Esta tarde, mientras sudaba un rato en la bicicleta estática y buscaba algo que ver en la tele, se me ocurrió dejarla en un programa de tertulias vespertinas monocolor y progre, de estas que nunca puedo ver. Más que nada por curiosidad. Una presentadora algo tontorrona y de risa fácil, y seis tertulianos que no le iban a la zaga. Y cómo no, la tragedia del Madrid Arenas. Resulta que el empresario imputado ha organizado una macrofiesta en Leganés para año nuevo a sesenta eurazos la entrada. Entrevistan al alcalde de Leganés y manifiesta que se trata de un recinto privado y que, si cumple todas las normas, no puede hacer nada para impedirla. Lógico.
Los tertulianos, indignados, se echan las manos a la cabeza. Al unísono. Que cómo puede permitirse que la empresa de un señor que está imputado por las anomalías del Madrid Arena organice otra fiesta multitudinaria -al carajo la presunción de inocencia-, que seguro que el alcalde puede buscarse alguna triquiñuela para impedirlo -al carajo el principio de legalidad-, que hay que hacer lo que sea para que esa fiesta no se celebre...
Y digo yo. Si la fiesta de año nuevo cumple todos los requisitos legales y de seguridad exigidos por las normas, si las personas que han comprado o van a comprar las entradas son mayores de edad, si saben perfectamente que quien organiza la fiesta es la misma empresa que organizó la del Madrid Arenas, y si saben también que su propietario está imputado por los sucesos ocurridos, es decir, si a estas alturas de la película disponen de toda la información, ¿por qué esa manía paternalista y liberticida de pretender que el Estado proteja, aun contra su voluntad, a quienes han decidido libremente comprar las entradas para la fiesta a pesar de todo? ¿no sería más razonable y respetuoso con las libertades individuales que el Estado se dedicara a vigilar que se cumplan las normas y a proporcionar a los ciudadanos toda la información disponible sobre la empresa que organiza la fiesta, y después que cada cual decida si compra la entrada o no? ¿no es un insulto a los ciudadanos exigir al Estado que piense y decida por ellos?
País...
Los tertulianos, indignados, se echan las manos a la cabeza. Al unísono. Que cómo puede permitirse que la empresa de un señor que está imputado por las anomalías del Madrid Arena organice otra fiesta multitudinaria -al carajo la presunción de inocencia-, que seguro que el alcalde puede buscarse alguna triquiñuela para impedirlo -al carajo el principio de legalidad-, que hay que hacer lo que sea para que esa fiesta no se celebre...
Y digo yo. Si la fiesta de año nuevo cumple todos los requisitos legales y de seguridad exigidos por las normas, si las personas que han comprado o van a comprar las entradas son mayores de edad, si saben perfectamente que quien organiza la fiesta es la misma empresa que organizó la del Madrid Arenas, y si saben también que su propietario está imputado por los sucesos ocurridos, es decir, si a estas alturas de la película disponen de toda la información, ¿por qué esa manía paternalista y liberticida de pretender que el Estado proteja, aun contra su voluntad, a quienes han decidido libremente comprar las entradas para la fiesta a pesar de todo? ¿no sería más razonable y respetuoso con las libertades individuales que el Estado se dedicara a vigilar que se cumplan las normas y a proporcionar a los ciudadanos toda la información disponible sobre la empresa que organiza la fiesta, y después que cada cual decida si compra la entrada o no? ¿no es un insulto a los ciudadanos exigir al Estado que piense y decida por ellos?
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