Historia del pescador pescado... O eso esperamos (I)

Lo que voy a contarles a continuación es real como la vida misma. No soy muy dado a estriptis personales en público y, si me he animado a hacerlo, es porque creo que puede ser útil a otros. Es cierto que reclamar nuestros derechos como consumidores supone una incomodidad e incluso, a veces, un coste económico. Y algunas empresas, conscientes de ello y huérfanas de ética, abusan del ciudadano que bastante tiene con su problemas diarios. Pero ya ven, algunos somos raritos y asumimos que, en el mejor de los casos, la incomodidad es el precio a pagar para que no nos tomen el pelo.

Verán, el año pasado mi hijo se dio de baja en una operadora de móvil -Orange para más señas, pero podía haber sido cualquier otra-, en la que no tenía permanencia. Aparentemente, no debería haber tenido mayores problemas, pero a los pocos días recibió un cargo en su cuenta de 80 euros. Me pidió consejo y le dije que primero disparase y después preguntase. Así que devolvió el recibo y les envió el correo que le redacté, en el que les decía que se había efectuado un cargo en su cuenta, que había sido devuelto por no tener constancia de dicha deuda y que, si le enviaban la factura con el concepto al que correspondía ese cargo y era procedente, les haría una transferencia por el importe adeudado.

De manera casi inmediata -apenas unas horas-, recibió en el correo la factura. Se trataba, como ya sospechábamos, de una penalización por baja anticipada. Obviamente, les respondimos que, al no tener permanencia, no procedía ese cargo pero que, en el supuesto de que estuviésemos en un error, que nos enviasen la grabación o el contrato en el que se habia aceptado ese compromiso de permanencia y lo pagaríamos. Se produjo desde ese momento un intercambio de correos electrónicos -diez correos en dos días-, un diálogo de besugos, en el que ellos insistían una y otra vez en que el cargo era procedente sin aportar más prueba que sus palabras y nosotros, una vez y otra, en que, si lo demostraban, lo pagaríamos. Hasta que en su último correo nos amenazaban literalmente en estos términos: "En caso de persistir su negativa de pago, se le incluirá en una base pública de morosidad y su Expediente pasará a una agencia externa, por lo que le recomiendo que nos efectúe el pago en este momento".

Y nosotros les respondimos en estos otros:

"...les informo de que, en caso de que continúen exigiéndome el pago de la factura sin aportar la documentación que fundamente su procedencia y amenazando con la inclusión de mis datos en una base pública de morosidad, no sólo trasladaré a las Autoridades de Consumo este cruce de correos en los que se producen dichas amenazas para que emprendan las actuaciones que correspondan contra su compañía, sino que en caso de que finalmente lleguen a materializar dicha amenaza, me reservo la posibilidad de emprender las acciones legales oportunas.

Sin otro particular, y quedando a la espera de que me documenten la procedencia del cargo o, en su defecto, me notifiquen por este mismo medio que se anula la factura, reciban un cordial saludo"

La educación ante todo. Que alguien se defendiera de sus amenazas advirtiéndoles a su vez de que emprenderían las acciones oportunas y, simultáneamente, siguiera ofreciéndose a pagarles la supuesta deuda si demostraban su pertinencia, no debió sentarles nada bien -era lo que pretendíamos-, porque ya no repondieron a este último correo. Y como era de esperar en estos casos, a los pocos días recibimos un requerimiento de pago de una empresa de morosos al que, por supuesto, no le hicimos el menor caso. Ya sabíamos lo que nos esperaba y lo teníamos asumido, así que, con tranquilidad y buenos alimentos, montamos el anzuelo en la caña y nos dispusimos a pescar con una sonrisa y cargados de estoica paciencia.

En los siguientes días, mi hijo recibió decenas de llamadas -incluyó los distintos números de teléfono en su lista de bloqueados para que no molestaran demasiado-, de mensajes de voz y SMS amenazantes de las empresas de reclamación de deudas que fueron absolutamente ignorados. A los pocos días se incorporó otra empresa de cobro de morosos con idéntico resultado. Y al cabo de unos meses llegó la comunicación desde ASNEF-EQUIFAX de que habían incorporado a mi hijo en la famosa base de datos de morosos.

Ni mi hijo tenía previsto pedir ningún préstamo, ni los bancos a estas alturas le hacen demasiado caso a los ficheros de morosos cuando de deudas con operadoras se trata, así que nos quedamos tan tranquilos. Si acaso, con la rabia, sorda y breve, de que cualquier empresa, sin tener que demostrar que la deuda es real, pueda incorporarte a un fichero de morosos. Pero ya habían picado y empezaba la siguiente fase. 

Continuará...

Para muestra del estado de la Nación, tres botones...

Fíjense en los titulares resultantes de una simple búsqueda en Google de esta mañana, cuando ya incluso ayer por la tarde, quienes habían perdido su tiempo en leer la sentencia, tenían bastante clara la cosa. No se puede pretender que se prohíba a los clientes de una empresa en huelga que contrate con otra empresa los servicios que iba a ejecutar con la primera en nombre del derecho de huelga. Y si no se prohíbe tal cosa, entonces es que el Tribunal Supremo es un desalmado y está conculcando los derechos de los trabajadores.

Y así todo. Cada vez que leo un titular y me chirría -sobre todo si trata de alguna cuestión de Derecho o de Economía-, si acudo a la fuente casi siempre resulta que es falso. Y esto es sólo una muestra. Cuando se informa sobre pobreza, brechas salariales, desigualdades, libertad provisional de algún famoso que no está condenado en firme, penas exageradas sin saber una coma de Derecho penal y todas esas cuestiones en las que basta un titular para encabronar al personal que, por supuesto, ni tiene los conocimientos ni el tiempo necesario para verificar todo lo que lee -eso, se supone que lo hace la prensa, ese pilar imprescindible de la democracia como les gusta decirse-, cuando se informa, decía, o se documenta uno y es riguroso o se hace mutis por el foro. En este bendito país, ni lo uno ni lo otro. Y así os va.

Pero no sólo es la prensa, no. Ayer por la tarde contesté algunos tuits -hasta que me aburrí de oscurecer a algunos iluminados-, de gente que también se había subido al carro de la cizaña y el ridículo. Y no se crean que eran unos cualquiera, no. O sí. Un economista y un periodista de los que sale en la tele y todo un señor diputado y economista, que se supone que todos deberían comer de su credibilidad, pero al parecer deben comer de otra cosa. Había más pero, como he dicho, me aburrí. Aquí tienen una muestra gráfica por si hoy empiezan a borrar sus tuits.

En otro orden de cosas, desde hace algún tiempo y por motivos profesionales, estoy pendiente de la tramitación parlamentaria de una proposición de Ley, sobre la que ya hablé por aquí, cuyo plazo de enmiendas finalizaba el pasado 17 de Febrero de 2017 desde el 30 de Diciembre de 2016 en el que se inició. Más de mes y medio para proponer enmiendas a un texto de unas doce líneas. Pues a lo mejor no se lo creen, pero el plazo de enmiendas se ha ampliado ya cinco veces. Saquen ustedes sus propias conclusiones.

Y para terminar, la última muestra de desvergüenza e ineptitud de nuestra presidenta andaluza. Como en esta ocasión no están siendo capaces de manejar la opinión de los ciudadanos respecto de un impuesto -absolutamente injusto, dicho sea de paso-, que en su día aceptaron gestionar, ahora le piden al Gobierno que lo retome y que les compense por ello. Vamos, que recauden otros y le entreguen lo recaudado. Debiera hacerse mirar el PSOE y su posible futura líder sus incoherencias permanentes. No se puede querer un Estado federal sin corresponsabilidad fiscal. Por definición. Aunque después de escucharles a algunos de ellos lo del federalismo asimétrico, todo un oxímoron, uno ya está curado de espanto.