Del cuerpo de las mujeres y otros mercantilismos ideológicos

¿Qué hay de aquello de que "Es mi cuerpo, yo decido" o "Nosotras parimos, nosotras decidimos"?

Vaya por delante que, en el asunto del aborto, no comparto ese lema. Pero no porque crea que cada cual no es dueño de su cuerpo, sino precisamente porque tengo la convicción de cada uno debiera poder hacer con su cuerpo lo que le venga en gana, siempre que no afecte a la libertad individual de los demás, incluida la potencial libertad individual del feto. Sí, vale, admito que, a partir de esa postura, el debate se traslada a determinar si el feto es parte del cuerpo de la mujer o no lo es. Pero esta entrada no va del aborto, sino de la maternidad subrogada, así que dejémoslo ahí, aunque si a alguien le interesa mi postura respecto de aquél, aquí la tienen. Si he sacado el asunto, es sólo para dejar claro que comparto con las feministas el principio de que cada cual es dueño de hacer con su cuerpo lo que quiera, aunque en mi caso, y a diferencia de la mayoría de ellas, procuro aplicar ese principio con cierta coherencia.

Dicho esto, resulta difícil entender a quienes, asumiendo ese principio hasta sus últimas consecuencias -a saber, que hasta el feto forma parte del cuerpo de la mujer-, se oponen a la regulación de la maternidad subrogada. Su argumento fundamental está relacionado con el mercantilismo, con hacer objeto del comercio aquello que, a su juicio, no debiera serlo, empleando expresiones como "mercado de vientres" o "las mujeres no somos vasijas". Dicen que, si permitimos el comercio de la capacidad reproductiva de las mujeres, se abrirá un mercado que obligará a los pobres a vender lo que nunca venderían de no verse abocados a hacerlo, que creará privilegios para unos pocos. Más o menos lo mismo que argumentan respecto de la prostitución.

El problema fundamental de ese tipo de argumentos es que también serían aplicables a otros muchos intercambios comerciales que son aceptados con absoluta normalidad. Por ejemplo, el del factor trabajo. La mayoría trabajamos porque no somos ricos, pero no se nos ocurre argumentar que deba prohibirse el trabajo de los pobres que se ven obligados a trabajar sólo porque son pobres.

Claro, que alguien podría decir que el mercado de trabajo está sometido a una regulación que intenta impedir que se produzcan situaciones que atenten contra la dignidad de las personas. Podríamos entonces plantear que se regule la maternidad subrogada para garantizar que no se den escenarios en los que podría resultar dudoso que la persona esté actuando en el uso real de su libertad individual. Pero no, esto tampoco les vale a quienes pretenden decidir qué puede o no hacer cada cual con su cuerpo, gente que, curiosamente, presume de ser muy de izquierdas -pero mucho, mucho-, y que, inexplicablemente, detestan las libertades individuales.  

Multando el éxito, subvencionando el fracaso

Esto se veía venir. Otra vez. Y no van a parar hasta que los echen. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones por la taberna, pero no me resisto a hacerlo una vez más.

Que la UE, en nombre de una competencia y un libre mercado en los que no cree -como resulta obvio-, multe a Google por atacar, supuestamente, la competencia y el libre mercado y, además, sin utilizar dinero público, es para frotarse los ojos hasta sacarles brillo.

Dice la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que "lo que Google ha hecho es ilegal bajo las normas europeas. Niega a otras compañías la oportunidad de competir en igualdad de condiciones y de innovar. Y lo más importante, niega a los consumidores europeos una verdadera elección de servicios y los beneficios completos de la innovación".

Las afirmaciones de la señora Vestager piden mármol. ¿Se puede saber cómo impide Google que otras empresas innoven y la venzan en su propio terreno? ¿O cómo niega Google a los consumidores la libre elección de servicios? Y mientras, nadie se pregunta por qué en la UE no tenemos empresas como Google, Facebook o Amazon y, por ejemplo, seguimos subvencionando el carbón.

A lo peor, un día de estos, cuando encendamos el ordenador y entremos en Google para consultar nuestro correo o actualizar nuestro blog, nos encontramos con un mensaje que nos avise de que Google deja de prestar en Europa todos sus servicos gratuitos: Gmail, Google +, AdWords, AdSense, Analytics, Blogger, Google Drive, Earth, Maps...

Sobre la ética...

Al principio titulé esta entrada "Sobre la ética política". Después pensé que la ética no debiera tener apellidos y lo cambié, aunque ya les adelanto que la cosa va sobre política. Y sobre ética, claro.

En los últimos años hemos asistido a una especie de competición para ver quién mea más lejos o la tiene más larga en esto del comportamiento ético de los políticos. Incapaces los partidos de resultar creíbles y de fijar de manera autónoma el listón ético de sus miembros -que debiera ser unos de los criterios del votante para darles su confianza-, han buscado las referencias en el Derecho Penal, en lo que decidan los jueces, renunciando cobardemente a asumir sus responsabilidades y trasladándolas a un tercero que, subrayémoslo, no lleva a cabo juicios éticos, sino jurídicos. Así, unos hablan de que se deben asumir responsabilidades políticas cuando existe imputación, otros cuando existe imputación pero sólo en determinados delitos, otros cuando se abre la fase de juicio oral, otros cuando existe condena y otros cuando esa condena es firme... En fin, que hay para todos los gustos.

El problema es que el Derecho Penal, tanto desde el punto vista material como procesal, no es una referencia adecuada para ser utilizado como codigo ético. La propia naturaleza de esa rama del Derecho exige que muchos comportamientos claramente reprochables no sean castigados penalmente. Los principios de ultima ratio y de intervención mínima que rigen el Derecho Penal obligan a que ello sea así. Además, el propio proceso, muy garantista y presidido por el derecho fundamental a la presunción de inocencia, puede dejar sin castigo comportamientos manifiestamente delictivos, garantismo al que no está obligada una organización respecto de su régimen interno. Si a ello añadimos que las peculiaridades del proceso penal, con una fase de instrucción y otra de enjuiciamiento propiamente dicho, hace que la persona afectada se vea sometida a diferentes situaciones procesales que, unas veces desde la ignorancia y otras desde la más mezquina manipulación política, son sacadas de contexto y ofrecidas al pueblo llano para saciar su sectarismo, resulta evidente que el Derecho Penal no puede ni debe convertirse en la guía ética de ninguna organización social, sea del tipo que sea.

Y pese a ello, los partidos políticos han decidido usar el Derecho Penal como marco ético. ¿Por qué? Probablemente porque resulta incómodo retratarse y es más fácil manipular y justificar las posiciones cuando es un tercero, el juez, quien decide, cuando es otro el que juzga a los tuyos. En definitiva, por pura cobardía política e intelectual.

Una prueba palmaria de todo lo dicho es que los responsables políticos se ven obligados continuamente a retorcer como si fueran de plastilina, la mayoría de las veces con manifiesta desvergüenza, sus códigos éticos para no tener que tomar medidas contra los suyos. Hasta se vieron obligados a modificar el término imputado por el de investigado de tanto como lo habían sobado. Y no ha servido para nada, como resulta notorio.

Pero en mi opinión, hasta la fecha, el summum de la inmoralidad en la manipulación del propio código ético llevado a cabo  por un partido político -y que ha motivado esta entrada-, es lo que le he escuchado a Manuela Carmena esta semana. Y lo es, no sólo porque se  trate de un partido político que ha hecho de la ética -aunque sea mal entendida-, su bandera, exigiendo a los demás un comportamiento que raya en ocasiones lo absurdo, sino porque quien dice lo que ha dicho no puede alegar ignorancia. Recordemos que la señora Carmena es licenciada en Derecho, ha ejercido de jueza, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial además de fundadora de la asociación Jueces para la Democracia y es juez emérita del Tribunal Supremo. Descartada pues, objetivamente, la ignorancia, sólo es posible atribuir sus palabras a la poca vergúenza.

¿Y qué es lo que ha dicho? Pues escúchenlo ustedes mismos.

En efecto, lo que dice la providencia literalmente es:"Cítese de comaprecencia en este juzgado a Dña Ana Varela Mateos, Dña Celia Mayer Duque y D. Carlos Sanchez Mato ante este juzgado el próximo día 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 10.30 HORAS al objeto de prestar declaración en concepto de querellados, reclámese sus hojas histórico penales." (sic)

Ustedes no tienen por qué saber si eso significa que comparecen como testigos o como imputados, pero el currículum profesional de la señora Carmena no permite aplicarle a ella el mismo beneficio de la duda que a ustedes. Ella sabe perfectamente que, más allá de cuestiones nominales, cuando una querella se admite a trámite por el juez de instrucción (ver nota al pie), el querellado se convierte automáticamente en investigado -antes imputado-, el juez tiene la obligación de notificárselo inmediatamente y nace el derecho de defensa del querellado, obligación de uno y derecho del otro que nuestro proceso penal impone como parte del derecho fundamental de defensa recogido en el art. 24 de nuestra Constitución. Emplear como argumento que el juez de instrucción no ha empleado el término investigado o imputado sino el de querellado, para defender lo indefendible, debería tener algún tipo de consecuencia en su prestigio y currículum profesional. Y también en su prestigio político. Pero no pasará ni lo uno ni lo otro.

En definitiva, convertirse en investigado, lejos de representar ningún tipo de castigo procesal o material, supone una garantía constitucional. Han sido nuestros políticos quienes, a base de manosear interesadamente el concepto, han terminado por trasladar erróneamente a los ciudadanos que una determinada situación procesal -investigado, imputado, querellado, denunciado, todos esos términos tienen idénticas implicaciones a estos efectos-, debe ser identificada con un comportamiento éticamente reprochable. Eso sí, siempre que esa situación procesal la sufra el adversario político. Por todo ello, se equivocan, probablemente a sabiendas, quienes acuden al Derecho Penal para extraer de él las coordenadas de lo que debiera ser un comportamiento ético.

Sobre estas cosas ya hablábamos por aquí hace mucho tiempo.

Nota: Por si quedaba alguna duda: "Es innegable que la condición de imputado nace de la admisión de una denuncia o una querella (no, por cierto, de la simple interposición de una u otra)..." (Sentencia Tribunal Constitucional 135/1989, página 11)

Una clase magistral... de manipulación

Sigo a Eduardo Garzón en Twitter y hoy me he encontrado un tuit suyo que afirma que "mienten quienes dicen que privatizar servicios públicos es más barato que mantenerlos 100% públicos", acompañado de un vídeo en el que pretende argumentar su afirmación y que titula "¿Por qué la gestión directa de los servicios públicos es más barata que la gestión indirecta?". Tras analizar lo que dice en él, me resulta sorprendente que un doctorando en economía cometa errores tan básicos. La única explicación plausible que se me ocurre es que su ideología mediatice sus conocimientos económicos, pues no parece razonable pensar que no ha aprendido casi nada en la carrera.

En el vídeo explica que los servicios públicos municipales pueden prestarse directamente por los Ayuntamientos o indirectamente, a través de empresas privadas o mixtas, y pone sobre la mesa cuatro argumentos por los que, según él, el modelo de prestación directa siempre es más barato que el de gestión indirecta.

El primero de esos argumentos es el beneficio que cualquier empresa privada debe obtener para poder subsistir. Según el señor Garzón, esa necesidad de beneficios, que no tiene el ente público, encarece la gestión indirecta. Y se queda tan pancho. No contempla siquiera la posibilidad de que la concurrencia que se produce -o se debiera producir-, en los procesos de adjudicación de los contratos públicos y los propios incentivos de la gestión privada resulten en una mayor eficiencia que sea capaz de absorber con creces los beneficios, hasta el punto de operar con precios de venta incluso inferiores a los costes de operación del ente público. No digo que necesariamente la empresa privada sea más eficiente, sino que admito esa posibilidad, corroborada por la realidad, circunstancia que el señor Garzón niega implícitamente en su argumento.

El segundo de ellos es el IVA. Se afirma en el vídeo que las Administraciones Públicas no pagan este impuesto, por lo que el servicio prestado sale más barato, mientras que si el servicio público se presta a través de una empresa privada, como ésta paga IVA, resulta más caro. En primer lugar, salvo los supuestos de exención del art. 20 de la Ley del IVA, en términos generales, los entes locales que presten servicios públicos directamente sí pagan el IVA por los bienes y servicios que adquieran para llevar a cabo esa prestación, exactamente igual que una empresa privada. En segundo lugar, aunque fuera cierto que el ente local no pagase IVA -que no lo es-, para la empresa privada el IVA soportado, el que paga, no supone un coste porque es deducible. Por tanto, es una verdadera aberración afirmar que el IVA es una las causas por las que la gestión directa de los servicios públicos es más barata que la indirecta o mixta.

El tercero es el Impuesto de Sociedades (IS). Aquí el argumento resulta realmente kafkiano. En primer lugar, vuelve a negar implícitamente incluso la mera posibilidad de que una mayor eficiencia de la empresa privada sea capaz de absorber, no sólo los beneficios, sino también el IS y ser más barata que el ente público. En segundo lugar, cuando les interesa, dicen que las empresas pagan el 6% de IS y cuando no, que pagan mucho más y que eso encarece el precio. Y en tercer lugar, emplear como argumento que la empresa privada es más cara porque paga impuestos y el ente local no, es hacerse trampas en el solitario, porque esos impuestos revierten de nuevo en el Estado, el mismo Estado que, según Garzón, pagaría más caro esos servicios por culpa del impuesto. En fin...

Y el cuarto es el coste del control por parte del ente público cuando contrata el servicio con una empresa privada. ¿Quiere decir el señor Garzón que cuando el servicio se presta por el propio ente no requiere controles, supervisión o coordinación?

Le ha faltado al señor Garzón el argumento más importante y con el que, además, este tabernero estaría de acuerdo: la corrupción y el capitalismo de amiguetes. Y resulta que ni siquiera lo ha insinuado.

No seré yo quien afirme que siempre y en todo caso, la gestión directa sea más eficiente que la gestión pública, aunque piense que en la mayoría de los casos sea así. Ahora bien, que el señor Garzón afirme que "mienten quienes dicen que privatizar servicios públicos es más barato que mantenerlos 100% públicos", utilizando además unos argumentos que resultan simplemente ridículos, dice muy poco de su rigor como economista.

El juego de las diferencias

¿Encuentran ustedes alguna diferencia entre el ofrecimiento de su despacho a Andrea Levy y Miguel Vila desde la tribuna del Congreso y lo que dijo hoy Rafael Hernando sobre la relación sentimental de Irene Montero y Pablo Iglesias? 

Yo sí, pero a favor de Hernando, pese a lo mal que me cae. Así que la indignación impostada de los diputados de Podemos sólo puede entenderse desde el populismo facilón e infantil que profesan. Y que le compran a diario varios millones de ciudadanos. 

¡Coño, que no son horas....!

En mi calle sigue habiendo tipuanas de flor amarilla y resinosa, como ya conté por aquí hace años. Y también como hace años siguen sin podarse, sin fumigarse, inundando aceras, coches y jardines, de hojas en invierno, y de flores pegajosas y pulgones en primavera y verano, levantando aceras con sus raíces y colándose en las casas.

Pero no crean ustedes que la cosa sigue igual, no. La cosa está peor. Porque el ayuntamiento compró maquinitas sopladoras para sustituir las escobas. Y camioncitos barredores para sustituir los recogedores. La cosa no tendría mayor importancia si no fuera porque, cuando empieza la época de las dichosas florecitas que dejan calles, aceras y coches alfombrados de amarillo pringoso, la empresa municipal de limpieza reparte esos juguetitos a los operarios y los deja sueltos a horas intempestivas para que se diviertan.

Sin ir más lejos, esta pasada madrugada de muchos grados a la sombra y persiana hasta arriba, a las cuatro de la mañana apareció una cuadrilla armada con sus sopladores en la acera de enfrente y, tras ellos, la dichosa maquinita barredora. Casi tres cuartos de hora tardó en recorrer la calle de un lado a otro varias veces. Cuando terminó con la acera de enfrente, comenzó con la de mi lado. Otros tres cuartos de hora. Total, las cinco y media y sin pegar ojo desde la cuatro, así que me levanté, me pegué una ducha y me fui a trabajar.

Por supuesto, he hecho un completo reportaje en vídeo de la fiesta -abajo les dejo una pequeña muestra-, y voy a enviarle un recadito al alcalde recordándole lo del derecho al descanso y esas cosillas sin importancia. Como ya hice, por cierto, con el señor Zoido cuando era alcalde y tuvo el detallazo de responderme a través de su jefe de gabinete. Por supuesto, jamás obtuve más respuesta que ésa, tan atenta e inútil como un político en busca de votos. Tampoco la espero ahora del señor Espadas. O sí. Ya les contaré.

De donde no hay... (LXXIII)

La presidenta andaluza ha decidido que la enseñanza universitaria sea gratuita para todo aquel estudiante que apruebe. Que simplemente apruebe. Asignatura aprobada, asignatura gratis. Con nuestros impuestos, claro. Atrás quedó el premio al estudiante que obtenía Matrícula de Honor. A partir de ahora, tendrá la misma recompensa el aprobadillo raspado que la excelencia. Bueno, no, el aprobadillo deberá pagar un 1% de la matrícula, pero no por falta de ganas de Susana para igualar por abajo, sino por culpa de Rajoy. Curiosa manera de fomentar el esfuerzo. Y todo ello con independencia de la capacidad económica del alumno. Curiosa forma de redistribuir la renta. Como el engañabobos de los libros gratuitos de la Junta de Andalucía.

Y mientras se dedican varias decenas de millones de euros a esta nueva ocurrencia del gobierno andaluz, algunas decenas de miles de jóvenes andaluces se quedan todos los años sin poder cursar un módulo de formación profesional. Ante el superávit de titulados universitarios y el déficit de titulados medios, incentivemos a los primeros y castiguemos a los segundos, debió pensar Susana. ¿O era el revés?

De amnistías fiscales y otras inmoralidades

Últimamente escribo poco. Y no por falta de ganas, sino porque casi siempre tengo la sensación de que me repito. No en vano, buena parte de las entradas que he publicado en los últimos meses contienen esa maldita muletilla de "como ya dije por aquí hace no sé cuantos años..." o algo así. Y ésta no va a ser menos. Por ello, antes de entrar en harina y para situar en su contexto todo cuanto diré a continuación, quede clara mi opinión sobre las amnistías fiscales. La de Montoro y la de los que ahora se regodean de su pírrica victoria.

Ayer publicó nuestro Tribunal Constitucional la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía fiscal del gobierno de Rajoy. Quien recurrió al TC fue el PSOE utilizando -página 2 de la sentencia-, fundamentalmente dos argumentos: que el instrumento legislativo utilizado es inconstitucional (art. 86.1 CE) y que vulnera el principio constitucional de que cada cual debe contribuir conforme a su capacidad económica (art. 31.1 CE). Nuestro Tribunal Constitucional le ha dado la razón respecto del primero, pero no ha entrado siquiera a valorar jurídicamente -sí moral y políticamente-, el segundo.

Pues bien, a partir de ahora escucharemos y leeremos gran cantidad de opiniones de sesudos tertulianos -ilustres economistas y juristas todos ellos-, prestigiosos columnistas y amnésicos políticos que dirán, unos, que el TC se ha limitado a decir que el instrumento legislativo utilizado no es el adecuado y que, desde luego, no ha cuestionado el fondo del asunto, y otros, que el TC le ha dado una buena hostia al Gobierno diciéndole que ha hecho dejación de funciones, que la amnistía fiscal "supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos” y que por eso la ha declarado ilegal. 

Lo cierto es que lo que ha hecho el TC es tumbar la amnistía por una cuestión de forma -no utilizar la vía legislativa adecuada-, darle un tirón de orejas político y moral al Gobierno por la cuestión de fondo, pero sin declararla por ello inconstitucional, y decir que la sentencia no tendrá ninguna consecuencia jurídica. Sin duda, una victoria pírrica, más allá del juego político que dará esta cuestión en los próximos meses y que sólo servirá para poner de manifiesto, una vez más, el escaso rigor y la baja catadura moral de nuestra clase política.

Que se celebre de forma tan entusiasta que alguien confirme lo obvio -la inmoralidad e injusticia de una amnistía fiscal-, resulta revelador. Y más revelador aún que quienes interpusieron el recurso de inconstitucionalidad fundamentándolo en esa injusticia, llevaran a cabo dos amnistías, dos, todavía peores que la llevada a cabo por el gobierno de Rajoy.

La primera, a través de la Ley 14/1985 sobre Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros, que permitía que quienes tuvieran dinero negro lo blanquearan invirtiendo en Pagarés del Tesoro -y también en activos con retención en origen (AFRO)-, sin pagar un duro.

La segunda, consecuencia de la desaparición de los Pagarés del Tesoro, a través de la Disposición Adicional 13 de la Ley de IRPF 18/1991 que permitía canjear esos pagarés por otro instrumento financiero igualmente opaco creado a medida, denominado Deuda Pública Especial. En aquella ocasión, el entonces Secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, llegó a decir que "si la gente fuera racional, quienes tienen grandes cantidades de dinero negro comprarían Pagarés del Tesoro ahora".

Eso sí, ambas amnistías se llevaron a cabo mediante una tramitación legislativa correcta, que hasta para cometer fechorías hay que guardar las formas.

Por qué el PSOE dice ahora que aquéllas no fueron amnistías fiscales y la del PP sí, es un misterio. O no. Y por qué les parecieron bien aquéllas, que no pagaron un duro en el proceso de blanqueo, y mal ésta, que al menos ha pagado un 10%, otro misterio. O tampoco.