A quien se mueva, patada en la boca...

Que el presidente del gobierno reitere ahora lo que ya dijo allá por Enero, a saber, su convicción de que la infanta Cristina es inocente, no resulta extraño. Sólo hay que releer su programa electoral o desempolvar sus intervenciones parlamentarias en los meses anteriores a ganar las elecciones, y compararlos con sus decisiones posteriores para entender que el respeto a la Democracia y sus instituciones no es precisamente una de sus virtudes.

Que la fiscalía manifieste el día antes de que se dicte un auto, sin conocer sus fundamentos jurídicos, que lo va a recurrir, deja bien clara la absoluta falta de independencia de esta institución. Ni las apariencias guarda...

Afirmar lo que afirma el fiscal en las 63 páginas de su pintoresco recurso -todo un compendio de juicios de valor y recomendaciones para la reforma del sistema judicial, con una sospechosa escasez de fundamentos jurídicos- resulta tan extravagante, que es un insulto al sentido común. Y la puesta de perfil de la Agencia Tributaria es directamente una burla a los contribuyentes que pagamos religiosamente nuestros impuestos y que no usamos una empresa interpuesta para aliviarnos de nuestros gastos domésticos.

¿O acaso resulta creíble afirmar, sobre la base de las evidencias que incluye el juez en las 167 páginas de su auto, que la infanta era ajena a todo lo que se cocía en una sociedad de la que era propietaria al 50%? Sólo tienen que echar un vistazo a las páginas 87 y siguientes del auto.

No hay que olvidar que se trata de un auto resultado de una instrucción que, como todas, se limita a imputar a quienes, con fundamento en la investigación realizada y en las pruebas obtenidas a través de ella, resulten aparente y razonablemente implicados en la comisión de uno o varios delitos. No se trata de una sentencia condenatoria, sino de un trabajo previo que debe permitir posteriormente a un Tribunal distinto del que ha investigado, juzgar si, en efecto, ese imputado es inocente o culpable, si esa apariencia y razonabilidad se confirma o no.

Impedir de manera tan descarada y torticera, contra las pruebas y las apariencias, que alguien sea imputado para que pueda quedar limpio de toda sospecha en un juicio con todas las garantías, le hace un flaco favor a ese imputado. Pero si, además, el afectado es miembro de una institución a la que se le exige para gozar de sus extraordinarios privilegios únicamente un comportamiento ético intachable y la honradez más absoluta... En fin, que con estos amigos, no necesita la infanta enemigos ni republicanos airados. Si realmente fuera inocente, debiera ser ella misma la que exigiera ser juzgada para poder defender la honorabilidad que exigen sus privilegios. Que no le pida al gobierno que deje de enredar para que no la juzguen sólo puede significar una cosa: que es culpable.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que, además de sus caros abogados, a la infanta la defienden la fiscalía, la abogacía del Estado, la Agencia Tributaria y el mismísimo presidente del gobierno, es más que probable que la Audiencia de Palma -cuyos magistrados aspiran a serlo algún día del correspondiente Tribunal Superior, e incluso del Supremo, del Constitucional o del Consejo General-, termine desimputándola, confirmando así lo que es público y notorio desde hace siglos: que quien se mueve no sale en la foto.