De la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que de momento es sólo anteproyecto, hay algunas cosas que me parecen razonables y otras que adolecen de un claro sesgo totalitario y liberticida.
No creo que muchos estén en desacuerdo con sancionar las manifestaciones prohibidas en lugares considerados infraestructuras críticas; o la provocación de incendios en la vía pública cuando representen un peligro para las personas o bienes; o las acciones y omisiones que obstaculicen gravemente la actuación de los servicios de emergencia en el desempeño de sus funciones; o la prostitución en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores.
Con lo que a uno ya le cuesta estar de acuerdo es con que se deban sancionar las ofensas a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas; o las manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, violentos, delictivos.
Tampoco parece de muy demócrata eso de ser juez y parte, de penalizar por vía administrativa cuestiones que ya se despenalizaron por vía jurisdiccional, y añadir otras que ni siquiera estuvieron nunca tipificadas.
Sí, ya sé que ante una sanción de este tipo queda abierto el camino, primero del recurso administrativo, y después del contencioso, pero también sé que los desproporcionados privilegios de los que goza la administración respecto de sus actos -ejecutoriedad sin necesidad de intervención judicial o brevísimos plazos de prescripción para acceder a la vía jurisdiccional-, y las limitadas garantías reales de los ciudadanos frente a ellos, han sido siempre una fuente de abusos, máxime cuando, como en este caso, se trata de sancionar en muchos de los supuestos, comportamientos con una alta carga de subjetividad en su apreciación.
En fin, que este anteproyecto de ley deja una cierta sensación agridulce a quienes creemos que la libertad individual es un bien preciado y escaso.
No creo que muchos estén en desacuerdo con sancionar las manifestaciones prohibidas en lugares considerados infraestructuras críticas; o la provocación de incendios en la vía pública cuando representen un peligro para las personas o bienes; o las acciones y omisiones que obstaculicen gravemente la actuación de los servicios de emergencia en el desempeño de sus funciones; o la prostitución en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores.
Con lo que a uno ya le cuesta estar de acuerdo es con que se deban sancionar las ofensas a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas; o las manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, violentos, delictivos.
Tampoco parece de muy demócrata eso de ser juez y parte, de penalizar por vía administrativa cuestiones que ya se despenalizaron por vía jurisdiccional, y añadir otras que ni siquiera estuvieron nunca tipificadas.
Sí, ya sé que ante una sanción de este tipo queda abierto el camino, primero del recurso administrativo, y después del contencioso, pero también sé que los desproporcionados privilegios de los que goza la administración respecto de sus actos -ejecutoriedad sin necesidad de intervención judicial o brevísimos plazos de prescripción para acceder a la vía jurisdiccional-, y las limitadas garantías reales de los ciudadanos frente a ellos, han sido siempre una fuente de abusos, máxime cuando, como en este caso, se trata de sancionar en muchos de los supuestos, comportamientos con una alta carga de subjetividad en su apreciación.
En fin, que este anteproyecto de ley deja una cierta sensación agridulce a quienes creemos que la libertad individual es un bien preciado y escaso.
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2 comentarios:
Especialmente desde la aprobación de la que ya pasó a conocerse como Ley Sinde veo un tufo de abuso de poder en cada reforma legislativa que se emprende que me escandaliza.
Y la respuesta no siempre la tiene que acabar dando el Tribunal Constitucional.
Cada vez se legisla más y peor y los que tenemos que interpretar las leyes a diario tenemos un problema cada vez más serio.
Yo llevo tiempo en estado de permanente cabreo. Y los maldigo por ello. Aunque seguimos en la batalla; esto no acaba aquí, ni mucho menos.
En fin, Tato, a ver si un día puedo escribir algo con optimismo e ilusión, que ya es que ni el Betis me lo proporciona.
Los que tenéis que interpretar las leyes, al fin y al cabo, sois profesionales de la cosa, aunque sin duda tenéis también razones para quejaros, pero ¿y el sufrido ciudadano? Esto se ha convertido en un sinvivir.
Con la décima parte de las normas legales, y sólo con que se hiciesen cumplir en condiciones, todos viviríamos mejor.
Y del Betis ni hablemos...
Besos
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