Del aborto y otros negocios políticos

Desde que me interesa el mundo del Derecho, siempre me ha parecido muy ilustrativa la atenta lectura de la Exposición de Motivos que, a modo de declaración de intenciones, antecede al propio articulado de las leyes. Tanto por lo que dice como por lo que suele callar. Y el de la nueva ley del aborto, cuyo verdadero nombre, de momento, es "Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada", no iba a ser menos.

Respecto del concebido, del nasciturus, como lo llama nuestro Código Civil, la polémica y el debate siempre han estado, y estarán, servidos. Pero no es sobre eso sobre lo que hoy quería reflexionar, sino sobre un aspecto del aborto previo a ese debate. Sobre cuáles son los motivos por los que una mujer decide abortar. Y de entre todos ellos, cuáles serían subsanables por la sociedad, por el Estado, a poco que se empeñen.

Aunque las cifras pueden variar dependiendo del estudio que se tome como referencia, parece que se podría afirmar que aproximadamente la mitad de las mujeres que abortan lo hacen por causas socioeconómicas o afectivas. Por otro lado, según el Ministerio de Sanidad, el número de abortos anuales ronda los 100.000.

Haciendo algunos números, es fácil concluir que aproximadamente unos 50.000 niños más de los que nacen actualmente podrían venir al mundo en nuestro país todos los años. Y sólo con que el Estado pusiera todo su empeño en resolver a cada una de esas 50.000 mujeres su problema, la razón última por la que han decidido tomar la que, probablemente, vaya a ser la decisión más dura de sus vidas. Si el gobierno queda extasiado cada vez que se reduce el número de muertos en accidente de tráfico tras cada fin de semana o tras un largo puente festivo, ¿cómo entender que no se tome en serio la reducción del número de abortos con medidas no coercitivas, con medidas sociales que con toda seguridad serían aplaudidas por la mayoría de los ciudadanos?

Visto así, parece que cualquier gobierno que pretendiera reducir la cantidad de abortos, bien por cuestiones morales, bien por puro pragmatismo, debería centrarse primero en lo menos ideológico, en aquello sobre lo que parece obvio que es más fácil llegar a un consenso social y político mayoritario, casi unánime.

¿Y qué dice entonces esta ley sobre el asunto, a pesar de que aspira a proteger los derechos de la mujer embarazada, según reza en su título? Pues nada. O casi nada que no vuelvan a ser lugares comunes sin efecto práctico alguno. En su Exposición de Motivos, apenas un párrafo que hace referencia de pasada a las circunstancias socioeconómicas o familiares de la mujer que se plantea abortar.

¿Y en el articulado del proyecto de ley? Una pequeña modificación de un artículo de la Ley General de Sanidad, en la que se dice que las Administraciones Públicas prestarán apoyo y ayudas para el acceso a una vivienda y a las prestaciones familiares, e información de las ayudas existentes antes y después del nacimiento, así como de la asistencia económica y psicosocial reconocida, en caso de que las pruebas prenatales realizadas a la embarazada mostraran posibles problemas de salud del feto y hubiera razones para creer que la salud del niño, tras nacer, estará afectada.

¿De verdad una ley que aspire en serio a reducir la cantidad de abortos que se producen en nuestro país puede tener apenas 25 páginas, 7 artículos y limitarse a poner un par de parches en el Código Penal, en la Ley de Enjuicimiento Civil o en la Ley General de Publicidad?