La mirla presumida...

Años atrás nos visitaban con cierta asiduidad, como exploradores precavidos. Al principio, tímidamente, huyendo cuando nuestra cercanía les parecía amenazante. Después, con cierto descaro. Hasta que este año han decidido que el limonero de nuestro jardín era una buena opción para construir su hogar. Fíjense como posa coqueta para la foto. Y hasta sonríe. Ahora son los pequeños de la familia.

A quien se mueva, patada en la boca...

Que el presidente del gobierno reitere ahora lo que ya dijo allá por Enero, a saber, su convicción de que la infanta Cristina es inocente, no resulta extraño. Sólo hay que releer su programa electoral o desempolvar sus intervenciones parlamentarias en los meses anteriores a ganar las elecciones, y compararlos con sus decisiones posteriores para entender que el respeto a la Democracia y sus instituciones no es precisamente una de sus virtudes.

Que la fiscalía manifieste el día antes de que se dicte un auto, sin conocer sus fundamentos jurídicos, que lo va a recurrir, deja bien clara la absoluta falta de independencia de esta institución. Ni las apariencias guarda...

Afirmar lo que afirma el fiscal en las 63 páginas de su pintoresco recurso -todo un compendio de juicios de valor y recomendaciones para la reforma del sistema judicial, con una sospechosa escasez de fundamentos jurídicos- resulta tan extravagante, que es un insulto al sentido común. Y la puesta de perfil de la Agencia Tributaria es directamente una burla a los contribuyentes que pagamos religiosamente nuestros impuestos y que no usamos una empresa interpuesta para aliviarnos de nuestros gastos domésticos.

¿O acaso resulta creíble afirmar, sobre la base de las evidencias que incluye el juez en las 167 páginas de su auto, que la infanta era ajena a todo lo que se cocía en una sociedad de la que era propietaria al 50%? Sólo tienen que echar un vistazo a las páginas 87 y siguientes del auto.

No hay que olvidar que se trata de un auto resultado de una instrucción que, como todas, se limita a imputar a quienes, con fundamento en la investigación realizada y en las pruebas obtenidas a través de ella, resulten aparente y razonablemente implicados en la comisión de uno o varios delitos. No se trata de una sentencia condenatoria, sino de un trabajo previo que debe permitir posteriormente a un Tribunal distinto del que ha investigado, juzgar si, en efecto, ese imputado es inocente o culpable, si esa apariencia y razonabilidad se confirma o no.

Impedir de manera tan descarada y torticera, contra las pruebas y las apariencias, que alguien sea imputado para que pueda quedar limpio de toda sospecha en un juicio con todas las garantías, le hace un flaco favor a ese imputado. Pero si, además, el afectado es miembro de una institución a la que se le exige para gozar de sus extraordinarios privilegios únicamente un comportamiento ético intachable y la honradez más absoluta... En fin, que con estos amigos, no necesita la infanta enemigos ni republicanos airados. Si realmente fuera inocente, debiera ser ella misma la que exigiera ser juzgada para poder defender la honorabilidad que exigen sus privilegios. Que no le pida al gobierno que deje de enredar para que no la juzguen sólo puede significar una cosa: que es culpable.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que, además de sus caros abogados, a la infanta la defienden la fiscalía, la abogacía del Estado, la Agencia Tributaria y el mismísimo presidente del gobierno, es más que probable que la Audiencia de Palma -cuyos magistrados aspiran a serlo algún día del correspondiente Tribunal Superior, e incluso del Supremo, del Constitucional o del Consejo General-, termine desimputándola, confirmando así lo que es público y notorio desde hace siglos: que quien se mueve no sale en la foto.

Austeridad a la carta: si no les gusta mi definición, tengo otras...

Según el particular diccionario de nuestro fantástico Ministro de Hacienda, el gobierno entiende la austeridad como el "no incremento excesivo del gasto público, que no tiene nada que ver con reducciones absolutas de gasto público cuya época se ha acabado puesto que no son necesarios nuevos ajustes a la baja en los capítulos de gasto público."

Si observamos el gasto corriente del Estado, es decir, lo que sería en una economía doméstica la luz, el agua, la paga de los hijos, la comida, la ropa, el alquiler, la gasolina..., en definitiva, el día a día, su evolución expresada en miles de euros, según la propia Intervención General del Estado, habría sido la que muestra el gráfico.

 

A la vista del mismo se entiende perfectamente el concepto de austeridad del gobierno. Es como llamar guapo a Montoro, toda una metáfora política. Ya se entiende menos que afirmen que la época de la reducción del gasto público se haya acabado antes de empezar, pero en fin, cada uno se cae por las escaleras como le da la gana.

De donde no hay... (LXIII)

Dos perlas, ambas en la página 17 de la presentación que ha hecho el señor Montoro esta mañana sobre la rebajilla fiscal, que no reforma.

La primera, que hay que tenerla de hormigón armado para introducir la obligatoriedad de tributar en las indemnizaciones percibidas por despido y afirmar que "se beneficia en mayor medida a los trabajadores con sueldos medios y bajos". Digo yo que querrían decir que se perjudica en menor medida a los trabajadores con sueldos medios y bajos, porque beneficiar, lo que se dice beneficiar, no beneficia a absolutamente ningún trabajador, que hasta ahora ingresaban íntegra la indemnización legal que les correspondiera.

La segunda, que todas las indemnizaciones del ejemplo están mal calculadas porque han tomado el salario diario sobre un año de 360 días y no de 365 días. Así, por ejemplo, la indemnización correpondiente a un salario de 30.000 euros no son 2.750 euros, sino 2.712 euros.

Sin entrar a valorar la cuestión de fondo -a saber, que a partir de ahora las indemnizaciones por despido tributen-, la verdad es que estos errores en un documento oficial que se utiliza en una presentación a los ciudadanos a través de rueda de presna televisada es para salir corriendo del país. 

Ni en los mejores tiempos del zapaterismo...

El mundo del revés...

Que a muchos empresarios no les gusta la libertad ni algunas de sus manifestaciones económicas como el libre mercado, es algo que ya planteó Milton Friedman hace muchos años -"Todo empresario está a favor de la libertad de todos los demás, pero cuando se trata de él la cuestión cambia. Él es siempre el caso especial. Él debería tener privilegios específicos del Gobierno: una aduana, esto, aquello…"-, y que hemos repetido por aquí en varias ocasiones.

Y para muestra, todo un presidente de una asociación de empresarios pidiendo al Estado que prohíba construir más hoteles en Granada. Al parecer, los que hay no son rentables, y la solución que propone el artista no es que sean los clientes quienes, en el uso de su libertad de elección, decidan cuáles deben sobrevivir, sino que sea el Estado quien limite la oferta por ley a los que ya están.

Cabría preguntarse por qué este señor pide tal privilegio. Si es público y notorio que los que ya están no son rentables, ¿qué empresario en su sano juicio pretendería invertir su dinero abriendo un nuevo hotel? Y siendo así, ¿para qué pedir la prohibición de aquello que de manera natural no debiera producirse?

La respuesta es tan obvia que debería causar sonrojo al presidente de los hoteleros granadinos. Si se pide tal prohibición es porque existe el temor real de que se abran nuevos establecimientos hoteleros, y dado que a los empresarios lo que menos les gusta es perder su dinero, parece evidente que hay quienes piensan que son capaces de ofrecer a los clientes que visiten Granada un servicio rentable y de calidad, algo que, por lo visto, no parecen ser capaces de ofrecer los que piden el privilegio de que papá Estado proteja su ineptitud a costa de que los clientes paguen más por aquello por lo que podrían pagar menos.

Una vez más, queda claro que es el consumidor el único perjudicado por la ausencia de libre mercado. Por eso resulta tan llamativo que la mayor parte de los ciudadanos pidan a gritos el intervencionismo del Estado en la economía, o que desbarren contra los empresarios por suponerlos defensores a ultranza del libre mercado. 

Nos aplaudimos en nuestra propia cara y nos quedamos tan panchos...

¿Reforma fiscal o trilerismo ilustrado?

Dice el gobierno que la prometida rebaja de impuestos supondrá un aumento del PIB del 0,55% en 2015-2016. Y que no sólo pretende compensar los sacrificios de los ciudadanos, sino fortalecer el crecimiento económico y dinamizar el ahorro y la inversión con un sistema tributario moderno, lo que favorecerá la creación de empleo. ¡Coño, pues para ser tan beneficiosa la bajada de impuestos ya han tardado...! Tan beneficiosa les parece, que entrará en vigor sólo parcialmente en 2015, año de elecciones por cierto, y no se completará hasta 2016. 

Así, con el juego de las retenciones a cuenta en la nómina -que no tiene por qué implicar una rebaja final de impuestos-, en Enero de 2015 -probablemente las elecciones serán en 2016-, el personal verá incrementados sus ingresos por la gracia del gobierno e irá a votar alegre y contento. Para cuando haga la declaración del ejercicio 2015, allá por Junio de 2016, y se dé cuenta de si realmente ha sido o no una bajada de impuestos, la papeleta llevará ya medio año en la urna.

De todas formas, habrá que esperar a que mañana publiquen los detalles en la página web del Ministerio de Hacienda, pero de lo que han dicho hasta ahora se deduce que se trata de una simple rebajilla del subidón de impuestos -que además ni siquiera devolverá la situación al escenario impositivo que se encontraron en 2011-, y no de una verdadera reforma fiscal. Se ve que lo de reformistas se queda sólo en su programa y en el espíritu. En esto y en la estructura y organización del Estado y sus poderes.    

Porque uno, que trabaja en el sector privado y tiene congelado el salario desde 2009, cuando se complete la rebajilla fiscal, seguirá pagando más de lo que pagaba en 2011. Y si incluimos en el análisis, como debiera hacerse, el efecto del IPC, en la mayor parte de los tramos ni siquiera llega a rebajilla. Recuerden que cuando los tramos impositivos del IRPF no se modifican en la misma medida que el IPC, el simple mantenimiento de los mismos puede suponer una subida efectiva de impuestos para muchos ciudadanos.

Y a todo esto hay que añadir, dicho sea de paso, que en el primer trimestre la deuda pública ha vuelto a subir en casi 30.000 millones de euros, alcanzando los 990.000 millones. Y subiendo.

En fin, que no sé yo por qué están tan contentos de haberse conocido...

Cosas mías...

Tan extraño se me hace escuchar de un sacerdote la condena ad eternum de los homosexuales, criaturas de su Dios al fin y al cabo, como de un demócrata defender a ultranza la monarquía. Pero deben ser cosas mías y de mi particular forma de entender la coherencia personal de cada cual...