Por imperativo legal

Simple y llanamente vergonzoso. Nuestro presidente dice que es un asunto que no compete al Parlamento nacional, puesto que se produjo cuando el protagonista era Presidente de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, a través del ínclito Pizarro, dice que como no es ni diputado ni presidente andaluz, reglamentariamente no puede intervenir en el Parlamento autonómico. Y mientras se pasan la patata caliente de uno a otro, el señor Chaves remite una carta al periódico El Mundo para dar las explicaciones que se niega a ofrecer al pueblo allá donde debe hacerlo.

De todos los argumentos empleados en la carta, quizás el más vergonzoso para el propio Chaves sea el contenido en el primer punto. Como no es creíble que un licenciado en Derecho, profesor universitario y alto cargo de la Administración durante más de veinte años no sea capaz de distinguir el concepto jurídico de "imperativo legal" -aquél al que, por ejemplo, está sometido el rey al estar obligado a sancionar las leyes, le gusten éstas o no-, de la necesidad de ratificación, a efectos de control, de determinados acuerdos para la validez de los mismos, sólo cabe concluir que su grado de desfachatez ha alcanzado ya límites inimaginables. Por si a alguien aún no le ha quedado claro, el señor Chaves tenía que ratificar el acuerdo de subvención adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía -organismo dependiente de la Junta-, si, y sólo si, consideraba que esa subvención debía concederse, pero en ningún caso tenía la obligación legal de ratificarla si entendía lo contrario.

Como quedó dicho hace ya algunos días, presunción de culpabilidad política cuando no se reaccione de manera fulminante ante acusaciones de corrupción. Claro que si después, en esta Andalucía de corrupciones, clientelismo y paro, las elecciones las vuelve a ganar el dueño del cortijo...

Por cierto, enhorabuena a UPyD, un rayo de esperanza para la complicada regeneración democrática de este país.