La naranja mecánica (II)...Escuchen, escuchen

Es posible, aunque me temo que improbable, que los viejos del lugar recuerden esta odisea. Pues bien, apenas unos meses después me marché a otra operadora de telecomunicaciones en la que he estado los últimos cuatro años sin problema alguno. Pero hete aquí que, siendo hermanas de padre, deciden hace unos meses irse a vivir bajo el mismo techo, ¡encontrándome de nuevo como cliente de mi antigua operadora sin comerlo ni beberlo!.

Y, curiosamente, empiezan de nuevo los problemas. Facturas que no pasan al cobro, envíos de SMS llamándome sutilmente moroso, transferencias para pagar los recibos que no han pasado al cobro, reclamaciones múltiples al departamento de facturación, cargos por gastos de devolución de recibos -que por supuesto he devuelto-, compromisos de permanencia que han surgido de la nada... En definitiva, que ha quedado claro cuál de las dos hermanas era la inútil. Y no es precisamente la que ha desaparecido. Curioso.

Pues bien, a la vista de lo que me espera, decido salir corriendo, darme de baja y contratar con otro proveedor. Llamo al 900 901 300 e informo a la operadora de que quiero darme de baja. Intenta convencerme con tentadoras ofertas de que me quede -un 30% de descuento, minutos gratis a móviles...- y cuando insisto en que no llamo para negociar sino para hacer efectiva la baja, me pide todos los datos. Termino de dárselos y me dice que tiene que pasarme con otro compañero para realizar la baja. Tras diez minutos de espera escuchando una música horrenda a todo volumen -¿por qué apenas escuchaba la voz de la operadora y ahora tengo que retirarme el auricular de la oreja para no quedarme sordo?-, otra voz me pregunta que en qué puede ayudarme -¿no le ha contado nada su compañera?-, intenta de nuevo convencerme para que me quede, le corto en seco y ¡me vuelve a solicitar todos los datos! Me indica que me mantenga a la espera, y cuando retoma la conversación me dice que para darme de baja tengo que llamar al 902 877 572 y marcar las opciones 4 y 2. ¿Y eso no me lo podía haber dicho la primera operadora? O mejor, ¿no podrían decirlo directamente en la locución inicial? Pues no. Es mejor intentar que el cliente vaya cabreándose poco a poco. A lo mejor es que me estaban sometiendo a algún test de estrés de esos que se llevan tanto ahora.

Bueno, pues como a la fuerza ahorcan, cuento hasta diez y marco ese número. Tras cortarse varias veces, por fin me atiende una señorita muy amable. Escuchen, escuchen...

Cuando le digo que quiero darme de baja, comienzan de nuevo los ofrecimientos de descuentos y otros cuentos, le vuelvo a decir que sólo quiero darme de baja y que ya no es momento de regalos a destiempo, que tengo ya el servicio operativo con otro operador desde hoy y que lo único que quiero es darme de baja. Tras diez minutos de conversación agotadores y dar de nuevo los datos, me facilita el número de referencia del trámite y me informa de que debo enviar una carta confirmando que quiero darme de baja. Le respondo que no es necesario y que tengo derecho a dar de baja el servicio telefónicamente sin ninguna gestión adicional. Escuchen, escuchen...

Me pide que me mantenga a la espera... y diez minutos después de haberme separado el auricular de la oreja, magia potagia, ya no es necesario enviar una carta sino que podemos hacer la baja on line mediante la grabación de la conversación. ¿Pero la conversación no se estaba grabando ya? Escuchen, escuchen...

Tras dar de nuevo todos los datos (¡¡!!) e ir contestando a cada una de las preguntas, me indica que la baja se hará efectiva en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de hoy y que me tengo que hacer cargo de todas las facturas hasta esa fecha. Cuando le indico que eso es ilegal y que, conforme al RD 899/2009... Bueno, mejor escúchenlo ustedes mismos.

En resumen, que deben saber ustedes que si en el contrato que tienen con su operador se les permite la baja telefónica, no tienen por qué enviar ninguna carta posterior, pues lo único que persiguen con ello es seguir facturándoles hasta que ellos hayan decidido que han recibido la carta, si es que deciden haberla recibido. Así, por ejemplo, en la cláusula 17 de las Condiciones Generales de Contratación de Orange se indica lo siguiente:

"...el Cliente podrá resolver en cualquier momento el contrato, de manera unilateral, con una antelación mínima en cualquier caso de dos días hábiles al momento en que la baja hubiere de surtir efectos, poniéndose en contacto con el servicio de Atención al Cliente de Orange bien:

- Por vía teléfono llamando a los números gratuitos: 470 para Clientes de móviles residenciales; 471 para Clientes de móvil empresa; 1516 para Clientes que sólo dispongan del servicio de datos móvil; 900901300 para Clientes de telefonía fija residenciales o 902 053 034 para Clientes de fijo empresas. Se facilitará al Cliente el número de referencia de su baja.

- Por escrito, mediante solicitud escrita acompañada de fotocopia del DNI del titular del contrato, los números que desea dar de baja y el número de referencia de la baja facilitado por Orange al Apdo. de Correos 50618. 28080 de Madrid. Ref.: BAJAS."


De una o de otra forma, pero no de ambas. Esta cláusula contractual, en relación con el art. 7 del RD 899/2009:

"El contrato se extinguirá por las causas generales de extinción de los contratos y, especialmente, por voluntad del abonado, comunicándolo previamente al operador con una antelación mínima de dos días hábiles al momento en que ha de surtir efectos.

El operador se abstendrá de facturar y cobrar cualquier cantidad que se haya podido devengar, por causa no imputable al usuario final, con posterioridad al plazo de dos días en que debió surtir efectos la baja."


y el art. 26.2 de la misma disposición normativa:

"El servicio de atención al cliente del operador, de carácter gratuito, deberá prestarse de manera tal que el usuario final tenga constancia de las reclamaciones, quejas y, en general, de todas las gestiones con incidencia contractual que realice el abonado. A dichos efectos, el operador estará obligado a comunicar al abonado el número de referencia de las reclamaciones, quejas, peticiones o gestiones. El operador deberá admitir, en todo caso la vía telefónica para la presentación de reclamaciones.

Si el medio habilitado por el operador para la atención de reclamaciones, incidencias o gestiones con incidencia contractual es telefónico, éste estará obligado a informar al consumidor de su derecho a solicitar un documento que acredite la presentación y contenido de la reclamación, incidencia o gestión mediante cualquier soporte que permita tal acreditación."


permiten al cliente, no sólo exigir que se pueda dar de baja mediante comunicación telefónica, que le sea facilitado un número de referencia de dicho trámite y que la baja sea efectiva 2 días hábiles después de solicitada si así lo exige el cliente, sino también que le informen de su derecho de que le remitan un documento que acredite el contenido de la reclamación, no vaya a ser que a alguien se le borre accidentalmente de sus sistemas. ¿A que nunca le han informado de ese derecho cuando han comunicado una incidencia a su proveedor de telecomunicaciones? Pues a mí tampoco.

Lógicamente, he grabado toda la conversación -24 minutos y 8 segundos-, más que nada por si se les pierde la suya y les hiciera falta para acreditar que no finalicé el proceso de baja.

Por último, quisiera dejar constancia, como ya hice hace algunos años en aquella entrada, de que no considero culpables de estos abusos a los operadores -entre ellos habrá de todo, como en botica-, sino a los responsables de la empresa que les obligan a actuar de forma abusiva pisoteando los derechos de los consumidores. Vayan pues desde aquí mis disculpas a la operadora, a la que probablemente he hecho pasar un mal rato, y mi más profundo rechazo al comportamiento de la empresa para con sus clientes. Todos debiéramos conocer nuestros derechos -también nuestras obligaciones-, y exigirlos sin desmayo cuando pretenden hacernos comulgar con ruedas de molino.

Pues eso...

Apenas un 31% de los catalanes con derecho a votar quieren la independencia de Cataluña. Y eso asumiendo que todos los que han votado a CIU son independentistas, lo que es mucho suponer.

Dame PAC y llámame tonto...

Leyendo ayer esta entrevista al presidente de ASAJA en la que afirmaba ser una persona muy liberal y que no le daba miedo ni competir ni el libre mercado, me acordé de esta entrada de la taberna de hace ya casi tres años.

Probablemente la Política Agraria Común (PAC), junto con la arancelaria, sea una de las políticas más intervencionistas de las que existen en el mundo. Quizás sea por eso que Mariano Rajoy, ese liberal de verdad, está que trina porque quieren reducir el presupuesto europeo. Y quizás sea por eso también que las organizaciones agrícolas -y también las ganaderas-, incluida ASAJA con su liberal presidente a la cabeza, consideran inadmisible un recorte en el presupuesto de la PAC. Dame PAC y llámame liberal. O como diría un castizo, dame pan y llámame tonto.

Cuando un producto es demandado por los consumidores no necesita subvenciones para subsistir. Y si los consumidores no lo demandan, ¿qué sentido tiene subvencionarlo? Estos liberales de quita y pon argumentan que la subvención es para pagar las exigencias laborales, de calidad y medioambientales de Europa, que harían a nuestros productos poco competitivos respecto de los de otros países no europeos que no están sometidos a esos costes.

Pero si el consumidor estuviera dispuesto a pagar ese sobrecoste para garantizarse la calidad de esos productos, no tendrían sentido esas subvenciones. Y si no estuviera dispuesto a pagarlo, tampoco. Sin embargo, nuestros políticos han decidido, unilateralmente y al margen de los ciudadanos, que éstos sí están dispuestos a pagar ese sobrecoste, y se lo imponen coactivamente a través de los impuestos que financian esas subvenciones.

Divinas palabras y otros esperpentos

Resulta que el dictamen del Paripé de Investigación de los ERE -el primero de nuestro Parlamento en los últimos dieciocho años-, señala únicamente como responsables del choriceo institucional al ex director general Javier Guerrero y al ex interventor Manuel Gómez. Y éste último se ha despachado a gusto en una carta entregada ayer mismo en el Parlamento de Andalucía y dirigida a su Presidente. La carta, que pueden leer íntegra aquí, dice cosas como éstas:

"Señor presidente, el dictamen de la comisión de investigación ha unido mi nombre al caso de corrupción más importante de la historia de España, en términos económicos. Y lo ha hecho ocultando deliberadamente los datos, testimonios e informes más relevantes y pertinentes de los que disponía la comisión, todos ellos, sin excepción, opuestos al contenido de las conclusiones aprobadas por mayoría. Se trata, por tanto, de un resultado fraudulento, que se une al inmenso fraude de los ERE"

"En las sociedades primitivas el poder se valía de ordalías y otros sortilegios pafra controlar y dominar al pueblo y evitar que se precipitara hacia conductas peligrosas para los intereses de los poderosos. Estos resabios no han desaparecido por completo en las sociedades contemporáneas y tengo la impresión de que algo de eso puede haber en este complot del informe de actuación. En este caso, políticos de ínfima categoría llevan meses (años ya) tratando de engañar a los ciudadanos..."

"Ahora ya saben los interventores, y casi me atrevería a afirmar que todos los empleados de la Junta, cómo se las gasta una comisión de investigación, cuya mayoría no ha dudado en utilizarlos como pantalla tras la que esconder las vergüenzas de políticos corruptos de la peor especie"

"Ni me callé ni me aguanté entonces, ni lo hago ahora ni, desde luego, lo haré después. Es la única conducta decente cuando un profesional del servicio público es agredido por una caterva de políticos cobardes y sin honor, quienes para esquivar o encubrir las responsabilidades políticas, contables y penales derivadas del fraude de los ERE, no han dudado en manchar el crédito de los profesionales que han trabajado a su servicio"

"Sería un sarcasmo que difícilmente entenderían los ciudadanos persistir en el reproche al interventor, con el desatinado, falsario y amortizado asunto del informe de actuación, mientras se ignora clamorosamente la incuria decenal de los sucesivos miembros del Gobierno de la Junta que con tan poco provecho e interés recibieron las auditorías, verdaderos responsables, por acción u omisión, del más vergonzoso caso de corrupción de nuestra historia"

¡Con dos cojones!

Parecidos razonables... o no

Parece razonable que en un Estado civilizado, democrático y de Derecho, el monopolio de la violencia y la justicia lo ostente el Estado, impidiendo así a los ciudadanos que solucionen sus conflictos a mamporros.

Lo que ya no parece tan razonable, al menos para un liberal, es que ese mismo Estado obligue al ciudadano -salvo en contadísimas excepciones-, a defenderse gastándose un dineral en contratar a un abogado y a un procurador en nombre de un paternalismo infantiloide -o quién sabe si por otras oscuras razones-, en lugar de permitirle decidir si prefiere representarse a sí mismo o no cuando lo único que está en juego son intereses particulares.

Y menos razonable aún parece que este gobierno, dizque liberal, haya implantado una nueva tasa que deberán pagar la mayoría de los que decidan defender sus derechos a través del sistema judicial, haciendo aún más gravoso ese servicio público para la parte más débil.

¿Cómo puede el mismo gobierno que afirma estar en contra del euro por receta porque no se puede pagar dos veces por lo mismo, imponer unas tasas para volver a financiar un servicio que ya pagamos con nuestros impuestos? No se preocupen, es una pregunta retórica...

Manipula, que algo queda...

Y sigue habiendo quienes confunden privatización con gestión privada de los servicios públicos. Algunos lo hacen por ignorancia o temor. Otros, a sabiendas de que mienten, a sabiendas de que inspiran el temor de aquéllos. Hace ya muchos lustros, y con gobiernos de todos los colores, que existen colegios, hospitales o líneas de autobuses concertados, un eufemismo como otro cualquiera para referirse a la gestión privada de los servicios públicos.

Cuestión bien distinta es manifestarse o protestar por la posible pérdida de puestos de trabajo o de privilegios laborales cuando un gobierno encarga al sector privado que gestione un servicio público. Esa protesta es legítima, faltaría más. Siempre que no se manipule y se mienta, claro.

De holganzas y otras chanzas

Hay quienes se dedican a argumentar que no ir a la huelga es sinónimo de estar a favor de los recortes, en contra del Estado del Bienestar. Desde luego no es mi caso. Estoy en contra de los recortes, pero por escasos y errados.

Invita la casa. Hoy: para desayunar, Economía

Como ya sabrán algunos, soy un asiduo visitante del blog "Nada es gratis" que pueden encontrar aquí a la izquierda, en la pizarra de la taberna. Se trata de un blog que habla -y muy bien, por cierto-, de economía y que se mantiene gracias al apoyo de Fedea. Pues bien, ha caído en mis manos una conferencia dictada por uno de sus miembros, Jesús Fernández-Villaverde, titulada "La salida de la crisis: cómo y cuándo", y que dice cosas como ésta:

"...no es una casualidad que nos hayan tocado los Presidentes de Gobierno que hemos tenido. Es una consecuencia del proceso de selección de las élites políticas y sociales que es horrendo, que hay que cambiar. Es un proceso de selección en el cual tenemos unos partidos políticos muy cerrados, en los que lo que importa es la lealtad a los jefes y no el haber demostrado en algún momento una capacidad intelectual o profesional. Tenemos una Alta Administración del Estado (y lo siento por aquellos de ustedes que sean funcionarios) que tiene un sistema de selección de personas que no es el que España necesita en el 2012. Y tenemos una estructura en la vida social y económica que ha sido capturada por los partidos políticos y que ha destrozado por completo nuestra capacidad de reaccionar ante nuestros problemas."

O esta otra:

"...tenemos un sistema laboral dualista, donde un tercio de los trabajadores tienen un contrato temporal, donde los otros dos tercios tiene un contrato permanente y donde los sindicatos responden única y exclusivamente a los intereses de sus votantes medianos, que es “un trabajador con contrato permanente, de unos 55 años, varón y de baja cualificación”. Y esto es lo que exactamente son los sindicalistas que ustedes ven por la tele y eso es lo que quieren ellos. El empleo les trae al fresco."

Les invito a leerla entera. O a escucharla. O a ambas cosas. Si les apetece, claro.

¿Y quién nos protege de este Estado de idiotez?

Llevo mucho tiempo escuchando que debería prohibirse por ley que la gente se pueda endeudar más allá de un determinado porcentaje de sus ingresos, o que el plazo para devolver la hipoteca no pueda exceder de un determinado número de años, o que la cuantía del préstamo no pueda superar un determinado porcentaje del valor del bien a hipotecar. Y no lo dice sólo el PSOE, sino también los socialistas del resto de partidos políticos.

Si se piensa que esas prohibiciones son necesarias es porque se piensa también que el ciudadano es un irresponsable que necesita la tutela del Estado para tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. Y a lo peor tienen razón.

Ahora, después de algunos suicidios -aunque el último, el de Amaia Egaña, tiene poco que ver con el desahucio como tal-, han decidido sentarse PSOE y PP para legislar sobre el asunto. Pero, ¿no eran estos mismos los que siempre dicen que no hay que legislar en caliente? 

En el asunto de los desahucios es preciso no dejarse llevar por las tripas e introducir algo de objetividad y serenidad. ¿Qué menos cabría esperar de estos políticos, tan sabios, que aspiran a decidir por nosotros lo que nos conviene y lo que no? Según la página 24 del Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España de Noviembre de 2012, la ratio de morosidad en el crédito a las personas físicas para la adquisición de vivienda era en Junio de 2012 del 3,1% -el de los créditos para fines distintos de la adquisición de vivienda era del 7,5%-, lo que significa que el 97% de los hipotecados de este país paga religiosamente su hipoteca.

Si se cambia la ley para permitir que la vivienda ya no sea una garantía fiable para recuperar una deuda, se dificultará y encarecerá el crédito hipotecario. Así, se beneficiará a un 3% de los deudores -como diría Bastiat, eso es lo que se ve- mientras que se perjudicará al 97% restante -eso es lo que no se ve-, y a la actividad económica del país, lo que, probablemente, generará más paro.

A quienes no pueden pagar no se les debe perdonar la deuda. El problema de quienes estén en dificultades no se soluciona perjudicando a la mayoría, sino echando mano de los necesarios mecanismos de asistencia social pagados con nuestros impuestos, que para eso debieran estar.

Y a quienes no pueden recuperar lo prestado, hay que dejarlos quebrar. Habría que haberlos dejado quebrar hace ya mucho tiempo.

Libertad y responsabilidad sí, pero para todos.

De independencias y otras parodias

La vida de Jordi... Bryan

P.S.: Que conste que este tabernero no está en contra de la independencia. Tampoco a favor. Es sólo que le parece una soberana majadería. Opiniones aparte, también cree que los pueblos tienen derecho a decidir.