Justos por pecadores y el canon de los haraganes

La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) reconoce el derecho a la copia privada de aquellas obras a las que el ciudadano haya accedido legalmente. También contempla la obligación -realmente dice que son los fabricantes de equipos y soportes quienes la tienen-, de ése mismo ciudadano de compensar económicamente al autor de la obra.

En estos tiempos en los que determinados colectivos con intereses en el asunto y oscuros métodos de gestión están solicitando con insistencia al gobierno leyes similares a las que ya están en vigor en Francia para que se controle el tráfico en internet, no me resisto a subrayar la iniquidad de esa ley.

Para empezar, sería conveniente aclarar que la descarga desde internet de contenidos protegidos sin autorización de su autor no es una forma de acceso lícita a esa obra, lo que impediría enarbolar el derecho de copia privada para justificar la legalidad de la misma. La forma más habitual de acceder lícitamente a las obras es su adquisición, pero incluso en este caso la ley obliga a pagar por realizar una copia privada. ¿Por qué?

Cuando compro una obra, lo que realmente adquiero, más allá del objeto que le sirve de soporte físico -vinilo, papel, cd...-, es el derecho a disfrutarla, a solas o en un entorno doméstico, prestarla, regalarla, cambiarla de formato, copiarla, siempre que sea para mi propio uso, tirarla a la basura... Entonces ¿por qué debo pagar de nuevo al autor por grabar, por ejemplo, una selección de sus canciones en otro soporte, aunque el uso que haga de éste sea el mismo por el que ya he pagado? ¿Y por qué debo pagar también a ese autor por usar esos soportes como continentes de otras obras aunque no sean suyas o su autor haya decidido no ejercer su derecho de propiedad?

Establecido y asumido por la fuerza el abuso que supone el canon, la nueva batalla se llama P2P, ese protocolo que permite compartir en la red toda clase de información. Es cierto que no es legal descargarse obras sobre las que su autor ha decidido ejercer los derechos de propiedad que la ley le otorga, pero no es menos cierto que el alto grado de despotismo e injusticia que representa el canon implantado por la nueva LPI resta legitimidad, si no formal, sí ética a los autores y explica, más allá de cuestiones económicas, el amplio rechazo social a considerar delincuente a quienes usan las redes P2P para intercambiar obras protegidas.

Y a todo ello cabría añadir cuestiones como la falta de transparencia en el reparto de lo recaudado, agravada por el hecho de que quienes parten y reparten, además de llevarse la mejor parte, son sociedades privadas a las que el gobierno permite usurpar la función recaudadora que únicamente compete al Estado en sus distintos niveles. O el hecho de que, lejos de compensar a los creadores para que puedan vivir dignamente de su trabajo, se beneficie a unos pocos para que vivan a cuerpo de rey -la SGAE repartió en 2007 el 75% de los recaudado entre sólo el 1,73% de los autores-, rodeados de lujos y sin dar más de dos palos al agua. O la pretensión de muchos de vivir básicamente de derechos de autor en lugar de sudar la camiseta en conciertos, artículos, conferencias, nuevos discos o libros. O las enormes subvenciones que el mundo de la cultura, a veces con el único mérito de sus deméritos, se lleva de nuestros impuestos.

Por tanto, sí a una remuneración justa a los creadores y autores -¡faltaría más!-, pero con unas reglas de juego cristalinas y sin atajos inicuos. Debieran los autores sumarse a las oportunidades que las nuevas tecnologías les brindan, en lugar de intentar poner puertas al campo. Haciéndolo, ganarían poder de negociación frente a las multinacionales que les compran sus derechos por tres perras, obtendrían mayores ingresos y abaratarían el acceso a sus obras convirtiendo la piratería en una actividad marginal.