De ahorcados a la fuerza y otros disimulos

Ayer publicó la Junta de Andalucía la lista de exonerados de justificar las subvenciones recibidas, o no, para formación. Más de mil empresas exoneradas de justificar sus gastos para poder seguir recibiendo más dinero público. Una resolución dictada a finales de 2012. Una resolución no publicada en el BOJA en su momento porque no era preceptiva su publicación, con la de chorradas que se publican todos los días en el BOJA sin ser preceptivo. Una resolución que se hizo pública ayer, año y medio después de dictarse, tras otro enorme escándalo de corrupción. 

Y todo para mostrar el firme compromiso de nuestra presidenta contra la corrupción. Sobre todo contra la que está por venir, siempre la que está por venir, porque su compromiso es un seré implacable, un deseo conjugado en futuro, un gerundio ausente que le permite no caerse de su cinta de andar por casa.

Tras la publicación, el gobierno andaluz justifica esas exoneraciones argumentando que, como no habían recibido el dinero de las subvenciones por los recortes de Rajoy, no podían pedirles que justificaran esos gastos. A ver si lo entiendo.

Si no habían recibido las subvenciones, no podían justificar en qué se habían gastado esas subvenciones y, en tal caso, ¿por qué habrían de ser exonerarlos de justificar en qué se habían gastado unas subvenciones que no habían recibido?

También cabría preguntarse si los cursos fueron realmente impartidos por las empresas solicitantes de las subvenciones, a pesar de no haberlas recibido aún. Si la respuesta fuera afirmativa, no deberían haber tenido ningún problema en justificar todos los costes que pagaron de su propio bolsillo, con lo que exonerarlos de dicha justificación no hubiera sido necesario. Si la respuesta fuera negativa, es decir, si los cursos no se impartieron, no habría nada que justificar y, por tanto, de nada habría que exonerar.

En fin, que a mi límpida ingenuidad le cuesta entender eso de que se ocultara una resolución como la publicada ahora, que cuando salta un escándalo relacionado con ella la publiquen destrozándose el pecho a golpes de pura transparencia y que se diga que el culpable de lo que entonces se hizo y ahora creemos que sabemos vive más allá de Despeñaperros. Porque ya sabemos que la culpa nunca es de uno, siempre es del otro. Al contrario que la transparencia, que nunca es del otro, siempre es de uno.

Desmemorias de un presidente...

"No sé si yo presidía la comisión de asuntos económicos, creo que no la presidía, pero no llegaron en todo caso [los informes de la Intervención]" (Manuel Chaves en la Cadena Ser, minuto 6)

¿Cómo vamos a confiar en su memoria cuando afirma que, en todo caso, la multitud de informes realizados por la Intervención denunciando las irregularidades no llegaron ni a la Comisión de Gobierno ni a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, si ni siquiera recuerda que él la presidía, tal y como disponen dos Decretos que él mismo firmó?

Allá por 1.994, cuando la Comisión Delegada de Asuntos Económicos se llamaba Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Económicos, el art. 1 del Decreto 419/1994 establecía que "la presidencia de la Comisión corresponde al Presidente de la Junta de Andalucía".

Y allá por 2.004, cuando la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Económicos pasa a denominarse Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el art. 2.2 del Decreto 480/2004 establecía que "la Presidencia de la Comisión Delegada corresponde a la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía".

Recordemos que el señor Chaves fue presidente de la Junta de Andalucía desde 1.990 hasta 2.009, seis legislaturas, seis. Por si también se le ha olvidado.

¿Indefensos como pajarillos? ¡Menudos pájaros...!

Ayer, los señores Griñán y Chaves concedieron una entrevista en Canal Sur -ya saben, la nuestra-, en la que se alegraban -no los veo yo muy contentos-, de que ahora podrán defenderse en el Tribunal Supremo, y se quejaban de la indefensión a la que han estado sometidos.

Parece mentira que ambos sean juristas. Y que incluso el señor Griñan, cuando formaba parte del poder legislativo como diputado, votara a favor de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que añadió a la misma el art. 118bis -precisamente el que se vio obligada a aplicar la jueza Alaya para no crearles indefensión, ironías de la vida-, y que mejoraba las posibilidades de defensa de los aforados.

De ello ya se dió buena cuenta en esta taberna hace casi un año, cuando la jueza Alaya dictó un auto en el que les comunicaba la existencia de un procedimiento en el que podrían resultar afectados, en cumplimiento del art. 118bis LECrim que, recordémoslo de nuevo, le impone al juez la obligación de informarles, y a ello se limita en el citado auto. Ese auto fue recurrido por el fiscal anticorrupción, pero no porque un juez de instrucción no pueda aplicar el art. 118bis LECrim, sino porque, como el mismo recurso dice, de la lectura del auto "no se alcanza a conocer, por falta de individualización, cuáles sean los concretos hechos investigados que se pueden atribuir a cada uno de los denominados en el auto como imputados provisionales". El recurso fue admitido a trámite por la Audiencia Provincial, que anuló el auto recurrido, dando lugar a un nuevo auto en el que la jueza Alaya detallaba, ahora sí, los hechos que se le imputaban a los aforados, y que ya no es recurrido por la fiscalía.

Recordado de nuevo cuál es el objeto del polémico art. 118bis LECrim, creado por y para los propios aforados, hay que tener desparpajo y poca vergüenza para quejarser una y otra vez de la indefensión sufrida. Sobre todo teniendo en cuenta que el auto de la jueza Alaya en el que se les informaba de la existencia del procedimiento, les permitía personarse en la causa, acceder a las diligencias, proponer pruebas, participar en los interrogatorios o declarar voluntariamente ante la jueza instructora.

¿Por qué no lo hicieron? Ellos sabrán y en su derecho de no hacerlo estaban, pero que no pretendan aparecer como víctimas indefensas precisamente ellos y los suyos, que han entorpecido y siguen entorpeciendo cualquier investigación de corrupción en la que esté implicada su partido, que han buscado desesperadamente el aforamiento -por algo les gustará más el Tribunal Supremo que un humilde juzgado de instrucción...-, que tienen a toda una televisión autonómica al servicio de su propaganda, que son defendidos a ultranza por la nueva ejecutiva de su partido, ésa que, contra la corrupcción propia, siempre dice pero nunca hace.

¡Hombre, no nos toquen además los cojones...!

¡Sí hombre, para que la dilapiden...!

En una de esas tertulias mañaneras que uno sólo puede disfrutar en vacaciones como ruido de fondo mientras da cuenta del desayuno y hojea el periódico, andaba colocando su discurso un televisivo economista a propósito de la viabilidad de las pensiones futuras.

Decía que la solución consiste en que el empresario que contratase a un trabajador, además de pagar las cotizaciones sociales, debería obligatoriamente aportar una cantidad mensual a una especie de caja, intocable por el trabajador, que complementase su pensión futura.

En ese momento, un contertulio, dizque liberal aunque sea a ratos, le interrumpe diciéndole que él preferiría que esa cantidad se la entregase el empresario al trabajador y que él decidiera libremente qué hacer con ella. La respuesta del economista, que le salió del alma, fue clarificadora: ¡sí hombre, para que la dilapide...!

Pues eso, que uno no termina de entender por qué, quienes no creen en el individuo, en su derecho a decidir y equivocarse, y en su obligación de asumir las consecuencias de esas decisiones, en cambio creen en la capacidad del Estado, gobernado también por individuos que deciden por los demás, aciertan y se equivocan por los demás, y trasladan siempre las consecuencias de sus decisiones, buenas o malas, a los demás, disfrutando del éxito de las primeras y protegidos del fracaso de las segundas.

Si piensan que el ciudadano no es suficientemente capaz de tomar decisiones acertadas que afectan a su bienestar futuro, ¿por qué deberíamos creer que esos mismos ciudadanos están capacitados para elegir acertadamente a quienes van a tomar las decisiones por ellos?

Escribiendo esta entrada me ha venido a la mente aquella otra en la que reflexionaba sobre la calidad del votante, reflexión que en alguna ocasión me ha hecho merecedor, a juicio de algunos, del calificativo de totalitario. Esa misma calidad que cuestionan rotunda e implícitamente los partidarios de ese Estado ultraprotector que aspira a anular al individuo incapaz, según ellos, de saber lo que le conviene, y aplaudidos, ellos sí, con entusiasmo por su pureza democrática, quizás por la refinada sutileza de su contradicción.

La progresividad fiscal, ese camino de ida y vuelta...

Al PSOE le parece un escandalo que la reformilla fiscal del PP sólo le ahorre unos 300 euros a las rentas más bajas, mientras que las más altas pueden ahorrar unos 4.000 euros. Claro, que no dicen que quienes se ahorran 300 euros pagan unos 1.000 euros de IRPF -un 30% de ahorro-, y quienes se ahorran 4.000 euros pagan más de 50.000 euros, un 8% de ahorro.

Es lo que tiene esto de la progresividad del IRPF, que es un camino de ida y vuelta. Así, cuando suben los impuestos, le suben en valor absoluto mucho más a los que más ganan -no recuerdo al PSOE haberse quejado de ello-, pero cuando bajan, por pura equidad, también les debe bajar en valor absoluto mucho más.

¿Sabrán estos socialistas en qué consiste la progresividad de un impuesto? Seguro que sí, pero prefieren manipular. Y que conste que a mí, la reformilla esta que ha hecho Rajoy, me parece otra manipulación de tomo y lomo.

Tan gregarios y adocenados, que siempre creeremos a los nuestros...

"El Gobierno de la Nación ha impuesto unas políticas de recortes que han supuesto una merma de 114 millones de euros para Andalucía en atención a la Dependencia, y esa es una realidad presupuestaria que está ahí. Nuestra voluntad hubiese sido darle cobertura a estas familias para hacerle sus últimos días más llevaderos, pero las exigencias del Gobierno tanto en recortes como en cumplimiento del déficit hacen que, cuando no hay dinero, no se puede atender" (Miguel Ángel Vázquez, portavoz de la Junta de Andalucía, el mismo que decía hace apenas tres meses que eso del fraude de los fondos de formación era un gran montaje)

Primero, un ejemplo personal. Un familiar muy cercano, enfermo de Alzheimer y demencia senil, al que le habían concedido en Febrero de 2011 una ayuda a la dependencia con efectos retroactivos desde 2009, falleció en Diciembre de 2012. ¿Y qué pasó con los atrasos desde 2009 hasta Febrero de 2011, periodo en el que su esposa se gastaba más de la mitad de su pensión mínima en cuidar de él en casa, en comprar una grúa para poder bañarlo y una cama especial para que pudiera descansar? Pues que la Junta decidió unilateralmente y le comunicó en la misma resolución administrativa en la que le concedía la ayuda, que se los pagaría en cinco cómodos plazos, el primero en Marzo 2012 y el último en Marzo 2016. A fecha de hoy, casi dos años después de su fallecimiento, no han pagado ni el plazo de 2012, ni el de 2013, ni el de 2014. Por si alguien anda mal de memoria, en Febrero de 2011, cuando decidieron pagar en cómodos plazos el derecho reconocido por ellos mismos, gobernaba en Andalucía y en España el PSOE. Y Rajoy aún no les había recortado 114 millones de euros en atención a la dependencia.

Y ahora, algunos datos objetivos. Como ya se ha dicho en multitud de ocasiones en este blog, el reparto de los recortes impuestos por el gobierno central a cada Comunidad Autónoma es decidido por cada Comunidad Autónoma. Cada vez que un gobierno autonómico, sea del color que sea, dice que tal o cual servicio público de su competencia funciona mal, o que da menos becas o que despide a médicos o profesores, o que sube las tasas universitarias porque se lo ha impuesto el gobierno central, simplemente miente. Y lo que es peor, aprovecha la lógica indignación ciudadana para conseguir votos echando mierda interesada al adversario político en lugar de asumir sus propias responsabilidades.

Ya lo hizo en su momento el señor Griñán con la mayor desvergüenza. Y también tuvimos que recordarle a la señora Mar Moreno que ellos eran los que decidían en qué recortar y en qué no. Y que habían decidido que no iban a recortar en Canal Sur -138 millones al año, más que los 114 millones que le faltan al señor Vázquez para dependencia-, ni en las actividades de "Dirección de la información y divulgación de la acción institucional de la Administración de la Junta de Andalucía y de la identidad corporativa" -otros 151 millones-, ni en el entramado de Agencias de la Junta, ni en su Administración paralela.

El gobierno central ha impuesto recortes, sí. Y lo ha hecho, además, aumentando el gasto público y la deuda, que ya tiene mérito la cosa. Pero las Comunidades Autónomas tienen poderes ejecutivos y legislativos propios, y sus propias leyes de presupuestos que se elaboran en sus Parlamentos. Y pueden decidir en qué recortar y en qué no para cuadrar las cuentas que les impone el gobierno de la nación.

Alguien debería explicar por qué el PSOE de Pedro Sánchez defiende ahora con tanto ahínco el federalismo si, quienes se escudan en el gobierno central para justificar sus recortes y comparten además su ideología, no están siquiera dispuestos a asumir las reglas de juego actuales, más laxas que las de un Estado federal que resultaría mucho más exigente en cuestiones tales como la corresponsabilidad fiscal.

¿Se imaginan ustedes a Susana Díaz anunciando que cierra o vende Canal Sur para, con lo ahorrado, dar más becas o pagar la deuda que mantiene con los dependientes andaluces? ¿Y a Diego Valderas cerrando la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo para dar de comer a tanto niño andaluz en riesgo de exclusión social como dicen que hay o llenar las bibliotecas de los colegios de libros para que los profesores puedan recomendar su lectura sin que la Consejería de Educación les riña?

No, no se lo imaginan. Pero, al menos, sepan ustedes que podrían hacerlo. Y que si no lo hacen es porque no quieren. Y porque tienen fácil hacernos creer que la culpa es del gobierno central, que la culpa siempre es del otro. Y porque saben que nosotros, tan gregarios y adocenados, siempre creeremos a pies juntillas a los nuestros.