Tan relevante y llamativa resulta la propuesta de Montoro de meter en la cárcel a los gobernantes y servidores públicos manirrotos -previa reforma del Código Penal, se entiende-, como la oposición en bloque de toda la izquierda.
Lo primero, porque a buenas horas mangas verdes. Sobre todo cuando en la última reforma del Código Penal, hace apenas año y medio, en la que se incluía la responsabilidad penal de las personas jurídicas por primera vez en nuestro país, el PP no planteó ninguna enmienda a la exclusión expresa de dicha responsabilidad "al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos...". No obstante, bienvenida sea la propuesta si permite que los jodidos no seamos siempre los mismos. Y ya puestos, tampoco vendría mal añadir algún tipo de responsabilidad patrimonial personal para las cúpulas de los partidos que incumplan sus programas electorales. Veríamos entonces si habría tantos codazos para dirigir partidos y figurar en las listas.
Lo segundo, porque resulta significativo a la par que vergonzoso, que la izquierda, ésa que dice tener el monopolio de expedir carnés de decencia, honestidad y democracia, se acojone en bloque cuando se plantea meter en la cárcel a los derrochadores. A las primera de cambio y sin siquiera conocer los detalles de la propuesta. ¿Por qué ese miedo si son tan decentes?
A la espera de conocer los detalles de la propuesta de Montoro -suponiendo que no sea un globo sonda o una estrategia electoral de cara a las elecciones andaluzas-, no parece descabellado exigir algún tipo de responsabilidad a quienes ostentan tal poder, que las consecuencias de sus decisiones afectan de manera determinante a la vida cotidiana de millones de personas. Para bien, pero también para mal.
Por tanto, no sólo debieran ser delito llevárselo crudo o abusar del poder, que ya lo son, sino también la administración descuidada o negligente de los dineros de todos o la obtención de la confianza de los ciudadanos -es decir, del poder-, mediante mentiras y falsedades.
Lo primero, porque a buenas horas mangas verdes. Sobre todo cuando en la última reforma del Código Penal, hace apenas año y medio, en la que se incluía la responsabilidad penal de las personas jurídicas por primera vez en nuestro país, el PP no planteó ninguna enmienda a la exclusión expresa de dicha responsabilidad "al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos...". No obstante, bienvenida sea la propuesta si permite que los jodidos no seamos siempre los mismos. Y ya puestos, tampoco vendría mal añadir algún tipo de responsabilidad patrimonial personal para las cúpulas de los partidos que incumplan sus programas electorales. Veríamos entonces si habría tantos codazos para dirigir partidos y figurar en las listas.
Lo segundo, porque resulta significativo a la par que vergonzoso, que la izquierda, ésa que dice tener el monopolio de expedir carnés de decencia, honestidad y democracia, se acojone en bloque cuando se plantea meter en la cárcel a los derrochadores. A las primera de cambio y sin siquiera conocer los detalles de la propuesta. ¿Por qué ese miedo si son tan decentes?
A la espera de conocer los detalles de la propuesta de Montoro -suponiendo que no sea un globo sonda o una estrategia electoral de cara a las elecciones andaluzas-, no parece descabellado exigir algún tipo de responsabilidad a quienes ostentan tal poder, que las consecuencias de sus decisiones afectan de manera determinante a la vida cotidiana de millones de personas. Para bien, pero también para mal.
Por tanto, no sólo debieran ser delito llevárselo crudo o abusar del poder, que ya lo son, sino también la administración descuidada o negligente de los dineros de todos o la obtención de la confianza de los ciudadanos -es decir, del poder-, mediante mentiras y falsedades.
En fin, ya veremos.
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