El libre mercado es de izquierdas...

Como decíamos ayer, a los empresarios, a los malos empresarios, no les gusta el libre mercado. Y por eso a mí me encanta.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas millonarias a un cártel -vamos, a una panda de mafiosos que se dedicaban a amañar el mercado para repartirse los cromos-, que fabricaba sobres. No tengo noticia de que Bárcenas sea socio de ninguna de esas empresas, pero no es descartable.

El expediente sancionador tiene 341 páginas, pero en uno de los blog de la pizarra que hay al fondo de la taberna a la izquierda se lo han leído y nos lo ofrecen debidamente masticado para que podamos digerirlo sin que se nos indigeste. De todas formas, resulta interesante echarle un vistazo a los ingredientes originales.

Para que vean ustedes lo caros que nos salen a los ciudadanos, a los consumidores, los mercados intervenidos. Mayores precios, freno a la innovación, tamaños no óptimos de las empresas, menores cantidades intercambiadas en el mercado, menos puestos de trabajo, enriquecimiento injusto de una de las partes... Y por si alguien lo ha pensado, no, la CNC no interviene el mercado, lo regula. O al menos lo intenta a pesar de los escasos recursos de los que dispone. Porque no sólo no es lo mismo intervenir -o sea, distorsionar el mercado para que no sea libre-, que regular -o sea, vigilar para que se respeten las reglas del libre mercado-, sino que pretenden exactamente lo contrario.

Y si está tan claro, ¿por qué los gobiernos no impulsan la regulación en lugar de la intervención en los mercados? Porque la libertad difumina el poder y el intervencionismo manipula la libertad y concentra el poder en unas pocas manos: políticos, sindicatos, grandes empresarios y banqueros...  

Por ello, el libre mercado debería ser defendido con vehemencia por quienes aspiramos a la igualdad de oportunidades, aspiración que debiera ser el fin último de la izquierda.

Sorber y a la vez soplar, todo es empezar...

El Banco de España ha manifestado "su más alta estima de las cualidades profesionales y personales" de Alfredo Sáenz tras considerar que su dimisión es una decisión "positiva que contribuirá a fortalecer la solidez del sistema financiero español". Me parece que me he perdido, pero también pudiera ser que no se hayan explicado bien.

Apuntando maneras, disparándose en el pie...

Empeñarse en alcanzar la consolidación fiscal por la vía de incrementar los impuestos en lugar de racionalizar el tamaño de un Estado hipertrofiado es dirigirse directamente al precipicio. Una política errática y errada en el recorte -en euros constantes, nos gastamos en 2012 menos de la mitad en formación bruta de capital que en 2006 y casi el doble en intereses de la deuda-; una preocupante escasez de reformas estructurales serias, llamando reformas a lo que sólo son recortes; unos mercados intervenidos que restan competitividad y eficiencia; una prometida regeneración de las instituciones y de la vida política que brilla por su mugre...

En fin, que de aquellos polvos vienen estos lodos. Ya apuntaba maneras a los pocos días de llegar al poder este liberal de pelo en pecho...

Lo dicho, avísenme cuando esto explote.

De cuando se junta el hambre con las ganas de comer...

Anda este gobierno tan escaso de puntería, que llama la atención su torpeza para venderse cuando alguna vez ronda cerca del acierto. Debe ser la falta de costumbre. Una torpeza que se ve agravada por la habilidad  de la izquierda en general, y del PSOE en particular, para mantenerse como referente moral -¡que manda cojones...!-, gracias al sectarismo enfermizo y acrítico de muchos ciudadanos.

Un claro ejemplo de lo que digo es todo este asunto de los desahucios y de las modificaciones legales relacionadas con ellos. Y me explico.

En Noviembre de 2012 el gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que suspendía por dos años todos los lanzamientos en los supuestos de riesgo de exclusión. ¿Tenían ustedes noticias de su contenido? Pues eso. Bien, si comparamos la Disposición adicional segunda del Decreto-Ley del gobierno andaluz -sí, el de las expropiaciones-, con el de Noviembre del gobierno central, muy anterior a aquél, nos encontraremos con:

1. Los requisitos de la ley del gobierno central para considerar que un supuesto provoca riesgo de exclusión son menos exigentes que los de la ley del bipartito andaluz.
2. En la del gobierno central, la paralización del desahucio no requiere que el desahuciado pague nada durante la paralización. En la del bipartito sí.
3. La del gobierno central no ha necesitado acudir a una figura tan controvertida y dañina como la de la expropiación para conseguir resultados similares.

Por otro lado, hace unos días se aprobó en el Congreso, con los únicos votos del PP, la "Ley de protección de los deudores hipotecarios, de reestructuración de la deuda y del alquiler social". Échenle un vistazo y verán que contiene medidas muy interesantes. Por ejemplo:

1. Reitera el contenido del Real Decreto-Ley 27/2012 mencionado antes, lo que supone en la práctica la ampliación de los dos años contemplado en aquél.
2. Introduce modificaciones para adaptar la legislación a la sentencia del Tribunal Europeo que declaró contraria a Derecho la imposibilidad de que el órgano judicial pudiera suspender el procedimiento de desahucio cuando apreciara la existencia de cláusulas abusivas.
3. Modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para que, si tras la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual quedara aún deuda por pagar, se pueda condonar parte del pago de la deuda remanente cumpliendo determinados requisitos.
4. Otorga al hipotecado que pierda su vivienda el derecho a participar en el 50% de las plusvalías que experimente el bien ejecutado en el futuro con el fin de reducir la deuda pendiente.
5. Incrementa los porcentajes del valor de tasación a efectos de la subasta y los de adjudicación en caso de que ésta concluyera sin postor.

¿Que no introduce la dación en pago retroactiva? Sin duda otro de sus aciertos. Ahora bien, en estos asuntos suele ser sano hacer un ejercicio de alteridad. Imagínese que usted se ha estado privando de consumir durante mucho tiempo para ahorrar y sacarle un rendimiento a ese ahorro y que, en su día, le prestó el dinero a alguien para que comprara un piso. Y que lo hizo en el marco de una legislación que, aunque no le garantizaba la devolución de todo lo prestado, le permitía que la garantía del préstamo se extendiera al resto de los bienes del deudor. En esas condiciones, usted puso precio a su dinero evaluando, con mejor o peor fortuna, el riesgo de impago. Usted tomó libremente la decisión de prestar el dinero. El comprador de la vivienda tomó libremente la decisión de adquirirla con el dinero recibido. Si el prestatario no puede liquidar el préstamo ni con sus bienes, usted perderá el dinero. Si se cambia la ley para que usted se vea obligado a aceptar una vivienda que no cubre la deuda pendiente, usted perderá el dinero. Si le obligan a hacer una quita, usted perderá el dinero. ¿Estaría usted de acuerdo con la dación en pago retroactiva, o con la expropiación del uso durante tres años, o con la quita de parte de la deuda que le deben? 

Ahora suponga que usted es el banco. Un banco que tiene accionistas, inversores y depositantes. Sí, ya sé que me va a decir que esos bancos han recibido ayudas y bla, bla, bla. Y yo le contesto, como ya dije en otras ocasiones, que los bancos a los que le han salido mal las cuentas deberían haber quebrado o, cuando menos, sus accionistas y bonistas haber perdido todo su dinero. Y desde esa premisa, resulta obvio que el deudor también debe asumir su responsabilidad. Y después de haberla asumido, si el Estado -que no olvidemos que somos todos-, tiene que ayudar a quienes han tenido mala suerte para que tengan una segunda oportunidad, yo me apunto el primero. Porque parece claro que nadie debería pagar toda su vida por los pecados del pasado, pero también que no debiera pagar quien no pecó. No olvidemos que hay quienes, habiendo sido prudentes, han tenido mala suerte, y quienes se han trabajado su mala suerte a destajo. Y no, no puede ser lo mismo.

¿Torpeza?

Es posible que, con la ley en la mano, tenga razón la infanta. Pero no creo que a estas alturas de la película le haga mucho bien a ella y a la institución a la que pertenece transmitir el mensaje de que tiene algo que ocultar. En fin, que ella sabrá. Los republicanos estamos encantados y, aunque la república pudiera traernos a un Jefe de Estado inútil y sinvergüenza, como dicen que dijo Roosevelt, sería nuestro sinvergüenza y nuestro inútil.

¿Que le pasará al probe Miguel...?

La estabilidad presupuestaria no es de derechas. La equidad vertical es de izquierdas. La equidad horizontal es progresista. El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto ineficiente e injusto. La eficiencia económica y el crecimiento es progresista, y son una condición necesaria para la sostenibilidad del Estado del Bienestar y para financiar el gasto público sin acumular deuda ni elevar la presión fiscal. La simplicidad fiscal es de izquierdas. Bajar los impuestos es de izquierdas.

Que no, que no lo he escrito yo -aunque lleve ya algunos años diciendo cosas parecidas-, que lo escribió ayer mismo el señor Miguel Sebastián, socialista, director de la oficina económica de Zapatero y ex ministro. Vamos, muy poco sospechoso de ser liberal. ¡Cómo les crece el sentido común en cuanto dejan de pasar por la peluquería del partido...!

Esa austeridad que nos está matando...

Durante el ejercicio 2012 hemos gastado 493.660 millones de euros. Un 31% más que en 2006. Y un 3% más que en 2011.Y como a mí, eso de medir los déficit únicamente en relación al PIB me parece una tomadura de pelo, habría que subrayar que durante el año 2012 nos gastamos un 29,2% más de lo que ingresamos. O sea, 129 euros por cada 100 euros ingresados. Con subida de impuestos incluida.

Sí, sí, ya sé que en 2012 hemos tenido que rescatar a los bancos y que pagamos una burrada de intereses -38.000 millones y 14.000 millones respectivamente que no estaban en 2006-, pero es que incluso descontando esas partidas, hemos gastado en 2012 un 22% más que en 2006. Hasta nos hemos gastado 10.000 millones en subvenciones a productos y producción. También más que en 2006.

Sigamos así, que vamos muy bien...

Por sus presupuestos los conoceréis...

"No tiene ningún sentido exigir más a los que menos tienen y menos a los que tienen menos dificultades económicas" (Doña Mar Moreno, Consejera de Educación de la Junta de Andalucía)

Ella sabrá lo que ha querido decir, pero al margen de esa ocurrencia que queda muy bien como titular, ¿qué le impide a la señora Consejera complementar el sistema de becas del Estado? ¿Acaso no tiene nuestro Parlamento y nuestro gobierno autonómico competencias en materia educativa? ¿O es que no tiene dinero? Porque si es esto último, lo tiene muy fácil. Sólo tiene que coger los casi 31.000 millones de euros del presupuesto de la Junta de Andalucía, un rotulador y priorizar.

Por ejemplo, decidir si prefiere gastarse 414 millones en los próximos tres años en Canal Sur, o "evitar que miles de jóvenes andaluces se queden sin ayudas al estudio". Decidir si prefiere gastarse los 151 millones que tiene previstos la Consejería de Presidencia en las actividades de "Dirección de la información y divulgación de la acción institucional de la Administración de la Junta de Andalucía y de la identidad corporativa", o preservar la política de becas como "un país decente". Decidir si prefiere destinar 44 millones a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o cerrarla y usar ese dinero para evitar que "miles de jóvenes queden fuera del sistema educativo por la pérdida de una herramienta fundamental en un momento en el que más dificultades tienen las familias". ¿Cuántos millones llevamos ya? ¿Y cuántos harían falta para ayudar a esos jóvenes? ¿Diez millones? ¿Veinte?

Esos miles de jóvenes que por su esfuerzo e ingresos económicos serían merecedores de una beca pero que, según la señora Moreno, se van a quedar sin ella por culpa del gobierno de la nación, deberían saber quiénes son los responsables de decidir en qué se gasta nuestro dinero, qué es lo realmente importante para ellos, que no suele coincidir con lo que dicen, sino con lo que hacen. Por sus presupuestos los conoceréis...

Decidir entre distintas alternativas y asumir las decisiones. Eso es hacer POLÍTICA. Eso es GOBERNAR. Que para lloriqueos ya tenemos a Rajoy.

Estando en otra cosa, mariposa...

Dice el aspirante a sucedido que ahora no toca hablar de sucesiones para evitar así pronunciarse sobre su presunto sucesor. El PSOE, o sea, él, no está en eso. Lógico.

Pero hartos ya de estar hartos, ya se cansaron -que diría Serrat-, y andan buscando en el PSOE un nuevo Zapatero para seguir levitando. Y Madina tiene el perfil exacto. Un líder para el neozapaterismo.

De donde no hay... (L)

Dice Alfonso Guerra que la única manera de obligar a los empresarios a crear empleo es implantar una semana laboral de 32 horas, repartidas en cuatro días.

Obligar a los empresarios a crear empleo. Repartir el trabajo. El New Deal de principios del siglo pasado como paradigma. Sí señor, la imaginación al poder. Viejas soluciones para nuevos problemas.

Éramos pocos y parió el abuelo...

Y así sucesivamente...

Como diría Bastiat, cuidado con lo que no se ve.

Porque lo que se ve está claro. Y ya se ocupan ellos de que sea bien visible. El mensaje parece moralmente incontestable: se les quita a los que tienen para darle a los que no tienen. Da igual las razones por las que aquéllos tienen y por las que éstos no tienen.

La propiedad privada, uno de los pilares fundamentales del desarrollo y del Estado del Bienestar, no es un derecho absoluto, pero hay que ser extremadamente cuidadoso a la hora de delimitar su contenido esencial. Sólo cuando no existan alternativas para solucionar un problema social resulta legítimo limitar un derecho fundamental. Y no es éste el caso. Porque hay otras alternativas. Y porque, además, la opción elegida ni siquiera es una de ellas.

Transmitir a bombo y platillo que en España en general, y en Andalucía en particular, ser propietario no garantiza la libre disposición de los bienes y que la inseguridad jurídica campa por sus respetos -propiedad privada y seguridad jurídica, los dos pilares del progreso-, no va precisamente a favor de obra. 

Lo que no se ve es que dejarán de venir inversiones a nuestra tierra. Porque hoy se expropian las viviendas, pero mañana será una empresa con la excusa de conservar los puestos de trabajo, o pasado los alimentos de los supermercados porque haya niños que pasan hambre. Y con esas inversiones no realizadas, también se marcharán puestos de trabajo e impuestos. Y con ellos, habrá más familias desahuciadas a las que se pretenderá ayudar expropiando y exprimiendo a los que aún no se hayan marchado. Y así sucesivamente...

¡Sorpresa...!

Por una vez estoy de acuerdo con Rubalcaba: a nuestro país le hace falta una reforma fiscal en profundidad.

Pero sólo en eso. Porque la reforma no debería perseguir ni una recaudación adicional de 40.000 millones -más bien mantenerla o reducirla y reasignar las cargas-, ni endurecer unos impuestos -los de patrimonio, donaciones y sucesiones-, que ni siquiera deberían existir por manifiestamente injustos.

De todas formas, a ver si me sorprenden y son valientes e imaginativos. Simplificar los impuestos directos unificándolos en uno: un impuesto sobre la renta de las personas físicas comprensivo de todos. Eliminar el impuesto de sociedades y los relacionados con el patrimonio. Gravar los flujos de renta sin distinguir su naturaleza, no los stock de riqueza.

Porque lo prometido es deuda...

¿Cómo que el gobierno no cumple sus promesas?

Dicho. Y hecho.

Con dos cojones.

Un par de apuntes y otros síntomas

Sólo un par de apuntes sobre el estudio que acaba de presentar la Fundación BBVA sobre valores político-económicos en Europa.

El primero, que una mayoría de europeos centran la responsabilidad del Estado en la protección social, mientras que los españoles le exigen además algunas funciones adicionales en la intervención de la economía: control de los precios, de los beneficios de las empresas y de los salarios.

El segundo, que cuando de asignar responsabilidades sobre el bienestar de los ciudadanos se trata, una mayoría de españoles -casi el 55%-, piensa que los ingresos deberían ser más equilibrados, con independencia del esfuerzo personal de cada cual. Dicho de otra forma, sólo el 41% de los españoles piensa que las diferencias en los niveles de ingresos son necesarias para que, quienes se esfuerzan más, tengan ingresos más altos que quienes se esfuerzan menos.

Después de esto, uno no se explica por qué el Partido Comunista no gobierna con mayoría absoluta en nuestro país. Bueno, sí.

Estos resultados, y algunos más, pueden encontrarlos aquí.

So(n)ria, por favor...

Decir en una entrevista que "estamos dispuestos a estudiar un acuerdo" entre Google y los editores de prensa, y asegurar a continuación que se es un gran defensor del libre mercado, sólo puede ser compatible con un concepto del libre mercado un tanto extraño. Lo cual, en este gobierno de neosocialistas, no resulta nada sorpresivo.

De esto ya hablábamos por la taberna hace tres años.