Tras leer la última entrada, mi querida tabernera me ha informado de que algo parecido, aunque con otros mecanismos y otras consecuencias, puso en marcha la Junta de Andalucía antes del verano. Y claro, como no tenía conocimiento de ello -no puede uno estar en todo-, he buscado información al respecto, sobre todo tras la airada -y absolutamente justificada-, indignación de la flamante presidenta andaluza y su partido ante la medida puesta en marcha por el desgobierno de Rajoy.
Bien, pues resulta que allá por Mayo, la Junta de Andalucía anunció que iba a poner en marcha un acuerdo marco para reducir el número de medicamentos agrupándolos según un mismo principio activo, produciéndose así un ahorro de entre 8 y 10 millones de euros en el servicio de farmacia hospitalaria. Además, según dijeron, esta medida estaba "basada en la evidencia científica disponible y el consenso profesional". Miel sobre hojuelas. Nos ahorramos 10 millones y no tiene consecuencia alguna sobre la salud de los andaluces.
Pero hete aquí que un mes después de que la Junta de Andalucía anunciara a bombo y platillo la medida, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) emite un comunicado dejando clara su posición respecto de la misma, y dice, entre otras muchas cuestiones interesantes, lo siguiente:
"Ante estas iniciativas, que limitan la capacidad de prescripción del médico y vulneran los derechos de los pacientes, la SEOM reitera su apoyo a la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), ya mostrado en la adhesión al manifiesto del pasado mes de abril, y se suma a la reciente declaración de la Organización Médica Colegial (OMC), junto con otras sociedades científicas..."
"El hecho de que un determinado número de medicamentos oncológicos se clasifiquen en un mismo grupo terapéutico o compartan una misma indicación terapéutica no supone que se puedan considerar alternativas terapéuticas equivalentes ni de eficacia o seguridad similares en el paciente individual"
¿Consenso profesional dijeron? Pues, a la vista del comunicado de la SEOM, no parece que hayan contado ni con ellos, ni con la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, ni con la Organización Médica Colegial.
Pero la cosa no acaba aquí. El pasado 12 de Septiembre, la SEOM presentó una queja ante el Defensor del Pueblo andaluz contra el Acuerdo de Equivalencias Terapéuticas de Fármacos Oncológicos, y emitió un comunicado donde se afirma, entre otras cosas, lo siguiente:
"En los hospitales andaluces la elección del medicamento que se dispensará al paciente no se efectuará por el oncólogo médico según su criterio clínico, sino por el Sistema Andaluz de Salud (SAS) mediante la adjudicación de este Acuerdo Marco basado en motivos económicos. Esto es radicalmente contrario a la legislación estatal de prescripción y dispensación de medicamentos y discrimina gravemente a los pacientes andaluces"
Si el gobierno central del PP quiere ahorrar aplicando el copago a ciudadanos con enfermedades graves y crónicas aunque no tengan dinero, el gobierno andaluz del PSOE-IU pretende hacerlo eliminando de raíz la posibilidad de que un médico prescriba a cargo del sistema sanitario público, y según su criterio profesional, un determinado medicamento a un enfermo de cáncer, ni pagando siquiera una parte de su precio. Distintos mecanismos, parecidas consecuencias, idéntica canallada.
Bien, pues resulta que allá por Mayo, la Junta de Andalucía anunció que iba a poner en marcha un acuerdo marco para reducir el número de medicamentos agrupándolos según un mismo principio activo, produciéndose así un ahorro de entre 8 y 10 millones de euros en el servicio de farmacia hospitalaria. Además, según dijeron, esta medida estaba "basada en la evidencia científica disponible y el consenso profesional". Miel sobre hojuelas. Nos ahorramos 10 millones y no tiene consecuencia alguna sobre la salud de los andaluces.
Pero hete aquí que un mes después de que la Junta de Andalucía anunciara a bombo y platillo la medida, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) emite un comunicado dejando clara su posición respecto de la misma, y dice, entre otras muchas cuestiones interesantes, lo siguiente:
"Ante estas iniciativas, que limitan la capacidad de prescripción del médico y vulneran los derechos de los pacientes, la SEOM reitera su apoyo a la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), ya mostrado en la adhesión al manifiesto del pasado mes de abril, y se suma a la reciente declaración de la Organización Médica Colegial (OMC), junto con otras sociedades científicas..."
"El hecho de que un determinado número de medicamentos oncológicos se clasifiquen en un mismo grupo terapéutico o compartan una misma indicación terapéutica no supone que se puedan considerar alternativas terapéuticas equivalentes ni de eficacia o seguridad similares en el paciente individual"
¿Consenso profesional dijeron? Pues, a la vista del comunicado de la SEOM, no parece que hayan contado ni con ellos, ni con la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, ni con la Organización Médica Colegial.
Pero la cosa no acaba aquí. El pasado 12 de Septiembre, la SEOM presentó una queja ante el Defensor del Pueblo andaluz contra el Acuerdo de Equivalencias Terapéuticas de Fármacos Oncológicos, y emitió un comunicado donde se afirma, entre otras cosas, lo siguiente:
"En los hospitales andaluces la elección del medicamento que se dispensará al paciente no se efectuará por el oncólogo médico según su criterio clínico, sino por el Sistema Andaluz de Salud (SAS) mediante la adjudicación de este Acuerdo Marco basado en motivos económicos. Esto es radicalmente contrario a la legislación estatal de prescripción y dispensación de medicamentos y discrimina gravemente a los pacientes andaluces"
Si el gobierno central del PP quiere ahorrar aplicando el copago a ciudadanos con enfermedades graves y crónicas aunque no tengan dinero, el gobierno andaluz del PSOE-IU pretende hacerlo eliminando de raíz la posibilidad de que un médico prescriba a cargo del sistema sanitario público, y según su criterio profesional, un determinado medicamento a un enfermo de cáncer, ni pagando siquiera una parte de su precio. Distintos mecanismos, parecidas consecuencias, idéntica canallada.
Y la señora Susana Díaz y los suyos arrancándose histéricos la camisa por un Rajoy sin alma, mientras mercadean con la suya por poco más del 5% de lo que nos va a costar este año Canal Sur. ¿Alguien da más?
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