A golpe de leyes...

Anda el patio revuelto, populismo electoral mediante, con el asunto de reformar la ley con objeto de que la entrega de la vivienda al banco sea suficiente para saldar la deuda hipotecaria cuando el valor de aquélla no alcance el montante de ésta.

Lógico. Son muchos los ciudadanos de a pie que especularon en el mercado inmobiliario, que se endeudaron por encima de sus posibilidades o que, aun habiendo sido prudentes, tuvieron la mala suerte de quedarse en el paro. Siento aguarles la fiesta a quienes piensen que el gobierno, éste o el que venga, va a conseguir algo en el asunto que nos ocupa, incluso aunque cambie la ley.

Por un lado, si lo hiciera con carácter retroactivo, el valor de los activos de los bancos y cajas representados en créditos hipotecarios, y que actualmente figuran en su balance por el importe de la deuda pendiente de amortizar, tendría que ajustarse al del valor de mercado de la vivienda, por lo que nuestro sistema financiero se iría al garete al día siguiente y, viendo cómo se las gasta, literalmente, nuestro gobierno, ya saben quiénes serían los paganinis. Además, la inseguridad jurídica que generaría dicha retroactividad, en el dudoso supuesto de que la misma fuera legal, no haría más que deteriorar la credibilidad de nuestro país con la consiguiente huida de inversores.

Por otro lado, si la modificación legal se hiciera a futuro, el encarecimiento y las restricciones del crédito estarían servidos. Los bancos, ante el mayor riesgo que suponen unas menores garantías de devolución del principal, ofrecerían menos importe por hipoteca y a mayor interés. ¿Alguien se ha preguntado por qué, siendo actualmente legal -ahí tienen el art. 140 de la actual Ley Hipotecaria-, pactar que la garantía de la deuda se limite a la vivienda hipotecada sin alcanzar al resto de los bienes del deudor, nadie lo aplica? Además, siendo ello así, debe entenderse que el objeto de dicha reforma legal, descartada ya la retroactividad, no podría consistir en aspirar a establecer lo ya establecido, sino a imponerlo a las partes. ¿Y de verdad alguien piensa que esa imposición iba a beneficiar a quienes supuestamente pretende beneficiar, a saber, a quienes andan necesitados de crédito para adquirir una vivienda?

Quienes impulsan esa modificación legal y quienes le prestan oído saben, o al menos debieran saber, que este tipo de imposiciones tiene consecuencias sobre las decisiones que toman los agentes económicos involucrados. Si esas consecuencias se asumen, nada hay que objetar al cambio legal, pero que después nadie se queje de que no le conceden un préstamo hipotecario a pesar de poseer otros bienes con los que garantizar el pago o un buen salario con el que devolver cómodamente el crédito.