De la mujer del César... ¡la muy puta!

Tras la denuncia de un vocal del Consejo General del Poder Judicial contra el presidente de dicho Consejo y del Tribunal Supremo, la fiscalía dice que no hay delito. Para ser más exactos, dice que "no existe prueba alguna, ni directa ni indiciaria, que permita afirmar que la conducta del Presidente del Consejo deba ser sometida a los parámetros del Derecho Penal". Lo que no dice es que el comportamiento de Carlos Dívar, máxima autoridad judicial del Estado, sea legal. Porque ni todo lo que es ilegal es delito, ni todo lo que no es delito es legal. Y no digamos ya decente, honesto o ético.

Los ciudadanos nos merecemos una explicación pública y detallada del propio interesado. Y también del mismísimo Consejo General del Poder Judicial. Porque, ¿qué es eso que afirma el fiscal de que "desde el año 1996, y tras un acuerdo del Pleno del CGPJ, las justificaciones de viaje se realizan sin necesidad de hacer constar el motivo concreto de la actividad que provoca el desplazamiento", y que "la Intervención nunca ha puesto reparo alguno a las cuentas justificativas de los referidos viajes"? Nos ha jodido... ¿a qué coño va a poner reparos la Intervención si nadie estaba obligado a darle explicaciones de los gastos?

Y para ponerle la guinda al asunto, va Gallardón y dice que, tras el archivo de la denuncia, "sale fortalecida la institución, el presidente y por lo tanto el Estado de Derecho". ¿Pero estamos todos locos o es que yo me estoy volviendo gilipollas?

En fin, que no sé a qué espera Carlos Dívar para dimitir de la presidencia del más alto tribunal del Estado y del máximo órgano de gobierno de los jueces. Cuando menos por sus silencios. O por vergüenza torera.