"El Gobierno de la Nación ha impuesto unas políticas de recortes que han supuesto una merma de 114 millones de euros para Andalucía en atención a la Dependencia, y esa es una realidad presupuestaria que está ahí. Nuestra voluntad hubiese sido darle cobertura a estas familias para hacerle sus últimos días más llevaderos, pero las exigencias del Gobierno tanto en recortes como en cumplimiento del déficit hacen que, cuando no hay dinero, no se puede atender" (Miguel Ángel Vázquez, portavoz de la Junta de Andalucía, el mismo que decía hace apenas tres meses que eso del fraude de los fondos de formación era un gran montaje)
Primero, un ejemplo personal. Un familiar muy cercano, enfermo de Alzheimer y demencia senil, al que le habían concedido en Febrero de 2011 una ayuda a la dependencia con efectos retroactivos desde 2009, falleció en Diciembre de 2012. ¿Y qué pasó con los atrasos desde 2009 hasta Febrero de 2011, periodo en el que su esposa se gastaba más de la mitad de su pensión mínima en cuidar de él en casa, en comprar una grúa para poder bañarlo y una cama especial para que pudiera descansar? Pues que la Junta decidió unilateralmente y le comunicó en la misma resolución administrativa en la que le concedía la ayuda, que se los pagaría en cinco cómodos plazos, el primero en Marzo 2012 y el último en Marzo 2016. A fecha de hoy, casi dos años después de su fallecimiento, no han pagado ni el plazo de 2012, ni el de 2013, ni el de 2014. Por si alguien anda mal de memoria, en Febrero de 2011, cuando decidieron pagar en cómodos plazos el derecho reconocido por ellos mismos, gobernaba en Andalucía y en España el PSOE. Y Rajoy aún no les había recortado 114 millones de euros en atención a la dependencia.
Y ahora, algunos datos objetivos. Como ya se ha dicho en multitud de ocasiones en este blog, el reparto de los recortes impuestos por el gobierno central a cada Comunidad Autónoma es decidido por cada Comunidad Autónoma. Cada vez que un gobierno autonómico, sea del color que sea, dice que tal o cual servicio público de su competencia funciona mal, o que da menos becas o que despide a médicos o profesores, o que sube las tasas universitarias porque se lo ha impuesto el gobierno central, simplemente miente. Y lo que es peor, aprovecha la lógica indignación ciudadana para conseguir votos echando mierda interesada al adversario político en lugar de asumir sus propias responsabilidades.
Ya lo hizo en su momento el señor Griñán con la mayor desvergüenza. Y también tuvimos que recordarle a la señora Mar Moreno que ellos eran los que decidían en qué recortar y en qué no. Y que habían decidido que no iban a recortar en Canal Sur -138 millones al año, más que los 114 millones que le faltan al señor Vázquez para dependencia-, ni en las actividades de "Dirección de la información y divulgación de la acción institucional de la Administración de la Junta de Andalucía y de la identidad corporativa" -otros 151 millones-, ni en el entramado de Agencias de la Junta, ni en su Administración paralela.
El gobierno central ha impuesto recortes, sí. Y lo ha hecho, además, aumentando el gasto público y la deuda, que ya tiene mérito la cosa. Pero las Comunidades Autónomas tienen poderes ejecutivos y legislativos propios, y sus propias leyes de presupuestos que se elaboran en sus Parlamentos. Y pueden decidir en qué recortar y en qué no para cuadrar las cuentas que les impone el gobierno de la nación.
Primero, un ejemplo personal. Un familiar muy cercano, enfermo de Alzheimer y demencia senil, al que le habían concedido en Febrero de 2011 una ayuda a la dependencia con efectos retroactivos desde 2009, falleció en Diciembre de 2012. ¿Y qué pasó con los atrasos desde 2009 hasta Febrero de 2011, periodo en el que su esposa se gastaba más de la mitad de su pensión mínima en cuidar de él en casa, en comprar una grúa para poder bañarlo y una cama especial para que pudiera descansar? Pues que la Junta decidió unilateralmente y le comunicó en la misma resolución administrativa en la que le concedía la ayuda, que se los pagaría en cinco cómodos plazos, el primero en Marzo 2012 y el último en Marzo 2016. A fecha de hoy, casi dos años después de su fallecimiento, no han pagado ni el plazo de 2012, ni el de 2013, ni el de 2014. Por si alguien anda mal de memoria, en Febrero de 2011, cuando decidieron pagar en cómodos plazos el derecho reconocido por ellos mismos, gobernaba en Andalucía y en España el PSOE. Y Rajoy aún no les había recortado 114 millones de euros en atención a la dependencia.
Y ahora, algunos datos objetivos. Como ya se ha dicho en multitud de ocasiones en este blog, el reparto de los recortes impuestos por el gobierno central a cada Comunidad Autónoma es decidido por cada Comunidad Autónoma. Cada vez que un gobierno autonómico, sea del color que sea, dice que tal o cual servicio público de su competencia funciona mal, o que da menos becas o que despide a médicos o profesores, o que sube las tasas universitarias porque se lo ha impuesto el gobierno central, simplemente miente. Y lo que es peor, aprovecha la lógica indignación ciudadana para conseguir votos echando mierda interesada al adversario político en lugar de asumir sus propias responsabilidades.
Ya lo hizo en su momento el señor Griñán con la mayor desvergüenza. Y también tuvimos que recordarle a la señora Mar Moreno que ellos eran los que decidían en qué recortar y en qué no. Y que habían decidido que no iban a recortar en Canal Sur -138 millones al año, más que los 114 millones que le faltan al señor Vázquez para dependencia-, ni en las actividades de "Dirección de la información y divulgación de la acción institucional de la Administración de la Junta de Andalucía y de la identidad corporativa" -otros 151 millones-, ni en el entramado de Agencias de la Junta, ni en su Administración paralela.
El gobierno central ha impuesto recortes, sí. Y lo ha hecho, además, aumentando el gasto público y la deuda, que ya tiene mérito la cosa. Pero las Comunidades Autónomas tienen poderes ejecutivos y legislativos propios, y sus propias leyes de presupuestos que se elaboran en sus Parlamentos. Y pueden decidir en qué recortar y en qué no para cuadrar las cuentas que les impone el gobierno de la nación.
Alguien debería explicar por qué el PSOE de Pedro Sánchez defiende ahora con tanto ahínco el federalismo si, quienes se escudan en el gobierno central para justificar sus recortes y comparten además su ideología, no están siquiera dispuestos a asumir las reglas de juego actuales, más laxas que las de un Estado federal que resultaría mucho más exigente en cuestiones tales como la corresponsabilidad fiscal.
¿Se imaginan ustedes a Susana Díaz anunciando que cierra o vende Canal Sur para, con lo ahorrado, dar más becas o pagar la deuda que mantiene con los dependientes andaluces? ¿Y a Diego Valderas cerrando la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo para dar de comer a tanto niño andaluz en riesgo de exclusión social como dicen que hay o llenar las bibliotecas de los colegios de libros para que los profesores puedan recomendar su lectura sin que la Consejería de Educación les riña?
No, no se lo imaginan. Pero, al menos, sepan ustedes que podrían hacerlo. Y que si no lo hacen es porque no quieren. Y porque tienen fácil hacernos creer que la culpa es del gobierno central, que la culpa siempre es del otro. Y porque saben que nosotros, tan gregarios y adocenados, siempre creeremos a pies juntillas a los nuestros.
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