De chulerías y vergüenzas ajenas

Hacía tiempo que no os traía ninguna tapita por la taberna. Ya saben, la falta de ganas, el poco tiempo disponible y que todo es Cataluña me tienen con la creatividad por los suelos.

Pero un gran amigo de esta taberna, José Carlos Díez, conocido por sus perlas, vino a salvarme del hastío. Bueno, él y La Secta. La verdad es que hace ya tiempo que no veo el programa. Lo grabo y después, por la mañana, mientras desayuno, apenas consigo salvar media hora después de cribar la morralla. Y hete aquí que ayer estaba mi amigo. Y le pusieron un corte del ministro De Guindos en el que afirmaba que el salario medio había caído en 2016, pero que la caída se había producido en los salarios más altos y que los más bajos habían subido.

Y lo que salió por la boquita de José Carlos fue realmente asombroso. Y no sólo por la falta de respeto, la chulería y la mala educación.

"Este señor se está proponiendo para ser vicepresidente del BCE y entonces claro, si no sabe esto... Llevar la política monetaria es una cosa muy seria y hay que llevar a gente de nivel...El ministro no ha cogido ni una... Imagínate si le pones en el BCE y cuando hay que bajar los tipos de interés, los sube, que es lo que está pasando ahora en el vídeo"

¿Que no se lo creen? Pues vean, vean.

El problema es que De Guindos se refería a datos de 2016 respecto de 2015. Seguramente, a quien editó el vídeo de De Guindos no le debió parecer importante dejar el fragmento en el que quedaba claro a qué periodo se refería. Tampoco debió percatarse José Carlos de que tenía detrás el dato del 0,8% de bajada del salario medio, que sólo podía referirse a 2016 respecto de 2015. Ni que De Guindos tampoco podía referirse a otro periodo por la sencilla razón de que ése es el único año en el que ha bajado el salario medio desde que el INE aporta datos por deciles.

Y por cierto, José Carlos, el INE aporta datos por deciles de salarios -no de rentas-, desde 2006, no desde 2008. Por aquello del nivel y de no coger ni una.

Realmente patético.

¡Ah! Y aquí el gráfico que demuestra que De Guindos -por una vez y sin que sirva de precendente-, acertaba.

 Fuente: EPA

¿Y a partir de ahora qué?

Como no he cambiado de opinión, más bien todo lo contrario visto lo visto a lo largo del día de hoy, no me voy a repetir.

Sólo constatar que el Estado, por una enorme torpeza de Rajoy, ha perdido la batalla de la imagen y de la razón. Sin duda, no es el único responsable. Pero sí el máximo responsable. A su incapacidad para resolver políticamente un conflicto político, se ha añadido la tremenda imprudencia de enviar a Cataluña a miles de policías y guardias civiles. Bastaba con no reconocerle efectos jurídicos al resultado de lo que sea que se haya producido en el día de hoy.

¿Y a partir de ahora qué? Pues probablemente más y peor. Hasta que se afronte el problema político con POLÍTICA. Así, con mayúsculas.

Respuesta a un parroquiano...

Un parroquiano reciente de la taberna me ha dejado un comentario ¡en una entrada de 2008!

En él, me insta a opinar sobre uno de los asuntos que se mencionaban en la misma, aunque dicha mención se hacía únicamente para ilustrar el fondo de la cuestión que realmente quería tratar entonces y cuyo título era suficientemente esclarecedor: "Imbecilidad y exceso de Estado".

Como me lo pide con tanta amabilidad sazonada de piropos -probablemente tan inmerecidos como estratégicos-, he decidido sucumbir y echar un vistazo a los enlaces que me aporta en su comentario. Obviamente, me resultaría muy laborioso ponerme al día y analizar toda la documentación -sobre todo de la web de Mila Hernán-, que aportan personas que llevan años trabajando sobre este asunto. Y no dispongo ni del tiempo ni, por qué no decirlo, del interés personal necesarios para emplearlo en este tema en concreto. No obstante, he revisado algunos capítulos del ensayo de Mila Hernán y me sorprenden algunas afirmaciones cuya única documentación son artículos de prensa -de los parroquianos que me visitan es conocida mi resistencia a creerme de manera acrítica lo que dicen los periódicos cuando de asuntos económicos o legales se trata-, y en muchos casos, ni siquiera eso, sino simplemente la opinión de la autora. También he dedicado algunas horas a leer la sentencia de la Audiencia Nacional y el recurso de casación de una de las defensas.

Respecto de la página web de Mila Hernán, me quedaré con la afirmación que se hace en la sinopsis de la obra que se incluye en esa web y que, intuyo, es su tesis principal. Se dice en ella que "la autora presenta conclusiones que la llevan a afirmar, con rotundidad, que tras la intervención de Afinsa, existe una enorme conspiración que tenía como único objetivo la destrucción de un impresionante emporio empresarial con presencia en tres continentes; una monumental operación coordinada a los dos lados del Atlántico, que provocó el derribo de la mayor empresa filatélica del mundo".

Obviamente, yo no estoy en disposición ni de rebatir ni de confirmar la tesis de Mila Hernán. En cualquier caso, de ser cierta, ello implicaría que era un empresa solvente y con patrimonio suficiente como para, una vez liquidada, cubrir con el valor de sus activos -los sellos-, el de su pasivo -las inversiones de sus clientes-, pero no ha sido así ni de lejos. También, de ser cierta, esa conspiración constituiría un delito que debiera poderse demostrar y, en tal caso, sí que sería procedente la declaración de responsabiidad patrimonial del Estado, pero no por la supuesta estafa -que, según esta señora, no existió-, sino por los perjuicios causados por el Estado al intervenir una compañía de manera fraudulenta y causar un perjuicio patrimonial a sus socios y clientes. Resulta cuando menos llamativo, ante la rotundidad de la señora Mila Hernán, que no se haya planteado denuncia o querella contra los funcionarios responsables de la conspiración reclamando, además de la reponsabilidad penal por la comisión de varios delitos, la responsibilidad civil derivada de los mismos. Que yo sepa, no se ha hecho, ¿por qué?

Por otro lado, he leído con atención -se lo recomiendo al parroquiano que provoca esta entrada-, el relato de hechos probados de la sentencia de instancia, páginas 14 y siguientes. Y también he comprobado que había, si no he contado mal, además del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, 28 acusaciones particulares, entre las que figuran varias asociaciones de defensa de consumidores o usuarios, todas ellas compartiendo el fondo del asunto, es decir, la existencia de estafa. Por otra parte, he echado un vistazo al recurso de casación de una de las defensas, fundamentado básicamente en que la naturaleza del negocio era mercantil y no financiero -cuestión que no afecta al fondo del asunto-, y en cuestionar las periciales.

La sentencia tiene 174 páginas y es muy detallada, tanto en la descripción de hechos probados como en sus fundamentos jurídicos. Incluso me atrevería a decir que su lectura es amena y se entiende bastante bien por cualquiera con escasos conocimientos de Derecho. Ha sido redactada tras años de instrucción y multitud de material probatorio. ¿Eso garantiza que sea inatacable jurídicamente? Obviamente no. Y de ahí la existencia de recursos en nuestro ordenamiento jurídico que minimicen la posibilidad de errores en el enjuiciamiento de un conflicto. 

Por tanto, resulta evidente que la sentencia de instancia no es firme, que el TS debe confirmar o modificar aquella sentencia cuando, como es el caso, existen recursos que la cuestionan y que, en este estadio del proceso, hablar de conspiración me parece bastante fuera de lugar. Al menos, yo no deduzco de la sentencia de la AN atisbo alguno de conspiración y, como dije antes, si existieran pruebas de tal conspiración, no se entendería que quienes las tienen no hayan actuado judicialmente. En todo caso, de anularse la sentencia, quedaría abierta la vía de exigir la responsabilidad patrimonial del Estado de la que podrían resarcirse los damnificados. Y de ratificarse, más allá de que las defensas sigan discrepando de la misma -como casi siempre ocurre respecto de la parte perdedora de un proceso-, continuar hablando de conspiración implicaría aceptar que no vivimos en un Estado de Derecho. Y yo, desde luego, no estoy dispuesto a comprar esa mercancia con tan escasas evidencias. 

En resumen, casi 10 años después, sigo opinando exactamente lo mismo que afirmé en aquella entrada, opinión que, por otra parte, ni cuestionaba ni afirmaba la existencia o no de estafa, puesto que la referencia que en ella se hizo del caso Afinsa -como del caso Contsa-, pretendía únicamente ilustrar la cuestión de fondo que allí se trataba, a saber, que la libertad individual debe implicar la asunción de la responsabilidad que lleva aparejada el ejercicio de ese derecho fundamental. A partir de ahí, mi solidaridad más absoluta con los dramas personales que pudieran provocar casos como estos y, en todo caso, como ya dije en aquella entrada, mecanismos tiene el Estado para paliarlos sin que ello constituya una subrogación del mismo en las consecuencias derivadas del ejercicio de la libertad individual de los ciudadanos.

El desparpajo sin gracejo del señor Bermejo

Se ve que a este hombre esto de la estadística le pone. Le da igual hacer el ridículo o que algunos ya le hayamos avisado de su evidente ignorancia en estas lides. Este hombre ve dos cifras distintas para una misma magnitud, se excita, se pone a cien y se lía a escribir a tontas y a locas como si no hubiera un mañana.

Reconozco que sólo lo leo cuando habla de las estadísticas de nuestra economía. Y es que resulta delirante. Y aún más delirante que un periódico le siga prestando su púlpito. Éstos de Vozpopuli deberían hacérselo mirar. Más que nada por el prestigio de su periódico.

Al parecer, ya están trabajando con los datos de 2014 para aquella paranoia que me traen él y sus compañeros de fatigas sobre el falseamiento del PIB. Y querrá que alguien le tome en serio después de demostrar al mundo una y otra vez que no sabe distinguir una media de una mediana o una regresión de un retorno de vacaciones.

En este artículo, como era de esperar, sigue en su línea y deja algunas perlas dignas de mención.

"...si tomamos los datos del segundo semestre de 2017 y observamos el número de ocupados, la EPA dice que hay 18,8 millones de personas mientras que la CNTR dice que hay 19,5 millones. A su vez, la Seguridad Social informa de 18,4 millones de afiliados, que podrían, más o menos, asimilarse al número de ocupados ya que es condición necesaria y legal estar afiliado para considerarse ocupado. Las diferencias son significativas, y llama la atención que entre dos cálculos de la misma fuente, el INE, existan 700.000 personas de diferencia."

En primer lugar, llama la atención que el señor Bermejo ya tenga los datos del segundo semestre de 2017. Venga, vale, es una errata, pero mal empezamos. Verán, los datos que maneja son correctos, pero su extrañeza de que los datos no coincidan le deja, una vez más, en evidencia. La EPA es una encuesta sobre una muestra que posteriormente se extrapola a la población total y tiene una metodología determinada, distinta del cálculo de la Contabilidad Nacional. El análisis de este asunto daría para escribir un libro pero, sólo a título ilustrativo, en la Contabilidad Nacional Trimestral, para el cálculo del empleo se tiene en cuenta las diferencias entre asalariados residentes empleados por unidades no residentes, asalariados no residentes empleados por unidades residentes, empleados residentes en hogares colectivos u ocupados en actividades ilegales.

Por otro lado, comparar el número de empleados medio de un trimestre calculados a partir de una muestra (EPA), con el calculado de manera indirecta a partir de diversas fuentes por la Contabilidad Nacional (CNTR) y con el número de afiliados medio de un sólo mes -el de julio-, y extrañarse de que no coincidan es tan infantil y deliciosamente ingenuo...

"Efectivamente. La EPA ofrece unos datos de ocupados a tiempo completo de 15,9 millones, mientras que la CNTR dice que los empleos equivalentes a tiempo completo son 17,9 millones. Es cierto que no miden lo mismo, pero el dato refleja claramente que hay distorsión."

Y si no miden lo mismo, ¿cómo se puede concluir que hay claramente distorsión del hecho de que los datos no coincidan?

"Aquí en España hay un dato que siempre llama mucho la atención y sin embargo la opinión pública no lo denuncia, y es la diferencia entre el dato de parados que ofrece la EPA (3,9 millones) y el que ofrece el SEPE (3,3 millones). Teóricamente, deberían estar alineados, pero la diferencia entre ambos indica claramente que puede haber manipulación, ya que el dato del SEPE se presenta mensualmente."

Bueno, para no repetirme, me remito a la respuesta que ya le di al señor Bermejo hace unos meses a este respecto. Se ve que no me leyó. O que, si lo hizo, no se enteró de lo que leía. Lo curioso es que no saque conclusiones de que la opinión pública no denuncie esa diferencia en los datos. A lo mejor es que resulta evidente que ambas cifras miden cosas completamente distintas.

"Según la EPA, las horas trabajadas en el segundo trimestre de 2017 fueron de 7.980 millones, y por lo tanto menores que en el segundo trimestre de 2016 (8.062 millones). Sin embargo, la CNTR dice que en el segundo trimestre de 2017 hubo 8.505 millones frente a los 8.442 millones del segundo trimestre de 2016."

En primer lugar, ¿qué significa que las horas trabajadas en un trimestre sean mayores o menores que las trabajadas 4 trimestres atrás? Porque si lo que se quiere es averiguar si el número de horas trabajadas está aumentando o disminuyendo, el método no puede consistir en comparar dos datos separados 15 meses, sino en comparar la evolución de las horas trabajadas, como ya expliqué al señor Bermejo. Y en segundo lugar, que los datos de la EPA y los de la Contabilidad Nacional Trimestral no coincidan es lo esperable, como ya se ha explicado más arriba. Que coincidieran sí que sería altamente sospechoso.

En fin, siga usted haciendo el ridículo y escribiendo de lo que no sabe señor Bermejo. Ya se dará cuenta de que la hemeroteca es una auténtica putada. Y desde luego, si así lo desea, tiene este blog a su disposición para rebatir lo que considere oportuno.

Parecer un idiota, ser un sinvergüenza...

Leía hoy un artículo atrasado de un notario cuyo blog sigo -y del que les aconsejo, en especial aunque no únicamente, sus chistes y anécdotas-, en el que comentaba que los abogados, cuando envían a sus clientes al notario para que les autorice un poder para pleitos dirigido a reclamar cláusulas suelo o gastos de hipoteca, dan indicaciones en la minuta para que no se indique la profesión del otorgante.

En cuanto terminé de leer los primeros párrafos, me vino a la cabeza esta entrada de la taberna. Y no pude evitar una sonrisa de tristeza.

No pierdan la oportunidad de leer a Justito El Notario. Aprenderán y se divertirán a un tiempo. Si les apatece, claro.

Miserias de un pobre consumidor... (II)

Como decía, no acababa allí la cosa.

Tras finalizar el plazo que les di para solucionar el asunto de la factura, contraté los servicios con otra operadora el sábado 5 de agosto. El martes 8 me llaman desde el Dpto. de bajas de Vodafone. Es el rito de los cambios de operadora que tan bien conocemos todos los que alguna vez nos hemos dado de baja en ellas. Con la excusa de verificar si es cierto que yo había pedido portabilidad de todas mis líneas a otra operadora, cosa que le confirmo intentando revestir mi respuesta con un tono de cierta satisfacción vengativa, una chica muy amable me pregunta cuál es la causa de que me quiera marchar. Para provocar más escozor y que la contraoferta que me iban a hacer en unos minutos fuera más contundente, le informo de que estoy muy satisfecho con el servicio recibido y que era una pena que tuviera que marcharme por la ineptitud de sus servicios administratativos, que si llevaban más de dos semanas sin siquiera ser capaces de darme una explicación sobre una factura desorbitada, no digamos ya de solucionarla y bla, bla, bla...

Cuando termino de contarle mis penas, eso sí, con mucha educación porque la chica no paraba de hacer genuflexiones orales -entiéndaseme bien-, y de rebosar empatía -además de que la pobre se estaba comiendo sin culpa alguna todo el marrón de los ineptos de sus compañeros-, me pregunta que cómo puede conseguir que me quede en Vodafone y que cancele la portabilidad. A mí se me ocurrieron varias maneras, pero prefería escucharla a ella y la invité a que me hiciera una propuesta. Y me hizo una realmente interesante. Le indico que si añade a la misma la asunción de cualquier penalización que la otra operadora me cobre por la cancelación, me garantiza que se va a resolver de manera inmediata el asunto de la factura, que no voy a tener más problemas de ese tipo en lo sucesivo y me lo pone todo por escrito, me quedo con ella. Con Vodafone, quiero decir. Accede a ponérmelo todo por escrito menos lo de las facturas porque, dice, no depende de ella, sino de sus compañeros. No obstante, se compromete a ocuparse de que ello sea así, dándome además su nombre y su teléfono. Yo por mi parte, ante ese despliegue de generosidad y simpatía, decido también ser generoso y dejar que ella se apunte la victoria -también por joder a esos compañeros suyos que tanto empeño habían puesto en echarme-, así que accedo a quedarme y a cancelar la portabilidad, no sin antes hacerle ver que tenía serias dudas sobre la capacidad de sus compañeros para resolver el asunto de la factura -los problemas de comprensión lectora no suele resolverse de la noche a la mañana-, e incluso para no volver a meter la pata en las sucesivas. Nos despedimos muy amablemente y nos agradecimos mutuamente.

Quisiera, antes de continuar, abrir un paréntesis para dejar claro que creo rotundamente que, en términos generales, de este tipo de problemas no son responsables únicamente los empleados incapaces de hacer bien su trabajo, sino también, y fundamentalmente, el superior que incumple su obligación de seleccionar a los trabajadores más adecuados para realizar las funciones encomendadas, formar a quienes requieran formación para realizarlas o cambiar de funciones -e incluso despedir-, a quienes no tengan aptitudes para tales funciones. Y también los responsables de establecer los procedimientos de actuación y proporcionar las herramientas para que los operadores puedan atender adecuadamente a los clientes. Me parecía de justicia subrayarlo porque, por la forma en que me refiero en estas entradas al personal de Atención al Cliente o del foro oficial de Vodafone, pudiera parecer que los hago absolutamente responsables de su ineficacia. Y no es así. Cerremos pues el paréntesis.

Recibido el correo con lo acordado, procedí a cumplier mi parte cancelando la portabilidad. Varias horas después, recibo una llamada del Dpto. de Facturación de Vodafone en relación con la reclamación de la factura en cuestión. Había sido necesario que, tras dos semanas de reclamaciones sin que me hicieran el menor caso, cumpliera mi amenaza de marcharme para que en una mañana me llamaran dos veces. Pero de donde no hay... 

Era otra chica, con un acento francés tan marcado, que estuve por decirle que me hablara directamente en el idioma de Molière. Me estaba intentando explicar el abono que me iban a hacer en mi cuenta corriente por un importe que no coincidía con mi reclamación. Al indicarle que no estaba de acuerdo con lo que pretendían abonarme, intentó hacerme las cuentas sobre la marcha para convencerme, pero tuve que pararla. En primer lugar, porque apenas la entendía. En sentido literal. Y en segundo lugar, porque me pilló en la calle sin un solo papel a mano. Así que le indiqué que no estaba en condiciones de confirmarle sus cálculos pero que la cifra no me cuadraba y que, como ya les había enviado varios correos detallando mis cálculos que, por favor, me contestaran a alguno de ellos matizándolos o corrigiéndolos, que los revisaría y les contestaría. En ese momento se cortó la comunicación. ¿Me había colgado el teléfono o simplemente se cortó la llamada? Lo cierto es que no volvió a llamar, así que saquen ustedes sus conclusiones.

Casi simultáneamente a la llamada, recibo un correo de Atención al Cliente de este tenor:

"Estimado Sr. XXXXX,

Gracias por ponerse en contacto con el servicio de la atención al cliente de Vodafone.

En primer lugar, permítanos ofrecerle nuestro más sincero agradecimiento por contratar nuestros productos y servicios, así también, por depositar su confianza en nuestra compañía.

En respuesta, a su consulta, le hemos llamado 2 veces en la fecha de hoy por el teléfono a los números XXXXXXXX, XXXXXXXXX pero usted no contesta. Usted tiene un caso abierto con el numero IXXXXXXXX relacionada con la revisión de su última factura emitida CIXXXXXXXX y el departamento encargado le pondrá en contacto lo antes posible para infórmale la gestión correcta

También usted tiene otro caso abierto con el numero IXXXXXXX relacionado con el departamento de portabilidad y el departamento encargado le pondrá en contacto lo antes posible para informarle la gestión correcta.

Para más ayudas, le sugerimos comunicarse con el departamento de portabilidad

Horario de atención es de lunes a viernes desde las 8:00 de la mañana hasta las 23:00 horas.

Sábados de 9:00 de la mañana hasta las 16:00 horas. (Excepto festivos nacionales)

Le recordamos que estamos encantados de atender sus consultas.

Reciba un cordial saludo,

Departamento de atención al cliente de Vodafone."

Al margen de la ortografía y la gramática, en cuanto al fondo -a saber, dar alguna explicación sobre los cálculos que se hacen en la factura para justificar su importe-, nada de nada. Y éste es el séptimo correo que recibo de ese estilo desde Atención al Cliente. Incluso en éste, se permiten regañarme por no cogerles el teléfono. Tras dos semanas quejándose, ahora va el gilipollas éste y no nos coje el teléfono, debieron pensar. Y ni cortos ni perezosos, me lo zampan. Les recuerdo a ustedes, para que se sitúen, que todo esto sucede después de haber cancelado la portabilidad y después de que me asegurasen que todo se iba resolver satisfactoria y rápidamente. ¿Recuerdan lo que le dije a la amable chica del Dpto. de Bajas respecto a mis dudas sobre la capacidad de sus compañeros para resolver este asunto? Pues eso.

Les respondí en los términos que reproduzco a continuación. Como pueden deducir de su contenido, la respuesta se produce después de la conversación con el Dpto. de Facturación.

"Muy sres. míos:

Como pueden ustedes comprobar fácilmente -incluso en algunos de sus correos de respuesta que me envían figura claramente-, cuando abrí las incidencias facilité como número de contacto el 123456789. No les debería extrañar -ni deberían por tanto reprocharme-, que si han llamado a un teléfono distinto no les haya podido atender.

Por otro lado, sobre las 14:30 he recibido una llamada -esta vez sí, al 123456789, se ve que lo tenían-, del Dpto. de Facturación de Vodafone en la que me indicaban que iban a realizar una transferencia de 63,25 € a mi cuenta. No obstante, no he entendido muy bien las explicaciones de su compañera, probablemente porque tenía un marcado acento francés y porque yo no era capaz de seguir los cálculos que estaba haciendo al no tener a mano la factura. Además, al no coincidir el importe que se pretende abonar con los cálculos realizados por mí, le he pedido que, por favor, me enviara los cálculos por escrito para que yo pudiera verficarlos. Después, se ha cortado la comunicación. No sé si me colgado el teléfono o ha sido un corte fortuito, pero lo cierto es que no ha vuelto a llamar.

Una vez más, les recuerdo que ya les envié mis cálculos en sucesivos correos -el 22 de julio, el 1 de agosto y el 3 de agosto-, y les rogaría que, sobre cualquiera de ellos, respondan expresamente a los cálculos que realizo, indicando si son o no correctos y por qué. De esta forma, a lo mejor, un día de estos conseguiré saber qué cálculos hago mal y podré darles la razón y pedirles disculpas por mi error.

También les informo de que esta mañana, una compañera suya se ha puesto en contacto conmigo para convencerme de cancelar la portabilidad que esta misma noche se iba a realizar desde mis líneas de Vodafone a Movistar. Le he explicado que mi baja no obedecía realmente a un mal servicio de telecomunicaciones prestado por Vodafone, sino a la nefasta gestión administrativa que llevo sufriendo con esta factura, y de la que este correo es una nueva muestra, desde que el 22 de julio interpuse la reclamación. Acepté hace unas horas quedarme en Vodafone tras una buena oferta y la promesa de que esta reclamación se iba a solucionar de manera inmediata y satisfactoria y que no iba a haber más problemas de este tipo en el futuro. Pero aquí estamos otra vez, haciéndonos perder el tiempo mutuamente.

Empiezo a pensar que me he vuelto a equivocar cancelando la portabilidad.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo."

Todo esto ocurría a lo largo del día de ayer. En el día de hoy, nadie se ha vuelto a poner en contacto conmigo, ni por escrito ni por teléfono. Me temo que el efecto terapeútico de darse de baja tiene una duración similar a la de la aspirina.

Continuará... O no.

Miserias de un pobre consumidor... (I)

Les voy a contar una divertida historia sobre mi última aventura con las operadoras de telecomunicaciones. He de reconocer que en esto -como en otros tantos servicios en los que existe cierta competencia-, soy bastante mercenario. Cuando encuentro una oferta que mejora la que tengo y la compañía me merece una cierta solvencia técnica, suelo cambiar de proveedor. He pasado ya por casi todas las importantes -Telefónica, Wanadoo, Yacom, Orange, Jazztel...-, pero me quedaba Vodafone. Así que, tras recibir una llamada de ellos -ya saben, esa llamadita diaria a la hora de la siesta-, informándome de que ya podían darme servicio de fibra en mi domicilio, me hicieron una oferta muy interesante por un paquete de Fibra de 120 MB simétricos, más fijo, más dos líneas móviles por 42,40 € IVA incluido. Así que el pasado 7 de Junio decidí contratar con ellos y portar todas las líneas que, hasta ese momento y desde hacía aproximadamente año y medio, tenía con Movistar.

El proceso de portabilidad ha sido bastante accidentado y no es cuestión de entrar aquí en detalles porque no es de eso de lo que les quiero hablar, pero es importante mencionarlo porque contextualiza el tono de cabreo in crescendo que se intuye en los diferentes mensajes que me cruzo con empleados de Vodafone y que irán ustedes leyendo a lo largo de la historia que, ya les adelanto, no termina nada bien.

Pues bien, cuando recibo la primera factura tras la portabilidad de la fibra, me doy de bruces con que esta operadora te cobra los meses por adelantado. Es la primera vez que me encuentro con esta circunstancia. Lo miro en el contrato y, en efecto, hay en él una cláusula que así lo indica. Nadie me informó de ello en el proceso de contratación on line, pero lo dice el contrato -eso sí, enviado tras la contratación-, así que ajo y agua y a asumirlo por espabilado. Pero el verdadero problema de la factura no es ése sino que, incluso teniendo en cuenta esa circunstancia, debían haberme facturado unos 70 € -añadí un bono de 50 GB de datos móviles para las vacaciones por 20 €-, y me facturan 152 €. Si mi única motivación para el cambio era ahorrarme dinero manteniendo o mejorando los servicios recibidos y me encuentro con que ahora pago más del doble, ya entenderán ustedes cómo se me quedó el cuerpo. Y por cierto, tampoco te cuentan en la contratación que por el servicio de identificación de llamadas del fijo te cobran 2 € al mes. Es la primera vez que pretenden cobrarme por eso.

Pero volvamos al asunto. Cuando recibo la factura pongo una reclamación en Vodafone y, simultáneamente, en un foro oficial que es atendido por empleados de Vodafone. Debo decir que mi experiencia en estos foros de otras operadoras siempre ha sido muy positiva y más rápida que las reclamaciones telefónicas a Atención al Cliente. La reclamación y el mensaje que puse en el foro el 23 de julio a las 11:02 es el siguiente (si pican en las imágenes que contienen los mensajes, los verán mejor).

Como nadie contestaba y la factura la pasarían al cobro el 25 de julio, insisto el 24 de julio a las 19:32.

El 25 de julio a las 12:02 me responde lo siguiente un empleado de Vodafone cuyo nombre prefiero omitir.

Como el propio foro permite verificar si un mensaje privado ha sido o no leído por el receptor, al comprobar que dos días después de solicitarme los datos no había sido leído por nadie, pongo en el foro el siguiente mensaje el 27 de julio a las 10:38.

El día 31 de julio a las 12:38, al comprobar que seguían sin leer los mensajes privados enviados, vuelvo a poner el siguiente mensaje en el foro.

El 31 de julio a las 17:39 me acusan recibo en el foro de los mensajes privados enviados por mí, indicándome que la factura está correcta y que me dan más detalles en un mensaje privado.

Cuando leo el mensaje privado en el que, según dice en público, me dan más explicaciones, me encuentro con que no se me da ninguna explicación adicional que tenga sentido, por lo que decido responderle en público el 31 de julio a las 19:12, incluyendo además en el texto el mensaje privado que, supuestamente, aportaba más explicaciones. Aclaro que el "**bleep**do" que podéis leer en mi mensaje lo introduce el propio foro, que dispone de un mecanismo automático en el que previamente, el administrador del mismo ha determinado qué palabras deben ser censuradas en el foro. La palabra censurada era "engañado". Altamente ofensiva como pueden ver. Sobre todo porque no afirmo que me engañaran, sino que me sentí engañado y que, en efecto, se indicaba en el contrato.

El 3 de agosto a las 13:04 me responden de buen rollito. A la fuerza ahorcan, claro. Y además, me aportan alguna información adicional totalmente absurda, como podrán ver en mi posterior respuesta. También me informan de que existe un expediente abierto con mi reclamación, expediente que, tras casi dos semanas, no aporta ninguna explicación al exceso de facturación.

El 3 de agosto a las 13:35 respondo de nuevo en el foro.

Como nadie soluciona el problema y, lo que es peor, ni siquiera me dan una explicación coherente y detallada a los conceptos facturados, decido cambiar de operadora y dar instrucciones al banco para devolver la factura, además de informarles de mi decisión el 4 de agosto a las 19:20.

La respuesta que recibo en el foro el 6 de agosto a las 17:07 no tiene desperdicio.

Y debo reconocer que las mías, a las 18:47.

Y a las 19:00 del mismo día, tampoco.

Y menos mal que soy precavido y voy guardando los mensajes publicados en el foro, si no, no se los hubiera podido mostrar en esta entrada porque, para rematar la faena, al día siguiente pude comprobar que los habían borrado todos. Y no sólo eso, sino que también me han expulsado del foro. Si ya me decía mi abuela que en este país la sinceridad no se soporta. Primero te animan a decir lo que piensas, y hasta te lo agradecen porque, dicen, les ayuda a mejorar. Y cuando no les gusta lo que leen, te cortan el pescuezo sin contemplaciones. Y claro, se queda uno como pollo sin cabeza, correteando y poniéndolo todo perdido de sangre.

Les puedo asegurar, palabrita del niño Jesús, que no he intervenido en hilos de otros usuarios, ni generando ni sin generar polémica. Tampoco he duplicado post ni soy consciente de haber incumplido reiteradamente las normas del foro, salvo que se refieran al par de palabrillas que han censurado con los bleep, pero claro, no existe un diccionario de palabras prohibidas a disposición del usuario ni se imagina uno que van a ser tan tiquismiquis. Y lo de comentarios inapropiados, pues no sé, júzguenlo ustedes mismos en su contexto.

Pero ya habrán imaginado que no acaba ahí la cosa.

Continuará...

Los zotes del azote o cómo ser tonto y esforzarse en parecerlo

Resulta que el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos ha enviado una carta al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, el señor Nadal, en la que solicita, entre otras cosas, que la composición de la "Comisión de Expertos sobre escenarios de transición energética" sea paritaria. Ellos mismos la han colgado en Twitter.

Al parecer, todos los grupos parlamentarios, CCOO, UGT y CEOE han propuesto a hombres para representarles en la citada Comisión. Incluido Unidos Podemos, autores de la carta en la que reclama una paridad a la que ellos mismos no contribuyen. Ellos designaron a un hombre, supongo que porque consideraron que era la persona mejor preparada de su organización para ese cometido. Imagino que los demás hicieron lo mismo. 

No me negarán que la cosa tendría su gracia si no fuera porque ilustra bien a las claras las miserias del asunto éste de la paridad. Los mayores defensores de la paridad en todas las instituciones, públicas y privadas, eligen a un hombre. No sabemos si lo hicieron porque era el mejor o porque querían enchufarlo. Como argumentan implícitamente en la carta que eligieron a un hombre porque no sabían que los demás habían elegido también a hombres, cabría concluir que, de haberlo sabido, habrían elegido a una mujer. Y de ahí se deduciría necesariamente que si al hombre lo eligieron porque era el mejor, la paridad provocaría un empeoramiento de la eficacia de la Comisión, en definitiva, de las instituciones u organizaciones. Claro, que si lo eligieron para enchufarlo, a lo mejor la paridad provocaría una mejora de esa eficacia, pero dejaría al descubierto otras miserias de la política a las que hasta estos castos y puros representantes del pueblo también habrían sucumbido

En cualquiera de los supuestos, la carta deja al grupo parlamentario Unidos Podemos absolutamente retratados. Una vez más.

Del señor Bermejo y otras ignorancias

Resulta que vuelve el señor Bermejo por sus fueros. Se ve que por más que intentamos algunos hacerle ver que sus conocimientos estadísticos y matemáticos no superarían un examen de la ESO, su obsesión por criticar al gobierno -que, por cierto, tiene muchísimo de criticable-, le ciega.

En su artículo de hoy afirma que Rajoy vuelve a mentir porque la EPA demuestra que se ha destruido empleo. Y ello mientras afirma simultáneamente en el artículo que la EPA está manipulada, lo cual no le impide sustentar sobre ella su conclusión. 

Pero vayamos por partes. Comienza con un ejemplo de esos que él suele usar para ilustrarnos.

"Sara, para el INE pasa a formar parte de los “inactivos”, cuando lo cierto y verdad es que es una “parada”. Si a Ernesto le hubieran dicho que aplicara la normativa europea, entonces Sara engrosaría el número de parados, y la tasa de paro del 17,22% que ha presentado el gobierno realmente sería del 28%, mucho más cercana a la del último informe del Banco Central Europeo".

Apliquemos la normativa europea para definir a un parado. ¡Vaya, la definición es la misma! Como no podía ser de otra manera porque la EPA sigue la metodología de Eurostat, que recoge todas las EPA de la UE con la misma metodología para que sean comparables.

Sigue con un párrafo verdaderamente espectacular.

"Según los datos de la EPA del 2T, en un año los inactivos han subido en 271.000 personas y desde el 2T de 2012 los inactivos han crecido en 567.000 personas. Además, en el último año los activos se han reducido en 148.000 personas y desde el 2T de 2012 se han reducido en 762.000 personas.

La conclusión que se podría obtener es que han desaparecido del cómputo 419.000 personas en un año y 1.329.000 en cinco años, entre subida de inactivos y bajada de activos".

Aquí se supera el señor Bermejo. Suma el aumento de inactivos y el descenso de activos para concluir que ha desaparecido del cómputo -¿de qué cómputo, por cierto? ¿del de activos? ¿del de parados?-, el resultado de esa suma. Es como sumar churras con merinas. Con un ejemplo, de esos que usa Bermejo para simplificarnos conceptos complejos que él domina perfectamente, lo verán ustedes más claro. Supongamos un mercado laboral con 10 personas activas en el que, durante el trimestre de referencia, ha fallecido una y se han jubilado dos. Es decir, los inactivos han crecido en 2 personas, los dos jubilados, y los activos se han reducido en 3 personas, los dos jubilados y el fallecido. Según las cuentas de Bermejo, habrían desaparecido del cómputo 5 personas, la suma de la subida de inactivos (2) y la bajada de activos (3). Pero es evidente que no han desparecido del cómputo 5 personas. Es lo que suele suceder cuando no se tiene ni idea de lo que se está hablando, pero se dedica uno a intentar ilustrar al personal de manera interesada y torpe.

Continúa Bermejo intentando demostrar por otro camino que se ha destruido empleo. Como viniéndose arriba y recreándose en la suerte.

"Nos encontramos que en el 2T de 2016 había 620 millones de horas semanales y en 2T de 2017 ha habido… 613 millones de horas semanales.

Un momento ¡No puede ser! Eso quiere decir que… ¡Se ha destruido empleo respecto a hace un año!"

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del número total de horas trabajadas desde que Rajoy comenzó a gobernar. Resulta llamativo que sólo exista un dato de toda la serie que demuestre la tesis de Bermejo, el del 2T de 2016, y que sea precisamente ése el mostrado por él. Seguramente no sabe o no quiere saber lo que es la estacionalidad ni lo que es una línea de tendencia, que muestra con absoluta claridad en el gráfico, sobre todo tras la reforma laboral del 2T de 2012, la evolución ascendente del número total de horas semanales. No es sorprendente su ignorancia tras comprobar cómo suma el aumento de inactivos y el descenso de activos para preguntarse a continuación dónde están las personas desaparecidas, como un mal mago de feria. Y por cierto, comete también un error de referencia temporal cuando dice "...respecto a hace un año". Entre los datos de la EPA del 2T de 2016 y los del 2T de 2017 no ha transcurrido un año, sino quince meses, cinco trimestres completos. Si realmente quiere analizar lo sucedido en el último año debe comparar la última EPA con la del 3T de 2016, cuatro trimestres completos.

Fuente: EPA

Pero lleguemos más lejos y hagamos las cuentas bien para comprobar si, tomando como referencia las horas de trabajo semanales, se ha destruido o no empleo en los últimos doce meses, como concluye Bermejo. Parece evidente que para averiguarlo no se pueden comparar las horas semanales trabajadas de un trimestre con las de otro trimestre, sino que habrá que comparar las horas totales trabajadas en los últimos doce meses respecto de los doce meses anteriores. Y es que una golondrina no hace verano. ¿Cuál es el resultado de ese ejercicio? Pues asumiendo para simplificar que cada trimestre tiene 13 semanas, resulta que entre el 3T de 2016 y el 2T de 2017 -los últimos 12 meses-, se han trabajado 30.902 millones de horas y en los doce meses anteriores 30.654 millones de horas, es decir, 248 millones de horas más. Luego, en el último año no sólo no se ha destruido empleo en términos de horas totales, sino que se ha creado.

Y para terminar, aunque resulta obvio que él ya tiene las respuestas precocinadas de antemano, hace una serie de preguntas retóricas y una invitación al lector para indigar sobre ellas.

"Vamos un poco más allá ¿Es posible crecer al 3% y destruir empleo? Esto ya tiene menos explicación, salvo que alguna de las cifras del INE no sea correcta. ¿La del PIB quizás? ¿La de la EPA? Animo a los lectores a indagar en ello".

Pues claro que es posible crecer al 3% y destruir empleo, aunque ése no sea el caso de España, como ha quedado demostrado. Y es posible, por ejemplo, aumentando la productividad del factor trabajo o sustituyendo mano de obra por capital, o una combinación de ambas, que es lo más habitual. En cuanto a si la cifra del PIB es o no correcta, yo no lo sé. No tengo la osadía de Bermejo que, con tan pocos mimbres intelectuales, se dedica a cuestionar los datos oficiales, como ha hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, aquí o aquí.

Invita la casa. Hoy: las trampas de la desigualdad

"Los datos sobre la distribución personal de la renta y de la riqueza de cualquier sociedad deberían publicarse acompañados de la advertencia "producto altamente inflamable, manéjese con cuidado y solo por entendidos en la materia"".

Así empieza un interesante artículo sobre la distribución de la renta y sus desigualdades. Un artículo que dice, además, cosas como las que siguen.

"El ámbito de actuación más eficaz para luchar contra la pobreza y la exclusión reside casi siempre, así sucede ciertamente en España, mucho más en las instituciones laborales y educativas que en el sistema tributario".

"En el fondo del debate sobre la cuestión distributiva anidan dos posiciones ideológicas contrapuestas: la de quienes quieren reducir la riqueza y la de quienes quieren reducir la pobreza. Esto es, la de quienes quieren reducir todo lo posible el número de ricos y la de quienes quieren reducir todo lo posible el número de pobres. La de quienes creen que la riqueza de unos pocos es la causa de la pobreza de muchos y la de quienes piensan que estos muchos serían aún más pobres sin la riqueza de esos pocos. El nivel de vida de una sociedad tiende a ser tanto más bajo cuanto más influya la primera filosofía en la configuración de la política económica".

Por supuesto, pueden leerlo entero aquí. Si quieren, claro.

De misandrias y miserias

A Lidia Falcón ya la he escuchado en otras ocasiones. La última, pontificando sobre la aberración que supone regular el asunto ése de los vientres de alquiler porque, según ella, eso hay que prohibirlo directamente. Como a ella le parece mal, ninguna mujer en ninguna circunstancia puede decidir prestarse a gestar una criatura de otros. Y punto. No hay más que hablar.

Ahora se ha superado en un artículo en el que critica el borrador del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Empieza diciendo, tras admitir que no se ha leído las 70 u 80 páginas del documento -porque a su edad no se lo merece...-, que es ilegible. Empezamos bien. Reconozco que yo tampoco lo he leído. Y por eso no se me ocurre criticarlo.

Y después de una soflama panfletaria, en la que afirma que "el Estado que tenemos abandona a los más desgraciados y entrega nuestro dinero a la OTAN, al Ejército, a los bancos, a la Iglesia católica, a las grandes corporaciones que significan “el mercado” y a las Casas Reales..." y que "bajo una maraña de legalismos y constitucionalismos los que montaron este supuesto Estado de Derecho han convertido la democracia en una construcción hueca dentro de la cual sólo se encuentran los privilegios de los ricos", viene la traca final. Espectacular, como verán a continuación.

Dice la buena señora que "disponer de una ley que obligue al acusado a demostrar su inocencia [la del hombre] y exonere a la víctima de aportar las pruebas, que ordene la detención y prisión de los maltratadores y los obligue a cumplir íntegras las penas, no cuesta dinero, no pone en dificultades al Capitalismo y apenas le da una patada al Patriarcado".

No me digan que reclamar un Estado de Derecho auténtico y no la mierda que, según ella, tenemos y cargarse en el siguiente párrafo la presunción de inocencia -sólo para los hombres, faltaría más-, no es todo un espectáculo. Triste, pero espectáculo. Y si quien lo hace es además jurista, sólo se me ocurre pensar que tenga algún tipo de problema con los hombres, por el simple hecho de serlo, que le nuble la razón. Por ser generoso.

Y para rematar, termina diciendo que no volverá a aconsejar a sus clientas que presenten denuncias ante las autoridades competentes, sino que se compren una pistola.

Psicoanalizando el neoliberalismo... ¡Toma ya!

Leía el otro día un artículo en el que, si no entendí mal, se hablaba del psicoanálisis como instrumento para explicar y combatir aquellas decisiones de la colectividad que ponen en peligro la propia democracia y el Estado de Derecho. Al parecer, todo se fraguó a raíz de las últimas elecciones presidenciales francesas ante la posibilidad de que Marine Le Pen pudiera gobernar. Desde luego, el asunto invita a la reflexión. El psicoanálisis para alertar de los actos que los ciudadanos realizan contra sí mismos. El problema, como siempre que se reflexiona sobre estas cuestiones, estriba en quién decide lo que es conveniente o no que el ciudadano decida. O piense. O diga.

Pero no era sobre el psicoanálisis sobre lo que quería hablarles -que uno, de lo que no sabe, prefiere escuchar más que hablar-, sino del salto al vacío que da el autor del artículo cuando reprocha a ese movimiento de psicoanalistas que no incluya en su punto de mira al neoliberalismo, ese sistema que aspira a la reducción al mínimo  imprescindible del tamaño del Estado, a la ausencia absoluta de intervención del Estado en la economía, a la supremacía de lo individual frente a lo colectivo. En ese sentido afirma, por ejemplo:

"Mucho se ha escrito sobre el neoliberalismo y sus consecuencias. Las formas de explotación se han refinado hasta el extremo de hacer muy difícil la vida de los sectores menos favorecidos: precarización de los salarios y de las pensiones, ausencia crónica de trabajo, recorte de los derechos sociales, una política suicida de austeridad, pérdida de derechos laborales, endeudamiento del Estado por generaciones, sometimiento de las naciones a los designios de un poder económico no elegido democráticamente, etcétera."

Con más o menos matices, todo lo que afirma es cierto excepto la premisa mayor: que todas esas consecuencias traigan causa del neoliberalismo. Aunque sólo sea porque no existe ni un solo país donde impere tal sistema. Y desde luego, en Europa menos que en ningún otro lugar del mundo.

Es una absoluta barbaridad afirmar que el endeudamiento del Estado por generaciones es una consecuencia del neoliberalismo, pues es una contradicción en sus propios términos. ¿Cómo iba a permitir un sistema neoliberal, deseoso de que el Estado quede reducido a Defensa y Justicia, y poco más, que éste se endeude hasta las cejas para mantener además pensiones, prestaciones por desempleo, sanidad, educación, subvenciones...?

Respecto de la precarización de los salarios, resulta obvio que es una consecuencia de la tremenda crisis económica que hemos padecido. Sobre la política suicida de austeridad -al menos el autor no se ha referido al famoso austericidio, cosa que le agradezco-, sólo hay que ver la evolución del gasto público en los países europeos y el enorme endeudamiento de algunos, como España, durante la crisis para mantener e incluso aumentar el nivel de gasto.

En relación con el sometimiento de las naciones a los designios de un poder económico no elegido democráticamente, la cosa tiene su aquél. No se sabe bien si el autor recrimina que el poder económico no se haya elegido democráticamente o que las naciones estén sometidas al poder económico. Sobre lo primero, no sé qué decir porque, ¿en qué consiste un poder económico elegido democráticamente? Sobre lo segundo, suele ocurrir que uno es tanto menos libre cuanto más endeudado esté con un tercero y la solución es fácil: no endeudarse hasta el punto de llegar al sometimiento. Los gobiernos tienen otras alternativas -gastar menos, subir impuestos...-, y cuando eligen endeudarse para no perder el voto del ciudadano, ¿quién es responsable de que el Estado deudor deba cumplir los compromisos que le impone su acreedor? Pues parece claro que, en principio, quien toma esa decisión política de entre todas las disponibles y, en última instancia, del ciudadano, que amenaza con no votar a quien le recorte su bienestar o le suba los impuestos. Desde luego, no del supuesto neoliberalismo.

También habla el autor en el artículo de lo que Étienne de la Boétie llamó la servidumbre voluntaria, el sometimiento voluntario al discurso del amo -referido a un contexto histórico y político radicalmente distinto-, asimilándolo a un actual sometimiento voluntario del ciudadano a la lógica de un neoliberalismo que, como resulta evidente, ni está ni se le espera y que, de existir en un contexto democrático, muy poco tendría que ver con aquella servidumbe voluntaria de la que hablaba La Boétie. Un sometimiento que, en su caso, de ser realmente voluntario, ¿por qué no debiera ser aceptable y aceptado? Salvo que lo que el autor pretenda plantear es que esa voluntariedad sea sólo aparente, que el individuo no posee libre albedrío. Que cuando decide gastarse 30 o 40 euros al mes en un móvil y en la televisión por cable en lugar de, por ejemplo, ahorrarlos para imprevistos futuros, está siendo una pobre víctima del consumismo sin posibilidad de tomar decisiones alternativas. Pero admitir tal cosa no es más que una manera de infantilizar al individuo y, por extensión, a la sociedad. Es tanto como romper el imprescindible nexo que debe existir entre la libertad individual y la asunción de la responsabilidad derivada de su uso.

¡Si me dejan el BOE veinticuatro horas arreglo esto de los salarios bajos, ahí va la hostia pues...!

Siempre que veo aparecer al economista José Carlos Díez en televisión, me preparo para contar las veces que aporta datos erróneos o hace análisis huérfanos de rigor. Es divertido. No sé si es que con el directo se calienta y se viene arriba o si es que tiene tan asumidos los mantras de su partido, que ni se ha molestado en comprobar su veracidad. Anoche en la Sexta dejó unas cuantas perlas. Para no aburrirles sólo voy a comentar un par de ellas.

Así, cuando una tertuliana le preguntó por las medidas que se podrían adoptar desde el gobierno para subir los salarios, respondió que es muy sencillo, que si le dejan el BOE veinticuatro horas, cambiaba la cláusula de descuelgue que, según él, permite obviar el convenio sin ninguna condicionalidad. Antes de haber afirmado tal barbaridad y dejarse llevar por ese mantra tan manoseado, podría haber echado un vistazo a eso que él llama cláusula, y que está muy bien explicado en el art. 82.3 del Estatuto de los trabajadores. 

Para empezar, sólo puede producirse un descuelgue "cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción". Y para seguir, ese descuelgue requiere "acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo". Si ése es el concepto que este economista tiene de "ninguna condicionalidad" debería hacérselo mirar.

También afirmó que con esa reforma laboral, en 2012 y 2013 se destruyeron un millón de empleos. Pero eso no es lo que dice la EPA, que en el 2º trimestre de 2012 -cuando teóricamente se podía aplicar la reforma-, arrojaba 17.758.000 de ocupados y en el 4º trimestre de 2013 contabilizaba 17.135.000, lo que significa que en ese periodo se destruyeron 623.000 empleos y no un millón. 

No existen datos que confirmen que esa destrucción de empleo se debiera a la reforma laboral, sobre todo teniendo en cuenta que el ritmo de destrucción en los 24 meses anteriores a la misma fue, esta vez sí, de un millón de empleos y que, tras la reforma -aunque no necesariamente debido a ella-, el ritmo de destrucción se desaceleró. Si el señor Díez dispone de algún estudio que correlacione de forma clara esa destrucción de empleo con la reforma laboral, estaría encantando de conocerlo. Porque puestos a elucubrar, también podríamos afirmar que el millón y pico de puestos de trabajo creados desde el 4º trimestre de 2013 hasta el 1º trimestre de 2017 han sido debidos a la reforma laboral. Yo, desde luego, no me atreveré a tanto.

Impresentable, pero no imbécil

Resulta que Trump se ha mosqueado y quiere poner aranceles a la importación de aceituna negra española. Dice que las ayudas europeas a sus agricultores permiten exportar este producto a EEUU a precios por debajo de mercado.

Los exportadores españoles de aceitunas de mesa dicen que eso cómo va a ser. Que eso es mentira y que lo que ocurre es que las empresas españolas son muy eficientes y competitivas. Que están preparando la defensa con el Gobierno español, la Comisión Europea y sus abogados para probar que las acusaciones son falsas. Debe ser que es tan mentira, que necesitan al Gobierno y a la UE para defenderse.

Dicen también que las acusaciones de Estados Unidos son muy difíciles de demostrar porque no existen ayudas directas a un sector en concreto y que la medida responde a un criterio proteccionista en línea con las políticas de Trump. No como la UE, que no es nada proteccionista. Ni como el presidente de ASAJA, que se define como un liberal que cree en el mercado. Ni como nuestros agricultores que, ofendidos, retiraron rápidamente la mano cuando les pretendieron dar más de 1.151 millones de euros sólo en Andalucía en la campaña de 2016.

En fin, que no está bien eso de hacerse el ofendido cuando el vecino pretende defenderse con parecidas armas a las que uno usa para atacarle. Que Trump es un impresentable, pero no es imbécil y, de momento, parece que a sumar dos y dos llega.

Sobre la progresividad del impuesto sobre la renta: un test casero

Hay muchas maneras de medir la progresividad de un impuesto. La mayoría de los índices utilizados son técnicamente muy útiles para quienes se dedican profesionalmente a esos menesteres, pero poco intuitivos.

Aprovechando que la Agencia Tributaria ha publicado sus estadísticas de 2015 y que una gran mayoría de la progresía de cartón piedra no para de pedir a grito limpio que se aumente la progresividad del impuesto sobre la renta, analizaremos cuán progresivo es nuestro impuesto directo por excelencia, el IRPF. Y lo haremos empleando un índice casero, muy sencillo e intuitivo. Pero antes, empecemos por aclarar términos.

Cuando a alguien se le pregunta qué significa que un impuesto sea progresivo suele responder que la progresividad consiste en que paguen más los que más tienen o los que más ganan. Pero no. Porque en un impuesto proporcional -aquél en el que todos pagan el mismo porcentaje de su renta o de su riqueza-, paga más el que más tiene o el que más gana y, sin embargo, no es progresivo. Si el impuesto consistiera en un 10% de la renta, quien gane 15.000 € pagará 1.500 € y quien gane 90.000 € pagará 9.000 €. En ese ejemplo, quien más gana paga más -se cumple la premisa-, pero se trata de un impuesto proporcional en el que, por definición, la progresividad es nula. Una renta 6 veces mayor paga 6 veces más.

Pero el impuesto progresivo sobre la renta va más allá. Aplica un porcentaje mayor conforme mayor es la renta, por lo que quien más gana, paga más, no sólo en términos absolutos, sino también términos relativos. En el supuesto anterior, un impuesto progresivo consistiría en que la renta de 15.000 € pagase el 10% y la de 90.000 €, por ejemplo, un 15%. Esto supondría que la renta menor pagase 1.500 € y la mayor 13.500 €. Expresado en términos más gráficos, una renta 6 veces mayor pagaría 9 veces más. Identificaremos el grado de progresividad con el exceso que paga la renta mayor respecto de lo que pagaría si el impuesto fuera proporcional. Así, en este ejemplo, la progresividad sería de 3. Antes de seguir, hagamos un ejercicio muy sencillo al que deben contestar sobre la marcha, a partir de su concepto intuitivo de equidad. En ese ejemplo, asumiendo que el impuesto debe ser progresivo, ¿cuánto creen ustedes que debería ser esa progresividad? ¿creen que 3 es una progresividad razonable? ¿debería ser de 5, 7 o 10? Anótenlo antes de seguir leyendo.

Vayamos ahora a datos reales y tomemos de las estadísticas que acaba de publicar la AEAT dos tramos de renta similares a los del supuesto anterior. Por ejemplo, el de 12.000-21.000 € y el de 60.000-150.000 €. Para hacer los cálculos, tomaremos en cada tramo su valor medio calculado conforme a otras variables que también se ofrecen en las estadísticas -si alguien tiene interés en conocer cómo he calculado ese valor medio, sólo tiene que preguntar-, y que arrojan como resultado una renta media de 16.500 € para el primer tramo y de 83.000 € para el segundo. Si acudimos a esta tabla, comprobaremos que los contribuyentes del primer tramo han pagado una media de 1.590,41 € y los del segundo tramo una media de 23.225,19 €. O lo que es lo mismo, una renta 5 veces mayor ha pagado 14,6 veces más. Recordemos que en un impuesto proporcional hubiera pagado 5 veces más.

A la vista de los datos, ¿creen que es suficientemente progresivo nuestro IRPF? Cojan el papelito en el que apuntaron el grado de progresividad que les parecía razonable y  respóndanse ustedes mismos.

De cuando el personal se cabrea si le llevan la contraria...

Que la prensa de uno y otro lado manipula es una obviedad. No hablo de los editoriales o de las columnas de opinión, no, que en ésas no se pretende dar información. Y aunque hasta la opinión debiera estar fundada y teñida de un cierto rigor intelectual, al fin y a la postre, no dejan de contener puntos de vista sesgados por las vivencias, la ideología e incluso los intereses personales de cada cual.

Sobre el cuidado que hay que tener con lo que se lee y la necesidad de que el ciudadano sea crítico con lo que lee ya se ha hablado por la taberna en multitud de ocasiones, pero no viene mal hacerlo una vez más. Y hacerlo además a raíz de la última entrada.
 

Resulta que leo un titular que sé que es absolutamente falso. Además, lo leo en un periódico muy dado a la agitación y la propaganda, "agitprop" para los cursis. Entro en el enlace del artículo. No conozco de nada al periodista que lo escribe, ni para bien ni para mal. Leo con atención. No funciona ninguno de los enlaces, pero los edito y los corrijo para comprobar sus fuentes. Vaya, son las mismas que las mías. Y entonces, ¿cómo puede llegar a una conclusión que no se compadece en absoluto con la fuente de datos que utiliza? Probablemente por la misma razón que Montoro. Quiere lanzar una consigna concreta, y si la realidad se la estropea, simplemente la manipula. Ya saben aquello de que la realidad no te estropee una buena noticia. Si además, esa noticia manipulada es de fácil consumo entre el personal asiduo al medio, el aplauso está garantizado. Y si encima se consigue encabronar al personal contra el gobierno de turno que es de la otra cuerda -personal que, por cierto, ya tiene otros motivos reales para estar encabronado-, entonces tenemos la tormenta perfecta.

¿Y qué pasa si a alguien se le ocurre cuestionar con argumentos al periodista que ha escrito esa noticia y le invita a explicarse? Pues muy fácil. Se le acusa de pontificar, dejando entrever que es un intolerante y un soberbio que, además, no deja opción a la respuesta. Se le contesta con evidente sarcasmo algo así como "y punto, oiga. No se hable más". Expresión que, por cierto, sería perfectamente aplicable a su panfleto. Y claro, cuando se le piden explicaciones por ese comentario chulesco y se le invita a hablar, mutis por el foro. 

 

En fin, que siguiendo con el sarcasmo, he de reconocer que hasta ese momento no entendí el sentido de su respuesta. No me estaba acusando de no permitirle hablar, o de que hubiera sido un soberbio en mi entrada, no, estaba informándome de que él había decidido poner punto y final al asunto y no hablar más del tema. Y vive Dios que lo ha cumplido.

Por otro lado, y ahora ya más en serio, dudo que ni siquiera haya leído mi entrada, entre otras razones porque en el momento en el que escribo esto, siguen sin funcionar los enlaces del artículo. Y si la ha leído, entonces es muy poco profesional. Si no quiere contrastar sus datos y argumentos con un lector, ¡al menos corrija los enlaces, oiga!

¡Ay, Dios, qué cansado es esto...!

El titular: "Asalariados y autónomos tributan el doble que las empresas". El problema: que es una burda manipulación. Periodismo de calidad, sí señor.

Al margen de que los enlaces del artículo no funcionan y de algunas meteduras de pata cuando hace los cálculos del IRPF -como que la presión fiscal del ahorro ascienda al 35%-, la auténtica manipulación no está en que la presión fiscal efectiva del IRPF en 2015 estuviera en el 17,15%, sino en el análisis que realiza sobre la presión fiscal de los beneficios empresariales.

Lo cierto es que uno ya está cansado de explicar una y otra vez lo mismo. Y también de leer manipulaciones interesadas. De unos y de otros.  Y no voy a volver a explicarlo porque ya lo hice hace un par de años a un colega del autor del artículo. También al señor Montoro hace unos meses. Y también expliqué hace tiempo que los beneficios empresariales están sujetos a una presión fiscal superior al 40%.

De orgullos y otros cachondeos

Se puede opinar que algunos espectáculos que se ven en el día del orgullo gay son estéticamente desagradables o de mal gusto y no ser un intolerante. O que el Estado, lato sensu, no tiene por qué pagar estas celebraciones, como tampoco las relacionadas con la Semana Santa, los partidos de fútbol o cualesquiera otros espectáculos privados. Porque opinar no es prohibir. Y lo intolerante es prohibir que otros hagan lo que les venga en gana cuando no afecta a la libertad ajena. Y también insultar a quienes no opinan como uno.

Tampoco es homófobo en sí mismo opinar que la cabalgata del orgullo gay le hace un flaco favor al colectivo homosexual o que en ella se ven escenas realmente ridículas y patéticas. Salvo que se pueda ser homosexual y homófobo, todo a la misma vez. En todo caso, a mí que registren.

Del cuerpo de las mujeres y otros mercantilismos ideológicos

¿Qué hay de aquello de que "Es mi cuerpo, yo decido" o "Nosotras parimos, nosotras decidimos"?

Vaya por delante que, en el asunto del aborto, no comparto ese lema. Pero no porque crea que cada cual no es dueño de su cuerpo, sino precisamente porque tengo la convicción de cada uno debiera poder hacer con su cuerpo lo que le venga en gana, siempre que no afecte a la libertad individual de los demás, incluida la potencial libertad individual del feto. Sí, vale, admito que, a partir de esa postura, el debate se traslada a determinar si el feto es parte del cuerpo de la mujer o no lo es. Pero esta entrada no va del aborto, sino de la maternidad subrogada, así que dejémoslo ahí, aunque si a alguien le interesa mi postura respecto de aquél, aquí la tienen. Si he sacado el asunto, es sólo para dejar claro que comparto con las feministas el principio de que cada cual es dueño de hacer con su cuerpo lo que quiera, aunque en mi caso, y a diferencia de la mayoría de ellas, procuro aplicar ese principio con cierta coherencia.

Dicho esto, resulta difícil entender a quienes, asumiendo ese principio hasta sus últimas consecuencias -a saber, que hasta el feto forma parte del cuerpo de la mujer-, se oponen a la regulación de la maternidad subrogada. Su argumento fundamental está relacionado con el mercantilismo, con hacer objeto del comercio aquello que, a su juicio, no debiera serlo, empleando expresiones como "mercado de vientres" o "las mujeres no somos vasijas". Dicen que, si permitimos el comercio de la capacidad reproductiva de las mujeres, se abrirá un mercado que obligará a los pobres a vender lo que nunca venderían de no verse abocados a hacerlo, que creará privilegios para unos pocos. Más o menos lo mismo que argumentan respecto de la prostitución.

El problema fundamental de ese tipo de argumentos es que también serían aplicables a otros muchos intercambios comerciales que son aceptados con absoluta normalidad. Por ejemplo, el del factor trabajo. La mayoría trabajamos porque no somos ricos, pero no se nos ocurre argumentar que deba prohibirse el trabajo de los pobres que se ven obligados a trabajar sólo porque son pobres.

Claro, que alguien podría decir que el mercado de trabajo está sometido a una regulación que intenta impedir que se produzcan situaciones que atenten contra la dignidad de las personas. Podríamos entonces plantear que se regule la maternidad subrogada para garantizar que no se den escenarios en los que podría resultar dudoso que la persona esté actuando en el uso real de su libertad individual. Pero no, esto tampoco les vale a quienes pretenden decidir qué puede o no hacer cada cual con su cuerpo, gente que, curiosamente, presume de ser muy de izquierdas -pero mucho, mucho-, y que, inexplicablemente, detestan las libertades individuales.  

Multando el éxito, subvencionando el fracaso

Esto se veía venir. Otra vez. Y no van a parar hasta que los echen. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones por la taberna, pero no me resisto a hacerlo una vez más.

Que la UE, en nombre de una competencia y un libre mercado en los que no cree -como resulta obvio-, multe a Google por atacar, supuestamente, la competencia y el libre mercado y, además, sin utilizar dinero público, es para frotarse los ojos hasta sacarles brillo.

Dice la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que "lo que Google ha hecho es ilegal bajo las normas europeas. Niega a otras compañías la oportunidad de competir en igualdad de condiciones y de innovar. Y lo más importante, niega a los consumidores europeos una verdadera elección de servicios y los beneficios completos de la innovación".

Las afirmaciones de la señora Vestager piden mármol. ¿Se puede saber cómo impide Google que otras empresas innoven y la venzan en su propio terreno? ¿O cómo niega Google a los consumidores la libre elección de servicios? Y mientras, nadie se pregunta por qué en la UE no tenemos empresas como Google, Facebook o Amazon y, por ejemplo, seguimos subvencionando el carbón.

A lo peor, un día de estos, cuando encendamos el ordenador y entremos en Google para consultar nuestro correo o actualizar nuestro blog, nos encontramos con un mensaje que nos avise de que Google deja de prestar en Europa todos sus servicos gratuitos: Gmail, Google +, AdWords, AdSense, Analytics, Blogger, Google Drive, Earth, Maps...

Sobre la ética...

Al principio titulé esta entrada "Sobre la ética política". Después pensé que la ética no debiera tener apellidos y lo cambié, aunque ya les adelanto que la cosa va sobre política. Y sobre ética, claro.

En los últimos años hemos asistido a una especie de competición para ver quién mea más lejos o la tiene más larga en esto del comportamiento ético de los políticos. Incapaces los partidos de resultar creíbles y de fijar de manera autónoma el listón ético de sus miembros -que debiera ser unos de los criterios del votante para darles su confianza-, han buscado las referencias en el Derecho Penal, en lo que decidan los jueces, renunciando cobardemente a asumir sus responsabilidades y trasladándolas a un tercero que, subrayémoslo, no lleva a cabo juicios éticos, sino jurídicos. Así, unos hablan de que se deben asumir responsabilidades políticas cuando existe imputación, otros cuando existe imputación pero sólo en determinados delitos, otros cuando se abre la fase de juicio oral, otros cuando existe condena y otros cuando esa condena es firme... En fin, que hay para todos los gustos.

El problema es que el Derecho Penal, tanto desde el punto vista material como procesal, no es una referencia adecuada para ser utilizado como codigo ético. La propia naturaleza de esa rama del Derecho exige que muchos comportamientos claramente reprochables no sean castigados penalmente. Los principios de ultima ratio y de intervención mínima que rigen el Derecho Penal obligan a que ello sea así. Además, el propio proceso, muy garantista y presidido por el derecho fundamental a la presunción de inocencia, puede dejar sin castigo comportamientos manifiestamente delictivos, garantismo al que no está obligada una organización respecto de su régimen interno. Si a ello añadimos que las peculiaridades del proceso penal, con una fase de instrucción y otra de enjuiciamiento propiamente dicho, hace que la persona afectada se vea sometida a diferentes situaciones procesales que, unas veces desde la ignorancia y otras desde la más mezquina manipulación política, son sacadas de contexto y ofrecidas al pueblo llano para saciar su sectarismo, resulta evidente que el Derecho Penal no puede ni debe convertirse en la guía ética de ninguna organización social, sea del tipo que sea.

Y pese a ello, los partidos políticos han decidido usar el Derecho Penal como marco ético. ¿Por qué? Probablemente porque resulta incómodo retratarse y es más fácil manipular y justificar las posiciones cuando es un tercero, el juez, quien decide, cuando es otro el que juzga a los tuyos. En definitiva, por pura cobardía política e intelectual.

Una prueba palmaria de todo lo dicho es que los responsables políticos se ven obligados continuamente a retorcer como si fueran de plastilina, la mayoría de las veces con manifiesta desvergüenza, sus códigos éticos para no tener que tomar medidas contra los suyos. Hasta se vieron obligados a modificar el término imputado por el de investigado de tanto como lo habían sobado. Y no ha servido para nada, como resulta notorio.

Pero en mi opinión, hasta la fecha, el summum de la inmoralidad en la manipulación del propio código ético llevado a cabo  por un partido político -y que ha motivado esta entrada-, es lo que le he escuchado a Manuela Carmena esta semana. Y lo es, no sólo porque se  trate de un partido político que ha hecho de la ética -aunque sea mal entendida-, su bandera, exigiendo a los demás un comportamiento que raya en ocasiones lo absurdo, sino porque quien dice lo que ha dicho no puede alegar ignorancia. Recordemos que la señora Carmena es licenciada en Derecho, ha ejercido de jueza, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial además de fundadora de la asociación Jueces para la Democracia y es juez emérita del Tribunal Supremo. Descartada pues, objetivamente, la ignorancia, sólo es posible atribuir sus palabras a la poca vergúenza.

¿Y qué es lo que ha dicho? Pues escúchenlo ustedes mismos.

En efecto, lo que dice la providencia literalmente es:"Cítese de comaprecencia en este juzgado a Dña Ana Varela Mateos, Dña Celia Mayer Duque y D. Carlos Sanchez Mato ante este juzgado el próximo día 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 10.30 HORAS al objeto de prestar declaración en concepto de querellados, reclámese sus hojas histórico penales." (sic)

Ustedes no tienen por qué saber si eso significa que comparecen como testigos o como imputados, pero el currículum profesional de la señora Carmena no permite aplicarle a ella el mismo beneficio de la duda que a ustedes. Ella sabe perfectamente que, más allá de cuestiones nominales, cuando una querella se admite a trámite por el juez de instrucción (ver nota al pie), el querellado se convierte automáticamente en investigado -antes imputado-, el juez tiene la obligación de notificárselo inmediatamente y nace el derecho de defensa del querellado, obligación de uno y derecho del otro que nuestro proceso penal impone como parte del derecho fundamental de defensa recogido en el art. 24 de nuestra Constitución. Emplear como argumento que el juez de instrucción no ha empleado el término investigado o imputado sino el de querellado, para defender lo indefendible, debería tener algún tipo de consecuencia en su prestigio y currículum profesional. Y también en su prestigio político. Pero no pasará ni lo uno ni lo otro.

En definitiva, convertirse en investigado, lejos de representar ningún tipo de castigo procesal o material, supone una garantía constitucional. Han sido nuestros políticos quienes, a base de manosear interesadamente el concepto, han terminado por trasladar erróneamente a los ciudadanos que una determinada situación procesal -investigado, imputado, querellado, denunciado, todos esos términos tienen idénticas implicaciones a estos efectos-, debe ser identificada con un comportamiento éticamente reprochable. Eso sí, siempre que esa situación procesal la sufra el adversario político. Por todo ello, se equivocan, probablemente a sabiendas, quienes acuden al Derecho Penal para extraer de él las coordenadas de lo que debiera ser un comportamiento ético.

Sobre estas cosas ya hablábamos por aquí hace mucho tiempo.

Nota: Por si quedaba alguna duda: "Es innegable que la condición de imputado nace de la admisión de una denuncia o una querella (no, por cierto, de la simple interposición de una u otra)..." (Sentencia Tribunal Constitucional 135/1989, página 11)

Una clase magistral... de manipulación

Sigo a Eduardo Garzón en Twitter y hoy me he encontrado un tuit suyo que afirma que "mienten quienes dicen que privatizar servicios públicos es más barato que mantenerlos 100% públicos", acompañado de un vídeo en el que pretende argumentar su afirmación y que titula "¿Por qué la gestión directa de los servicios públicos es más barata que la gestión indirecta?". Tras analizar lo que dice en él, me resulta sorprendente que un doctorando en economía cometa errores tan básicos. La única explicación plausible que se me ocurre es que su ideología mediatice sus conocimientos económicos, pues no parece razonable pensar que no ha aprendido casi nada en la carrera.

En el vídeo explica que los servicios públicos municipales pueden prestarse directamente por los Ayuntamientos o indirectamente, a través de empresas privadas o mixtas, y pone sobre la mesa cuatro argumentos por los que, según él, el modelo de prestación directa siempre es más barato que el de gestión indirecta.

El primero de esos argumentos es el beneficio que cualquier empresa privada debe obtener para poder subsistir. Según el señor Garzón, esa necesidad de beneficios, que no tiene el ente público, encarece la gestión indirecta. Y se queda tan pancho. No contempla siquiera la posibilidad de que la concurrencia que se produce -o se debiera producir-, en los procesos de adjudicación de los contratos públicos y los propios incentivos de la gestión privada resulten en una mayor eficiencia que sea capaz de absorber con creces los beneficios, hasta el punto de operar con precios de venta incluso inferiores a los costes de operación del ente público. No digo que necesariamente la empresa privada sea más eficiente, sino que admito esa posibilidad, corroborada por la realidad, circunstancia que el señor Garzón niega implícitamente en su argumento.

El segundo de ellos es el IVA. Se afirma en el vídeo que las Administraciones Públicas no pagan este impuesto, por lo que el servicio prestado sale más barato, mientras que si el servicio público se presta a través de una empresa privada, como ésta paga IVA, resulta más caro. En primer lugar, salvo los supuestos de exención del art. 20 de la Ley del IVA, en términos generales, los entes locales que presten servicios públicos directamente sí pagan el IVA por los bienes y servicios que adquieran para llevar a cabo esa prestación, exactamente igual que una empresa privada. En segundo lugar, aunque fuera cierto que el ente local no pagase IVA -que no lo es-, para la empresa privada el IVA soportado, el que paga, no supone un coste porque es deducible. Por tanto, es una verdadera aberración afirmar que el IVA es una las causas por las que la gestión directa de los servicios públicos es más barata que la indirecta o mixta.

El tercero es el Impuesto de Sociedades (IS). Aquí el argumento resulta realmente kafkiano. En primer lugar, vuelve a negar implícitamente incluso la mera posibilidad de que una mayor eficiencia de la empresa privada sea capaz de absorber, no sólo los beneficios, sino también el IS y ser más barata que el ente público. En segundo lugar, cuando les interesa, dicen que las empresas pagan el 6% de IS y cuando no, que pagan mucho más y que eso encarece el precio. Y en tercer lugar, emplear como argumento que la empresa privada es más cara porque paga impuestos y el ente local no, es hacerse trampas en el solitario, porque esos impuestos revierten de nuevo en el Estado, el mismo Estado que, según Garzón, pagaría más caro esos servicios por culpa del impuesto. En fin...

Y el cuarto es el coste del control por parte del ente público cuando contrata el servicio con una empresa privada. ¿Quiere decir el señor Garzón que cuando el servicio se presta por el propio ente no requiere controles, supervisión o coordinación?

Le ha faltado al señor Garzón el argumento más importante y con el que, además, este tabernero estaría de acuerdo: la corrupción y el capitalismo de amiguetes. Y resulta que ni siquiera lo ha insinuado.

No seré yo quien afirme que siempre y en todo caso, la gestión directa sea más eficiente que la gestión pública, aunque piense que en la mayoría de los casos sea así. Ahora bien, que el señor Garzón afirme que "mienten quienes dicen que privatizar servicios públicos es más barato que mantenerlos 100% públicos", utilizando además unos argumentos que resultan simplemente ridículos, dice muy poco de su rigor como economista.