pueden ganar unas elecciones. Aunque puede que no les falte razón.

En fin, que ya podría explicarle a su nuevo jefe que censurar comentarios para evitar dar explicaciones incómodas no forma parte de las buenas prácticas virtuales.

Del embudo y otras leyes...

Los sindicatos UGT y CCOO se han reunido con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para solicitarles que sea modificado el art. 315.3 del Código Penal. Dicen que "esta ronda parlamentaria forma parte de una amplia campaña sindical en defensa del derecho de huelga y para evitar que ninguna persona, por ejercer este derecho constitucional, entre en prisión".

Para centrar un poco la cuestión, reproduzcamos el art. 315 del CP:


1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.

3. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.

Según dicen, no están de acuerdo con el apartado tercero de dicho artículo por lo que, a sensu contrario, cabe deducir que sí lo están con el resto. Dicho en román paladino, tanto UGT como CCOO están de acuerdo con que se condene a prisión de seis meses a tres años a quienes impidan o limiten el ejercicio del derecho de huelga, y si además lo hacen con fuerza, violencia o intimidación, que esa condena sea de tres años y un día a cuatro años y seis meses. Sin embargo, les parecen inaceptables esas mismas penas para quienes impongan el ejercicio del derecho de huelga e impidan el ejercicio del derecho al trabajo y a la libre circulación mediante fuerza, violencia o intimidación.

Y añaden que "las actuaciones fiscales tienen todos los ingredientes de una acción coordinada, con instrucciones desde la Fiscalía, acompañada de un proceso involutivo que se traduce en la criminalización del sindicalismo y en una durísima ofensiva penal contra el derecho de huelga. Un hecho grave y preocupante que no permite el desarrollo de una democracia plena y que pone en evidencia el recorte de derechos y libertades sociales que desde hace tiempo se está produciendo en nuestro país".

Quizás sea conveniente recordar que al artículo del que se quejan no se le ha cambiado una sola coma desde la promulgación del actual Código Penal por parte del señor González, a la sazón, presidente del gobierno allá por 1.995,  Y que la ley es aplicada por el poder judicial. Y que a lo mejor el personal está ya hasta los huevos de los abusos de algunos sindicalistas que se cagan en las libertades ajenas en nombre de las propias.

Resulta comprensible que con estos planteamientos los sindicatos tengan cada vez menos credibilidad y prestigio. Ellos solitos se pegan tiros en los pies. Después se quejarán de campañas contra ellos y tal...

De su propia medicina...

La tecnología en general, e internet en particular, casi nunca es dañina, pecaminosa o perjudicial en sí misma. Dependerá del uso o del abuso que de ella se haga. Por eso, porque la solución ante los abusos o usos indebidos de la tecnología no es prohibirla como tal, sino crear mecanismos que los impidan, es ésta una magnífica noticia.   

La comisión de delitos en la red siempre ha chocado con la dificultad de la prueba. Una página web que resulta ser una estafa, pero que cuando se denuncia ya ha desaparecido. Mensajes en cualquier red social que manipulan e incitan a menores a realizar determinadas conductas, pero que son borrados antes de poder demostrar su existencia...

Según recoge la noticia, desde el portal del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil es posible denunciar un delito cometido en la red y, simultáneamente, garantizar que cualquier modificación o borrado que el delicuente haga posteriormente no altere la prueba. Así, el denunciante puede enviar a un correo electrónico la dirección de la página, que quedará automáticamente capturada, guardada en formato PDF y remitida al ciudadano de forma gratuita.

Quedan ustedes informados. Después no digan que la red es una mierda, porque la red -o mejor, sus contenidos-, la hacemos entre todos. Entre quienes la usan para abusar o delinquir, sí, pero también entre quienes la usan para ser mejores e intentar mejorar a los demás, para divertir o divertirse, y estos últimos tienen, tenemos, la obligación de contribuir a que aquéllos lo tengan un poco más difícil.

Oler, lo que se dice oler, huele que apesta...

Eso de que es una propuesta irreprochablemente democrática -Rajoy dixit-, que el alcalde sea el de la lista más votada será según y cómo. Sobre todo conociendo el percal.

Porque si de cinco partidos, uno obtiene el 21 por ciento de los votos y los demás menos, ¿es irreprochablemente democrático que gobierne aquél, si el 79 por ciento de los votantes no desean que lo haga? ¿O lo irreprochablemente democrático es que, cuando no ha habido mayoría absoluta, los votantes decidan en segunda vuelta ?

Cuestión bien distinta es que sea el momento oportuno, porque de esto ya hablábamos por aquí hace más de siete años. Tiempo ha habido, pero allí seguimos siete años después.

En fin, que oler, lo que se dice oler, huele que apesta... Pero a lo mejor sólo es mi olfato, que se ha vuelto demasiado delicado.

De urgencias y cagadas...

Si Rajoy y su partido se quejaba, y con razón, del abuso del Decreto-ley para la elaboración de leyes por parte del gobierno de Zapatero, nuestro presidente no le va a la zaga.

Dice el art. 86 de nuestra Constitución que esta técnica de elaboración de leyes sólo es admisible en casos de extraordinaria y urgente necesidad, vetándola además para regular determinados asuntos. Esa previsión constitucional es razonable. Si el poder legislativo, nuestras Cortes, es quien debe producir las leyes, permitir que el poder ejecutivo las produzca sólo debiera estar permitido para determinados supuestos muy tasados.

El Real Decreto de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia que se aprobó en el último Consejo de Ministros contiene medidas tan urgentes como el establecimiento de un gravamen del 0,03% a los depósitos bancarios que, no lo duden, lo terminaremos pagando quienes tengamos algún ahorrillo en el banco. ¡Coño, una subida de impuestos...! Y además, con carácter retroactivo desde el 1 de Enero de 2014. Y uno se pregunta, ¿ésta es una medida para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia? ¿por qué es urgente si tiene carácter retroactivo desde el 1 de Enero? ¿Acaso no daría lo mismo aprobarlo el 31 de Diciembre?

En fin, ése es sólo un ejemplo. Porque modificar 26 leyes con un Decreto-ley no parece muy democrático. Si realmente es urgente su aprobación -y algunas de las medidas lo parecen-, que se tramite como ley por el procedimiento de urgencia, que se abra un periodo extraordinario de sesiones y que se queden sin vacaciones sus señorías. Eso sí que no dejaría lugar a la duda sobre la urgencia de esas medidas.

Menos mal que Rajoy vino a regenerar la democracia...

Pasados unos días...

¿Recuerdan a la mirla presumida? Pues les presento a su familia...

Hechos son amores...

"Me preocupa la percepción que los ciudadanos tienen de la política y sobre la escasa credibilidad de los políticos...". Así empieza el candidato Pedro Sánchez un post publicado hoy en su página web de campaña.

¿Recuerdan lo que comentábamos ayer sobre la honradez intelectual de Pedro Sánchez? Pues echando otro vistazo a su blog de campaña, además de comprobar que ya quitaron el enlace al fichero para que nadie apreciase la contradicción, me topé con un comentario del administrador en el que justificaba la modificación del texto con un simple "hemos cambiado la redacción para evitar las malas interpretaciones".

Inmediatamente le contesté, creo que con respeto, en los siguientes términos:

"Hombre, con todos los respetos, no son interpretaciones ni opiniones.

En la redacción anterior, se decía literalmente “Mi compromiso consiste en ajustar la prestación de los servicios sociales básicos en función de la renta de cada ciudadano”

En la redacción actual se dice “Debemos garantizar en primer lugar que los servicios básicos del Estado de bienestar sean universales y gratuitos para todos los ciudadanos [...] Es necesario eliminar los copagos…”

Creo que hay un cambio radical de criterio y sería bueno que se explicase. No parece serio despacharlo con un “Hemos cambiado la redacción para evitar las malas interpretaciones”

Saludos"

Este comentario quedó pendiente de moderación por parte del administrador a las 21:05 de ayer, lo cual parece razonable. Pero vistas las cosas tan extrañas que ocurren en esa página, y ante la posibilidad de que el comentario fuera finalmente censurado, hice una captura de la imagen del momento de publicación del mismo.

Al comprobar que hoy han sido publicados por el moderador comentarios posteriores al mío, resulta obligado concluir que mi comentario, en efecto, ha sido censurado.

Sin duda, tienen todo el derecho a hacerlo porque es su página, del mismo modo que yo lo tengo a informar de lo ocurrido. Con lo fácil y honesto que hubiera sido explicar que han cambiado de opinión y las razones de haberlo hecho... Porque imagino que tendrá una explicación de fondo, ¿o no?

"Me preocupa la percepción que los ciudadanos tienen de la política y sobre la escasa credibilidad de los políticos...". Sí, eso ha escrito hoy el candidato Pedro Sánchez.

Ni un solo español...

Dice nuestro presidente que "no hay ni un solo español que ya el año que viene vaya a pagar lo mismo o más impuestos, todos menos".

Debe ser que cuando uno se acostumbra a mentir, a no decir lo que piensa, termina por no pensar lo que dice. Manipular sobre asuntos opinables es relativamente cómodo porque siempre se podrá decir que es una cuestion de perspectiva. Pero mentir sobre asuntos absolutamente objetivos y comprobables es de estúpidos. O de gente que se sabe por encima del bien y del mal. Comprobemos la afirmación del presidente.

Imaginemos un contribuyente, por ejemplo un director de Recursos Humanos de una empresa mediana, con una base liquidable de 60.000 euros. Imaginemos que este contribuyente vende por 75.000 euros un pisito que tiene en la costa y que adquirió en 1.986 por 13.000 euros, unos dos millones de pesetas. Imaginemos que tiene unos ahorrillos invertidos en acciones de Telefónica que le han reportado este año 1.000 euros en dividendos. Imaginemos, finalmente, que la empresa le entrega un incentivo anual por cumplimiento de los objetivos en forma de acciones propias por un valor de 9.000 euros.

Cuando en 2015 haga la declaración de la renta correspondiente a 2014, arrojará el resultado que se refleja a continuación. Obviaremos las deducciones en los cálculos por simplicidad, aunque el resultado no variaría sustancialmente si las contemplásemos y, en cualquier caso, lo haría en perjuicio del contribuyente.

• Por la base liquidable general de 60.000 euros pagaría 20.231,19 €.

• Por la ganancia patrimonial procedente de la venta de la vivienda no tendría que tributar, pues al haberla adquirido en 1.986, esa ganancia patrimonial sería cero aplicando los coeficientes de actualización y abatimiento en vigor. Estos coeficientes pretenden eliminar el efecto de la inflación a lo largo de los años y que el contribuyente no tribute por ganancias ficticias resultado de una variación nominal y no real del patrimonio.

• Por los dividendos recibidos de la acciones no deberá tributar, pues los primeros 1.500 euros recibidos están exentos.

• Por el salario en especie que supone la entrega de acciones por parte de la empresa tampoco deberá tributar, pues hasta los 12.000 euros están exentos siempre que se mantengan al menos durante tres años.

Si aplicáramos a este mismo ejemplo el anteproyecto de ley, los cálculos serían los siguientes:

• Dado que se ha eliminado la exención de tributación de la entrega de acciones al trabajador, la base liquidable pasaría de 60.000 euros a 69.000 euros, al tener que contabilizar dicha entrega de acciones como rendimiento del trabajo. La cuota que correspondería a esa base liquidable asciende a 23.545 €.

• Por la ganancia patrimonial procedente de la venta de la vivienda deberá tributar, pues la reforma elimina los coeficientes de actualización y abatimiento. Así, el importe de esa ganancia, que se integra en la base del ahorro, ascendería a 62.000 euros, correspondiéndole una cuota de 13.760 €.

• Por los dividendos recibidos de la acciones deberá tributar, pues se ha eliminado la exención de los primeros 1.500 euros. Dado que este importe viene a incrementar la base del ahorro calculada en el punto anterior, tributará por el tipo marginal resultando una cuota de 240 €.

Sumando todos lo conceptos, la cuota ascendería a 37.545 €. Comparando lo que pagaría ese contribuyente antes de la reforma -20.231,19 €-, y después de la reforma, queda meridianamente claro que el presidente miente.

Alguien podría pensar que he elegido a un contribuyente con las condiciones necesarias para que mi tesis se corrobore. En primer lugar, aunque así fuera, lo cierto es que es una situación perfectamente posible y, por tanto, suficiente para que la rotunda afirmación del presidente quede desmentida. En segundo lugar, he elegido este supuesto porque me permite ilustrar fácilmente las modificaciones más importantes realizadas en el anteproyecto, y no sólo las que se ha encargado de airear el gobierno porque favorecen al contribuyente. Y en tercer lugar, existen realmente muchos contribuyentes que tienen sus pequeños ahorros en acciones, que perciben una parte de su salario en especie o que generan ganancias patrimoniales por venta de parte de su patrimonio. Porque si no existiera ese perfil de contribuyente, ¿para qué iban a realizar esas modificaciones en la ley?

Por un puñado de votos...

El candidato a dirigir el PSOE, Pedro Sánchez, decía ayer en su página web, como cuarto punto de su decálogo de propuestas, lo siguiente:

"No tiene sentido que mientras una persona mayor sin recursos no tiene garantizada una endodoncia en la Seguridad Social, un ciudadano con seguro privado pueda hacerlo cuando quiera operándose en un hospital público. No tiene sentido que un estudiante universitario cuya familia tiene rentas superiores al millón de euros pague lo mismo en la Universidad Pública que una familia con rentas de 30.000 euros. Debemos introducir racionalidad en la prestación de los servicios de salud y educación introduciendo nuevos criterios de ciudadanía a quienes no puedan sufragarlos. Mi compromiso consiste en ajustar la prestación de los servicios sociales básicos en función de la renta de cada ciudadano, siguiendo el modelo de algunos países avanzados."

En román paladino, su propuesta consiste en que para poder recibir los servicios sociales básicos que ya pagamos entre todos -unos más que otros, como ya sabemos-, habrá que pagar. Más quienes más renta tengan. Más quienes más pagan para que no paguen los que menos renta tienen. Vamos, un copago modulado por la renta.

Bueno, cada cual tendrá su opinión al respecto. Pero no era exactamente sobre ese debate sobre el que hoy quería llamar la atención, sino sobre el hecho, que para la mayoría habrá pasado desapercibido, de que esta mañana, ese punto cuatro de su decálogo había sido sustituido por este otro:

"Debemos garantizar en primer lugar que los servicios básicos del Estado de bienestar sean universales y gratuitos para todos los ciudadanos. Pero, además, debemos avanzar en la prestación de nuevos servicios hasta ahora no incluidos y en la atención de los nuevos riesgos sociales. Es necesario eliminar los copagos y extender por ejemplo las coberturas en materia de salud y educación infantil. Por eso debemos introducir racionalidad en la prestación de los servicios públicos y aumentar los recursos destinados a sostener el Estado de bienestar, de manera que podamos ampliar el catálogo de prestaciones gratuitas a aquellos que no puedan sufragarlas y atender las nuevas necesidades surgidas como consecuencia de la crisis, la inmigración, las nuevas estructuras familiares o el envejecimiento." 

Como se puede leer, consiste en una propuesta radicalmente opuesta a la inicial. Claro, que alguno podrá pensar que como no se puede comprobar lo que se decía en la página web antes del cambio, puedo estar manipulándolo. Si piensan eso tienen varias opciones.

La primera, ir al final de la página web de Pedro Sánchez, y del enlace que hay justo debajo de su firma, bajarse en formato PDF el decálogo. A esta hora todavía contiene el texto original.

La segunda, como yo ya me lo he bajado antes de que lo modifiquen, descargárselo de aquí. Les prometo que no lo he manipulado.

La tercera, comprobar en la caché de Google lo que había en esa página antes de su modificación. Esta opción dejará de mostrar la información antigua cuando se actualice la caché de Google, pero mientras tanto, conservará la información antigua de la página. Si usan el navegdor Firefox pueden hacerlo usando este enlace.

Y ahora que ya están convencidos de que no ha existido manipulación por mi parte, saquen ustedes sus propias conclusiones sobre la consistencia y honradez intelectual del candidato Pedro Sánchez. Consistencia y honradez intelectual que, por cierto, no es muy distinta de la de la mayoría de nuestros políticos.