El español es ontológicamente chapucero, improvisa antes que planifica. Es entendible por tanto que algunos catalanes quieran dejar de ser españoles. No lo es tanto que pretendan conseguirlo comportándose como tales. Porque lo que viene sucediendo en los últimos meses en Cataluña, culminado por la resolución aprobada ayer en el Parlamento catalán, no es más que una inmensa chapuza impropia de catalanes que desean dejar de ser españoles.
La pregunta no es qué puede hacer el Estado español para evitar lo que pretenden los independentistas -que puede hacer muchísimas cosas-, sino qué pueden hacer los independentistas para conseguir lo que pretenden, más allá de declaraciones de intenciones y pulsos políticos.
En la práctica, ningún Estado moderno puede funcionar sin recursos económicos. Quienes promueven esta chapuza lo saben. Y por eso, junto a consignas panfletarias varias, incluyen en la resolución aprobada la verdadera clave de bóveda del proceso: la promulgación urgente de una ley de Seguridad Social y otra de Hacienda Pública.
Imaginemos que dentro de un mes han aprobado sendas leyes. Al margen de las cotizaciones, casi el 90% de los ingresos del Estado provienen de IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades. La mayor parte de la recaudación de esos impuestos se realiza a través de las empresas. El IRPF se retiene en las nóminas de los trabajadores y se ingresa en Hacienda, el IVA se recauda por las empresas y es ingresado periódicamente en Hacienda y el Impuesto de Sociedades es ingresado por las empresas en Hacienda. En cuanto a las cotizaciones, tres cuartos de lo mismo.
¿Quiénes van a empezar a ingresar sus impuestos en las recién creadas Hacienda y Seguridad Social catalanas y dejar de ingresarlos en las del Estado español? En principio, el 37% del censo ha votado sí a la independencia. Admitamos -por elucubrar que no quede-, que sea incluso el 50%. Sigamos admitiendo que ese porcentaje se reproduce entre el mundo empresarial y que el 100% de esos empresarios independentistas están dispuestos a dejar de ingresar los impuestos en el Estado español y a ingresarlos en el nuevo Estado catalán, a pesar de que dejar de hacer esto último podría tener consecuencias, administrativas y penales, muy graves para ellos. Incluso en ese escenario, probablemente el más óptimo que pudiera darse, ¿creen ustedes que sería económicamente viable un Estado catalán con esos ingresos? Al Estado español le bastaría con esperar sentado a ver pasar los cadáveres políticos de los independentistas. Y quizás sea eso lo que debiera hacer. Ya saben, las cosas caen por la fuerza de la gravedad, y si no, lo harán por su propio peso.
En fin, que la pela es la pela...
La pregunta no es qué puede hacer el Estado español para evitar lo que pretenden los independentistas -que puede hacer muchísimas cosas-, sino qué pueden hacer los independentistas para conseguir lo que pretenden, más allá de declaraciones de intenciones y pulsos políticos.
En la práctica, ningún Estado moderno puede funcionar sin recursos económicos. Quienes promueven esta chapuza lo saben. Y por eso, junto a consignas panfletarias varias, incluyen en la resolución aprobada la verdadera clave de bóveda del proceso: la promulgación urgente de una ley de Seguridad Social y otra de Hacienda Pública.
Imaginemos que dentro de un mes han aprobado sendas leyes. Al margen de las cotizaciones, casi el 90% de los ingresos del Estado provienen de IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades. La mayor parte de la recaudación de esos impuestos se realiza a través de las empresas. El IRPF se retiene en las nóminas de los trabajadores y se ingresa en Hacienda, el IVA se recauda por las empresas y es ingresado periódicamente en Hacienda y el Impuesto de Sociedades es ingresado por las empresas en Hacienda. En cuanto a las cotizaciones, tres cuartos de lo mismo.
¿Quiénes van a empezar a ingresar sus impuestos en las recién creadas Hacienda y Seguridad Social catalanas y dejar de ingresarlos en las del Estado español? En principio, el 37% del censo ha votado sí a la independencia. Admitamos -por elucubrar que no quede-, que sea incluso el 50%. Sigamos admitiendo que ese porcentaje se reproduce entre el mundo empresarial y que el 100% de esos empresarios independentistas están dispuestos a dejar de ingresar los impuestos en el Estado español y a ingresarlos en el nuevo Estado catalán, a pesar de que dejar de hacer esto último podría tener consecuencias, administrativas y penales, muy graves para ellos. Incluso en ese escenario, probablemente el más óptimo que pudiera darse, ¿creen ustedes que sería económicamente viable un Estado catalán con esos ingresos? Al Estado español le bastaría con esperar sentado a ver pasar los cadáveres políticos de los independentistas. Y quizás sea eso lo que debiera hacer. Ya saben, las cosas caen por la fuerza de la gravedad, y si no, lo harán por su propio peso.
En fin, que la pela es la pela...
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