Si un político puede abusar, abusará.

Hay quienes están en contra de la nueva ley de seguridad ciudadana porque entienden que evitar un desahucio -que consiste en impedir la ejecución de una resolución judicial y pisotear los derechos de otro conciudadano, el propietario del inmueble-, o cortar una calle impidiendo la libre circulación de personas, o plantarse a las puertas de la casa del político de turno, coaccionando con insultos y amenazas a él y a su familia, es libertad de expresión. Y quienes entienden eso, apellidan la nueva ley de ley mordaza.

Uno, que es bastante radical en el entendimiento de las libertades en general, y de la libertad de expresión en particular, considera que tales comportamientos están muy alejados del ejercicio del derecho a la libertad individual. Y que deben ser prohibidos y, por ende, castigados.

Dicho esto, comparto el apellido mordaza para esta ley. Pero por razones distintas, como ya adelanté en su día. El Derecho administrativo, escenario jurisdiccional en el que se mueve esta ley, es el menos garantista. Y la potestad sancionadora de la Administración Pública, que actúa siempre como juez y parte, de las más humillantes para el ciudadano. Este poder, teóricamente sometido a la tutela judicial del contencioso-administrativo, pero sólo teóricamente, es una fuente natural de abusos del poder político que, en este ámbito, está encantado de concentrar, no sólo de hecho, sino también de Derecho, los tres poderes del Estado.

Y la experiencia nos dice que si un político puede abusar, abusará.