Allá por el año 2002, España decidió, sin encomendarse a Dios ni a Europa, que a quienes aportaran el capital necesario para financiar el largo ciclo de construcción de barcos en nuestra industria naval, les iba a hacer un favor fiscal en forma de disminución de sus bases imponibles y, en consecuencia, mediante una importante reducción en el pago de sus impuestos. Y claro, entraron al trapo empresas que en aquel momento andaban sobradas de tesorería y ávidas de rentabilizarla. Dicen las malas lenguas que picaron empresas como Inditex, el Banco Santander o Ikea.
Se trató de un intento bastante burdo de subvencionar la industria naval saltándose los controles de nuestros socios europeos. Si no les puedo dar ayudas directas, abarato su financiación y hago artificialmente más competitiva la construcción de barcos reduciendo uno de sus costes, el financiero. Pero hete aquí que con el paso del tiempo, la burocracia europea -lenta pero inexorable-, descubrió que los franceses habían hecho algo parecido allá por 2007. Y claro, nos cazaron.
Ahora, el comisario europeo de competencia, que casualmente es español, quiere aplicar la ley y lo menos que le llaman es perro judío -hasta el carnet de socio del Athletic de Bilbao le quieren retirar-, como si la culpa no fuera del gobierno español que ni siquiera consultó hace más de una década si aquellas subvenciones eran o no legales. Es como acusar a la policía de haber atrapado al ladrón.
Ya se sabe -o al menos lo sabemos algunos-, que las subvenciones las carga el diablo porque atontan al personal y crean enormes ineficiencias en la economía que siempre pagamos los contribuyentes de a pie. Y este gobierno, dizque liberal, con su ministro Soria al frente, anda indignado y preocupado no vaya a ser que un pelín de libre mercado les joda el invento. Y que conste que me parece impresentable la hipocresía de Europa, prohibiendo subvenciones que distorsionen la competencia mientras mantienen la PAC y otras zarandajas por el estilo.
Dice la patronal del asunto -en este caso, cómo no, arropada por los sindicatos-, que este es el fin de la industria naval y de sus más de 86.000 empleos. Pues si así tiene que ser porque ese sector sea incapaz de competir a base de innovación, calidad e imaginación, pues que así sea, pero que no nos responsabilicen de su ineptitud a quienes pagamos nuestros impuestos para que existan servicios públicos de calidad y no para que se forren unos cuantos.
Además, ¿alguien puede estar en contra de que quienes invirtieron en el sector, que no los astilleros, devuelvan lo que se llevaron, en una época en la que a quienes tenemos una nómina nos están machacando a impuestos al tiempo que se producen recortes en servicios públicos esenciales? ¿Qué tal si lo que devuelven a la Hacienda Pública se dedica a educación o a dependencia? Pues eso.
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