Invita la casa. Hoy: De intelectuales tuertos y vigas en el propio ojo

Hoy está sembrado Pedro G. Cuartango en su columna de los sábados. Le mete el dedo en el ojo al nuevo, y seguramente merecido, premio Cervantes y lo deja tuerto de incoherencia. Que escribir bien no está reñido con pensar torcido. Tampoco ser un intelectual, sea lo que sea tal cosa, es garantía de congruencia. El problema no es provocar o ser políticamente incorrecto, sino serlo de manera selectiva.

"Es un intelectual tuerto, serio inconveniente para quien aspira a ser uno de esos referentes éticos que tanto echamos en falta.". Así termina su columna Cuartango. Pero léanla, leánla. Si quieren, claro.

De la decencia, ni una palabra...

Dice el señor Armero que no lo contrataron por ser diputado, que eso no tuvo nada que ver, sino por su gran conocimiento de la realidad empresarial española. Aunque era, tras Trillo, el segundo diputado que contraban para asesorarles. Que se sepa. Pero seguro que no, que la condición de diputado de ambos es pura casualidad. Uno busca un asesor, y hala, resulta que era diputado. Y después contrata a otro, y coño, otro diputado. ¡Mecachis...!, que diría el superintendente Vicente.

Sobre el gran conocimiento de la realidad empresarial del señor Pujalte, diputado desde 1.994 ininterrumpidamente, debe ser que lo llevaba muy en secreto, que no quería que nadie se enterase porque, a la vista de su perfil en Linkedin -ya saben, esa red social profesional donde uno intenta adornar sus encantos para venderlos al mejor postor-, hay que echarle imaginación al asunto para creerse que estamos ante un gurú de la gestión empresarial. Experiencia profesional: diputado. Así de escueto lo escribió él mismo en su escaparate virtual de méritos profesionales. Y si él lo dice, ¿quiénes somos nosotros o el señor Armero para desmentirle?

Pero lo peor de todo este asunto no es que el señor Armero pretenda tomarnos a los ciudadanos por gilipollas, no. Lo peor es que al señor Pujalte y sus palmeros sólo se les ocurra un único argumento para defenderse.¡Es que es legal!, dice con cara de incomprendido. De la decencia, ni una palabra.

Balance del primer día

Que uno de los máximos representantes institucionales de la Comunidad andaluza, el presidente del Parlamento, apenas tenga el bachiller, opine en pleno siglo XXI que la derecha solo sabe matar y arrojar a los socialistas a las cunetas, y haya sido condenado por la Audiencia Nacional por su funesta gestión como consejero de Cajasur, deja claro desde el minuto uno el estilo con el que inicia la legislatura la señora Susana Díaz. El mismo con el que terminó la anterior, cuando en el tiempo de descuento incorporó a la Diputación Permanente a sus compañeros imputados para aforarlos. 

Bronca en el reparto de puestos de la Mesa del Parlamento e incorporación a su presidencia de un perfil de dudosa dignidad personal e intelectual apoyado únicamente por los suyos -y al que, por cierto, ni Podemos, ni Ciudadanos ni IU rechazaron con sus votos, que las abstenciones también retratan-, balance del primer día de legislatura.

Del afán liberticida y otras transversalidades...

De la prostitución ya hemos hablado por aquí en varias ocasiones. Porque hablar de prostitución no es sólo hablar de sexo y vicio, sino también, y sobre todo, de libertad individual.

Sobre su posible regulación, una ha dicho que va contra la dignidad de las personas, y otra que no cuenten con ella para mercadear con los derechos de las mujeres ni con sus cuerpos, que las mujeres son ciudadanas de pleno derecho.

Para que nadie tenga la tentación de desvirtuar el debate, quede claro desde el principio que hablamos, ellas y yo, de prostitución voluntaria. Y también que, aunque algunos en su ignorancia hablen de legalizarla, la prostitución no es un delito en nuestro país. Fijada pues la premisa del debate, vayamos al asunto.

La señora Botella dice estar en contra de la prostitución arrogándose el derecho de imponer a los demás su concepto de dignidad, como si fuera el único admisible, y calificando implícitamente de indignas a aquellas mujeres que la ejercen. La señora Montón, portavoz de Igualdad del PSOE, dice estarlo porque las mujeres son ciudadanas de pleno derecho, aunque ella piense, curiosamente, que en tal plenitud de derechos no debe quedar incluido uno de los más elementales, el de la libertad individual. Dignidades impuestas -y tal vez impostadas-, y plenitudes incompletas, todo un ejemplo de incoherencia intelectual.

La  cuestión no tendría la menor importancia si se quedara en el simple ejercicio legítimo de la libertad individual de estas dos señoras de expresar su opinión sobre cualquier tema y en una crítica igualmente legítima de este tabernero a su inconsistencia argumental. Pero da la casualidad de que se trata de dos ciudadanas con poder institucional, con capacidad para regular, e incluso legislar en el caso de la señora Montón, sobre el asunto que estamos debatiendo. Y en tal caso, sus opiniones pueden llegar a tener trascendencia sobre las vidas ajenas, lo que debería obligarlas a ser especialmente coherentes en sus trajines intelectuales.

En fin, parece claro que el afán liberticida es transversal, que no entiende de colores.

Un cilicio de seis mil millones...

Resulta que Europa, esa que subvenciona la agricultura, la ganadería o la pesca manipulando el mercado y sus precios, o establece trabas al libre comercio internacional, quiere sancionar en nombre del libre mercado a Google con casi el 10% de sus ingresos. Y todo por ser una empresa exitosa.

Hay quienes no saben distinguir las posiciones de dominio del mercado resultante de prácticas colusorias -cuando varias empresas se ponen de acuerdo para manipular el mercado en su beneficio-, o conseguidas a golpe de leyes impuestas por los  gobiernos de turno, de aquellas otras en las que el propio consumidor, libremente, concede esa posición de dominio a una empresa por la calidad o el precio de sus productos o servicios.

No es la primera vez que se persigue a empresas exitosas en nombre de la libre competencia. Ni será la última. Lo realmente patético es que lo hagan quienes no creen en la libre competencia. Ya saben, aquello de predicar con ardor la fe que uno no practica imponiendo penitencias ajenas con una sonrisa de satisfacción. Un cilicio de seis mil millones. 

¿Sabes cuál es el colmo de...?

Si ha cometido o no delito de blanqueo está por ver. Pero de que Rodrigo Rato, que ha sido ministro de Economía y Hacienda, vicepresidente del Gobierno y Director del FMI es un sinvergüenza redomado, no cabe la menor duda.

Que un ministro de Hacienda se acoja a una amnistía fiscal puesta en marcha por el gobierno de su propio partido y que nos enteremos así, como de casualidad, es como esos chistes malos del tipo ¿sabes cuál es el colmo de...? 

No sabemos aún si Rajoy le envió algún SMS de ánimo, pero imagino que todo se andará. Menos mal que vino a regenerar la democracia...

Contumacia o de cómo rectificar sin cambiar de opinión...

No sé si a raíz del correo que les envié o porque han recibido alguna que otra llamada de atención en el mismo sentido, pero lo cierto es que el famoso bufete de abogados al que me refería en mi anterior entrada ha vuelto a tratar el asunto en su blog. ¿Para rectificar? ¡Qué va! Para ratificarse. Además, de una manera bastante curiosa. "Matizo e insisto. No es cierto que el Tribunal Supremo disienta del legislador", titula la nueva entrada.

En primer lugar, reconoce que el Tribunal Supremo ha sobrepasado el límite impuesto por el legislador en la Disposición Transitoria 5ª -tal y como yo sostenía-, afirmando que "es cierto que en los cálculos hechos por la Sala Cuarta, para uno de los dos casos analizados, se concede a una de las recurrentes 836,19 € más de la cantidad que debería haber procedido en aplicación de la ecuación de la disposición transitoria quinta del Real Decreto ley 3/2012."

En segundo lugar, da "por hecho que la parte vencida en el recurso resuelto por la Sala habrá pedido aclaración para minorar la condena, en ese concreto exceso derivado del error", y añade que "de ese error no puede deducirse, si no es por el emperramiento del que en mi anterior artículo hablaba, que el Tribunal Supremo haya elevado la indemnización por despido improcedente incluida en la reforma laboral o que haya introducido un nuevo elemento de “disenso” entre lo querido por el legislador en la reforma laboral de 2012 y la interpretación judicial del contenido de la reforma laboral”.

Resumiendo, la tesis del bufete es que el Tribunal Supremo se ha saltado el límite impuesto por el legislador -cuestión que negaba en su tesis anterior-, pero que ello no significa que contradiga ni a la norma ni al legislador porque se trata de un error. El problema de esa tesis es que, que se sepa, la parte vencida no ha pedido aclaración de la sentencia. Tampoco el Tribunal Supremo, transcurridos casi 7 meses de dictada la sentencia, y a pesar del revuelo mediático tanto en la prensa generalista como especializada, ha dicho esta boca es mía cuando, tras dicho revuelo, y pudiendo haber rectificado o aclarado de oficio la sentencia, no lo ha hecho.

Por tanto, objetivamente, y mientras el Tribuanl Supremo no corrija el error -si es que se trata de un error-, ese órgano jurisdiccional disiente claramente del legislador y usurpa el poder legislativo. Afirmar lo contrario apoyándose en la certeza de que se trata de un error material sobre el que el presunto errado mantiene un significativo silencio, no deja de ser un ejercicio de funambulismo intelectual.

Y también de contumacia. Tanto más llamativa cuanto que rectifica el fondo del asunto sin modificar su conclusión y reitera la regañina a sus compañeros de profesión por mantener la tesis contraria. 

De internet y otros escaparates de doble filo...

El otro día leía en varios medios una noticia interesante y curiosa. Se trataba de una sentencia del Tribunal Supremo que interpretaba de una manera muy suya un precepto de la reforma laboral de 2012. Vamos, que más que interpretarlo, lo reescribía, usurpando así el poder judicial las funciones del poder legislativo. Lo que venía a decir básicamente el Tribunal Supremo es que se saltaba a piola el límite de indemnización establecido en la Disposición Transitoria 5ª del Real Decreto Ley 3/2012.

El objeto de las Disposiciones Transitorias de cualquier Ley, como su propio nombre indica, consiste en establecer las reglas que se deben aplicar a las situaciones anteriores a su promulgación. En definitiva, establece las reglas que deben aplicarse a los derechos que una persona ha adquirido en virtud de la Ley anterior a la que viene a sustituir, durante la transición de una Ley a otra.

Por si les interesa y les apetece comparar lo que dice el Fundamento de Derecho 3º de la sentencia con esa Disposición Transitoria 5ª, aquí tienen lo que ésta dice:

"La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso."

Pero el verdadero objeto de esta entrada no es aportarles a ustedes algo de culturilla jurídica ni informarles de que el Tribunal Supremo ha deshecho, de momento, parte de la reformilla laboral que hizo Rajoy, sino ilustrar con un ejemplo real los peligros de usar la red como herramienta de marketing empresarial. Desde páginas web de empresas o profesionales absolutamente desactualizadas, que transmiten una desidia difícilmente compatible con la seriedad que uno espera de la empresa a la que pretende contratar un servicio, hasta herramientas como redes sociales o blog, utilizadas por las empresas con demasiada alegría, hasta el punto de que se vuelven contra ellas como un bumerán. 

El ejemplo real al que me refiero es el de un bufete internacional, aparentemente prestigioso, que tiene un blog en el que escribe artículos relacionados con el Derecho. Pues bien, buscando información sobre la sentencia de la que les hablaba, me topé con un artículo en ese blog, en el que se afirma que el Tribunal Supremo aplica perfectamente la Ley, además de poner a parir a sus colegas de otros despachos jurídicos por no saber leer correctamente una sentencia.

Tras leer ese artículo, y sorprendido por el grave error cometido por el bufete -y también, por qué no decirlo, por el tono de reproche empleado en el artículo-, intenté hacerles un comentario en su blog. Como no me permitía hacerlo -al parecer, hay que tener permiso-, me tomé la molestia de buscar en la página un correo electrónico y les escribí advirtiéndoles de su error. Como no recibí respuesta, les hice un comentario en su Twitter, precisamente en el tuit en que promocionaban ese artículo. Hasta hoy, nada de nada. Eso fue hace ya una semana y el artículo sigue ahí, en su blog.

Desde el punto de vista del marketing en la red, al error cometido por la falta de rigor del artículo, sin duda el más grave, se suman la dificultad de cualquier usuario de comunicarse con ellos, desaprovechando la interacción con potenciales clientes, y el uso de redes sociales como Twitter, absolutamente desatendidas. Después del esfuerzo realizado por la empresa para presentar en la web sus bondades, es una lástima que lo tiren por la borda de esa manera.

Cada día más, los consumidores usamos la información existente en la red para tomar nuestras decisiones sobre los productos y servicios que necesitamos. Muchas empresas piensan que con hacer una página web y colgarla ya tienen el problema solucionado, olvidando que la página no sólo tiene que estar bien diseñada y ser atractiva -ça, va de soi...-, sino que debe estar permanentemente actualizada y atendida, debe ser accesible para su cliente objetivo y debe transmitir rigor en el sector de que se trate.

¿Contratarían ustedes sus asuntos con un bufete tan descuidado? Pues eso.