No saben, no quieren aprender, orejas de burro les vamos a poner...

Estaban hablando de este problema en una tertulia de televisión y a un periodista se le ocurre decir que el asunto está mal explicado. Y él nos lo iba a explicar bien, claro. Para que nos enterásemos.

Si malo fue que aspirara a explicarnos algo que él mismo no había entendido, peor fue que los contertulios, casi todos periodistas con altas responsabilidades en sus propios medios y muchos de ellos con tendencias de izquierda, no le corrigieran ni una coma. Y se quedaron todos tan panchos, oiga.

Y es que era tan simple como haberse leído la resolución de la que hablaban -de apenas tres páginas descontado el anexo-, y haberla entendido, claro. Por ejemplo, en ella se dice lo siguiente:

"Mediante esta resolución se modifican las condiciones de financiación pública de los medicamentos, que sin tener la calificación de uso hospitalario, tienen establecidas reservas singulares en el ámbito del Sistema Nacional de Salud consistentes en limitar su dispensación a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales. Dichos medicamentos estaban exentos de aportación del usuario."

O sea, que la propia resolución reconoce que antes estaban exentos de aportación del usuario. También se dice esto otro:

"Conforme a lo establecido en los artículos 89.1 y 94.bis.1 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, se modifican las condiciones de financiación por el Sistema Nacional de Salud de los medicamentos recogidos en anexo 1 a esta resolución, quedando sometidos a aportación del usuario."

O sea, que si se modifican las condiciones de financiación, quedando a partir de la entrada en vigor de la resolución sometidos a aportación del usuario, es que antes no lo estaban. Hay más información objetiva que demuestra la desinformación de todos esos tertulianos que aspiran a informarnos, pero creo que con lo dicho es suficiente.

Ésta es sólo una muestra más de la calidad de nuestro periodismo y de la necesidad de que el ciudadano contraste lo que escucha y lee.

Que les den por el UGT...

Hace ya exactamente un mes y un día que constituyeron la comisión interna de investigación. Y ni pío, oigan. Para que después digan que en este país no tenemos un problema de escasa productividad...

Que les vayan dando... O mejor, que empiecen ya a quitarles. Urgentemente.

De paternalismos y otros insultos...

Resulta que UPyD ha presentado una proposición no de Ley para tipificar como delito el negacionismo y evitar, según ellos, que se reinterpreten los crímenes de ETA y de la dictadura. Simplemente insultante.

Que nuestros políticos piensen que el Estado debe prohibir que se anden diciendo por ahí verdaderas majaderías -como que Franco fue un angelito o que los de ETA no son un grupo de asesinos-, por si nos las creemos, sólo puede obedecer al paupérrimo concepto que tienen del ciudadano.

Incluso si estuvieran en lo cierto, la solución no pasaría por restringir la libertad de expresión de quienes así piensan -siempre el atajo...-, sino por fomentar el espíritu crítico del ciudadano, facilitarle las herramientas intelectuales necesarias para discurrir, para identificar las mentiras y las gilipolleces, en fin, para tener criterio propio y actuar en consecuencia.

Pero, ¿y si por casualidad lo consiguieran y después no les votásemos? Quita, quita, mejor prohibir...

Espejito, espejito...

Ayer, en la sesión de control del Congreso, le preguntó Soraya a Soraya -Sáenz a Rodríguez...-, que desde cuándo les empezó a preocupar la deuda pública. Como en un espejo. Porque podría habérselo preguntado a sí misma. O a lo peor es lo que hizo.

Otro cuarto y mitad de aplauso y algunos peros

El gobierno andaluz va a iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal. Una de las principales novedades es la modificación del mecanismo que evalúa los requisitos para el acceso a los beneficios públicos, incluyendo no sólo las rentas del posible beneficiario, sino también su patrimonio. Y como los peros a esta iniciativa ya se los pusimos allá por Mayo de este año a la entonces Consejera de Presidencia y actual presidenta, ahora toca aplaudir. Al menos de momento.

Como también toca aplaudir que el gobierno andaluz haya decidido recurrir el copago en farmacia hospitalaria puesto en marcha por el gobierno de Rajoy del que ya hablamos el otro día. Y ahora el pero, la prueba del algodón de la coherencia: ¿retirará la señora Díaz el acuerdo de equivalencias terapéuticas promovido por su gobierno por atentar también "contra la equidad del sistema castigando, una vez más, a los colectivos más vulnerables"?

Cuarto y mitad de aplauso

Aplausos entusiastas al gobierno andaluz por sancionar a una entidad bancaria que engañó y abusó de la buena fe de los consumidores. Escasa me parece la multa, pero por algo se empieza.

Si acaso un pero. Siempre tiene que haber un pero cuando entre pillos anda el juego. A Cajasol, gestionada por políticos afines al partido que sustenta al gobierno y que fue quien realmente cometió esas infracciones, ni se la nombra en el comunicado de la Junta de Andalucía. Es cierto que, jurídicamente, es a CaixaBank a quien se sanciona, pero no lo es menos que los hechos sancionados fueron realizados cuando Cajasol era Cajasol. 

 

No estaría de más que alguna vez entonaran el mea culpa nuestros políticos. Por aquello de que al menos parezca que la transparencia y la credibilidad les importa algo.

La mala suerte de los afortunados...

Hay quienes tienen la suerte de nacer en una familia acomodada, de nacer altos, guapos, sanos y listos. Sí, es una suerte. Y además, aunque su soberbia y estupidez les convenzan de lo contrario, no fue mérito suyo, no fue el resultado de su trabajo, de su esfuerzo, de su sacrificio. Llegaron allí como podían haber llegado a una chabola rodeados de ratas, o haber nacido tullidos y con la inteligencia justa para no babear. Sería también suerte. Mala, pero suerte. Y tampoco sería demérito suyo ni resultado de su indolencia.

Son las cartas que a uno le tocan en la vida. Y no puede elegirlas. Lo que sí puede elegir es cómo jugarlas. Y mostrarse todos los días de su vida agradecido a quien fuera que se las repartió si fue una buena mano. Y no vivir en un eterno lamento si la mano no fue tan buena. Y en ambos casos, exprimir al máximo la partida. Porque las cartas serán las que sean, nos vienen dadas, pero el resultado suele depender de cómo las juguemos.

Por ello, cuando alguien recibe buenas cartas sin más mérito que el azar y decide vivir de las rentas de su buena estrella, suele terminar fracasando. Y culpando a los demás de su mala suerte, ¡qué desvergonzada paradoja...! Y parapetando su fracaso tras el de aquéllos que recibieron peores cartas, disfrazándolo mezquinamente de éxito, un éxito postizo. ¡Miren, miren a aquél que lo ha hecho aún peor...! Cuando eso lo hace alguien anónimo o un simple conocido, resulta triste y ruin. Cuando lo hace alguien a quien quieres resulta, además, doloroso.

Entre desalmados anda el juego...

Tras leer la última entrada, mi querida tabernera me ha informado de que algo parecido, aunque con otros mecanismos y otras consecuencias, puso en marcha la Junta de Andalucía antes del verano. Y claro, como no tenía conocimiento de ello -no puede uno estar en todo-, he buscado información al respecto, sobre todo tras la airada -y absolutamente justificada-, indignación de la flamante presidenta andaluza y su partido ante la medida puesta en marcha por el desgobierno de Rajoy.

Bien, pues resulta que allá por Mayo, la Junta de Andalucía anunció que iba a poner en marcha un acuerdo marco para reducir el número de medicamentos agrupándolos según un mismo principio activo, produciéndose así un ahorro de entre 8 y 10 millones de euros en el servicio de farmacia hospitalaria. Además, según dijeron, esta medida estaba "basada en la evidencia científica disponible y el consenso profesional". Miel sobre hojuelas. Nos ahorramos 10 millones y no tiene consecuencia alguna sobre la salud de los andaluces.

Pero hete aquí que un mes después de que la Junta de Andalucía anunciara a bombo y platillo la medida, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) emite un comunicado dejando clara su posición respecto de la misma, y dice, entre otras muchas cuestiones interesantes, lo siguiente:

"Ante estas iniciativas, que limitan la capacidad de prescripción del médico y vulneran los derechos de los pacientes, la SEOM reitera su apoyo a la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), ya mostrado en la adhesión al manifiesto del pasado mes de abril, y se suma a la reciente declaración de la Organización Médica Colegial (OMC), junto con otras sociedades científicas..."

"El hecho de que un determinado número de medicamentos oncológicos se clasifiquen en un mismo grupo terapéutico o compartan una misma indicación terapéutica no supone que se puedan considerar alternativas terapéuticas equivalentes ni de eficacia o seguridad similares en el paciente individual"

¿Consenso profesional dijeron? Pues, a la vista del comunicado de la SEOM, no parece que hayan contado ni con ellos, ni con la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, ni con la Organización Médica Colegial.

Pero la cosa no acaba aquí. El pasado 12 de Septiembre, la SEOM presentó una queja ante el Defensor del Pueblo andaluz contra el Acuerdo de Equivalencias Terapéuticas de Fármacos Oncológicos, y emitió un comunicado donde se afirma, entre otras cosas, lo siguiente:

"En los hospitales andaluces la elección del medicamento que se dispensará al paciente no se efectuará por el oncólogo médico según su criterio clínico, sino por el Sistema Andaluz de Salud (SAS) mediante la adjudicación de este Acuerdo Marco basado en motivos económicos. Esto es radicalmente contrario a la legislación estatal de prescripción y dispensación de medicamentos y discrimina gravemente a los pacientes andaluces"

Si el gobierno central del PP quiere ahorrar aplicando el copago a ciudadanos con enfermedades graves y crónicas aunque no tengan dinero, el gobierno andaluz del PSOE-IU pretende hacerlo eliminando de raíz la posibilidad de que un médico prescriba a cargo del sistema sanitario público, y según su criterio profesional, un determinado medicamento a un enfermo de cáncer, ni pagando siquiera una parte de su precio. Distintos mecanismos, parecidas consecuencias, idéntica canallada. 

Y la señora Susana Díaz y los suyos arrancándose histéricos la camisa por un Rajoy sin alma, mientras mercadean con la suya por poco más del 5% de lo que nos va a costar este año Canal Sur. ¿Alguien da más?

¡Hay que ser canalla...!

"Las características de gravedad y cronicidad de las patologías en que están indicados los medicamentos que están incluidos en el Anexo a esta resolución aconsejan que la aportación por parte del beneficiario sea reducida pues de otro modo se producirían situaciones de inequidad por comparación a los medicamentos de aportación reducida que se dispensan habitualmente en las oficinas de farmacia." (El BOE, corrigiendo situaciones de inequidad por elevación... y sin una sola coma; del tirón y sin respirar, oigan)

Nunca me ha gustado el copago sanitario, esa especie de tabla rasa que trata igual -¡ay, ese igualitarismo tan de progre...!-, al que abusa y al que no, al pícaro y al necesitado. Porque debiera bastar una buena gestión y un control adecuado para separar el polvo de la paja. La manifiesta incapacidad de nuestros políticos para embridar el abuso, todos los abusos -y, por qué no decirlo, la picaresca de muchos compatriotas orgullosos de su sinvergonzonería pública y aplaudida-, desembocó en el copago sanitario. Y en otros copagos y repagos. Siempre el camino fácil, siempre el atajo de los ineptos.

Ahora se ha dado un paso más hacia la desigualdad de oportunidades, hacia la ignominia de nuestro gobierno. Y ya no se trata de atajar el abuso, de existencia casi imposible por la propia naturaleza del supuesto -son medicamentos controlados que se dispensan en los propios hospitales, no en las farmacias, a enfermos graves o crónicos debidamente diagnosticados-, sino de recortar gastos recortando de paso esperanza y calidad de vida a quienes tengan la doble desgracia de ser pobres y estar gravemente enfermos.

Sólo hay que echar un vistazo a los prespuestos de todas las administraciones públicas para comprobar dónde se han producido los recortes y dónde no. En ellos, las prioridades de nuestros gobiernos -nacional, autonómicos y locales-, aparecen nítidas y cristalinas. Y resulta evidente que no son el bienestar del ciudadano de a pie. Como ya se dijo alguna vez por aquí, por sus presupuestos los conoceréis...

Cuentos de cine

Leía ayer en la prensa al presidente de la Academia de Cine afirmar lo siguiente: "Hace años, cuando el IVA estaba al 8%, ya dije, y nadie me lo pudo rebatir, que por cada euro que el Estado invierte en cine recibe 3,5 euros. Y ahora, con el IVA al 21%, muchísimo más. Esa es la verdad”.

No sé si será verdad, pero no era de eso de lo que quería hablar hoy, sino de las subvenciones en general y de la falacia que se usa en el artículo para insinuar, cuando no afirmar categóricamente, que al Estado le sale rentable subvencionar el cine porque recibe más de lo que le regala, que no otra cosa es una subvención.

Presentar como algo extraordinario lo que es normal está de moda. Que un sector de actividad sea contribuyente neto al Estado, que pague más de lo que recibe, es lo normal, ¿quién pagaría los servicios prestados por el Estado si no fuera así? Por otro lado, el artículo manipula descaradamente: el IVA, que es el referente usado para llegar a la falaz conclusión, no lo paga la industria del cine, sino el consumidor final, el ciudadano que va al cine.

Cuando una empresa necesita una subvención para obtener beneficios, para generar riqueza aparente, es que esa empresa no debería existir. Y si una empresa, por cada euro que le regala el Estado es capaz de devolverle 3,5 euros, es que no necesita subvención.

Matando al mensajero...

"El presidente del TSJA se quejaba de que los casos mediáticos colocan a la justicia en un escaparate que no le corresponde, y eso es verdad, pero la culpa no es ni de los jueces ni de los políticos. Si alguien comete un delito, sea político o no lo sea, debe ser enjuiciado y condenado. Lo que ocurre es que los medios de comunicación sacan y airean, excesivamente yo creo, los asuntos judiciales en los que hay involucrados políticos y eso produce un efecto perverso, porque llega un momento en que existe la tentación de que en los juzgados se haga política y en la política se quiera hacer justicia y eso no debe ser así, cada uno debe dedicarse a lo suyo. Los gobiernos que gobiernen, los parlamentos que aprueben leyes y los jueces que juzguen." (Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, 18/9/13)

Los gobiernos que gobiernen, los parlamentos que aprueben leyes, los jueces que juzguen... y los periodistas ¡que se callen, coño!, ¿qué carajo les importa a los ciudadanos lo que hagamos los políticos?, le ha faltado añadir al Consejero. El mismo al que el CGPJ exigió respeto para la jueza Alaya. El mismo que se preguntó de dónde sacaba la jueza tiempo para estudiar tantas cosas como estudiaba y, encima, seguir tan guapa. El mismo que ya protagonizó por aquí su "De donde no hay...".

¿Y qué tal ir a la raíz del problema? ¿Qué tal si los políticos dejaran de dar motivos para que la Justicia se interese por ellos? ¿Qué tal si dejan de mentir, de manipular, de robar, de asestarse navajazos entre ellos...? Pero no, es mejor taparlo y criticar a quienes intentan airearlo. Si es que...

Yo delincuo, tú delincues, nosotros delincuimos...

"Lo que es de alucine es que alguien pueda pensar que alguien se metió, desde el presidente hasta el último consejero, se metió en un cuarto oscuro para inventarse una trama para delincuir..."

"Pensar que nos metimos en una habitación para pensar cómo podemos delincuir..."

Donde dije digo...

El art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) tiene como finalidad garantizar al imputado su derecho de defensa, es un precepto garantista.

El 5 de Julio de 2002 se aprueba una reforma de la LECrim mediante una Ley Orgánica que se limita a añadir el art. 118bis a la LECrim. ¿Y cuál es la finalidad de dicha modificación? Acudamos a la fuente original y comprobemos qué pretendían quienes la llevaron a cabo. Nuestros legisladores -todos aforados, dicho sea de paso-, justificaron la adición de dicho artículo en la Exposición de Motivos de dicha Ley Orgánica mediante afirmaciones como éstas:

"Con frecuencia se advierte que los Senadores y Diputados no tienen conocimiento previo de procedimientos que les afectan y lo adquieren a través de la solicitud del suplicatorio o de los medios de comunicación. En otras ocasiones conocen de la existencia del procedimiento pero no saben exactamente de qué se les acusa, porque no se les ha dado copia de la denuncia o querella, no se les ha permitido tomar conocimiento de las actuaciones, declarar ante el Juez, proponer pruebas y ejercer los demás derechos comunes de cualquier imputado.

Las situaciones indicadas hacen de peor condición a los Senadores y Diputados en el ejercicio de los derechos y garantías de defensa que el artículo 24.2 de la Constitución reconoce a todos en el ámbito penal. Además, facilita la remisión no justificada al Tribunal Supremo de procedimientos que afectan a los aforados y la consiguiente elevación de suplicatorios, que podrían evitarse si aquéllos hubieran podido ofrecer su versión de los hechos. Así, se alienta la presentación de querellas o denuncias maliciosas, que buscan la repercusión mediática derivada de la solicitud de suplicatorio y de la intervención del Tribunal Supremo.

Los anteriores inconvenientes podrían remediarse estableciendo expresamente la aplicación de lo establecido en el artículo 118, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los Senadores y Diputados, de suerte que deba ponerse inmediatamente en su conocimiento la admisión de una denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que derive la imputación de un delito. Se establecería también expresamente la facultad de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de dicha denuncia o querella, en su caso; declarar voluntariamente ante el Juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias.

La anterior propuesta no vulnera lo dispuesto en el artículo 71.2 de la Constitución española, puesto que la atribución del estatuto de «imputado» no requiere de suplicatorio y la autorización parlamentaria se precisa tan sólo para «inculpar» o «procesar», pero no para imputar."

En el Diario de Sesiones del Pleno del Congreso de los Diputados en el que se aprobó la proposición de ley que finalmente culminó en la aprobación de Ley Orgánica 7/2002 de 5 de Julio, se puede comprobar, a partir de la página 8430, cómo Izquierda Unida, PSOE, CIU o PP anuncian su voto favorable. Y también se pueden leer los argumentos empleados por cada uno para votar a favor.

Hasta aquí, lo que dice el art. 118bis de la LECrim y por qué lo dice, según palabras textuales de sus autores y principales beneficiarios. Un servidor no tiene nada más que añadir. Bueno, sí, que el señor Griñán era diputado en aquella legislatura y votó a favor.

Como un elefante en una cacharrería...o eso dice

"La reforma laboral será la primera ley que nos carguemos", ha dicho. Otra razón más para no votar a Rubalcaba. Por si hay pocas.

Que no me gusta la última reforma laboral -tampoco la anterior-, es de todos conocido. Al menos de todos los habituales de la taberna. Por escasa y corta de luces. Pero menos da una piedra. Cualquier reforma laboral que pretenda flexibilizar y liberalizar el mercado de trabajo, aunque sea con la boca pequeña, muy pequeña, siempre creará más puestos de trabajo -o destruirá menos-, que otra que vaya en sentido contrario. Esa es una verdad económica incuestionable.

Si Rubalcaba, en cuanto llegue al poder -Dios no lo quiera-, lo primero que haría sería dar pasos atrás en lo que apenas ha sido una intención en el sentido adecuado... En fin.

Y por si a mi Susana del alma no le han hecho todavía ningún regalo de comunión, aquí le dejo una tapita que le dediqué hace ya algún tiempo, de cuando le explicaba a Griñan esto de la reforma laboral, y Griñán, por lo que se ve, se lo chivaba a Rubalcaba. A ver si me regala alguna estampita...  

De donde no hay... (LVII)

De promesas y otras chucherías de campaña...

Al hilo de lo que comentaba el otro día, ando buscando información de cuántos alumnos se quedan cada año sin la posibilidad de estudiar Formación Profesional en un país en el que esta carencia es tan evidente y dañina. Y no he encontrado gran cosa. Si acaso esta noticia, algo antigua aunque probablemente de rabiosa actualidad y hasta benévola, que afirma que unos 40.000 alumnos se quedan cada año fuera de la Formación Profesional por falta de plazas.

Y no crean que la información no existe porque sea muy difícil obtenerla, no. No existe porque a nuestros políticos no les interesa reconocer que andan en misa y repicando, animando a estudiar FP con una mano, y estrangulando ilusiones con la otra. Fíjense si el asunto es opaco, que uno, que suele estar al loro, hasta este año en el que ha intentado matricular a su hija en un módulo de Formación Profesional de Grado Medio, no ha sido consciente de la enorme cantidad de jóvenes andaluces que, ilusionados con la posibilidad de poder estudiar un oficio y descartada la Universidad, apenas les queda más opción que recoger su frustración y asumir el papel de nini. Porque no se engañen, hay ninis por vocación, pero también los hay por obligación.

No obstante las dificultades, y como a falta de pan buenas son tortas, partamos de algún dato cierto e incuestionable para intentar inferir cuántos alumnos se quedan fuera del sistema aproximadamente. La imagen inferior es parte de una captura de los datos que ofrece la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación de Andalucía, correspondiente a la solicitud de admisión de mi hija en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia. Como se puede comprobar, se ha quedado definitivamente sin plaza, pero no es eso en lo que quiero que se fijen, sino en el puesto de la lista de espera en que quedó en cada uno de los centros. Si sumamos el puesto que alcanzó en cada centro, obtendremos 1.081 plazas sin cubrir en tan solo 8 centros. Además, como no tenemos el dato de cuántos aspirantes a alumno habría en posiciones aún más atrasadas que la de mi hija, ni tampoco cuántos se quedarán fuera en Septiembre, esa cifra constituiría el umbral mínimo. En todo caso, démosla por válida y asumamos la premisa más favorable para el gobierno andaluz.  

Bien, pues a partir de esa cifra, la media de plazas que se han quedado sin atender en cada centro, y sólo para esa titulación, ascendería a 135, que es el resultado de dividir las 1.081 plazas entre 8 centros. En la provincia de Sevilla existen, según la Consejería, 120 centros que imparten módulos de FP. La mayoría de esos centros ofrecen más de una titulación, pero asumamos que sólo ofrecen una, y que en cada centro sólo se quedan sin plaza los 135 aspirantes a alumno que hemos calculado a partir de datos reales y para una sola titulación. En tal caso, el resultado para la provincia de Sevilla ascendería a 16.200 plazas que quedarían sin cubrir. Multipliquen por el número de provincias, con todas las matizaciones que quieran, y la cifra es sencillamente espectacular.

¿Mi formación, mi futuro? ¿Andalucía al máximo? ¡Y un mojón...!

La heredera de Zapatero...

Por ejemplo...

De Madrid. La culpa es siempre de Madrid. Los recortes son de otros, dicen, pero callan que las prioridades son de uno. Ya lo decíamos por aquí hace unos meses.

Ayer nos lo recordó a todos el presidente extremeño. Para bien.

Y también lo hizo el rector de la Hispalense. Para mal.

Del Estado de Derecho y sus renglones torcidos

Allá por los estertores de la última legislatura de Zapatero, ese caballero andante de los derechos civiles, se llevó a cabo una modificación legislativa que pasó bastante desapercibida para el ciudadano de a pie. Y ciertamente, su incidencia para el día a día de cualquiera que creyese que nunca iba a tener la necesidad de acudir a la justicia es nula. Pero claro, todos pensamos, salvando las distancias con el asunto que nos ocupa, que ese accidente mortal de carretera que vemos por la tele o el cáncer que le ha tocado en mala suerte al vecino nunca nos tocará a nosotros. Hasta que nos toca y necesitamos acudir a la justicia para defender nuestros derechos. Y nos corresponde un juez que pensamos que no ha hecho bien su trabajo porque no nos ha dado la razón. Y, cuando queremos que otra instancia superior rectifique o ratifique a ese juez que creemos equivocado, resulta que nos vemos privados de ese derecho.

Exactamente eso, entre otras cosas, hizo la Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal: elimina de cuajo la posibilidad de recurrir las sentencias dictadas en los juicios verbales cuando la cuantía en disputa no supere los 3.000 euros. Y para argumentar esa decisión, en la Exposición de Motivos de esa ley hace estas dos aseveraciones:

"La Ley que ahora se presenta continúa la línea de reformas procesales iniciada con las reformas que se acaban de mencionar, tratando ahora de introducir en la legislación procesal mejoras que permitan agilizar los distintos procedimientos, sin merma de las garantías para el justiciable."

"Se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía, cuando ésta no supere los 3.000 euros, tratando con ello de limitar el uso, a veces abusivo, y muchas veces innecesario, de instancias judiciales."

El derecho a una segunda instancia, a que las sentencias sean revisables, si bien no está recogido expresamente en nuestra Constitución, se deduce del derecho fundamental a la tutela legal efectiva contenido en su art. 24.1. Por otro lado, razones de justicia material parecen aconsejar que todos los ciudadanos tengamos la posibilidad de que las sentencias que nos sean desfavorables puedan ser revisadas. Si a ello sumamos que la ley a la que me refiero manifiesta su claro propósito de no mermar las garantías para el justiciable, eliminando a continuación una de las garantías más importantes de las que éste disponía hasta entonces, maldita la gracia que tiene el asunto.

Dice la ley que se trata de "limitar el uso, a veces abusivo, y muchas veces innecesario, de instancias judiciales". Un par de consideraciones al respecto. En primer lugar, pareciera que el ciudadano se levante por la mañana pensando a quién demandar, deseando complicarse la vida por diversión, y en recurrir posteriormente toda sentencia que recaiga en su contra. En segundo lugar, si ese abuso fuera real -cabría esperar que para hacer esa afirmación se hubiera realizado algún análisis previo-, las estadísticas lo corroborarían. Comprobémoslo.

Según los datos del propio CGPJ, en 2012, tras llevar ya un año en vigor la reforma legal, se recurrieron 16 de cada 100 sentencias de los Juzgados de 1ª Instancia de la Jurisdicción Civil. ¿Y qué ocurría en años anteriores? Pues que en 2011 fue el 15,9%, en 2010 el 15,1%, en 2009 el 16,4% y en 2008 el 16,8%. Si a partir de Octubre de 2011 ya no eran recurribles las sentencias recaídas en juicios verbales de cuantía menor a los 3.000 euros, ¿por qué la cantidad de recursos del año 2012 ha sido incluso superior a la de los años 2010 y 2011, cuando aún no se habían pisoteado las garantías judiciales de los ciudadanos? ¿de verdad el problema del colapso de nuestro sistema judicial es que sólo el 16% de las sentencias civiles de primera instancia sean recurridas? Creo que las cifras hablan hasta por los codos.

Por otro lado, y como ya escribí cuando critiqué la nefasta ley de tasas del inefable Gallardón -respecto de la cual, por cierto, acaba de ser planteada cuestión de inconstitucionalidad por la Audicencia Nacional al entender que vulnera, entre otros, el art. 24.1 CE del que hablamos antes-, que un 36% de las sentencias recurridas en segunda instancia no sean confirmadas, da una idea de la fiabilidad de algunas sentencias de primera instancia, lo que viene a agravar aún más las consecuencias de la supresión del derecho a recurrir de los ciudadanos.

Todo esto parece una broma pesada. Primero animan fervientemente a los consumidores a que no nos dejemos pisotear y defendamos nuestros derechos, se gastan una pasta gansa en Consejerías de Consumo, Institutos de Consumo, subvenciones a organizaciones de consumidores, Oficinas Municipales de Consumo y todo tipo de mamandurrias, y cuando algunos -demasiado pocos, por cierto-, nos animamos a complicarnos la vida para que no nos tomen el pelo, ¡zas!, que corra el aire, que no se me amontonen en la puerta, oigan. ¡Si al menos fuera cierto..., pero ni eso! 

El que haya leído hasta aquí, que ya tiene mérito, se preguntará ¿y a qué viene ahora todo esto, dos años después de la entrada en vigor de esa reforma? Pues a que ayer me notificaron la sentencia de una demanda que interpuse hace aproximadamente un año contra una multinacional por un desacuerdo con la garantía de un portátil. En la sentencia se desestima la demanda, y como el importe es inferior a 3.000 euros, pues no se puede recurrir. A pesar de que el juez comete un manifiesto error en la apreciación de las pruebas aportadas, de que asume una interpretación del art. 123 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios absolutamente contraria a la jurisprudencia y de que el demandado ni siquiera asistió a la vista, la sentencia es firme. Claro, que todo lo que digo sobre la sentencia no deja de ser mi opinión, argumentada, sí, pero mi opinión al fin y al cabo. Y por eso es tan importante que un tercero, una segunda instancia, ratifique o rectifique mi opinión y la del juez de primera instancia. Y también por eso es tan importante que no quede pisoteada la tutela judicial efectiva, un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y al que deberíamos tener derecho todos los ciudadanos, máxime cuando nos enfrentamos como consumidores a la parte fuerte de una relación contractual.

Es más que probable que todo esto les importe a ustedes lo que a Zapatero o Gallardón la tutela judicial efectiva, pero como es mi taberna y me apetecía decirlo, pues dicho queda.

Desmontando mantras, argumentando lo obvio...

Sobre la famosa Ley del Suelo de Aznar ya hemos tenido algunos debates en la taberna, en muchos casos con argumentos claramente sectarios y faltos del más mínimo rigor.

Lo he dicho en los últimos años y lo repito una vez más. Ni la Ley del Suelo de Aznar fue la culpable de la burbuja porque nunca llegó a entrar en vigor de forma plena ni durante el tiempo suficiente como para influir en el mercado, ni la liberalización del suelo -de la que se la acusa, sin demasiados merecimientos por cierto-, hubiera provocado una burbuja inmobiliaria. Por puro empirismo económico.

Ahora, la Comisión Nacional de la Competencia dice, entre otras, cosas como éstas:

"La intervención urbanística en España configura una oferta de suelo rígida, que a su vez contribuye a generar una oferta de vivienda rígida en comparación con la de otros países. Esta rigidez favorece un mayor crecimiento de los precios, exacerba el ciclo inmobiliario de la economía española, y contribuye a aumentar la inestabilidad macroeconómica."

Muy sintéticamente, viene a decir que la intervención urbanística tiene un impacto negativo sobre la economía y el bienestar social, y que es necesario intensificar la competencia, o sea, liberalizar el suelo. Si no se lo creen, pueden echarle un vistazo al resumen de prensa o al informe completo. Si les apetece, claro

Y de postre, un vídeo de la Consejería de Fomento y Vivienda de Andalucía colgado esta misma semana que repite el mantra. ¡Qué nivelazo...!

Según el color del sectarismo con que se mire...

Y cada cual dijo lo que tocaba. Lo tenían pensado desde antes, aunque se cuidaron de decirlo hasta después.

Un discurso brillante, valiente, sereno, propositivo, de una enorme sensibilidad y muy concreto, el primero del siglo XXI que se ha escuchado, dicen unos.

Un discurso que asume la implacabilidad y radicalidad democrática contra la corrupción, aunque se echan en falta referencias a una tasa a las grandes superficies, dicen otros.

Un discurso decepcionante, lleno de palabras vacías y sin propuestas concretas, dicen los de más allá.

Un servidor, a pesar de los antecedentes, esperará a ver lo que hace y, de momento, obviará lo que dice. Y hasta cómo lo dice.

Entre pillos anda el juego...

¿Se imaginan ustedes que una empresa privada oferte la ejecución de un determinado proyecto a un cliente, y que entre sus costes incluya las indemnizaciones de los trabajadores que tendrá que despedir cuando finalice el proyecto?

Dicho así, aunque suene raro, parece razonable. Si sabe que no tendrá trabajo para esos empleados cuando finalice el proyecto, la indemnización no deja de ser un coste de operación más, que debe ser tenido en cuenta. Sin embargo, lo lógico es que el cliente haya solicitado precio a varias empresas, y que aquéllas que puedan realizar el proyecto con personal propio que no tenga que despedir tras la finalización del mismo, sean claramente más competitivas al no tener que contemplar los costes de despido, por lo que el cliente elegirá a alguna de éstas por ser más baratas.

En el sector privado, este tipo de dilemas se presentan constantemente y las empresas deben decidir si optan por asumir el riesgo de no poder recolocar a los trabajadores en otros proyectos y no repercutir los costes de despido en el precio, u optan por ser más conservadoras y repercutirlos en el precio final, existiendo una amplia gama de decisiones intermedias entre ambos extremos. En cualquier caso, lo que parece evidente es que, de una forma u otra, antes o después, los costes de despido terminan repercutidos en los precios de bienes y servicios y los pagan los consumidores que los adquieren.

En el sector público, a la vista de las últimas informaciones, las cosas parecen ser de otra manera. Resulta que la Junta de Andalucía le adjudica a UGT un servicio -el programa Orienta-, para el que deben contratar a más de un centenar de trabajadores, y entre los costes imputados todos los años a ese programa figuran las indemnizaciones -más de un millón de euros-, que, previsiblemente, tendrá que pagar a los trabajadores cuando finalice el chollo y tenga que despedirlos.

Dicen en UGT que todo es legal porque esos costes se han imputado a gastos del programa e instrumentalizado mediante pólizas de seguro permitidas por la Orden que desarrolla el programa. Resulta bastante dudoso que cuando la norma se refiere a gastos de seguro incluya en ese concepto una póliza de capitalización de primas rescatables, pero si aceptamos que en el PSOE-A ha habido primarias y que Susana Díaz tendrá legitimidad democrática para gobernar Andalucía, tampoco nos costará demasiado esfuerzo aceptar esa interpretación de la norma. Aceptada pues, que un sindicato, actuando como sindicato, se indigne cuando los empresarios piden que se reduzcan las indemnizaciones por despido -yo pido simple y llanamente que se eliminen-, y que cuando actúa como empresa nos las endosen a los contribuyentes, deja meridianamente claro que entre pillos anda el juego.

Del Estado y otras coacciones...

Cuando los ingresos no son una restricción económica porque se puede meter la mano en el bolsillo del ciudadano, el gasto no sólo no se contiene, sino que tiende a incrementarse. En cambio, cuando alguien de la familia se queda en paro o bajan las ventas en una empresa, se hace inmediatamente un plan de reducción de gastos superfluos. A la fuerza ahorcan...

Fíjense cómo allí donde no es posible emplear la coacción para obtener ingresos, impera la racionalidad económica. Las familias y las empresas han reducido su deuda, se han desapalancado, en más de un 13% en los últimos dos años y medio, mientras que las Administraciones Públicas se han endeudado un 46,38% más en ese mismo periodo. Y curiosamente, la deuda total del país ha permanecido prácticamente constante porque, en términos absolutos, el desendeudamiento del sector privado ha sido equivalente al endeudamiento del Estado.

Mal camino llevamos. A estas alturas parece claro ya que no vamos a aprovechar esta crisis para resolver los problemas estructurales que tiene nuestro país: hipertrofia del Estado en todos sus niveles, mercados de bienes y servicios poco transparentes y fragmentados, mercado laboral rígido, sectores económicos muy intervenidos, sistema político mediocre y poco democrático, modelo educativo ineficiente... Y menos aún con la euforia de los aparentes brotes verdes llamando ya a la puerta. ¡Ilusos...!

Estamos perdiendo una oportunidad de oro para que, cuando desaparezcan los actuales desequilibrios y se inicie la recuperación, tengamos el país en forma para comenzar a crecer de una forma sana y sostenible.

En fin...

Menudo ojo clínico...

"Vengo en indultar a don Miguel Errecalde Treviño la mitad de la pena privativa de libertad impuesta, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto. Dado en Madrid, el 26 de septiembre de 2008. Firmado: Mariano Fernández Bermejo" (Uno de los numerosos indultos de Zapatero)

"Por último, procede instruir del art. 118 de la LECrim a las siguiente personas: [...] Don Miguel Errecalde Treviño, director gerente de la empresa CENFORPRE, al resultar de lo actuado que la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía no tenía ningún expediente de gasto en relación a la Campaña de Divulgación que pudiera haber realizado la sociedad Cenforpre, y a sabiendas de lo anterior el inculpado en nombre de dicha sociedad se prestó como beneficiario..." (Auto de la jueza Alaya de 31 de Julio de 2013 imputando al indultado)

De los indultos ya hemos hablado alguna que otra vez por la taberna, pero de la reincidencia de un indultado es la primera, aunque me temo que no será la última visto el ojo clínico y la calaña de quienes nos gobiernan.

Deformación profesional...

Mientras la nota de corte para matricularse en muchas carreras se sitúa en el cinco pelado, a muchos módulos de Formación Profesional no se puede acceder con menos de un seis o un siete. Así sucede, por ejemplo, en la provincia de Sevilla, donde hay carreras universitarias que ofertan más plazas de las que se ofertan en algunos módulos, y con notas de corte inferiores.

De esta forma, un alumno que haya decidido encauzar su futuro mediante la Formación Profesional, bien porque es lo que desea, bien porque considera que no tiene capacidad suficiente para cursar con garantías una carrera universitaria, se enfrenta a una tarea bastante más complicada -y en algunos casos imposible-, que quien quiera matricularse, por ejemplo, en las carreras de Ingeniería de la Edificación, Periodismo, Ingeniería Industrial o Física.

A esto hay que añadir que quien acaba de terminar la ESO puede matricularse automáticamente en Bachillerato, pero no en cualquier módulo de Formación Profesional. Así que, ¿a qué puede aspirar un chaval que acaba de terminar la ESO con un cinco raspadillo y no puede matricularse en un módulo de Formación Profesional ni quiere cursar el Bachillerato porque no desea o no puede estudiar una carrera?  

Mientras nuestros políticos ponen el foco en una enseñanza universitaria de baja calidad y universal -o viceversa-, desenfocan el potencial profesional de muchos jóvenes que terminarán siendo, en el mejor de los casos, unos mediocres licenciados pudiendo haber sido unos brillantes profesionales.

No se vayan, nos vamos a publicidad y volvemos en tres minutos...

"Y yo vendré aquí, dentro de un año a Soutomaior, a anunciar una bajada de los impuestos". Y tras el obligado silencio del punto y aparte, continuó su discurso triunfante de gallego húmedo. De momento, sólo es el anuncio de un anuncio. Sólo eso. Porque ya no basta con anunciar lo que se va a hacer, ahora se anuncia lo que se va a anunciar que se va a hacer. Un nuevo salto mortal para intentar caer de pie sobre la mullida colchoneta de una bajada de impuestos en año electoral.

Pero, ¿y si después de anunciar el anuncio no le queda otra opción que tomar la desagradable decisión de olvidarse de lo anunciado, eso sí, tras ganar de nuevo las elecciones anunciando bajadas de impuestos y políticas de austeridad? 

 

3, 2, 1... ya estamos de vuelta tras la publicidad y continuamos con el programa. Tiene ahora la palabra el pueblo...