A vueltas con el despido...

La imposición por ley de la indemnización por despido no sólo supone una barrera de salida del mercado laboral a la que se enfrenta cualquier empresario que tiene que tomar la decisión de prescindir de un trabajador poco productivo, sino que en la misma medida supone una barrera de entrada para un trabajador sin empleo o que, teniéndolo, desea mejorar su puesto de trabajo.

Cuando para fijar los salarios, se introducen en el mercado de trabajo elementos ajenos a la propia productividad del trabajador, al valor que éste le aporta a la empresa, se producen claras distorsiones en el funcionamiento de ese mercado. Como ocurre en cualquier otro mercado. Si un empresario debe reducir personal porque bajan las ventas, no despedirá al menos productivo, sino a aquél cuyo coste de despido neto -coste de indemnización corregido por su diferencial de productividad respecto de otro-, sea menor.

Así, la existencia de indemnización obligatoria por ley expulsa del mercado de trabajo -barreras de salida para los trabajadores protegidos-, o impide su acceso a él -barreras de entrada para los trabajadores mejor preparados-, a trabajadores más productivos que los que se mantienen en él. El resultado es que el conjunto de la economía es menos eficiente, al no estar empleándose en cada momento la fuerza laboral más productiva, sino aquella que goza de barreras artificiales de salida más altas. Que la economía sea menos eficiente implica a su vez menor creación de riqueza, menores impuestos con los que pagar los servicios públicos y menor bienestar para los ciudadanos.

Llegados a este punto, alguno me habrá puesto ya rabo, cuernos y tridente. Porque, ¿qué ocurre entonces con un trabajador de edad avanzada en un puesto de trabajo que dependa de su fuerza física? ¿Permitimos que el empresario lo despida porque un chaval de veinte años rendirá, obviamente, más que él? ¿Lo condenamos al paro para lo que le reste de vida?

Preguntémonos en primer lugar si debiera ser el empresario el que pague de su bolsillo la disminución de rendimiento de ese trabajador o si debiera ser la sociedad la que se hiciera cargo del coste de esa situación, por otra parte inevitable y ajena a la propia voluntad del trabajador. Si obligamos al empresario a asumirlo, esa empresa dejará de ser competitiva respecto de otras que acaben de crearse y que hayan contratado a jóvenes de veinte años, y terminará por cerrar y destruir, no sólo los puestos de trabajo de esos trabajadores envejecidos, sino los de todos los que trabajaban en ella, agravando incluso las consecuencias que se pretendían evitar con la imposición de una indemnnización. Si fuera el Estado, la sociedad, la que se hiciera cargo de esas situaciones, los empresarios podrían tomar decisiones racionales en sus empresas sin que se vean distorsionadas por factores ajenos a su propio funcionamiento.

Quienes piensen -no es mi caso, que conste-, que debería ser el empresario quien asumiera el coste de esas situaciones por cuestiones de solidaridad con ese trabajador que le ha estado proporcionando beneficios durante tantos años, no debiera tener problemas en admitir, con fundamento en esa misma solidaridad que reclama al empresario, que sea el Estado que se ha estado beneficiando de los impuestos de ese trabajador durante tantos años, el que lo asuma.

Por otro lado, en una sociedad tan terciarizada e industrializada como la occidental, en la que prima cada vez menos el esfuerzo físico del trabajador, situaciones como las del ejemplo analizado son cada vez más marginales.

Sobre este asunto de la eliminación de las indemnizaciones por despido impuestas por ley se ha hablado ya en alguna ocasión por aquí, con un interesante debate en los comentarios. Y también de las nefastas consecuencias de otras injerencias del Estado en las relaciones laborales, sin duda tan impregnadas de buenismo como de ingenuidad e ignorancia.

Y desde luego, llama la atención que ninguna fuerza política ponga sobre la mesa, si no una propuesta concreta, al menos un debate serio sobre estas cuestiones. Ni siquiera se ha atrevido Ciudadanos y su supuesta frescura de ideas.