¿Que una empresa decide cobrar a cada aspirante a ser contratado una cantidad determinada de dinero? Allá que va el Estado y le abre un expediente informativo. Si uno quisiera ser un poco demagógico, haría cuentas de cuánto nos cuesta a cada uno de los que pagamos impuestos el proceso de selección de cada aspirante a trabajador que se apunta a las oficinas de empleo. Y de cuánto nos cuesta cada puesto de trabajo encontrado a través de ellas.
Pero como uno intenta huir de la demagogia siempre que puede, me conformaré con preguntarme qué coño le importa a la Junta de Andalucía si una empresa privada cobra o paga por leer el curriculum de un candidato. Si esa empresa -y sus propietarios, que son quienes se juegan los cuartos-, ha decidido que prefiere dejar fuera del proceso de selección a quienes no tengan el dinero, aunque estén más capacitados para el puesto, es su problema.
Pero como uno intenta huir de la demagogia siempre que puede, me conformaré con preguntarme qué coño le importa a la Junta de Andalucía si una empresa privada cobra o paga por leer el curriculum de un candidato. Si esa empresa -y sus propietarios, que son quienes se juegan los cuartos-, ha decidido que prefiere dejar fuera del proceso de selección a quienes no tengan el dinero, aunque estén más capacitados para el puesto, es su problema.
¿Que suena mal intentar cobrar por una entrevista de trabajo en los tiempos que corren? Pues sí, pero el Estado no está -o no debiera estar-, para regular la ética de cada cual, sino para hacer cumplir las leyes e inmiscuirse lo menos posible en las libertades individuales. ¿Que abrirle un expediente a esa empresa aporta a la Junta de Andalucía un aparente barniz ético del que anda muy escasa? Pues también, porque después de robar parte del dinero de los parados para gastarlo en falsos ERE, ya me dirán ustedes qué lecciones puede darle a esta empresa privada que, además, no se esconde para ejercer su libertad y a la que, con toda seguridad, el libre mercado -si es que tal cosa existiera-, pondría automáticamente en su sitio, sea cual sea ése.
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2 comentarios:
Para presentarse a cualquier oposición del estado hay que pagar unas tasas (la Junta de Andalucía, en un principio, no cobraba. Luego se subió al carro). Me parece bien, puesto que con ese dinero se paga a los examinadores (aunque me recelo que lo que pagan los opositores es muuuuucho más de lo que se destina a pagar los gastos administrativos. ¿!)
Por otro lado lo de los colegios concertados -es el caso del colegio granaíno que mencionas- no tiene nombre porque reciben dinero pùblico pero los trabajadores los eligen ellos y los pagamos entre todos. ¡Manda testículos!
Desde ese punto de vista, sí me parece correcto que la Junta de Andalucía le meta una sanción al dichoso colegio. Lo que no tienen gónadas a hacer, ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno del Estado, es suprimir todas las subvenciones a los centros concertados y privados. ¡Eso sí que canta al cielo!
Atentamente.
Bueno, la cuestión de fondo que pretendía poner sobre la mesa es que ya está bien de que el Estado esté permanentemente inmiscuyéndose en decisiones empresariales y personales que debieran ser exclusivamente privadas. Y esta crítica es aplicable tanto a los rescates bancarios o empresariales, como al extremo paternalismo con los ciudadanos.
Dicho esto, y según la noticia, se trata de un centro educativo privado, es decir, de una empresa privada. Por otro lado, los centros educativos concertados -que también son una empresa privada-, no reciben subvenciones, sino que la Admón. Pública les paga por los servicios recibidos. Tantas plazas escolares a tanto la plaza. Como a las constructoras les paga las carreteras o a los farmacéuticos los medicamentos, y no lo llamamos subvención, sino pago por los servicios prestados. Además, si no existieran centros educativos concertados -u hospitales concertados-, el Estado tendría que construir más colegios. Es más, al Estado le salen más baratas las plazas concertadas que las públicas. Ahora que se habla tanto y tan erróneamente de privatización de servicios públicos cuando lo que se quiere decir es privatización de las gestión de los servicios públicos, no estaría de más reflexionar sobre si realmente es necesario que la educación o la sanidad esté en manos públicas -funcionarios, edificios, maquinaria...-, que no es lo mismo que plantear que la educación o la sanidad dejen de ser un servicio público, universal y gratuito.
Por último, si me has leído algo, sabrás que estoy en contra de absolutamente todas las subvenciones. Desde las subvenciones a la patronal, hasta las de las energías renovables pasando por las de los sindicatos.
Saludos
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