¿Y quién nos protege de este Estado de idiotez?

Llevo mucho tiempo escuchando que debería prohibirse por ley que la gente se pueda endeudar más allá de un determinado porcentaje de sus ingresos, o que el plazo para devolver la hipoteca no pueda exceder de un determinado número de años, o que la cuantía del préstamo no pueda superar un determinado porcentaje del valor del bien a hipotecar. Y no lo dice sólo el PSOE, sino también los socialistas del resto de partidos políticos.

Si se piensa que esas prohibiciones son necesarias es porque se piensa también que el ciudadano es un irresponsable que necesita la tutela del Estado para tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. Y a lo peor tienen razón.

Ahora, después de algunos suicidios -aunque el último, el de Amaia Egaña, tiene poco que ver con el desahucio como tal-, han decidido sentarse PSOE y PP para legislar sobre el asunto. Pero, ¿no eran estos mismos los que siempre dicen que no hay que legislar en caliente? 

En el asunto de los desahucios es preciso no dejarse llevar por las tripas e introducir algo de objetividad y serenidad. ¿Qué menos cabría esperar de estos políticos, tan sabios, que aspiran a decidir por nosotros lo que nos conviene y lo que no? Según la página 24 del Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España de Noviembre de 2012, la ratio de morosidad en el crédito a las personas físicas para la adquisición de vivienda era en Junio de 2012 del 3,1% -el de los créditos para fines distintos de la adquisición de vivienda era del 7,5%-, lo que significa que el 97% de los hipotecados de este país paga religiosamente su hipoteca.

Si se cambia la ley para permitir que la vivienda ya no sea una garantía fiable para recuperar una deuda, se dificultará y encarecerá el crédito hipotecario. Así, se beneficiará a un 3% de los deudores -como diría Bastiat, eso es lo que se ve- mientras que se perjudicará al 97% restante -eso es lo que no se ve-, y a la actividad económica del país, lo que, probablemente, generará más paro.

A quienes no pueden pagar no se les debe perdonar la deuda. El problema de quienes estén en dificultades no se soluciona perjudicando a la mayoría, sino echando mano de los necesarios mecanismos de asistencia social pagados con nuestros impuestos, que para eso debieran estar.

Y a quienes no pueden recuperar lo prestado, hay que dejarlos quebrar. Habría que haberlos dejado quebrar hace ya mucho tiempo.

Libertad y responsabilidad sí, pero para todos.