¿Alguien se imagina que un ciudadano que pague el 30% de sus rentas del trabajo -de la nómina, para que nos entendamos-, en concepto de IRPF exigiera que el Estado le devolviera -en forma de servicios sanitarios, educación, subvenciones, becas...-, más de lo que aporta? ¿O que ese mismo ciudadano solicitara recibir del Estado más de lo que recibe aquél que paga un 6% de su salario en concepto de IRPF? Pues a falta de que alguien del gobierno se digne a informar con pelos y euros del asunto -¿transparencia? ¿y eso qué es lo que es?-, esto es exactamente lo que ha conseguido Cataluña. O al menos lo parece.
A base de falacias, fáciles de vender al ciudadano pero absolutamente demagógicas, han conseguido transmitir la idea de que Cataluña ha sido tratada injustamente durante mucho tiempo. Que pudiera ser, pero desde luego no sobre la base de los argumentos que esgrimen. El razonamiento empleado es muy simple, pero eficaz. Y aparentemente inatacable. Si la comunidad A aporta cinco y recibe tres, y la comunidad B aporta tres y recibe cinco, ¿es justo que la comunidad A reciba menos que la B? ¿no sería más justo que, como mínimo, ambas recibieran cuatro? ¿o incluso que la A recibiera algo más y la B algo menos de cuatro? Ya que ésta última sólo aporta tres, debiera hacer palmas con las orejas si recibe un poquito más de tres. Impecable si no fuera porque nos hacemos trampas en el solitario.
Si creemos en el Estado como un buen instrumento de organización y protección colectiva, deberíamos creer en una de sus funciones fundamentales, a saber, la solidaridad con los menos favorecidos mediante una redistribución razonable de la renta a través de los impuestos. Volvamos ahora a la situación descrita al principio. A nadie -a excepción de nuestros políticos, visto lo visto-, le parecería razonable que un ciudadano que tenga una nómina abultada reciba del Estado, como resultado final de la redistribución, lo mismo que un mileurista. ¿Y parecería razonable que sí lo recibieran dos ciudadanos con la nómina abultada que vivan en la misma vivienda? ¿Y veinte que vivan en el mismo bloque? ¿Y cien mil que vivan en la misma ciudad? ¿Y cinco millones que habiten en la misma autonomía? El sutil salto mortal que supone pasar de las rentas individuales a las rentas o aportaciones colectivas no es inocuo, pero permite a nuestros políticos no sólo cepillarse el principio de solidaridad sin que lo parezca, sino incluso que parezcan inicuas situaciones que no tienen por qué serlo. ¿Acaso no ven ustedes injustas, tanto las exigencias del ciudadano de clase media del primer párrafo, como la situación de la comunidad A del segundo? Si es así, acaban de dar también ustedes el salto mortal sin enterarse.
Aunque parezca una obviedad afirmarlo, hay que insistir en ello porque no es tan inocente como parece: son los ciudadanos y no las comunidades quienes pagan los impuestos y reciben los servicios del Estado. Y hacen ambas cosas, o deberían hacerlas, residan donde residan dentro del territorio nacional. Las rentas correspondientes a un grupo de ciudadanos, agregados en función de su pertenencia a una provincia o comunidad determinada, o cualesquiera otros criterios, son imprescindibles para gestionar los recursos y tomar decisiones. Pero no todas las decisiones. Recordando el viejo chascarrillo estadístico, es importante saber que si seis personas se han comido cuatro pollos asados, cada una de ellas se ha comido de media un pollo y medio, pero es mucho más importante ser consciente de que probablemente dos de ellas pasan hambre porque ni lo han olido, y que las otras cuatro se han puesto hasta el culo. Colectivamente no hay un problema, individualmente hay un problemón. En fin, cuestiones de medias, modas, varianzas y esas cosillas de la estadística que las carga el diablo, aunque son imprescindibles para gestionar un Estado moderno.
Otra cuestión bien distinta es si los dineros de todos están bien gestionados. Si esa solidaridad es aprovechada por quien la recibe para aspirar también él a ser solidario algún día, o si la utiliza para vivir del cuento, cuestión que en todo caso sería aplicable tanto al plano individual como colectivo. Si el modelo de financiación actual es justo o no. Si debiéramos dar el salto definitivo al federalismo fiscal con todas sus consecuencias. Y a algunas de estas cuestiones responde tozudamente la realidad de los datos de mi querida Andalucía de los últimos treinta años.
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